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* Analizan la recomendación contra el Ejército y René Juárez

En evidencia, la corrupción de la PGJE y de la Procuraduría Militar, dicen me’phaas

 * Considera la organización que no favorece a la indígena violada por soldados, el planteamiento de la CNDH de que el Ministerio Público militar integre la investigación, pues el asunto no es de competencia de las autoridades castrenses  

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, violada por soldados en marzo de 2002, pone en evidencia la corrupción que hay en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Ministerio Público Militar, que se coludieron para garantizar la impunidad de los militares violadores, dice el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Cuauhtémoc Ramírez.

Sin embargo, manifiesta que la organización, a la que pertenece la indígena violada, su familia y la mayoría de los habitantes de su comunidad, Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, no está de acuerdo en que se cumpla la recomendación que hace la CNDH para que el Ministerio Público Militar integre y determine la investigación del caso, pues no corresponde a los militares procurar justicia cuando están involucrados civiles, afirma.

El dirigente de la Organización dio a conocer la posición de ésta, después de que los representantes analizaron el texto de la recomendación 48/2003, que la CNDH envió el 29 de noviembre al secertario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García y al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, y que dio a conocer a los medios el 28 de diciembre, después de que el secretario Vega García rechazó la recomendación.

Deliberada la destrucción de pruebas de violación

En entrevista, Cuauhtémoc Ramírez dijo: “La recomendación es buena, porque pone al descubierto la corrupción que existe en los órganos de impartición de justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría de Justicia Militar.

“Ahí señala la CNDH que los peritos de la Procuraduría destruyeron las pruebas de la violación de la compañera Inés. Además, señala que el agente del Ministerio Público Militar de Chilpancingo no entregó copias del expediente que solicitaron los visitadores de la CNDH.

El dirigente se refirió a la destrucción de pruebas: “Vemos que es una forma de encubrir el delito de violación, que la destrucción de pruebas fue deliberada, porque por un lado el Ministerio Público militar, según la recomendación, solicita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado las muestras que se habían tomado de Inés. La Dirección de Servicios Periciales había dictaminado positiva la existencia de semen en esas muestras. Al saber este resultado el Ministerio Público Militar solicita que les devuelvan las muestras para hacer una prueba pericial de química forense, pero la misma CNDH dice que esa prueba no era necesaria. De ahí nosotros desprendemos que con ese análisis, los militares querían distorsionar los resultados”.

“La recomendación señala que el coordinador de servicios periciales dijo a la CNDH que la muestra se destruyó durante el estudio, pero la CNDH dice que esto no es posible. Por otra parte, una perita en química forense dice a la CNDH que las muestrras fueron desechadas por no haber espacio para gurdarlas.

“Con todo esto se demuestra que el objetivo principal era proteger a los soldados, y por eso destruyeron la prueba que había contra ellos”.

El MP militar nunca investigó nada

La recomendación señala que el Ministerio Público militar solicita al procurador militar archivar el expediente, porque no hay interés jurídico de Inés Fernández, y también dice que no hay pruebas del delito ni un señalamiento concreto. Pero la misma CNDH descubre que nunca le notificaron nada a Inés.

También descubrió la Comisión Nacional que el Ministerio Público militar no hizo ninguna diligencia, aún cuando el delito de violación se persigue por oficio, y así pretendía archivar el expediente.

En conclusión, dice el dirigente, “vemos que el Ministerio Público militar trataba a toda costa de encubrir a los delincuentes, y esto es lo que demuestra la recomendación de la CNDH.

“Se desmuestra la corrupcióm para proteger a los dlincuerntes y para negar la protección a una víctima, y pone al descubierto las redes de complicidad que da a los militares impunidad”.

Comenta que es “muy raro” que el MP militar no haya querido entregar copia del expediente a la CNDH, porque casi siempre actúan de acuerdo, como en el caso de otra joven violada por militares en febredo de 2002, Valentina Rosendo Cantú, en el que la CNDH respaldó la posición del Ejército de que no se comprobó la violación de los derechos humanos.

Nos están orillando a no creer en la justicia del gobierno

Lo central en el análisis que hizo la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa sobre la recomendación de la CNDH es que ésta “no favorece nada a la víctima”, porque no toca el fondo del asunto, que es que la justicia militar no tiene competencia en casos en que están involucrados civiles.

“Si se hubiera hecho ante un juez civil sí nos ayudaría. Pero no ayuda porque se está recomendando a la Procuraduría General de Justicia Militar, con lo que no estamos de acuerdo”, manifestó Chuauhtémoc Ramírez en entrevista.

Agrega que “a la CNDH le faltó recomendar que el expediente sea develto a un agente del Minsiterio Público del fuero común y se consigne a un juez civil, porque el artículo 13 de la Constitución dice que los tribunales militares no pueden intervenir cuando en un delito esté involucrado un civil, aún cuando tal delito sea cometido en ejercicio de sus funciones oficiales. Lo anterior está en concordancia con lo que la CNDH señala en la misma recomendación, cuando dice que en el ámbito internacional los militares violaron la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Con su recomendación, la CNDH en los hechos reconoce el fuero militar, critica la organización indígena.

–¿Qué ganarían con que la investigación regresara al MP del fuero común, si éste no investigó y turnó el caso al MP militar, con el fin de garantizar la impunidad y la protección a los soldados, como ustedes plantean? –se le pregunta.

–Sería una forma de enmendar la violación al artículo 13 de la Constitución.

“Tampoco confiamos en el MP del fuero común, pero si hubiera conocido el caso la autoridad civil tendríamos más margen para exigir justicia.

“Finalmente, en las condiciones actuales, ni la CNDH, ni el MP militar ni el del fuero común, responden a la demanda de justicia de las mujeres indígenas”.

–¿Entonces que hará la Organización, las víctimas y las comunidades?

–Con los abogados de Tlachinollan vamos a seguir insistiendo en que actúe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde ya planteamos los casos de las compañeras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú –informa el dirigente.

Argumenta que “con la Recomendación 48/2003 de la CNDH no va a pasar nada, el MP militar no va a integrar ninguna averiguación, porque ya destruyeron las pruebas de la violación, y va a pasar como en el caso de la otra compañera violada, Valentina Rosendo Cantú, en el que dijo que no había elementos que comprobaran la violación.

“Con todo esto nos están orillando a no creer en la justicia del gobierno, y a creer que las violaciones a las compañeras es parte de la política de exterminio de los indígenas, como la esterilización, la persecución y amenazas a los dirigentes, la militarización de las comunidades, y la negativa de instituir un fondo para el desarrollo integral de las comunidades indígenas”. (Maribel Gutiérrez)


Amenazas del Ejército a la joven violada y a su esposo

 Cuauhtémoc Ramírez recuerda en entrevista que a pocos días de la fecha en que fue enviada la recomendación al gobernador de Guerrero y al secretario de la Defensa Nacional, el esposo de la indígena violada, Fortunato Prisciliano Sierra, fue visitado, el 7 de diciembre de 2003, en su casa en Barranca Tecoani por militares del 48 Batalón de Infantería que le dijeron que si no retiraba la denuncia por la violación de Inés Fernández lo van a matar.

No es la primera vez que Inés Fernández y su familia son amenazados con motivo de sus denuncias contra militares. También, por el mismo motivo han sido amenazadas las dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Andrea y Otilia Eugenio Manuel, que han defendido el caso y han actuado como traductoras de las denuncias.

El 16 de enero de 2003, a la una de la tarde, 22 soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, al mando de un oficial de apellido Gallardo, fueron a la casa de Fortunato Prisciliano Sierra, en Barranca Tecoani, para tratar de llegar a un arreglo y, en tono intimidatorio y de amenaza, le exigieron detener la denuncia contra soldados que el 22 de marzo de 2002 violaron a su esposa, Inés Fernández.

En la tarde, los soldados pusieron su campamento en el centro de Barranca Tecoani, sin autorización de la comunidad.

El 17 de enero, a las 7 de la mañana se juntaron 17 personas de la comunidad, entre ellas tres mujeres, para exigir a los soldados que abandonaran el pueblo.

Los soldados se burlaron de los indígenas, los encañonaron con fusiles y trataron de golpear con ellos a Fortunato Prisciliano Sierra, Miguel Castro Cruz y Doroteo Castro Cruz. La joven Andrea Eugenio Manuel, de 20 años, se puso frente a sus compañeros para impedir que los golpearan.

En el campamento, los militares tenían calabazas y frutas que habían robado de unas huertas los campesinos.

Doce horas después, cerca de las 7 de la noche, los soldados amenazaron a los indígenas, poco antes de retirarse: “Vamos a regresar a matarlos a todos ustedes, mañana o pasado vamos a regresar y a todos ustedes vamos a partirles su madre”.