* Foro en
Chilpancingo con defensores de EU y Canadá
Exponen
el caso de un decapitado en la sierra;
pagó Rogaciano Alba, señalan
*
Ante representantes de ONG extranjeras y de Guerrero y de la
Codehum, presentaron denuncias de violaciones a los derechos
humanos e impunidad en el estado * Familiares y organizaciones
sociales demandaron apoyo para la amnistía a los presos políticos
Zacarías
Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Casos de impunidad,
violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas,
asesinatos, hostigamiento y persecución a dirigentes de
organizaciones sociales, así como recomendaciones emitidas por
la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que no se han
cumplido, conocieron representantes de organismos sociales de
Canadá y Estados Unidos en el Foro sobre la violación de los
derechos humanos y la ley de amnistía local y federal, ayer en
esta capital.La comisión de extranjeros se encuentra desde el
domingo en Guerrero documentando casos de violación a los
derechos humanos y está integrada por Genvieve Saumier del
Comité Chrétien pour les Droits Humains en Amérique Latine,
de Montreal, Cnadá; Orlando Tizon de Torture Abolitioin and
Survivor Suppprt Coalition, así como Felipe Velasco Olmedo,
Emiliano Velasco Arenas y María de la Luz Mendoza Muñiz, del
Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México,
con residencia en Burnaby BC, Canadá.El domingo visitaron en
Acapulco a 25 presos políticos y de conciencia y ayer a cinco
en esta capital. Posteriormente recibieron quejas y denuncias
durante el foro, para difundirlas en el extranjero.En el foro,
que se realizó en el auditorio Juan R. Escudero de la
Universidad Autónoma de Guerrero estuvo el representante de
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura
(ACAT-México, Ricardo Loewe, así como el representante del
presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
(Codehum), Juan Alarcón Hernández, Adelaido Memije y los ex
presos políticos Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
El
ex agente de la Policía Judicial del Estado, Francisco Cortés
Pastenes, dijo que en Guerrero la “nula impunidad” es sólo
un slogan publicitario y como ejemplo citó los casos de los ex
directores de la Policía Judicial del Estado, comandantes y
agentes que se encuentran involucrados en la desaparición de
nueve personas relacionadas con la recomendación 19/ 2002, que
según el ex agente no se están investigando y los responsables
gozan de total impunidad.Cortés Pastenes recordó que entre los
responsables se encuentran el ex director de corporación Jaime
Figueroa Velázquez y los comandantes Fortunato Zamora Paz, Víctor
Castro Valente, Francisco Peredo Jiménez, Angel Castro Valente
y Juan Carlos Miranda Castro.Explicó que la Procuraduría de
Justicia no puede hacer nada en su contra porque son esos mismos
jefes y agentes policíacos quienes se encargan de fabricar
delitos y detener a los dirigentes de organizaciones sociales y
de luchadores sociales que incomodan al gobierno.Sofía Ventura,
madre del sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y
actualmente preso en Acapulco, Joviel Rafael Ventura y de uno de
los 17 muertos, Florente Rafael Ventura, pidió el apoyo de los
organismos internacionales para la liberación de su hijo preso
y para que se termine el hostigamiento contra de otra de sus
hijas que se encuentra huyendo de la persecución policiaca.
“No sé donde ande ahorita, le pido al gobierno que me deje
reunirme con mis hijos”, dijo, y el llanto terminó con su
intervención.La madre del preso en esta capital Alfredo Barragán
Rentería, acusado del asesinato del regidor perredista de
Leonardo Bravo, Raúl Valente Catalán, pidió apoyo para la
liberación de su hijo.Una familiar de la presa en Acapulco
Azucena Villamar Pasión, acusada del secuestro del empresario
tixtleco Raúl Astudillo, hizo la misma petición.El caso que
llamó más la atención y consternó a los visitantes
extranjeros y a los asistentes locales, fue el que narró
Enriqueta Silva Quintín quien vino desde Rancho Nuevo, en la
sierra de Petatlán.Ella dijo que su sobrino, de 45 años de
edad, Merejildo Torres, fue sacado el 14 de agosto pasado de su
domicilio por Inés Millán quien más tarde lo decapitó y su
cabeza se la llevó al ex presidente municipal, Rogaciano Alba
Alvarez, para que pudiera cobrar lo convenido por el asesinato
de su sobrino.
“Se
lo llevaron amarrado y desnudo, lo envolvieron en una colchoneta
y cuando ya estaba dormido le cortaron la cabeza”, dijo la
mujer quien informó que fue el mismo victimario quien “cuando
no lo dejaba tranquilo su conciencia confió a sus vecinos de la
comunidad que había matado a Merejildo y les dijo donde estaba
el cuerpo”.Dijo que los familiares del difunto no pueden bajar
del pueblo a la cabecera municipal de Petatlán, a Acapulco o a
esta capital, porque Alba Alvarez los tiene amenazados. “El
individuo ese ha dicho que va a acabar hasta con los perros”,
dijo la señora quien pidió el apoyo del representante de la
Codehum en el foro, Adelaido Memije.Silva Quintín dijo que el
ex alcalde Alba Alvarez “la ha agarrado con nosotros porque
mis sobrinos se han opuesto a la explotación de la madera y él
no está conforme con eso”.Denunció que otro de sus sobrinos,
Salvador Cortés Torres, fue asesinado el 18 de febrero del
2000, personalmente por el ex alcalde y en marzo también del
2000 mandó asesinar a Valentín Llánez Silva, vecino de Rancho
Nuevo, mientras que mantiene amenazado a Javier Harrison
Torres.La mujer denunció que actualmente el ex alcalde está
amenazando a las familias de la comunidad de Las Humedades,
cercana a Rancho Nuevo, debido a que se están solidarizando con
su familia que vive en Rancho Nuevo.“Venimos a pedir que se
haga algo porque ya no queremos vivir así, este señor está
acabando con mi familia y ha amenazado que va a terminar con
todos”, dijo la señora quien logró atraer la atención del
representante de la Codehum y al terminar el foro le pidió que
presentara una queja formal y le ofreció que a través del
organismo se pediría la intervención de las autoridades para
que investiguen el caso y se aplique la ley.
Impunidad
en la región indígena
Mientras
tanto la viuda del ex alcalde de Copalillo, Sabino Estrada
Guadalupe, Yolanda Matías denunció que su esposo murió hace
10 años en un extraño accidente automovilístico cuando era
candidato a diputado por el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de
Resistencia Indígena, pero que el responsable salió libre a
los tres días y que jamás se investigó.La misma mujer presentó
el caso de la indígena mixteca del municipio de San Luis Acatlán,
Facunda Mauricio, quien en 1994 fue operada de salpingoclasia
por personal de la Secretaría de Salud y por negligencia quedó
paralítica y que actualmente carece de apoyo oficial para
sobrevivir.
Tres
palacios tomados
Uno
de los dirigentes del Consejo Guerrerense Contra la Corrupción
y la Impunidad (CGCCI), Eustolio Pani Barragán, denunció que
también es violación a los derechos humanos, negligencia e
impunidad de las autoridades estatales la falta de intervención
para resolver la toma de cuatro palacios municipales por
denuncias de corrupción en contra de los alcaldes.Recordó que
actualmente siguen tomados los palacios municipales de Heliodoro
Castillo, Tecpan de Galeana, Xochistlahuaca, mientras que en su
momento lo estuvieron los de Acatepec y San Luis Acatlán. Dijo:
“Pedimos que también nuestro caso sea difundido en el ámbito
nacional e internacional”.En su oportunidad, el director del
Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel
Barrera Hernández, entregó a los integrantes de la comisión
de extranjeros los tres últimos informes de ese organismo que
contienen “el ambiente creciente de impunidad” que se vive
en los 17 municipios de la Montaña, por las violaciones a los
derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y las
corporaciones policiacas “que siguen vulnerando los derechos
de los indígenas”.
Informó
que del 2000 al 2001 se emitieron 19 recomendaciones por
violaciones a los derechos humanos de indígenas cometidas por
efectivos del Ejército, pero todas se encuentran en trámite.Mientras
tanto, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas
del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, el ex
preso político Efrén Cortés Chávez, el abogado de presos políticos
en esta capital, Félix Rodríguez Navarrete, el dirigente del
Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández
Acevedo, del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena,
Amador Cortés Robledo y la hermana del comandante Antonio del
ERPI, Jacobo Silva
Nogales, preso en el penal de La Palma, Elizabeth Silva Nogales,
se manifestaron porque el gobierno estatal y federal agilicen la
aprobación de la ley de amnistía para la libertad de los
presos políticos y de conciencia.El representante de la
Codehum, Adelaido Memije, indicó que algunos de los casos
expuestos en el foro ya están en ese organismo y reconoció que
en algunos no ha habido voluntad del gobierno estatal o de la
Procuraduría para acatar las recomendaciones por lo que invitó
a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales
a “luchar juntos en contra de la impunidad que nos está
abatiendo en Guerrero”.Este martes las organizaciones
participantes en el Foro realizarán una marcha en esta capital
para protestar por las violaciones a los derechos humanos, así
como para exigir al Congreso local la agilización de la
aprobación de la ley de amnistía. La marcha partirá de la
Alameda Granados Maldonado y terminará con un mitin en el
Congreso local.
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