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* Recuerdan amenazas que hicieron militares en enero  

Helicópteros del Ejército atemorizan a indígenas me’phaa en Barranca Tecoani

 * Fortunato Prisciliano Sierra teme una nueva agresión, después de que su esposa fue violada el año pasado, y en este año entraron soldados que lo presionaron para que retirara la denuncia

 Maribel Gutiérrez, Ayutla Indígenas de la comunidad de Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres, están atemorizados por recientes sobrevuelos en sus viviendas de avionetas y helicópteros del Ejército.

Relacionan la presencia militar con una amenaza que recibieron el 17 de enero pasado, cuando entraron tropas del Ejército al pueblo y los habitantes se unieronn para pedir que salieran: “Vamos a regresar a matarlos”, “en cualquier momento vamos a regresar a acabar con ustedes”, dijo un oficial del 48 Batallón de Infantería, de apellido Gallardo, de acuerdo con testimonios.

El miércoles 12 de marzo, un helicóptero militar pasó tres veces sobre la casa de Fortunato Prisciliano Sierra, y de inmediato recordó la amenaza.

La vigilancia desde el aire se mantuvo los días siguientes en Barranca Tecoani, y después en Barranca de Guadalupe, comunidad vecina, también en el municipio de Ayutla de los Libres, donde el sábado 15 de marzo los vecinos vieron sobre sus casas una avioneta y helicópteros del Ejército y uno de la PGR.

“Ya no queremos que vayan los guachos”, dice Fortunato Prisciliano Sierra, quien bajó de su comunidad a la cabecera municipal de Ayutla, acompañado de los dirigentes de la Organización de Pueblos Indóigenas Me’phaa (Kambaxo Xuaji Guini Me´phaa), a la que pertenece, para denunciar lo que ocurre.

Fortunato Prisciliano Sierra y su esposa, Inés Fernández Ortega, denunciaron en marzo de 2002, la violación sexual contra ella cometida por soldados del 41 Batallón de Infantería, que entraron a Barranca Tecoani.

El 16 de enero de este año, fueron militares del 48 Batallón de Infantería a presionar a la pareja para que retiraran la denuncia. Al día siguiente, militares del mismo batallón entraron a la comunidad, y amenazaron de muerte a la gente que se reunió para sacarlos, e intentaron golpear a Fortunato Prisciliano Sierra y a tres vecinos: Miguel Castro Cruz, Ramón García Guadalupe, y Doroteo Castro Cruz. Al día siguiente fueron a Barranca de Guadalupe, y rodearon la casa de las dirigentes de la Organización, Otilia y Andrea Eugenio Manuel, y amenazaron a su mamá, Petra Manuel Modesta.

Los agraviados, con apoyo de sus abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el 26 de febrero presentaron una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en Chilpancingo, por intimidación y allanamiento de casas y parcelas, con la petición de que sea turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo competente en este caso, porque la autoridad denunciada es federal.

Con ayuda de la traductora y dirigente de la Organización, Andrea Eugenio Manuel, Fortunato Prisciliano Sierra expone: “Inés y yo tenemos miedo de que los helicópteros militares anden en el pueblo, arriba de nuestra casa, para matarnos. Allí andan, dando vueltas. El miércoles 12, un helicóptero militar dio tres vueltas por mi casa, como a las 4 de la tarde, y más temprano pasó una avioneta del Ejército”.

–¿Creen que es una vigilancia directa a ustedes, o los helicópteros militares pasan con frecuencia por ahí?

–Sí creo que nos andan vigilando los militares, y tenemos miedo porque la vez pasada que estuvieron en el pueblo dijeron que van a regresar a matarnos.

“Ya no queremos que vayan los guachos (soldados) allí; porque los niños ya no quieren ir a la escuela porque tienen miedo”, dice Fortunato, que tiene cuatro hijos, de 9, 7, 6 y 4 años.

Los dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa señalan que los comisarios de Barranca Tecoani y de Barranca de Guadalupe no apoyan a los indígenas afectados por la represión del Ejército. Por ejemplo, en Barranca de Guadalupe, el comisario, Porfirio García Espinoza, prohibió que los dirigentes de la Organización, y en particular Andrea y Olitia Eugenio Manuel, hablen por teléfono, porque dice que lo utilizan para hacer denuncias contra el Ejército.

También han observado que recientemente suben a los pueblos espías, presuntamente del Ejército, disfrazados de comerciantes que llevan a vender ropa, pero que en realidad van a investigar a la gente que participa en las organizaciones.

Señalan que hay soldados que recogen información en los pueblos, y que un militar del 48 Batallón, que es originario de la comunidad de La Unificada (en la que se formó un grupo paramilitar), Onésimo Rendón Cornelia, anda investigando para tratar de culpar de algún delito a Victoriano Eugenio Manuel, de los dirigentes de la Organización, recientemente liberado de la cárcel de Ayutla, donde pasó más de dos años acusado del homicidio de otro presunto miembro del grupo paramilitar de La Unificada, Galdino Sierra Francisco.

Fortunato declara: “Ya no queremos vivir con miedo, ya no queremos que vayan los militares, ya no queremos que anden los helicópteros del Ejército arriba de nuestras casas”.

Dice que tiene miedo de que los helicópteros aterricen en su casa o donde va a trabajar en el campo, por eso no puede trabajar bien, no puede salir al campo, cada momento está pensando en que pueden llegar los militares y hacerle algo, por eso no ha podido ir a trabajar a su parcela, sólo ha estado cerca del pueblo.

El 19 de febrero, el comandante de la Nuvena Región Militar, general Mario López Gutiérrez, declaró a los medios en Chilpancingo que se iba a castigar a los militares si resultan responsables de dos violaciones a mujeres me’phaa denunciadas el año pasado, Valentina Rosendo Cantú, de Barranca Bajuco, e Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecoani. Pero en la misma declaración agregó que en esta útima comunidad, el Ejército había localizado 51 plantíos de enervantes.

Fortunato Prisciliano Sierra y la dirigente de la Organización, Andrea Eugenio Manuel, refutan al general López Gutiérrez. “No hay amapola en el pueblo”, asegura Fortunato, y Andrea agrega que en el pueblo no hay sembradíos de enervantes, y que los militares “usan ese pretexto para buscar la forma de meterse a los pueblos y espantar a la gente para que no luche por sus derechos”.

“Los militares dicen que en Barranca Tecoani hay sembradíos de drogas pero no es cierto; dicen eso para callarnos, para que ya no pidamos justicia por la violación que hicieron a Inés el año pasado; pero vamos a seguir exigiendo justicia, por eso nos organizamos hombres y mujeres, porque no queremos que vuelvan los soldados a violar a las mujeres.

“Vamos a insistir en que se castigue a los responsables de la violación a Inés, porque si no exigimos justicia eso les seguirá pasando a otras mujeres de las comunidades”, afirma Andrea.

El año pasado, el caso de Inés fue el segundo en esa misma área; el 16 de febrero soldados del Ejército violaron en Barranca Bejuco a Valentina Rosendo Cantú.

Andrea recuerda que en el año 2000 entraron militares a su pueblo, Barranca de Guadalupe, también supuestamente a buscar droga, y destruyeron siembras de sávila.

Precisa: “Nosotros denunciamos que los militares andan en el pueblo, donde están las casas, denunciamos que violaron a Inés y a Valentina, denunciamos que llegaron a violar los derechos humanos, por eso no queremos que estén allá. No denunciamnos que andan donde están los enervantes”.

Esta posición fue difundida por el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Cuautémoc Ramírez, los primeros días de marzo, que en un comunicado negó que en Basrranca Tecoani haya plantíos de enervantes y afirmó que las tropas no acudieron a esa comunidad indígena a destruir sembradíos de drogas, sino a amenazar, robar, golpear, perseguir e intimidar a los campesinos.