Quienes
suscribimos,
miembros de la
Sociedad de
Alumnos
“Doctor
Belisario Domínguez”,
de la escuela
normal rural
Mactumactzá,
ubicada en el
ejido Plan de
Ayala, municipio
de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas;
respetuosamente
nos dirigimos a
usted (es) con
el objeto de
exponerle de
manera
substancial, lo
que hasta el
momento ha
sucedido en
torno a nuestro
movimiento
estudiantil,
iniciado el
pasado mes de
julio, contra la
determinación
gubernamental de
modificar el
procedimiento
para la asignación
de plazas para
docentes, con lo
que se afectó
directamente a
nuestros
egresados y a la
larga, a niños
y niñas del
medio rural a
quienes se
destina el
trabajo de los
egresados de
Mactumactzá.
En tal
sentido,
exponemos lo
subsecuente:
Antecedentes:
Como
usted (es) sabrá
(n), nuestra
escuela tiene un
prestigio
reconocido como
formadora de
educadores
comprometidos
con el sector
campesino e indígena,
nuestros
egresados se han
caracterizado
por ir más allá
de simplemente
impartir clases
en las aulas, es
conocido que
siempre han
participado en
las actividades
tendientes a
mejorar las
condiciones de
vida de las
comunidades en
donde ejercen su
profesión,
desde ayudar en
la redacción de
las actas de las
asambleas, de
los oficios para
gestionar
beneficios y de
repente hasta se
involucran en la
asesoría para
la formación de
organizaciones
de productores
agrícolas. Lo
anterior, se
consigue gracias
a un modelo
progresista de
los programas de
estudios, que
desde su fundación
hasta la fecha
se ha venido
impartiendo en
las aulas de la
Mactumactzá.
Todos
los que
estudiamos en
esta institución
venimos de
padres
campesinos,
otros incluso
pertenecemos,
orgullosamente,
a pueblos indígenas,
por lo que la
Mactumactzá ha
representado
para muchos de
nosotros nuestra
única
posibilidad de
obtener una
profesión y un
empleo seguro,
que nos permita
participar en la
formación de un
mejor país,
especialmente en
el desarrollo de
nuestros pueblos
indígenas, así
como para
obtener un
salario digno y
suficiente para
sufragar los
costos de la
vida.
En
su momento, el
estado Mexicano
estableció que
quienes
ingresaran a
dicha institución
se les
garantizaba la
alimentación,
el hospedaje y
algunos
servicios
accesorios
indispensables
como el servicio
médico y de
lavandería, así
también, a sus
egresados, históricamente
se les ha
otorgado automáticamente
su plaza.
No
obstante, la
Mactumactzá,
históricamente
también ha sido
blanco de
ataques de
diversos
gobiernos,
pareciendo ser
el parte aguas,
el año de 1935
en que
ingresaron a la
Federación de
Estudiantes
Socialistas de México(FECSM)
y que,
congruentemente,
no reaccionan a
los intereses
gubernamentales.
El
pasado día 28
de julio, el
Ejecutivo del
Estado a través
de los Servicios
Educativos para
Chiapas(en
adelante SECH) y
mediante
convocatoria
informó que
para la asignación
de plazas de
docentes se
establecía como
nuevo
procedimiento,
el examen de
oposición,
cuestión que
rompió con la
histórica
asignación
automática con
que se
beneficiaba a
los egresados de
la Mactumactzá,
además de que
implicaba que
varios de
nuestros
egresados quedarían
sin plaza y por
lo tanto con el
trabajo digno a
que todos
tenemos derecho.
Ante
tal situación
adversa, las
bases
estudiantiles de
nuestra escuela
tomaron la
decisión de
ejercer el
derecho a la
manifestación
de nuestra
inconformidad,
por lo que el día
1° de agosto
del año que
termina,
marchamos por la
calle principal
de esta ciudad
capital hasta
llegar al
palacio de
gobierno del
estado en donde
previa solicitud
de audiencia,
fuimos atendidos
por el titular
de los SECH, el
Profesor Manuel
Miranda Rodas, a
quien entregamos
el pliego de
nuestras
peticiones, en
el que, como
punto medular se
demandaba la
asignación
automática de
las plazas. Como
respuesta, dicho
servidor público
nos informó que
no era posible
acceder a
nuestra petición,
puesto que ya
había sido
publicada la
convocatoria y
que no se daría
marcha atrás al
respecto y que
lo que teníamos
que hacer era
presentar el
examen de
oposición que
se llevaría a
cabo el día 15
de agosto.
Ante
la negativa a
nuestra petición
y a la falta de
una propuesta
alternativa o
mediadora por
parte del
Gobierno de
Estado, la
Sociedad de
Alumnos y el
consejo de
Padres de
familia de la
Mactumactzá
convocaron a una
asamblea para
informar y para
tomar acuerdos
al respecto.
El
día 04 de
agosto, se llevó
a cabo la
asamblea de
padres de
familia y
alumnos de la
Mactumactzá, en
donde se acordó
formar una
comisión para
que se
entrevistaren
con el
Secretario
General de
Gobierno y le
plantearan
nuestras
demandas, ello
en vista de que
el titular de
los SECH parecía
incompetente
para darnos una
solución.
El
día 05 del
agosto, y toda
vez que el
Secretario
General de
Gobierno, el
licenciado Rubén
Velázquez López,
declinó nuestra
petición de
audiencia,
nuestra comisión
fue atendida por
el Subsecretario
de Gobierno, el
licenciado
Gilberto Batiz López,
quien palabras más
palabras menos,
nos indicó que
presentáramos
el examen de
oposición del día
15, y que
independientemente
de los
resultados, nos
garantizaba que
nuestros 167
egresados
obtendrían sus
plazas, a lo que
de inmediato
contestamos que
no estabamos de
acuerdo, pues
que caso tenía
fingir presentar
un examen si de
cualquier manera
nos iban
a otorgar las
plazas que
requeríamos, y
que eso lo veíamos
como engañar a
la sociedad y no
estabamos
dispuestos a
ello, y en
virtud que nos
estaban
garantizando las
167 plazas que
lo mejor era que
nos las
asignaran de
manera
trasparente y
automáticamente,
como siempre se
ha hecho.
HECHOS:
El
día 06 de
agosto de 2003,
decidimos
manifestarnos
nuevamente y
marchamos por la
calle principal
de esta ciudad y
posteriormente
nos trasladamos
a las
instalaciones de
nuestra escuela,
lugar hasta
donde fuimos
seguidos y
posteriormente
cercados por
elementos
policiales
estatales.
Es
importante hacer
una pausa en
este momento,
para recordar
que el punto de
controversia
versa respecto a
la novedosa
disposición
gubernamental
para acceder a
una plaza
magisterial,
consistente en
examen de
selección, el
efecto agravioso
para con
nuestros
egresados y la
inconformidad de
la comunidad
estudiantil de
la Mactumactzá.
Es decir, hasta
este momento, la
controversia es,
exclusivamente,
sobre el examen
de oposición
para competir
por una plaza.
Volviendo
al día 06 de
agosto, estando
sitiados por la
policía,
pudimos observar
el buen nivel de
entrenamiento
que tienen
dichos
servidores públicos,
inicialmente
mostraron un
alto nivel de
orden,
coordinación y
disciplina,
rayando en la
pulcritud,
debidamente
uniformados y en
posición de
ataque,
intimidantemente
disciplinados;
pocos momentos
después, y como
si se tratara de
distintos
elementos, los
mismos, corrían
hacia nosotros,
pero en un
desorden total,
parecían
iracundos, o,
con el debido
respeto, como
perros rabiosos,
unos en playeras
negras, algunas
con imágenes
militares,
algunos traían
las armas más
extrañas para
un policía,
como palos y
resorteras,
ahora todo parecía
aterrador. Por
lo anterior, si
debemos
reconocer a
nuestras
actuales
gobernantes. Sus
fuerzas
represivas son
sumamente
eficientes,
realmente muchos
pensamos que ese
día íbamos a
morir o algo así.
Indebidamente,
sin contar con
una orden de
autoridad
competente, los
elementos
policiales
ingresaron al
inmueble que
ocupa nuestra
escuela y entre
insultos y
golpes fueron
detenidos más
de 200 personas,
entre compañeros
estudiantes,
padres de
familia y
tutores que habían
venido para la
reunión de un día
antes, e incluso
a un señor que
ni siquiera
tenia nada que
ver con la
escuela, es más
trabajaba en una
empresa de la
construcción
que se encuentra
atrás de la
escuela, y que
ese día iba en
busca de su
trasporte público
y pasó cerca de
la escuela y es
donde
arbitrariamente
lo detuvieron.
En
dicho operativo
hicieron uso y
abuso de la
fuerza pública,
lesionando a
hombres, mujeres
y niños que ahí
se encontraban,
en lugar de
privilegiar el
diálogo para
llegar a un
entendimiento
concertado por
las partes en
conflicto,
desplegando el
inaudito poder
que tiene,
lesionó sus
Derechos
Humanos;
incluso, a pesar
de existir
medida
precautoria al
respecto, girada
oportunamente
por la Comisión
Estatal de
Derechos
Humanos.
En
este operativo
se lesionó la
integridad física
de las personas,
con golpes con
toletes, palos y
piedras, así
también a través
de la intoxicación
con gases lacrimógenos
esparcidos de
tierra por los
policías a pie
y de un helicóptero
desde
el aire.
Aunado
a lo anterior
dichas
corporaciones
policiacas
detuvieron a más
de 200 personas,
incluidos
menores de edad,
obviamente sin
respetar los
ordenamientos
legales
aplicables; esto
es, no medió
documento alguno
que ordenase la
aprehensión de
estas personas;
posteriormente
se les vulneró
las garantías a
que tienen
derecho y que se
encuentran
contempladas en
el artículo 20
de la Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos;
puesto que los
mantuvieron
incomunicados;
en el momento de
tomarles su
declaración
ministerial, de
hecho, no fueron
asistidos en los
términos de
ley, toda vez
que la persona
designada
aparentemente
como su
defensora nunca
oyó las
declaraciones,
puesto que al
mismo tiempo
varios detenidos
deponían ante
diversos Agentes
del Ministerio Público,
en consecuencia,
resulta lógicamente
imposible que la
misma persona
defensora se
encuentre
presente y
escuche simultáneamente
la declaración
de varios
detenidos.
Asimismo
a un gran número
de ellos les
decretaron el
arraigo sin
mayores
elementos de
prueba, lo que
evidencia que
también el
Poder Judicial
del Estado
contribuyó al
sometimiento.
Ese
mismo día 06 de
agosto, a la
altura de la
comunidad 20 de
noviembre,
municipio de
Acala, Chiapas,
fueron detenidos
por elementos de
la Policía
Sectorial, 12
estudiantes
egresados de la
Escuela Rural
Mactumatzá, que
viajaban a bordo
de un autobús,
con
destino a la
ciudad de
Venustiano
Carranza,
Chiapas; con el
objeto de pedir
apoyo a algunas
comunidades de
aquella región.
Los alumnos
detenidos esta
acción, fueron
puestos a
disposición del
Ministerio Público
Estatal, mismo
que obtuvo
decreto de
arraigo en su
contra.
Entre
otras
lamentables
situaciones
ocurridas en
torno al
conflicto en
mención, está
el asesinato del
Señor Joel Martínez,
chofer de la
escuela de Tenería
Estado de México;
homicidio que en
su momento se le
imputa a los
propios
estudiantes, tan
es así que al
pedirle a las
autoridades que
les fuese
entregado el cadáver
de su compañero,
los
peticionarios
terminaron
siendo
arraigados sin
que se les
permitiera ver
el cadáver.
En
este momento
también es de
suma importancia
detenerse y ver
más
detalladamente
la actuación de
nuestros
gobernantes,
pues a partir de
los hechos
lamentables del
homicidio de
Joel David, el
Procurador
General de
Justicia,
Mariano Herran
Salvatti, un día
después del
homicidio y en
conferencia de
prensa, afirmó
sustancialmente,
que existen
pruebas
contundentes de
que Joel David
fue asesinado a
quema ropa, que
el disparo se
produjo en el
interior de
autobús y que
el extinto,
portaba cocaína
y marihuana,
incluso que se
le habían
practicado
prueba química
y que había
dado positivo
para ambas
drogas, así
también que
carecía de lógica
y resultaba
inverosímil la
versión dada
por los
estudiantes que
presenciaron el
homicidio, en el
sentido de que
una persona en
camioneta RAM
era la que desde
a fuera había
realizado el
disparo que privó
de la vida a
Joel David.
Sin
embargo,
posteriormente
se probo,
mediante la
pericial idónea,
que el disparo
se realizó
desde afuera,
por lo tanto no
fue a quema ropa
y obviamente no
fue desde
adentro, lo que
no se pudo
desmentir fue lo
de la droga, y
ello debido a
que, de manera
por demás
expedita, el
gobierno del
estado, pagó y
agilizó el
traslado de los
restos humanos
de Joel David a
su tierra, sin
que se pudiera
realizar prueba
toxicológica
para corroborar
la versión
oficial.
Con
fecha 10 de
agosto de 2003,
la Procuraduría
solicita el
arraigo de 180
personas, entre
estudiantes y
padres de
familia, mismo
que se decreta
en esa
propia
fecha.
Los
días 14, 15 y
16 de agosto de
2003, un
servidor Público
de los Servicios
Educativos para
Chiapas, se
presentó en las
casas en que se
encontraban los
arraigados y les
manifestó que
los egresados
que aceptaran
presentar los exámenes
de oposición,
les darían una
plaza y su
libertad; y a
los estudiantes
que aceptaran su
cambio de
escuela, les darían
su libertad y
becas en forma
inmediata, sin
haber aceptado
tal propuesta,
por lo que
fueron
consignados.
En
todo este tiempo
el Gobierno
Estatal, a través
de diversos
medios masivos
de comunicación
(Prensa,
Radio, T.V.,
Revistas,
folletos y artículos,
que son
distribuidos en
forma gratuita
entre la población)
ha desatado una
campaña para
denostar a los
estudiantes y a
su movimiento.
El
19 de agosto de
2003, en el
CE.RE.SO. número
Uno de esta
ciudad, fueron
puestas a
disposición del
Juez Tercero del
Ramo Penal de
este Distrito
Judicial, en
cumplimiento de
la orden de
aprehensión
librada en el
expediente penal
número
241/2003, los señores
Osvaldo
Mejía, Josué
Amador Arrazate
Montesinos,
Ricardo Antonio
Parcero Solano,
Efraín Arcos Méndez,
Francisco Ruiz
Gutiérrez, Juan
Carlos García
Zenteno, José
Juan Montejo Díaz,
Manuel de Jesús
Nieto Aguilar,
Lisandro
Narcía Gutiérrez,
Venustiano Hernández
Urquin, Miguel
Peñate López,
Agustín Toledo
Solís, , Omar
Alexander
Marcial
Villalobos,
Abimael Zacarías
Escalante, Julio
Enrique Liévano
Cruz y Carvajal
Pérez López,
todos ellos
egresados de la
escuela normal
Mactumactzá, y
a los señores
Bartolomé Ramírez
Gómez,
Rigoberto Ramírez
Gómez,
estudiantes de
la misma,
quienes
estuvieron
arraigados en la
casa marcada con
el número 380,
de la Avenida
Presa Malpaso,
de la colonia
Las Palmas, de
esta ciudad, así
como también a
Juan Manuel Vázquez
Flores,
estudiante de la
escuela Nomal
del Estado de México,
José
Alberto Pérez
Cruz, Nicandro López
Benitez,
estudiantes de
nuevo ingreso,
y Antonio
Fernández Martín;
este último es
la persona que
trabaja en una
empresa cercana
a la escuela y
que iba pasando
por el lugar de
los hechos
cuando fue
aprehendido, es
decir, no tiene
nada que ver con
el problema de
la Mactumactzá.
Mientras
que en el
CE.RE.SO. 6
femenil de esta
ciudad, se
internó a las
compañeras
Perla Flores y
Alba Ponce Montaño,
alumnas de la
escuela Normal
Rural de
Teteles, Puebla.
Dichas
personas fueron
consignadas por
los delitos de
robo de vehículo,
privación
ilegal de la
libertad
y otras
garantías,
ataques a las vías
de comunicación,
atentados contra
la paz e
integridad
corporal y
patrimonial de
la colectividad
y del Estado, y
daños; el
primero en
agravio de las
empresas:
Rodulfo
Figueroa, Cristóbal
Colón, Bimbo,
Transportes
Berriozábal,
Telmex,
Transportes
Refirgerados
Azteca, Vendo
Gas, Secretaría
de Desarrollo
Rural y CONAFE.
El segundo en
agravio de
Dominga Martínez
Sales,
Melquiades,
Corazón Gómez
Gómez y otras.
El tercer delito
en agravio de la
Sociedad y el
cuarto en
agravio de los
primeros
citados.
Con
fecha 19 de
agosto de 2003,
en las
instalaciones de
la Dirección
General de los
Servicios
Educativos para
Chiapas, en su
Departamento de
Formación y
Actualización
Docente, se
tomaban los
datos generales
de los alumnos
que deseaban
cambiarse a otra
escuela Normal
del Estado, bajo
la promesa de
obtener una beca
de estudios, la
cual se les
designará del
presupuesto que
ya está
destinado para
el
funcionamiento
de la Escuela
Normal Rural
Mactumactzá de
esta ciudad,
informándoles
que son órdenes
muy superiores,
lo cual se
corroboró el día
20 de agosto de
2003, cuando
algunos alumnos
de la escuela
Normal Rural
Mactumactzá
exhibieron, los
oficios por los
cuales se les da
a conocer el
cambio de
escuela de
acuerdo a su
supuesta
solicitud,
realizada a los
Servicios
Educativos para
Chiapas.
A
partir del día
12 hasta el 21
de agosto de
2003, fueron
puestos en
libertad las
siguientes
personas:
Hurbey
Alberto Hernández
Velázquez,
Leonardo Sánchez
Altunar, Gustavo
Moreno Vázquez,
Manuel de Jesús
Vázquez Vázquez,
Mario Rodríguez
Rodríguez,
Marco Elí
Calderón Hernández,
Ulises López
Mateos, Onésimo
Gómez Méndez,
Miguel Ángel Díaz
Vázquez,
Gionvanni Alemán
Rodríguez ,
Leonardo Artemio
López Pérez,
Hugo Bolaños
Caballero,
Sandro Martínez
Jiménez, Jeremías
Bello Romero,
Samuel Santiz
Morales, Mariano
Díaz Moreno,
Domingo Díaz
Herrera, José
Antonio López
Maldonado,
Hilario Roblero
González, Julio
César Vega
Gordillo, Abner
Avieser de León
Martínez, Edgar
González González,
Antonio López
Hernández,
Manuel de Jesús
Vázquez
Villafuerte,
Lorenzo López Sánchez,
Pedro Hernández
Abadía, Miguel
Díaz Sánchez,
Rubisel Alemán
Marroquín,
Julio César
González, Hugo
Alberto Aguilar
Vázquez, Juan
Vicente Aguilar
Vázquez, Cesáreo
Pérez de la
Cruz, Miguel
García Sánchez,
Bersaín Aguilar
Valle, José
Solano Espinosa,
Miguel García
Morales, Andrés
López Díaz,
Mariano Gómez Díaz,
Jorge Alejandro
Velázquez
Morales, Julio César
Cruz Cruz,
Octavio Cruz Márquez,
Fernando Reyes
Ramos, Alejandro
Vargas Jiménez,
Hugo Rene Hernández
Díaz, Mario
Alfonso Vargas
Hernández,
Marco Antonio
Cruz Gutiérrez,
Pedro Arcos P´perez,
Mario César Pérez
Ochoa, Artemio Gómez
Méndez, Luis
cartas Puerto,
Difret Ventura
Grajales,
Vicente Ordaz
Fulbio, Juan
Morales Ramos,
Cosme Vicente
Aquino, Mauricio
López Maruz,
Bernardino Rodríguez
Calvo, Ángel
Flores Posada,
Gustavo Cruz
Roque, Manuel Gómez
Santiz, Julio César
González González,
Doyiner Iván
Roblero González,
Josué Cauauhtémoc
Flores Galvez,
Juan José
Moreno Gómez,
Rusbel Aguilar Vázquez,
Lucas Santiz
Hernández, José
Domingo Ramírez
Ramírez, Carlos
Homero Dilman
Guillen, Miguel
Cruz Santiz,
Cristóbal Méndez
Pérez, Manuel
Santiz Méndez,
Javier Hernández
Urquín Eusebio
Mateo Altunar,
Alfredo Pérez Díaz,
Aurelio Aníbal
Hidalgo Morales,
Luis Bernardo
Gutiérrez
Ovando, David
Flores López,
Luis Alberto
Toalá Gutiérrez,
Manuel Antonio
Vicente
Nuricumbo, Geremías
Pascacio
Aguilar, Fabián
Iván Motejo
Cabrera,
Emmanuel de Jesús
Pérez Gómez, César
Augusto Sántiz
Álvarez,
Gerardo Gómez
Hernández,
Carlos Enrique
Zepeda Trujillo,
Sergio Vázquez
Álvaro, Roque López
López, Rodolfo
García Luis,
Tiburcio
Feliciano Gómez,
Jesús Reyes
Alfaro, Julio César
Montoya gómez,
Jorge Alberto
Velasco
Villatoro,
Ernesto Moisés
Gómez Trujillo,
Francisco Rodríguez
de León,
Gilberto Méndez
Vicente, Fabián
González Trejo,
Erick Miguel de
la Cruz López,
Ángel de Jesús
Hernández Martínez,
Mauricio Martínez
Pérez, Alberto
Martínez
Constantino,
Javier Mendoza
Cruz, Benigno
Cabrera Nangüelú,
Juan Pineda Sánchez,
Antonio Hernández
Gómez, Fernando
Pérez Martínez,
José Cosme Sánchez,
José Gregorio
Saldaña, Juan Sánchez
Gómez, Sebastián
Arcos López,
Carlos Modesto
de la Cruz Vázquez,
Jorge Flores Gómez,
Nicolás Gómez
Sánchez, Amadeo
Sibaja Mendoza
Raymundo Alfaro
Pérez, Agustín
González
Farelo, Antonio
García Hernández,
Mateo Martínez
López,
Belisario Ramírez
Martínez, Dimas
Torres Cruz,
Hugo Alvarado
Trejo, Guadalupe
Cruz Pérez, Víctor
Hernández Gómez,
Rubén Cruz Juárez,
Ricardo Albores
Aguilar, Domingo
Ramírez Ramírez,
Emigdeo Carrillo
Hernández,
Arcenio Hernández
Méndez, Pacual
López Álvarez,
Gabriel Gómez
Santiz, José
Enerse Toalá
Nangúelú,
Gedeon Gómez López,
Carlos Pérez
Salas, Pompilio
Zepeda Domínguez,
Bernabé
Nucamendi Pérez,
José Cruz
Prudencio, Ángel
Ordoñez
Pereyra, Manuel
Pérez Gómez,
Miguel Peñate
Arcos,
Enoch
Aguilar de la
Cruz, Juan
Aguilar López,
Deudiel Pérez
Palacios y
Roberto Torres López,
en total
143
personas puestas
en libertad.
Las
siguientes
personas fueron
consignadas o
puestas a
disposición del
Juzgado Tercero
del Ramo Penal
de este Distrito
Judicial del día
12 al 21 de
agosto de 2003.
Osvaldo
Mejía, Josue
Amador Arrazate
Montesinos,
Ricardo Antonio
Parcero Solano,
Efraín Arcos Méndez,
Francisco Ruiz
Gutiérrez, Juan
Carlos García
Zenteno, José
Juan Montejo Díaz,
Manuel de Jesús
Nieto Aguilar,
Lisandro
Narcía Gutiérrez,
Venustiano Hernández
Urquin, Miguel
Peñate López,
Agustín Toledo
Solís, , Omar
Alexander
Marcial
Villalobos,
Abimael Zacarías
Escalante, Julio
Enrique Liévano
Cruz y Carvajal
Pérez López,
todos ellos
egresados de la
escuela normal
Mactumactzá, así
como Juan Manuel
Vázquez Flores,
estudiante de la
escuela Nomal
del Estado de México;
José
Alberto Pérez
Cruz, Nicandro López
Benítez,
estudiantes
de nuevo ingreso
de la escuela
Normal Rural
Mactumactzá
y Antonio
Fernández Martín,
este último
persona que
trabaja en una
empresa cercana
a la escuela y
que iba pasando
por el lugar de
los hechos
cuando fue
aprehendido,
Bartolomé
Ramírez Gómez,
Rigoberto Ramírez
Gómez,
estudiantes de
la misma, y
también Perla
Flores y Alba
Ponce Montaño,
alumnas de la
escuela Normal
Rural de
Teteles, Puebla.
TOTAL 24
PERSONAS
CONSIGNADAS.
Personas
que hasta el día
21 de agosto de
2003 se
encontraban
arraigadas:
José
Tito Hernández
Urquín, Alfredo
López López,
Mariano López
Jiménez,
Udilfrido de la
Cruz Villalobos,
Lorenzo Gómez
Jiménez, Agustín
Velázquez Marín,
Milton Hidalgo
Morales, Narciso
Álvarez
Altunar, Marco
Antonio Sánchez
Ruiz y Óscar
Alvarado Flores.
TOTAL 11
PERSONAS
ARRAIGADAS ENTRE
ALUMNOS Y PADRES
DE FAMILIA,
incluso ya habían
firmado su
solicitud de
cambio de
escuela sin que
los pusieran en
libertad.
Posteriormente,
y ante la
imposibilidad
jurídica de
ampliar la
detención
arbitraria de
los compañeros,
de manera
progresiva
fueron poniendo
en libertad a
los arraigados,
quedando al último
once personas,
en su mayoría
tutores y padres
de familia.
El
día 29 de
septiembre y
ante nuestra
insistencia, la
Secretaria
General de
Gobierno en
persona del
subsecretario de
gobierno
Gilberto Batis,
nos concedió
audiencia, en la
cual estuvieron
presentes por la
Parte
gubernamental,
los titulares de
los SECH y la
Secretaría de
Educación(en
adelante SE) y
por supuesto el
señor Gilberto
Batis, mientras
que por la parte
de la Mactumactzá,
estuvieron tres
compañeros
alumnos y el
Secretario
general de la
Sección 7
magisterial, el
profesor Fortino
Vázquez.
En
la audiencia,
solicitamos la
libertad de
nuestros compañeros,
los 24
encarcelados y
los nueve
arraigados, y el
respeto a la
automatización
en la asignación
de nuestras
plazas; en
respuesta se nos
dijo, que en
cuanto a la
libertad de
nuestros compañeros
nos garantizaban
ponerlos en
libertad el día
03 de octubre,
siempre y cuando
cumpliéramos
algunas
condiciones, y
respecto al
examen de
selección, lo
que nos ofrecían
es que presentáramos
el examen y que
los que no
quedaran ahora,
podían
presentar el próximo
año y así
sucesivamente
hasta que todos
nuestros
egresados
tuvieran su
plaza, es decir,
ahora ni
siquiera nos
ofrecían lo de
antes, que todos
nuestros
egresados contarían
con plaza con la
condición de
que simuláramos
presentar dicho
examen e
independientemente
de los
resultados nos
darían las
plazas
necesarias.
Las
condiciones
establecidas por
el gobierno del
estado para
conceder la
libertad de
nuestros compañeros
consistían, en
desocupar los
dormitorios y en
general todo el
inmueble de la
escuela, ya que
en el futuro
dejaría de ser
internado y
tampoco se
otorgaría
alimentos ni
ningún otro
servicio, más
que las clases,
que a cambio nos
darían una beca
durante este
periodo escolar,
pero que para el
siguiente solo
se otorgaría
dicha beca a
aquellos alumnos
que reúnan los
requisitos que
se establezcan
para tal efecto.
Este
es otro momento
oportuno para
una pausa, pues
ahora nosotros
teníamos compañeros
encarcelados, lo
que
resultó
la carta con la
que el gobierno
nos sometió
para que aceptáramos
las condiciones
tan indignas y
desventajosas
que nos
impusieron. Por
otro lado, ahora
no solo
estabamos
perdiendo unas
plazas, sino
también, la
posibilidad de
continuar
nuestros
estudios, puesto
que seguramente
las becas serían
insuficientes y
varios de
nosotros no podríamos
sufragar
nuestros gastos,
lo que llevaría
a que varios de
nosotros dejáramos
los estudios.
Otros
requisitos
fueron el sacar
de las
instalaciones de
nuestra escuela
a los compañeros
de otras
escuelas del país
que estaban
apoyando nuestro
movimiento, y el
requisito final,
fue que mantuviéramos
estas
condiciones en
secreto, es
decir que en
adelante no hiciéramos
declaraciones en
la prensa y
sobre todo que
no nos manifestáramos
el día 2 de
octubre, como
históricamente
la Mactumactzá
lo ha hecho, en
memoria de los
estudiantes
asesinados en
esa fecha.
Versando
en el tenor
antes
mencionado, se
elaboro un
supuesto
convenio, que más
bien es una
declaración
unilateral de
condiciones, en
la que el
gobierno del
estado dispone y
nosotros
aceptamos, en
donde también
se establece la
disolución del
sistema de
internado, se
nos prohibe
ejercer nuestra
libertad de
expresión,
manifestación y
asociación y se
nos amenaza con
dejar sin efecto
dicho convenio,
y con ello la
libertad de
nuestros compañeros,
si nosotros no
éramos
discretos
respecto a las
condiciones
vergonzosas que
se nos
impusieron.
A
cambio de la
libertad de
nuestros compañeros
y compañeras,
decidimos
aceptar dicho
convenio, y
ciertamente al
momento se puso
en libertad a
los compañeros
arraigados, y
posteriormente
nosotros tuvimos
que desalojar
los dormitorios
de la Mactumactzá,
no obstante,
hasta el día 11
de noviembre se
puso en libertad
a seis de
nuestros compañeros
encarcelados y
el día 26 de
noviembre se
puso en libertad
a las compañeras,
y recientemente
el día 05 de
diciembre se
libero a cinco
compañeros más,
quedando aún
privados de su
libertad once
compañeros.
Sin
duda que los
actos de
autoridad
descritos en
este documento,
son
potencialmente
violatorios de
los derechos
humanos,
consideramos que
si nos basamos
en la Convención
Americana de los
Derechos
Humanos, que en
todo caso sería
el instrumento
internacional
que invocaríamos,
resulta que
existió detención
arbitraría,
tratos crueles e
inhumanos,
tortura, así
como se
conculcaron el
derecho a la
debida defensa,
a la libertad
personal, ha ser
presentado sin
demora ante un
juez, a la
libertad de
expresión, de
asociación, de
manifestación,
a un trabajo
digno, a la
educación, así
como el derecho
al desarrollo de
los pueblos indígenas
y de las
comunidades
campesinas.
En
resumen, el
presente
documento tiene
como objeto
solicitar su
colaboración
para insistir,
desde todos los
foros posibles,
en que es
importante que
la Mactumactzá
continúe con el
sistema de
internado que
siempre ha
tenido, y que se
ponga en
libertad a
nuestros compañeros,
de lo contrario
se estará
atentando no sólo
contra los
estudiantes de
la Mactumactzá
y sus egresados,
sino también a
la educación
rural y con ello
a los niños y
niñas de las
comunidades
campesinas e indígenas.
A
T E N T A M E N
T E.
LA
ASOCIACION DE
ESTUDIANTES
“DOCTOR
BELISARIO DOMÍNGUEZ”.
Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas; 08 de
diciembre de
2003.