* Presenta el
Prodh su informe anual sobre represión
En
2002, violadas 52 indígenas por militares en Guerrero y
Veracruz
Miriam
Ruiz, CIMAC, ciudad de México * Al menos 52 mujeres indígenas
fueron violadas por militares en los estados mexicanos de
Guerrero y Veracruz, lo que muestra la persistente represión en
México, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Prodh) en un informe anual.
El
informe “La represión en México 2002”, difundido hoy, señala
que las prácticas tradicionales de represión directa o
indirecta subsisten en el país, pese a que el presidente
Vicente Fox, anunció en agosto pasado que los derechos
humanos son para él una política de estado.
“El
Ejército mexicano y las diversas corporaciones policíacas son
responsables de contínuas violaciones de los derechos
humanos”, señala el Prodh al describir las violaciones
tumultuarias a las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés
Fernández, agresiones aún impunes que se dieron en la
contrainsurgencia en Guerrero.
También
se refiere a 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas
realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica,
Veracruz y registradas por este centro de derechos humanos en su
informe 2002.
El
Prodh destaca que las mujeres y los indígenas son los grupos más
discriminados y precisa que en el 2002 se negó la justicia
tanto a las mujeres indígenas violadas por el Ejército como a
las asesinadas en Ciudad Juárez y sus familias.
El
análisis detalla que la organización de Chihuahua, Mujeres de
Negro, enumera 290 asesinatos en Ciudad Juárez y dos en el
resto del estado, así como más de 500 desaparecidas, sin que
la justicia estatal o federal hayan resuelto nada porque, entre
otras cosas “hay contubernio con el Poder Judicial.”
“A
las víctimas se les dan identidades falsas; se entregan cuerpos
a las supuestas familias y meses después descubren que no eran
ellas. Siembran evidencias y los pocos procesados tienen hasta
seis años sin sentencia por falta de elementos para
condenarlos”, explica el más influyente centro de derechos
humanos en México.
El
documento asegura que el clima de violencia impune en la ciudad
fronteriza favorece el uso de las agresiones como salida fácil
a los conflictos domésticos, por lo que también aumentaron los
casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.
En
el sureste de México, en Tapachula, Chiapas, la policía local
detuvo, amarró y colocó una bolsa de plástico en la cabeza a
las adolescentes guatemaltecas Wendy Yumana Hernández Santos,
María Cristina González Estrada y María Elena García Vázquez,
tras acusarlas de robo, añadió el documento.
Las
tres mujeres, luego de permanecer cinco meses en el penal,
obtuvieron su libertad tras haber sido obligadas a retirar la
denuncia de tortura en contra de sus victimarios.
El
análisis, elaborado por Alejandra Aquino Moreschi, Ariadna Estévez
López, Carmen Pedrazzini Nessi y Mireya Del Pino Pacheco,
reitera que en agosto pasado el comité de expertas sobre la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Eliminación (CEDAW) llamó la atención al gobierno mexicano
por la falta de justicia a las mexicanas.
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