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Denuncia su
hermana
violaciones a
los derechos
El
comandante
Antonio del
ERPI, uno de
los
huelguistas de
hambre en La
Palma
*
El ayuno, en el
que participan
400 presos,
comenzó el 6 de
enero y no han
tenido
respuesta,
informa en un
comunicado
Elizabeth Silva
Nogales
El
comandante
Antonio del Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI), Jacobo
Silva Nogales,
preso político
en el penal de
La Palma, se
encuentra en
huelga de hambre
desde el 6 de
enero, igual que
más de 400 reos
de ese Centro
Federal de
Readaptación
Social
(Cefereso),
informó su
hermana,
Elizabeth Silva
Nogales.
En
un comunicado,
dio a conocer
que el
movimiento es
“como protesta
por las
condiciones
carcelarias que
han derivado en
diversas
violaciones a su
dignidad y a sus
derechos
humanos”.
Sin
embargo, las
autoridades,
“en vez de dar
solucion a sus
justas demandas
se han dedicado
a desacreditar,
criticar,
condenar,
minimizar y
hasta amenazar públicamente
con continuar
aplicando e
incluso aumentar
estos actos de
represión con
el pretexto de
que son
delincuentes de
alta
peligrosidad”,
expuso.
Plantea
que la huelga de
hambre indica el
grado de
desesperación
de los presos de
La Palma, en
Almoloya, estado
de México, y
sus demandas
son: El derecho
a la salud, la
cual es
deficiente en un
alto grado lo
que hace que la
enfermedad
progrese y pone
en riesgo la
vida; la
inviolabilidad
de la
correspondencia.
También,
denuncian “los
traslados de más
de 100 internos
a lugares
lejanos de su
lugar de origen
sin previo aviso
ni solicitud del
afectado, lo que
hace imposible
la integración
familiar que es
parte
fundamental para
el proceso de
readaptacion
social”.
Asimismo,
“el maltrato y
molestias
innecesarios, la
tortura sicológica
a la que son
sometidos en
forma
sistematica y
que incluye
entre otras
cosas las
revisiones que
les hacen por
las noches a
cada rato y que
no les permite
conciliar el sueño
y que los
mantiene en
constante
tension nerviosa
ademas de que
los encargados
de hacer esto,
lo hacen con el
rostro cubierto
en un evidente
acto
intimidatorio y
amenazante a su
integridad física,
incluyendo el
trato vejatorio
a los
familiares”.
Además,
no se respeta el
derecho a la
defensa
adecuada, porque
las audiencias
que deben ser públicas
de acuerdo con
la Constitución,
son privadas.
Afirma
Elizabeth Silva
que “ante el
insistente
clamor de
respeto a sus
derechos, los
internos y los
familiares somos
víctimas de
represalias que
consisten en
aumentar las
violaciones para
demostrar que
tienen el
control. Es así
como pretenden
acallar la
inconformidad
sin tomar en
cuenta que, aun
siendo culpables
de algún
delito, no deben
ser condenados
extrajudicialmente
por quienes se
dicen
respetuosos de
las leyes ya que
son los primeros
que tienen la
obligación de
aplicarla
conforme a
derecho, de otra
forma estarían
incurriendo en
abuso de
autoridad”.
