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* Soldados en Barranca Tecoani buscan un acuerdo

 Presionan militares para que una indígena violada retire la denuncia

 * “No queremos llegar a ningún arreglo; sólo queremos que se haga justicia porque la comunidad no está de acuerdo en que los soldados violen a sus hijas y a sus mujeres, y que al rato regresen a querer platicar y querer llegar a un acuerdo”, dice Fortunato Prisciliano Sierra

Maribel Gutiérrez, Ayutla de los Libres (Primera parte) * Tropas del 48 Batallón de Infantería del Ejército estuvieron en poblados de la región me’phaa (tlapaneca) de este municipio durante los últimos diez días, informaron miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos (Kambaxo Xuaji Guini Me’phaa). A su llegada a Barranca Tecoani los militares buscaban que una joven violada por soldados hace un año, Inés Fernández Ortega, retirara la denuncia que presentó contra los soldados violadores.

Cuando tropas del Ejército llegaron a la región, el jueves 16 de enero, a bordo de dos camiones con 22 efectivos, buscaron al esposo de la indígena violada, Fortunato Prisciliano Sierra.

Cuatro soldados se presentaron en la puerta de su casa, y los demás esperaban alrededor. Los 22 militares portaban armas largas, en el uniforme tenían el escudo del 48 Batallón de Infantería, que tiene su cuartel en Cruz Grande, en la región de la Costa Chica, y el que iba al frente tenía en la camisola el apellido Gallardo.

Fortunato Prisciliano informó, en la oficina de su organización en Ayutla, lo que habló con los militares.

–¿Tú tuviste un problema hace un año y pusiste una denuncia? –preguntó el militar que iba al frente.

–Sí –dijo Fortunato, en referencia a la denuncia que él y su esposa presentaron contra soldados del Ejército que el 22 de marzo de 2002 entraron a la comunidad, violaron a Inés, y robaron comida y objetos, entre otros una bomba aspersora de la casa de Jesús García Soto.

–Venimos a levantar unas actas para que termine el poblema de hace un año, de una vez, para que se termine el asunto y no siga el problema. Queremos que Inés declare otra vez lo que pasó hace un año, para que se arregle el problema.

Fortunato les dijo que no, que no puede declarar si no está su abogado (del Centro de Derechos Humanos de La Monmtaña Tlachinollan), o en la oficina de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, en Ayutla.

El militar propuso ir con el comisario para levantar el acta. Insistía en que de una vez se arreglara el problema, “para que se termine ese asunto, que ya no siga más”.

Dice que el soldado le estuvo insistiendo, presionando, repitiendo la propuesta, casi media hora le estuvieron rogando para que declarara Inés, para que aceptaran platicar, que dejaran ya ese problema que tienen ellos, que ya se pusieran de acuerdo.

Fortunato, que habla poco español, les dijo: “No estoy de acuerdo en levantar unas actas”.

Los 22 soldados se fueron de la casa de Inés y Fortunato hacia el centro de Barranca Tecoani, y pusieron su campamento al lado de la comisaría, el 16 de enero, y el 17 acudió una comisión del pueblo a pedirles que salieran.

A Fortunato le extraña que los militares hayan ido para buscar que se termine el problema, cuando a los agraviados no les han dado información de sus denuncias en la agencia del Ministerio Público de Ayutla, y tienen evidencias de que la autoridad que debe investigar el delito denunciado, y las autoridades del hospital de Ayutla donde le hicieron los exámenes a la joven violada, han ecubierto a los militares que cometieron ese delito.

Desde el 22 de marzo de 2002, Inés y Fortunato han declarado varias veces ante las autoridades para denunciar la violación. Lo hicieron en la agencia del Ministerio Público de Ayutla, y ante visitadores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Después ratificó la denuncia en el MP de Ayutla, y los llamaron a comparecer a la agencia del Ministerio Público Militar, el el cuartel de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, pero ahí no se presentaron porque su denuncia no corresponde al fuero militar, y por eso los agraviados no presentaron la demanda ante las autoridades militares.

Con ayuda de una traductora de la Organización, Olitia Eugenio Manuel, Fortunato explica que en el hospital de Ayutla no les han informado hasta la fecha el resultado de los exámenes que se practicaron a su esposa Inés para comprobar que fue violada, y en el MP no le han informado de los avances de las investigaciones.

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (a la que pertenece la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos), Arturo Campos Herrera, explica: “La idea que tenemos es que la Secretaría de Salud y el MP encubren a los soldados. Hemos insistido en que nos den a conocer el resultado de las pruebas que le hicieron a Inés, pero no nos dan nada; ya vinieron los abogados de Tlachinollan pero tampoco a ellos les informaron ni en el MP ni en el hospital”.

Y sobre las pláticas y el arreglo que el 16 de enero buscaban los militares, Fortunato Prisciliano Sierra plantea su posición, que es la de la comunidad Barranca Tecoani: “No queremos llegar a ningún arreglo; sólo queremos que se haga justicia, porque la comunidad no está de acuerdo en que violen a sus hijas y a sus mujeres, y que al rato regresen los soldados a querer platicar y a buscar un acuerdo”.

Dos días después, los soldados insistieron en el arreglo con Inés y Fortunato, cuando una comisión del pueblo fue el 18 de enero a un campamento que establecieron los militares para pedirles que se retiraran.

Con otras mujeres, Inés Fernández iba al frente de los pobladores inconformes con la presencia del Ejército en Barranca Tecoani, y cuando les reclamó por qué entran a los pueblos a violar a las mujeres, el militar que estaba al frente del campamento le dijo que a los soldados que la violaron el año pasado “ya los están castigando”.

También le dijo que el domingo 19 de enero iban a ir a la comunidad un agente del MP militar, uno federal y uno del estado, procedentes de Chilpancingo, para negociar con ellos y que dijeran qué quieren.

Los habitantes de Barranca Tecuani y de otras comunidades me’phaa de esa área estuvieron esperando ese domingo en la comisaría, pero los funcionarios no llegaron.

En cambio, ese día bajaron dos helicópteros del 48 Batallón y llegaron por tierra más de 200 soldados en 15 camiones, que pusieron un campamento en el crucero de Yerbasanta, a unos 3 kilómetros del centro de la comunidad. Ahí estuvieron una semana, hasta el domingo 26 de enero.

Por medio de su organización, los habitantes se quejan de atropellos que en una semana cometieron los soldados, y denunciaron: “Los guachos no dejan pasar a la gente, y la gente tiene miedo”.