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* Informan afectados y ONG ante el relator de la ONU, Francis Deng

 En Guerrero, 640 familias desplazadas;
el gobierno y el Ejército, los responsables

 * En la sierra de Petatlán, efectivos militares solapan a grupos paramilitares, denuncia el dirigente de la Organización Ecologista, Juan Bautista

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Ante el relator de la Organización de las Naciones Unidas para los desplazados internos, Francis Deng, familias que han sido desplazadas por conflictos de narcotráfico, persecución, grupos armados y religiosos solicitaron la intervención de los organismos internacionales a fin de que se detenga la represión que existe en esta entidad.En la reunión, los afectados y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos le dijeron al relator de la ONU que en Guerrero hay 640 familias desplazadas por diversos conflictos y que los responsables de que éstos se generen son el gobierno del estado y el Ejército mexicano.Juan Bautista Valle, dirigente de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán le dijo al relator de la ONU que él como otras 25 familias no pueden regresar a sus pueblos debido a que grupos paramilitares dirigidos por priístas los han amenazado con matarlos.“Yo fui a mi pueblo para traer algunas vacas que allí tengo, encontré mi casa saqueada y posteriormente fui perseguido por 36 individuos armados que me querían asesinar”, relató el dirigente campesino.Compañero de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel –quienes fueron liberados en noviembre del año pasado por decreto del presidente Vicente Fox–, Bautista Valle señaló en esa región de la sierra de Guerrero el Ejército mexicano es el que solapa las acciones de esos grupos “paramilitares” quienes han asesinado a gente de esa zona.“Ellos –los grupos paramilitares– cultivan la droga, y pese a que el Ejército sabe de sus actividades no les hacen nada”, señaló el dirigente campesino.Reunidos en un restaurant ubicado el sur de la ciudad, las familias desplazadas y organizaciones sociales relataron la represión que han sufrido por parte de grupos paramilitares, elementos del Ejército mexicano y las corporaciones policiacas.

La reunión se desarrolló en un área del restaurante Los Cedros.

El encuentro con el relator de la ONU se inició a las 12 con 40 minutos luego de que éste y su comitiva, entre ellas, Alma M. Carvallo, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunieron con funcionarios del gobierno del estado encabezados por el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.

Tras la masacre de El Charco, 400 familias salieron de la región mixteca

Arturo Campos Herrera, dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), señaló que a raíz de la masacre de El Charco –en junio de 1998– donde murieron 11 personas acusadas de pertenecer a un grupo guerrillero, la militarización que existe en la zona indígena ha originado que unas 400 familias se hayan salido de sus comunidades.Indicó que allí, la persecución del Ejército que ha instalado retenes en toda la zona y la creación de grupos paramilitares, “nos ha obligado a salir de nuestros pueblos”.Mencionó que producto de esa militarización que existe en esa región mixteca, recientemente elementos del Ejército mexicano abusaron sexualmente de las indígenas en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla.El desplazado del pueblo de Cozondiapa dijo que en las comunidades de Ojo de Agua, Ojo de Pescado y El Charco, la gente se ha salido e incluso han fundado un pueblo donde a pesar de que tienen todas las carencias para sobrevivir, “viven mejor así que estar sufriendo el acoso y persecusión de los militares”.

Reveló que se han registrado ocho asesinatos contra dirigentes de las organizaciones.

Humberto Carmona Peláez, dirigente de la Asociación Civil de Colonos, le contó al relator de la ONU que es increíble que el gobierno de René Juárez Cisneros permita que el ex regidor priísta del ayuntamiento de Acapulco, Antonio Valdez Andrade, haya obligado a que más de cien familias se salieran de la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine.Indicó que el citado dirigente cetemista, tiene en su contra 42 averiguaciones previas por diversos delitos, pero hasta el momento la Procuraduría de Justicia no ha hecho nada para detenerlo.Hilda Navarrete Gorjón, directora del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, relató que en Coyuca de Benítez y en Atoyac de Alvarez se ha recrudecido la represión y presencia militar a raíz de la matanza de Aguas Blancas y de la aparición del EPR.Mencionó el caso de la comunidad de El Cucuyachi, donde grupos paramilitares han asesinado a ciudadanos que no son del PRI y que son solapados por los gobiernos estatales y municipales priístas.

Intolerancia religiosa en Yuvinani

También estuvo la indígena Florencia Sierra, quien fue desplazada de la comunidad mixteca de Yuvinani, del municipio de Metlatónoc.En idioma miexteco, la indígena le explicó al relator que a causa de que varias familias se cambiaron a la religión de Pentencostés, ciudadanos asesinaron a su pastor Juan Mercenario y a uno de los nuevos conversos de nombre Regino Flores Chávez.Esta intolerancia religiosa provocó la expulsión de 35 familias de Yuvinani que se vinieron a refugiar con sus parientes a la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Tlapa.Indicó que todavía persiste el conflicto religioso en esa comunidad ya que en 1998, un grupo de católicos impidieron que el presbítero Paulino Gálvez Félix construyera un nuevo templo.

Debe el gobierno garantizar el regreso

En un informe que leyó el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que es urgente que las autoridades estatales asuman la responsabilidad para establecer las condiciones que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados a su hogar de residencia.“Nos preocupa que las autoridades de Guerrero desconozcan la grave situación que enfrentan las familias desplazadas y que no existan instancias ni mecanismos que se orienten a brindar apoyo y a prevenir graves violaciones a sus derechos humanos”, dijo Barrera.El presidente de este organismo le describió al relator de la ONU los últimos acontecimientos de represión que se han registrado en Guerrero como las matanzas de El Charco y Aguas Blancas. También hizo mención de las masacres de los años sesentas, en Chilpancingo y en Acapulco, que han dejado a centenares de familias guerrerenses en la orfandad y en el olvido.

El gobierno dio al relator una versión opuesta

Por su parte, el relator de la ONU, Francis Deng, según versión que contó a los medios de comunicación Abel Barrera, les dijo a los integrantes de las ONG y a las familias desplazadas que estaba sorprendido de lo que le habían contado ya que una reunión que tuvo con funcionarios del estado, le habían platicado otra cosa distinta.“Me dijeron –los funcionarios– que había respeto a los derechos humanos, tolerancia y diálogo, pero aquí estoy escuchando otra versión y vine aquí a Guerrero porque precisamente me dijeron que había una situación muy grave de violaciones a los derechos humanos”, les dijo el relator.Luego de la reunión con las familias desplazadas y las ONG, la comitiva encabezada por el relator, se trasladó a las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para tener un encuentro con el presidente de este organismo, Juan Alarcón Hernández, e integrantes del consejo técnico y el visitador general, Hipólito Lugo Cortés.Al término de la reunión con las ONG y las familias desplazadas, el relator de la ONU, Francis Deng, declaró que los casos que escuchó –de violación de los derechos humanos en Chiapas y Guerrero– los va a compartir con los gobiernos e incluso con la comunidad internacional para solucionar el problema.Mencionó que una vez que la dirigencia de este país se haya decidido a dar un paso adelante no sólo en la protección de los derechos humanos sino también de los desplazados internos, podrá hacer mucho.El enviado de la ONU señaló que en estos momentos no podía hacer una evaluación de si en Chiapas existen menos o mas violaciones a los derechos humanos o casos de desplazados.“No me gusta hacer comparaciones de ese tipo, cualquier situación mala es mala, decir que este lugar es peor que el otro en cuanto a la violación de los derechos humanos no sirve a la causa de los derechos humanos”, expresó.“Esta reunión aquí, fue desde el punto de vista de los que están aquí presentes que tienen problemas de protección y la tarea es de seguir reuniendo información y llevar a cabo un diálogo con todos los concernidos. Mi tarea es, cuando se acabe mi visita, compartir lo que veo y lo que escucho con las autoridades y juntos ver cómo el gobierno a todo nivel y tal vez con la comunidad internacional, en algunos casos solucionar el problema”, expresó.