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* Denuncia su hermana violaciones a los derechos

El comandante Antonio del ERPI, uno de los huelguistas de hambre en La Palma

 * El ayuno, en el que participan 400 presos, comenzó el 6 de enero y no han tenido respuesta, informa en un comunicado Elizabeth Silva Nogales

 El comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales, preso político en el penal de La Palma, se encuentra en huelga de hambre desde el 6 de enero, igual que más de 400 reos de ese Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), informó su hermana, Elizabeth Silva Nogales.

En un comunicado, dio a conocer que el movimiento es “como protesta por las condiciones carcelarias que han derivado en diversas violaciones a su dignidad y a sus derechos humanos”.

Sin embargo, las autoridades, “en vez de dar solucion a sus justas demandas se han dedicado a desacreditar, criticar, condenar, minimizar y hasta amenazar públicamente con continuar aplicando e incluso aumentar estos actos de represión con el pretexto de que son delincuentes de alta peligrosidad”, expuso.

Plantea que la huelga de hambre indica el grado de desesperación de los presos de La Palma, en Almoloya, estado de México, y sus demandas son: El derecho a la salud, la cual es deficiente en un alto grado lo que hace que la enfermedad progrese y pone en riesgo la vida; la inviolabilidad de la correspondencia.

También, denuncian “los traslados de más de 100 internos a lugares lejanos de su lugar de origen sin previo aviso ni solicitud del afectado, lo que hace imposible la integración familiar que es parte fundamental para el proceso de readaptacion social”.

Asimismo, “el maltrato y molestias innecesarios, la tortura sicológica a la que son sometidos en forma sistematica y que incluye entre otras cosas las revisiones que les hacen por las noches a cada rato y que no les permite conciliar el sueño y que los mantiene en constante tension nerviosa ademas de que los encargados de hacer esto, lo hacen con el rostro cubierto en un evidente acto intimidatorio y amenazante a su integridad física, incluyendo el trato vejatorio a los familiares”.

Además, no se respeta el derecho a la defensa adecuada, porque las audiencias que deben ser públicas de acuerdo con la Constitución, son privadas.

Afirma Elizabeth Silva que “ante el insistente clamor de respeto a sus derechos, los internos y los familiares somos víctimas de represalias que consisten en aumentar las violaciones para demostrar que tienen el control. Es así como pretenden acallar la inconformidad sin tomar en cuenta que, aun siendo culpables de algún delito, no deben ser condenados extrajudicialmente por quienes se dicen respetuosos de las leyes ya que son los primeros que tienen la obligación de aplicarla conforme a derecho, de otra forma estarían incurriendo en abuso de autoridad”.