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* Aniversario de la Declaración Universal

 En Guerrero, violación sistemática de los derechos, afirman la Red y ACAT

 En Guerrero se sigue viviendo “bajo un régimen que viola sistemáticamente los derechos de sus gobernados. La red de corrupción e impunidad que se teje en el seno del poder, deja a los sectores más vulnerables de la población en un estado de indefención y la justicia se convierte en un sueño guajiro”, afirman la Red Guerrerense de Derechos Humanos y Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura.

En un boletín en que invitan a la mesa redonda: Los Derechos Humanos: una Asignatura Pendiente en Guerrero, mañana martes 10 de diciembre, en el auditorio de la Barra de Abogados de Acapulco, con motivo del 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Red Guerrerense de Derechos Humanos y Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT) informaron que la mesa redonda contará con la participación de Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, los ex presos políticos Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, así como Ricardo Loewe de Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura.

La Red Guerrerense está conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos la Voz de los sin Voz, el Centro de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, la Comisión Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.

La Red y ACAT informan que en la mesa redonda se analizará la situación actual de los derechos humanos en Guerrero, los alcances y beneficios de la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el estado y la necesidad de construir una agenda ciudadana sobre los derechos humanos en Guerrero que contribuya a una discusión más amplia y plural para contar con una plataforma jurídica y política que revierta el grave deterioro del sistema de procuración y administración de justicia que sigue siendo un aparato que responde más a los intereses de grupos políticos y económicos y se olvida del mandato constitucional y de su compromiso inalterable con la sociedad.

Afirman que a pesar de este legado jurídico de la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “en el estado de Guerrero se continua viviendo bajo un régimen que viola sistemáticamente los derechos de sus gobernados. La red de corrupción e impunidad que se teje en el seno del poder, deja a los sectores más vulnerables de la población en un estado de indefención y la justicia se convierte en un sueño guajiro.

“La maquinaria de la guerra de baja intensidad avanza por el camino de la simulación, investiga pero no castiga a los responsables de crímenes de genocidio, sin embargo se empeña en  criminalizar a los líderes sociales de la región mediante la fabricación de delitos y su vinculación con grupos armados, secuestradores o el narcotráfico”.

Las organizaciones no gubernamentales que convocan a la mesa redonda afirman que como parte de esta “nueva guerra sucia 640 familias en su mayoría indígenas han sido desplazado de sus comunidades, ya sea por acciones del Ejército o por omisiones del gobierno estatal”.

Señalan que “La ley de amnistía emitida por el Congreso reconoce la existencia de presos políticos y de conciencia, sin embargo esta ley no ampara a la casi totalidad de presos políticos que se encuentran recluidos en las cárceles de Chilpancingo y Acapulco”.

Plantean que “es impostergable poner sobre la mesa los temas que siguen desangrando a víctimas inocentes y pisando la dignidad de los guerrerenses que generosamente se entregan a las grandes causas de la justicia y la democracia.

“El tema de la justicia militar exige un análisis riguroso y desapasionado que ubique en su justa dimensión el fuero militar, que fue creado en circunstancias históricas que no necesariamente responden a una realidad política que demanda el fin de los privilegios, la rendición de cuentas, la igualdad jurídica ante la ley y el castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad”.