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Tres siguen arraigados en el DF, informa Tlachinollan

Trasladan al penal de La Palma a tres de los detenidos en Ayutla y Tecoanapa

 * Uno de los detenidos dijo que era del ERPI y que participó en secuestros y homicidios, e involucró a otros, dice la PGR * Es una argucia porque después de dos meses no encontraban elementos para enjuiciarlos, dice el defensor Abel Barrera

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Tres de los seis campesinos detenidos en Tecoanapa y Ayutla, arraigados en la ciudad de México por los delitos de secuestro y homicidio y señalados de pertenecer al ERPI, el 24 de julio sin aviso a sus familiares fueron trasladados al penal de máxima seguridad de La Palma (antes Almoloya) en el estado de México.

Los trasladados son José Guadalupe Hernández Arizmendi, Eudocio Suástegui García y Bardomiano Ríos Espinoza.

Mientras que en una casa de la Delegación Coyoacán de la ciudad de México siguen arraigados José Concepción Ramírez Ramírez Chonquito, Inés Jiménez Silva y Doroteo Marín Cartagena, dio a conocer ayer aquí el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Explicó que los familiares de José Guadalupe Hernández fueron notificados el sábado 26 vía fax por la trabajadora social del penal de La Palma que los lunes podían visitar a su familiar y le daban los requisitos de la vestimenta y la documentación que debían presentar para verlo.

Luego se enteraron que con José Guadalupe Hernández también trasladaron el mismo jueves 24 a Eudocio Suástegui y a Bardomiano Ríos, dijo Abel Barrera, pero se desconoce su situación jurídica porque la defensa de cada uno de los presos, que es el defensor de oficio, no ha informado nada.

Abel Barrera señaló que ha trascendido que el traslado se debió a que Eudocio Suástegui García se acogió al programa de testigos protegidos, aceptando y dando información que los involucraba en los delitos que se les imputa de secuestro y homicidio.

Pero aclaró que es contradictorio el argumento porque si Eudocio Siástegui se hubiera acogido al programa de testigos protegidos no hubiera sido trasladado a una casa clandestina y tendría toda la seguridad que la PGR está obligado a otorgar.

Abel Barrera consideró que más bien se trata de una “argucia” de la PGR para hacer que se declaren culpables luego de que a casi un mes de que venza el plazo del arraigo, aún no han podido reunir pruebas de la culpabilidad de los campesinos guerrerenses.

El coordinador de Tlachinollan reconoció que es difícil presentar la defensa de los campesinos debido a que cada uno de los seis tiene su propio abogado, pero que estarán pendientes de que en el caso de los trasladados y de los arraigados, sus procesos judiciales se realicen apegados a derecho.