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* Foro en Chilpancingo con defensores de EU y Canadá

 Exponen el caso de un decapitado en la sierra; pagó Rogaciano Alba, señalan

 * Ante representantes de ONG extranjeras y de Guerrero y de la Codehum, presentaron denuncias de violaciones a los derechos humanos e impunidad en el estado * Familiares y organizaciones sociales demandaron apoyo para la amnistía a los presos políticos

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Casos de impunidad, violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, hostigamiento y persecución a dirigentes de organizaciones sociales, así como recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que no se han cumplido, conocieron representantes de organismos sociales de Canadá y Estados Unidos en el Foro sobre la violación de los derechos humanos y la ley de amnistía local y federal, ayer en esta capital.La comisión de extranjeros se encuentra desde el domingo en Guerrero documentando casos de violación a los derechos humanos y está integrada por Genvieve Saumier del Comité Chrétien pour les Droits Humains en Amérique Latine, de Montreal, Cnadá; Orlando Tizon de Torture Abolitioin and Survivor Suppprt Coalition, así como Felipe Velasco Olmedo, Emiliano Velasco Arenas y María de la Luz Mendoza Muñiz, del Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México, con residencia en Burnaby BC, Canadá.El domingo visitaron en Acapulco a 25 presos políticos y de conciencia y ayer a cinco en esta capital. Posteriormente recibieron quejas y denuncias durante el foro, para difundirlas en el extranjero.En el foro, que se realizó en el auditorio Juan R. Escudero de la Universidad Autónoma de Guerrero estuvo el representante de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México, Ricardo Loewe, así como el representante del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, Adelaido Memije y los ex presos políticos Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.

El ex agente de la Policía Judicial del Estado, Francisco Cortés Pastenes, dijo que en Guerrero la “nula impunidad” es sólo un slogan publicitario y como ejemplo citó los casos de los ex directores de la Policía Judicial del Estado, comandantes y agentes que se encuentran involucrados en la desaparición de nueve personas relacionadas con la recomendación 19/ 2002, que según el ex agente no se están investigando y los responsables gozan de total impunidad.Cortés Pastenes recordó que entre los responsables se encuentran el ex director de corporación Jaime Figueroa Velázquez y los comandantes Fortunato Zamora Paz, Víctor Castro Valente, Francisco Peredo Jiménez, Angel Castro Valente y Juan Carlos Miranda Castro.Explicó que la Procuraduría de Justicia no puede hacer nada en su contra porque son esos mismos jefes y agentes policíacos quienes se encargan de fabricar delitos y detener a los dirigentes de organizaciones sociales y de luchadores sociales que incomodan al gobierno.Sofía Ventura, madre del sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y actualmente preso en Acapulco, Joviel Rafael Ventura y de uno de los 17 muertos, Florente Rafael Ventura, pidió el apoyo de los organismos internacionales para la liberación de su hijo preso y para que se termine el hostigamiento contra de otra de sus hijas que se encuentra huyendo de la persecución policiaca. “No sé donde ande ahorita, le pido al gobierno que me deje reunirme con mis hijos”, dijo, y el llanto terminó con su intervención.La madre del preso en esta capital Alfredo Barragán Rentería, acusado del asesinato del regidor perredista de Leonardo Bravo, Raúl Valente Catalán, pidió apoyo para la liberación de su hijo.Una familiar de la presa en Acapulco Azucena Villamar Pasión, acusada del secuestro del empresario tixtleco Raúl Astudillo, hizo la misma petición.El caso que llamó más la atención y consternó a los visitantes extranjeros y a los asistentes locales, fue el que narró Enriqueta Silva Quintín quien vino desde Rancho Nuevo, en la sierra de Petatlán.Ella dijo que su sobrino, de 45 años de edad, Merejildo Torres, fue sacado el 14 de agosto pasado de su domicilio por Inés Millán quien más tarde lo decapitó y su cabeza se la llevó al ex presidente municipal, Rogaciano Alba Alvarez, para que pudiera cobrar lo convenido por el asesinato de su sobrino.

“Se lo llevaron amarrado y desnudo, lo envolvieron en una colchoneta y cuando ya estaba dormido le cortaron la cabeza”, dijo la mujer quien informó que fue el mismo victimario quien “cuando no lo dejaba tranquilo su conciencia confió a sus vecinos de la comunidad que había matado a Merejildo y les dijo donde estaba el cuerpo”.Dijo que los familiares del difunto no pueden bajar del pueblo a la cabecera municipal de Petatlán, a Acapulco o a esta capital, porque Alba Alvarez los tiene amenazados. “El individuo ese ha dicho que va a acabar hasta con los perros”, dijo la señora quien pidió el apoyo del representante de la Codehum en el foro, Adelaido Memije.Silva Quintín dijo que el ex alcalde Alba Alvarez “la ha agarrado con nosotros porque mis sobrinos se han opuesto a la explotación de la madera y él no está conforme con eso”.Denunció que otro de sus sobrinos, Salvador Cortés Torres, fue asesinado el 18 de febrero del 2000, personalmente por el ex alcalde y en marzo también del 2000 mandó asesinar a Valentín Llánez Silva, vecino de Rancho Nuevo, mientras que mantiene amenazado a Javier Harrison Torres.La mujer denunció que actualmente el ex alcalde está amenazando a las familias de la comunidad de Las Humedades, cercana a Rancho Nuevo, debido a que se están solidarizando con su familia que vive en Rancho Nuevo.“Venimos a pedir que se haga algo porque ya no queremos vivir así, este señor está acabando con mi familia y ha amenazado que va a terminar con todos”, dijo la señora quien logró atraer la atención del representante de la Codehum y al terminar el foro le pidió que presentara una queja formal y le ofreció que a través del organismo se pediría la intervención de las autoridades para que investiguen el caso y se aplique la ley.

Impunidad en la región indígena

Mientras tanto la viuda del ex alcalde de Copalillo, Sabino Estrada Guadalupe, Yolanda Matías denunció que su esposo murió hace 10 años en un extraño accidente automovilístico cuando era candidato a diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, pero que el responsable salió libre a los tres días y que jamás se investigó.La misma mujer presentó el caso de la indígena mixteca del municipio de San Luis Acatlán, Facunda Mauricio, quien en 1994 fue operada de salpingoclasia por personal de la Secretaría de Salud y por negligencia quedó paralítica y que actualmente carece de apoyo oficial para sobrevivir.

Tres palacios tomados

Uno de los dirigentes del Consejo Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (CGCCI), Eustolio Pani Barragán, denunció que también es violación a los derechos humanos, negligencia e impunidad de las autoridades estatales la falta de intervención para resolver la toma de cuatro palacios municipales por denuncias de corrupción en contra de los alcaldes.Recordó que actualmente siguen tomados los palacios municipales de Heliodoro Castillo, Tecpan de Galeana, Xochistlahuaca, mientras que en su momento lo estuvieron los de Acatepec y San Luis Acatlán. Dijo: “Pedimos que también nuestro caso sea difundido en el ámbito nacional e internacional”.En su oportunidad, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, entregó a los integrantes de la comisión de extranjeros los tres últimos informes de ese organismo que contienen “el ambiente creciente de impunidad” que se vive en los 17 municipios de la Montaña, por las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y las corporaciones policiacas “que siguen vulnerando los derechos de los indígenas”.

Informó que del 2000 al 2001 se emitieron 19 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de indígenas cometidas por efectivos del Ejército, pero todas se encuentran en trámite.Mientras tanto, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, el ex preso político Efrén Cortés Chávez, el abogado de presos políticos en esta capital, Félix Rodríguez Navarrete, el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Amador Cortés Robledo y la hermana del comandante Antonio del ERPI,  Jacobo Silva Nogales, preso en el penal de La Palma, Elizabeth Silva Nogales, se manifestaron porque el gobierno estatal y federal agilicen la aprobación de la ley de amnistía para la libertad de los presos políticos y de conciencia.El representante de la Codehum, Adelaido Memije, indicó que algunos de los casos expuestos en el foro ya están en ese organismo y reconoció que en algunos no ha habido voluntad del gobierno estatal o de la Procuraduría para acatar las recomendaciones por lo que invitó a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales a “luchar juntos en contra de la impunidad que nos está abatiendo en Guerrero”.Este martes las organizaciones participantes en el Foro realizarán una marcha en esta capital para protestar por las violaciones a los derechos humanos, así como para exigir al Congreso local la agilización de la aprobación de la ley de amnistía. La marcha partirá de la Alameda Granados Maldonado y terminará con un mitin en el Congreso local.