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* Refutan al presidente del TSJ, Raúl Calvo

 Afirman cuatro presos políticos que en Guerrero se da la fabricación de delitos

 Cuatro presos políticos recluidos en el penal de Acapulco afirman que en Guerrero sí se da la fabricación de delitos, en respuesta a una declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez, quien negó que en las cárceles del estado se encuentren personas inocentes purgando penas por delitos fabricados.

En una carta enviada a esta redacción, los presos Salomé Aguirre Bahena, Angel Guillermo Martínez González, Bulmaro Estévez Morales y José Morales García reseñan cómo fueron detenidos y acusados ellos mismos, que son pruebas de la fabicación de delitos.

Afirman que el Tribunal Superior de Justicia “coadyuva a sostener las falacias y perversidades urdidas por los policías judiciales y agentes del Ministerio Público”, que avalan los métodos que utilizan los cuerpos represivos del gobierno, como la tortura y la privación ilegal de la libertad y la incomunicación, que muchas veces se ejecutan con el apoyo de miembros del Ejército mexicano.

Del caso de Salomé Aguirre Bahena, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, señala que está sentenciado a 15 años de prisión, acusado de secuestro y portación de armas prohibidas, a pesar de que el presunto agraviado nunca hizo un señalamiento contra él.

Afirman que esos delitos que le fueron fabricados cuando fue incomunicado, y torturado física y psicológicamente durante más de 14 días, hasta arrancarle por medio de la coacción y la tortura la confesión que deseaban los policías judiciales.

Del caso de Angel Guillermo Martínez, quien estuvo en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de noviembre de 1999 hasta el mes pasado, en la carta se plantea que fue secuestrado por agentes de la Policía Judicial y elementos del Ejército mexicano, sacado del interior de su domicilio, sin orden de aprehensión, llevado a la zona militar de Chilpancingo, traído después a la zona militar de Acapulco, torturado física y psicológicamente, incomunicado y vendado de los ojos, atado de pies y manos por más de 15 días. Con esto, fue obligado a firmar supuestas declaraciones ministeriales que no tuvo oportunidad de leer.

Finalmente, se refieren al caso más reciente, de Bulmaro Estévez Morales, campesino originario de Yerbasantita, sierra de Coyuca de Benítez, a quien un comandante de la PJE, José Efraín Maldonado Saldaña, lo arrestó sin orden de aprehensión, lo torturó más de seis días, y la fabricó el delito de portación de un arma prohibida, que el detenido nunca antes había visto.