* Instalan oficinas de Cristianos por la Abolición de la Tortura

Preocupa a ONG que en Guerrero la tortura no esté tipificada como delito

* El de los campesinos detenidos en Ayutla y Teconapa será uno de los primeros casos que atenderá

 Aurelio Peláez * La Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT), instaló ayer una oficina en Guerrero, con sede en Acapulco. En la conferencia de prensa en donde se hizo tal anuncio, se manifestó la preocupación por que en esta entidad la tortura no esté tipificada como delito, y por el desdén de las autoridades a los casos de violación a los derechos humanos.

La nueva oficina de ACAT será coordinada por José Raymundo Ríos, médico de profesión, originario del Distrito Federal, y quien antes estuvo al frente de la oficina en Oaxaca. Ahí, la asociación atendió unos 50 casos, entre ellos el de un grupo de campesinos indígenas de San Agustín Loxicha, acusados de secuestro y asaltos, y de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. La asociación documentó casos de tortura a los campesinos.

En Guerrero, uno de los primeros casos que retomará es el de los seis campesinos de Ayutla y Tecoanapa detenidos por la AFI acusados de terrorismo y secuestro, y de estar involucrados con la guerrilla del ERPI.

José Raymundo Ríos, quien cuenta no haber vivido antes en Guerrero, informó que por ahora la información que tiene del caso son las versiones periodísticas, que no se ha entrevistado con las personas afectadas, pero que se tiene la presunción de que hubo tortura y violación de los derechos humanos de las víctimas.

La Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura es un organismo no gubernamental mexicano fundado hace once años. Es parte de un movimiento voluntario de carácter ecuménico originado en Francia, y que desde 1974 lucha para erradicar la tortura en el mundo. Junto con más de veinte ACAT nacionales de cuatro continentes forma parte de la Federación Internacional de la ACAT, organismo que cuenta con estatuto consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo y la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. En México sostiene relaciones de colaboración con organismos de la sociedad civil y públicos, especialmente con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

Reyna Vázquez, la directora de ACAT-México, leyó un boletín de prensa de la asociación en donde se señala que Guerrero es uno de los estados con más graves problemas de violaciones a los derechos humanos (incremento de la violencia, militarización y persecución de indígenas y líderes sociales), que viene originado desde tiempo atrás y que se ha continuado con los gobiernos actuales, por lo que se considera como uno de los estados como alta prioridad para recibir atención (por la organización). A esto se suma el hecho de que en el Código penal del estado la tortura no está tipificada como delito”.

Informó que desde hace tres años ACAT ha tenido trabajos de acercamiento y seguimiento de casos como denuncias presentadas ante el ministerio público y procesos ante autoridades judiciales en municipios como Coyuca de Benítez, Tlapa, Acapulco y Chilpancingo.

En la presentación del grupo estuvieron Nahyeli Ortiz y Javier Enríquez, también de la dirección de ACAT-México, y Bertoldo Martínez Cruz, ex preso político. Asimismo, Vidulfo Rosales Sierra, del área jurídica de Tlachinollan, organismo defensor de los derechos humanos en La Montaña. Más tarde llegaría Abel Barrera, su coordinador, así como Efrén Cortez y Erika Zamora, ex presos políticos acusados de pertenecer al ERPI y detenidos durante la matanza de campesinos en El Charco, Ayutla de los Libres. Como invitado de la asociación, estuvo Eduardo Martínez, del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), de la UAG. Asistieron también el regidor perredista, José Luis Morales Torres, y Delfino Serrano, del grupo Sembradores de la Esperanza.

En entrevista, Reyna Vázquez contó que una de las primeras tareas de ACAT-Guerrero será que en el código penal del estado se tipifique el delito como tortura, e informó que esta entidad y Yucatán son las únicas que no han incluido esta figura jurídica.

No obstante, señaló, la aplicación de las sanciones a policías y autoridades que cometen delitos de tortura no es la ideal, pues generalmente los representantes del ministerio públicos los juzgan por golpes y lesiones, “o madrizas, como dice el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola”, con lo cual los castigos que reciben son menores, e incluso los acusados del delito quedan impunes. Afirmó que por ello una de las tareas de los talleres y conferencias que realiza la asociación es sensibilizar a ciudadanos y autoridades de la gravedad del delitode tortura, que es “un grave abuso del poder público mediante el cual se provocan dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, además de la sumisión y parálisis de la sociedad”.

Ayer mismo, ACAT comenzó una serie de talleres sobre el delito de tortura, en las instalaciones del CIET de la UAG.