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* Fue acusado de matar a un presunto paramilitar

 Liberan a un indígena preso político que estuvo dos años en la cárcel de Ayutla

 * El conflicto se agudizó en la región me’phaa hace cuatro años, con la visita de los zapatistas * Victoriano Eugenio Manuel, de Barranca de Guadalupe, teme ser nuevamente encarcelado, pues la PGR trata de acusarlo de pertenecer al grupo guerrillero ERPI * Lo vigilan por el pueblo presuntos espías militares, dice  

Maribel Gutiérrez, Ayutla Victoriano Eugenio Manuel, de Barranca de Guadalupe, Ayutla de los Libres, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, uno de los presos políticos en las listas de las organizaciones sociales, fue liberado, después de dos años y dos meses de estar en la cárcel, acusado del homicidio de un presunto miembro de un grupo paramilitar.

“Lo acusaban del homicidio de Galdino Sierra Francisco, de la comunidad de La Unificada, que se formó con gente del PRI que con el Ejército crearon un grupo paramilitar”, dice la hermana de Victoriano, la dirigente de la Organización, Andrea Eugenio Manuel, y agrega que esta acusación es falsa, y por eso la sentencia fue favorable.

Explica que con las pruebas que ofreció el abogado defensor, José Sánchez, se demostró que Victoariano, de 22 años, no es responsable del homicidio de Galdino Sierra. Por ejemplo, a Victoriano lo acusaron de que llevaba un arma 30-30, pero en los peritajes apareció que la bala que tenía el cadáver era de un AK-47; y en una inspección ocular en el sitio de los hechos, se comprobó que los testigos que acusaban a Victoriano estaban mintiendo, y esos mismos testigos no ratificaron la acusación.

Por eso, el 28 de febrero, la juez penal con sede en Ayutla, Indalecia Pacheco León, dictó sentencia absolutoria.

Por ese homicidio aún tiene orden de aprehensión otro hermano de Victoriano, Gabino Eugenio Manuel, y está en la cárcel de Ayutla uno de sus primos, Gaudencio Eugenio Neri, ambos acusados, igual que Victoriano, como parte de la persecución a los habitantes de Barranca de Guadalupe por parte de priístas que colaboran con el Ejército, que en 1999 se separaron de esa comunidad y formaron La Unificada, y acusaron a sus vecinos de pertenecer al grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Aparte de la acusación de homicidio, hay una investigación contra Victoriano en la Procuraduría General de la República que pretende acusarlo de que pertenece a un grupo armado, supuestamente el ERPI.

De esto se enteró Victoriano a finales del 2002, cuando estaba en prisión, y fueron a interrogarlo unos agentes del Ministerio Público porque dos años antes, cuando fue detenido en Ayutla y allanaron su casa, los policías judiciales encontraron una foto de presuntos guerrilleros con el rostro cubierto. Los judiciales presionaron a Victoriano para que dijera que uno de los encapuchados de la foto era él, y también lo interrogaron sobre la aparición en su cuarto de videos del EZLN y del primer aniversario de la masacre de El Charco.

Victoriano dijo que las fotos y los videos los compró en Ayutla, y que él no es el encapuchado que ahí aparece. Sin embargo, teme que con el pretexto de las fotos y los videos lo quieran acusar de guerrillero y nuevamente lo encarcelen.

Después de su liberación, el joven me’phaa ha permanecido en la ciudad de Ayutla, y ahí ha observado que lo vigilan y lo siguen, presuntamente espías del Ejército y de la Policía Judicial del estado. “Gente militar me anda checando por el pueblo, seguramente porque me anunciaron como preso político”, dice Victoriano, y comenta: “Me tienen vigilado, eso quiere decir que ya salí de la cárcel pero no estoy tan libre”.

Cuatro años de persecución

Victoriano señala que los conflictos en Barranca de Guadalupe, con la formación de un grupo paramilitar, se agudizaron en marzo de 1999, con motivo de la visita de cuatro miembros del EZLN, que participaron en una asamblea en esta comunidad me’phaa como parte de la consulta nacional sobre derechos indígenas y el fin de la guerra de exterminio, que realizaron los zapatistas en todo el país.

El 18 de marzo de 1999 fueron cuatro zapatistas a Barranca de Guadalupe, donde dialogaron con vecinos del pueblo sobre los derechos indígenas, y llegaron a la conclusión de que uno de los problemas más graves que tienen en común las comunidades de Chiapas y Guerrero es la militarización, porque los militares sólo van a agredir a los indígenas, a robarles, a violar a sus mujeres y a reprimirlos.

Los zapatistas hablaron con sus hermanos tlapanecos (que por esas fechas comenzaban a reivindicar el nombre original de su pueblo, el me’phaa, porque el nombre de tlapaneco les fue impuesto y significa que tienen la cara sucia) y les recomendaron que cuando lleguen los militares no los dejen entrar.

A esa reunión no asietiron los priístas del pueblo, que el mismo día, y con el respaldo del Ejército, se separaron de Barranca de Guadalupe, y cerca de ahí formaron otro pueblo, La Unificada.

Según las denuncias de la Organización Kambaxo Xuaji Guini Me’phaa, algunos de los habitantes de La Unificada trabajan como soldados del Ejército y otros son paramilitares.

En el caso de Galdino Sierra Francisco, se comprobó que después de muerto fueron militares a preguntar por él al hospital de Ayutla, y dijeron que lo tenían registrado como enfermero militar, aunque en la comunidad siempre apareció como civil, con el cargo de técnico en salud, lo que parece ser una evidencia del tipo de nexos que hay entre el Ejército y los presuntos paramilitares que actúan como civiles, según denuncias de la Organización indígena.

Un año después, el 7 de marzo de 2000, tropas del Ejército entraron a la comunidad, hicieron disparos, agredieron a las mujeres y se llevaron detenido a su campamento a Victoriano Eugenio Manuel, que fue liberado horas más tarde porque todos los vecinos del pueblo se juntaron para exigir la entrega del detenido.

Victoriano recuerda que mientras estuvo en el cuartel, los militares lo interrogaron sobre sus actividades, y le decían que él tenía gente armada. Recuerda también que los mismos soldados lo vistieron con una camisola militar, y así le tomaron fotos.

Al año siguiente, en abril de 2000, en Barranca de Guadalupe acribillaron al presunto paramilitar Galdino Sierra Francisco, quien murió en el hospital de Ayutla, a donde fue trasladado. Este homicidio fue utilizado como pretexto para perseguir y encarcelar a jóvenes de Barranca de Guadalupe, y acusarlos de pertenecer al ERPI, entre ellos a Victoriano Eugenio Manuel, que fue detenido el 5 de enero de 2001.

“A nosotros no nos quieren porque organizamos a la comunidad para luchar por nuestros derechos; por eso nos acusan de que somos de grupos armados, pero no es cierto”, dice Victoriano.

Además del daño que la persecución y el encarcelamiento causa a las familias de los afectados, que tienen que invertir recursos en la defensa de los presos y de los perseguidos, Victoriano señala que hubo otros daños a la comunidad: Barranca de Guadalupe todavía no tiene agua para abastecer al pueblo, pues el día que arrestaron a Victoriano, los policías judiciales se robaron del cuarto donde dormía en Ayutla 35 mil 700 pesos, que su papá, que en esa época era comisario, tenía guardados para el tanque de agua de la comunidad, y también se robaron 6 mil pesos de la familia, una televisión, una videocasetera y ropa. Ahora exige que los judiciales que lo arrestaron devuelvan el dinero y los objetos que se robaron.