Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Quienes somos?
Últimas noticias
Presas y presos políticos
Acción y mobilización
Fotos
Para contactarnos
Enlace

* Sólo toma en cuenta a los policías, critica

Se queja Tlachinollan de una resolución de la Codehum que omite la tortura

 Aurelio Peláez * El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan interpuso una queja en contra de la resolución de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), organismo ante el cual se presentó el caso del ciudadano Rogaciano Rendón Guevara, detenido, desaparecido y torturado durante 18 días por elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), y a quienes la Comisión sólo pidió sancionar “por el delito de lesiones”.

Rendón Guevara es acusado de participar en el secuestro del empresario Aurelio García Cerqueda, el 24 de julio del 2002 (y liberado el 11 de septiembre de ese año). De ese hecho, la Policía Judicial y el Ministerio Público de Tlapa responsabilizaron a la guerrilla del Ejército Libertador Nacional, y presentaron a García Rendón como uno de sus integrantes.

Aurelio García fue secuestrado en la carretera Tlapa-Huamuxtitlán por cuatro personas vestidas de negro y con chalecos que decían PJE. Luego de ello, según denuncia Tlachinollan en un comunicado de prensa, este hecho “desencadenó una serie de actos al margen de la ley por parte de la PJE destacamentada en Huamuxtitlán”, y al frente del cual estaba el comandante Alfredo Nava Sánchez.

Rogaciano Rendón fue detenido el 25 de agosto en la comunidad de Tlaquiltepec, del municipio de Huamuxtitlán, cuando se encontraba platicando con el señor Marcelino Esteban. Ahí fue detenido por elementos de la PJE, quienes le vendaron los ojos y lo llevaron a un cerro cerca de la comunidad de Tlalquezala, en donde fue torturado por cinco policías que le golpearon, le echaron agua por la nariz y le aplicaron toques eléctricos. Posteriormente se lo llevaron a la pista de aterrizaje en Santa Cruz, y luego a la comandancia de la policía para ser torturado por tres días. Lo regresaron luego a la pista de aterrizaje. En total, padeció 18 días de tortura física y sicológica y de hambre.

La comandancia de la PJE negó información a los familiares sobre la detención de Rogaciano Rendón, quienes interpusieron entonces un recurso extraordinario de exhibición de personas ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza. Ante eso, la comandancia lo presenta, acusándolo que fue detenido en flagrancia por el delito de secuestro.

Asimismo, informaron al juez que Rogaciano Rendón fue capturado con un arma, cerca de un cerro en donde habían mantenido secuestrado presuntamente a Aurelio García, y que ahí aceptó pertenecer al Ejército Libertador Nacional, “quienes supuestamente se dedican a secuestrar para recabar recursos para el movimiento”.

El juez concedió valor a la declaración de Rogaciano Rendón que le entregó el Ministerio Público, e hizo caso omiso a las declaraciones del acusado de su detención arbitraria, tortura y desaparición forzosa.

De la queja ante Codehum, Tlachinollan asienta en un documento que: “Lo grave del caso es que la misma Comisión emite una opinión y propuesta, en donde lamentablemente no atiende ni valora las declaraciones del quejoso y de sus familiares y da por probados los dichos y las declaraciones de la PJE, llegando a manifestar lo siguiente: “(los policías judiciales) incurrieron en hechos violatorios de derechos humanos en agravio del hoy quejoso, Donaciano Rendón, en razón de que aun cuando fue detenido en flagrancia ello no autoriza a dichos servidores públicos a excederse en la fuerza para realizar la detención, situación que ha quedado acreditada”. Recomienda que se sancione a los policías judiciales por el delito de lesiones, y nada dice de los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.

Para Tlachinollan, “estamos ante otro caso paradigmático donde todo el aparto de justicia del estado se empeña en perseguir delitos fabricando culpables y violentando los derechos humanos”, y añade que “los organismos no gubernamentales manifestamos nuestra honda preocupación por la falta de compromiso e interés de las autoridades estatales para respetar y cumplir las normas internacionales relacionadas con el respeto irrestricto a los derechos humanos”.