* Federación y estado quieren desmantelarla, dice

Frente en defensa de la Policía Comunitaria, anuncia el CG500

 * El gobierno pretende proteger a los cacicazgos locales, afirma Amador Cortés * León Aponte no ha sido capaz de crear órganos confiables para la seguridad, señala

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Organizaciones indígenas y sociales integrarán un frente para defender a la Policía Comunitaria de las agresiones “del gobierno federal derechista que se opone a los proyectos de los pueblos indígenas” y del gobierno del estado “que aplica una política de apoyo a los caciques”, dijo ayer el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Amador Cortés Robledo.

Señaló que se advierte que hay una “alianza” entre el gobierno federal y el estatal para desmantelar a la Policía Comunitaria, luego de la detención de dos integrantes de esa corporación indígena por militares, el 17 de enero pasado y tras las declaraciones ayer del secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, quien respaldó la acción militar y advirtió que apoyará el desarme de esa policía a la que calificó de ilegal.

“Esa (la de León Aponte), es una postura grave viniendo de quien es secretario de estado, sobre todo porque no ha sido capaz de crear órganos confiables para la seguridad pública y es la causa de la existencia de la Policía Comunitaria. Nos preocupa esa posición dura, radical y de apoyo a la extrema derecha que representa el gobierno federal que siempre se ha opuesto a los proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas”, dijo el dirigente del CG500ARI.

Cortés Robledo dijo que León Aponte “está tratando de apagar con gasolina el fuego y fomentando la inseguridad en la región en donde funciona la Policía Comunitaria”.

Indicó que con la detención, por parte de personal del Ejército, de dos integrantes de la Policía Comunitaria y las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal “se está obligando a las comunidades a tomar medidas drásticas”. Advirtió que las organizaciones indígenas y sociales están ya en pláticas para constituir un frente común para defender a esa corporación indígena, “puesto que el estado, por sí mismo, no ha sido capaz para garantizar la seguridad pública en otras regiones del estado y quieren desaparecer la corporación que sí ha logrado garantizar la tranquilidad en los pueblos indígenas donde opera”.

Dijo que el frente para defender a la Policía Comunitaria es porque no esperan mucho del gobierno federal como tampoco del gobierno del estado, “ellos están casados en establecer una alianza, pero para nosotros nos queda claro que la federación es la política de la ultraderecha que se ha opuesto a los proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas, mientras que el estado aplica una política de defensa del cacicazgo y sobre esas posturas se están reposicionando e impartiendo la justicia a medias”.

Indicó que lo que el gobierno pretende con la desaparición de la Policía Comunitaria “es proteger a los cacicazgos locales con el esquema de la federación que representa a la ultraderecha y que siempre ha estado en contra de los pueblos indígenas”.

“Por ello hay puntos de unidad entre ellos, no son los que viven en la pobreza y en la marginación, no son los que les falta de comer, no sufren el hambre, ellos se alían para destruir las iniciativas de los pueblos indígenas, en este caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Están empeñados en golpearlos”, insistió Cortés Robledo.

“Nosotros vamos a promover actividades de respaldo total de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, vamos a buscar que las demás organizaciones respalden la iniciativa, porque no es improvisada, no es para golpear al gobierno, es una iniciativa de los pueblos indígenas para tener seguridad, es una manera de contar con órganos propios de impartición de justicia