Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Quienes somos?
Últimas noticias
Presas y presos políticos
Acción y mobilización
Fotos
Para contactarnos
Enlace

* Se niega la justicia y militares la amenazan, señala

A la CIDH, la violación por soldados de una indígena, anuncia Tlachinollan

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó ayer que el caso de la violación de la indígena Me’phaa Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque señaló que con la investigación que realiza la Agencia del Ministerio Público Militar, “no existen los recursos ni las garantías jurídicas adecuadas para poder hacer justicia a la indígena”.

También, porque soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, en la Costa Chica, tienen ahora amenazada de muerte a la mujer y a su esposo, porque denunciaron los hechos y porque éstos son investigados por el Ministerio Público Militar.

La indígena me’phaa Inés Fernández Ortega de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, fue violada por soldados del 41 Batallón de Infantería el 22 de marzo del 2002.

La denuncia fue presentada por la mujer y su esposo, Fortunato Prisciliano Sierra, en la agencia del Ministerio Público del fuero común de Ayutla, pero el expediente fue enviado a la agencia del Ministerio Público militar para que se realizaran las investigaciones.

El 5 de diciembre pasado llegaron a la comunidad de Barranca Tecoani 12 soldados del 48 Batallón de Infantería y fueron directamente a la casa Prisciliano Sierra a quien le reclamaron por qué denunció la violación de su esposa, “si sigues declarando te vamos a matar”, le advirtieron, denunció el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez.

El dirigente dijo que los soldados también preguntaron por Inés Fernández. Indicó que los soldados no quisieron identificarse ni proporcionar sus nombres.

Entrevistado ayer con respecto a estos hechos, el director de Tlachonollan, organismo que solicitó un amparo para que el caso no fuera investigado por el Ministerio Público Militar lamentó que no hayan obtenido respuesta a su petición y que sigan siendo las instancias militares las que investigan el asunto.

Y agregó que esa es la causa de que “en estos momentos la pareja se encuentre en un estado de indefensión porque no cuenta con las condiciones de seguridad y de tranquilidad por la presencia permanente de tropas del Ejército y porque creemos que en la Agencia del Ministerio Público Militar se está protegiendo a quienes cometieron la violación y se quiere intimidar a los familiares para que ya no se continúe con la investigación”, denunció Barrera Hernández.

Por ello lamentó que la autoridad civil se haya declarado incompetente y canalizara a la autoridad militar la investigación del caso, porque dijo que la vulnerabilidad de la mujer por ser monolingüe y desconocer los procedimientos jurídicos quedará a expensas de la actuación de las fuerzas castrenses.

Indicó que incluso la mujer ha recibido varios citatorios para que se presente a declarar a la 35 Zona Militar, “cuando saben que no se va a presentar porque al haber sido agredida por los soldados Inés Fernández teme volver a enfrentarse a los militares y porque sabe que ahí van a encubrir a los responsables que la agredieron”.

Añadió que como se ha visto que a nivel interno no va a haber instancias para obligar a que el Estado respete los derechos humanos de Inés Fernández “vamos a tener que acudir nuevamente a la CIDH, para que sea la justicia civil la que conozca de estas violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”.

Informó que por las amenazas que está recibiendo la pareja la comunidad de Barranca Tecoani está exigiendo que los soldados se retiren de las comunidades “porque el otro gran problema es que llegan y no piden permiso a las autoridades locales para poderse asentar dentro de sus terrenos, cosa que el derecho internacional dice que los pueblos indígenas tienen que ser respetados en sus territorios”.