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 Policías y militares depuran sus métodos para evitar dejar huellas físicas, asegura

La tortura aún es práctica común; sólo hay cambios de fachada, señala ACAT

 Al gobierno foxista le ha faltado voluntad para desmantelar el aparato represivo, acusa

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

En este gobierno la tortura aún es una práctica común, sólo que los policías y militares han ido perfeccionando sus métodos para dejar menos huellas físicas o provocar daños sicológicos a las víctimas, afirma Fernando Valadez, director de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).

Para este médico sicoanalista y responsable de la única organización civil mexicana que se especializa en el tema de la tortura y lleva una década de trabajo, en este gobierno sólo se han visto "cambios de fachada" en materia de derechos humanos, tal como refieren los informes externos, como el reciente de Amnistía Internacional en Alemania.

Al gobierno del presidente Vicente Fox, expresa, le ha faltado voluntad para hacer una reforma de fondo del sistema de justicia: "la estructura corrupta que todos conocemos sigue siendo la misma".

Desde 1997 ACAT México ha podido documentar formalmente 170 casos de tortura. La mayoría de las personas que han recibido atención son hombres provenientes de Oaxaca, en particular de la región Loxicha, del Distrito Federal y de Guerrero. Además ha intervenido en tres investigaciones de desapariciones forzadas y dos ejecuciones extrajudiciales.

Los responsables de todos estos hechos han sido agentes de la Policía Judicial Federal o estatal, militares, autoridades locales o integrantes de unidades especializadas, como la de Delincuencia Organizada.

Con esta experiencia y la de haber vivido personalmente la tortura sicológica cuando fue detenido en 1971 por trasladar víctimas del halconazo, Valadez no duda en afirmar que en este gobierno ha habido cambios en el ámbito de derechos humanos sólo de "propaganda", encaminados sobre todo a que el gobierno "quede bien" en el exterior.

"En el aparato represivo el Ejército y la policía siguen siendo los mismos. Las cabezas es lo único que ha cambiado", asegura en entrevista.

Explica que militares y policías han ido perfeccionando sus métodos para infligir tortura física, pero sin dejar huella, o provocar daños sicológicos. En muchas ocasiones, asegura, este método se usa para obtener confesiones de culpabilidad.

"A una persona se le detiene y en vez de hacerle el pocito o el tehuacanazo, ahora le cortan cartucho y le ponen la pistola y la amenazan con matarla. O se empiezan a oír gritos en el cuarto de junto, que pueden ser grabados, pero el torturador asegura que es la familia y que la van a matar."

Señala que esta práctica también la viven los defensores de derechos humanos, como le ocurrió el año pasado a seis integrantes de esta organización que fueron detenidos o amenazados de muerte, como le ocurrió a Arturo Requesens, quien el año pasado debió salir del país.

También es recurrente que la policía o los militares fabriquen delitos o arranquen confesiones bajo tortura para declarar culpables y tener chivos expiatorios en un país en que 90 por ciento de los delitos está impune.

En opinión de Valadez, quien se ha especializado en la rehabilitación de torturados y de civiles víctimas de guerra, el error de este gobierno es que ha ido militarizando cada vez más los aparatos policiacos. "Los soldados ahora disfrazados de Policía Federal Preventiva están en las calles tal como estaban en el gobierno de Ernesto Zedillo, además de que el procurador general de la República es militar".

Esto contrasta con las recomendaciones internacionales que promueven órganos de procuración de justicia independientes del Ejército y con la imagen que el gobierno pretende dar en el exterior. "Lo que predomina es la propaganda, un discurso con mucha dedicatoria para la Unión Europea, que está vigilante de lo que ocurre en México".

Asegura que ha faltado voluntad al gobierno foxista para hacer reformas estructurales en el sistema de impartición de justicia. De poco sirven, agrega, los cursos que el gobierno junto con Naciones Unidas y organismos no gubernamentales han dado, por ejemplo sobre el tema de la tortura, si el aparato de justicia sigue siendo el mismo.

"Cuando los funcionarios de las procuradurías dicen que están limpiando la casa, sólo se trata de parches. Una reforma implica una revisión profunda de los órganos de procuración de justicia, del Poder Judicial, que se impida la corrupción y las violaciones permanentes a los derechos humanos", asegura.

Señala que para erradicar la práctica de la tortura también se requiere hacer conciencia social, porque hay mucho desconocimiento. Refiere, por ejemplo, que muchas personas consideran normales los tratos crueles y degradantes que hace la policía a jóvenes de colonias populares.

En todo esto, añade, los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Señala que en vez de informar a la sociedad sobre los documentos internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos, dedican demasiada información a la nota roja o llegan a justificar la tortura, como ocurrió con el caso de Guillermo Vélez, que fue atormentado por agentes de la Agencia Federal de Investigación.