*
Analizan la
recomendación
contra el Ejército
y René Juárez
En
evidencia, la
corrupción de
la PGJE y
de
la Procuraduría
Militar, dicen
me’phaas
*
Considera la
organización
que no favorece
a la indígena
violada por
soldados, el
planteamiento de
la CNDH de que
el Ministerio Público
militar integre
la investigación,
pues el asunto
no es de
competencia de
las autoridades
castrenses
La
recomendación
de la Comisión
Nacional de
Derechos Humanos
sobre el caso de
la indígena
me’phaa Inés
Fernández
Ortega, violada
por soldados en
marzo de 2002,
pone en
evidencia la
corrupción que
hay en la
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado y en el
Ministerio Público
Militar, que se
coludieron para
garantizar la
impunidad de los
militares
violadores, dice
el presidente de
la Organización
de Pueblos Indígenas
Me’phaa,
Cuauhtémoc Ramírez.
Sin
embargo,
manifiesta que
la organización,
a la que
pertenece la indígena
violada, su
familia y la
mayoría de los
habitantes de su
comunidad,
Barranca
Tecoani,
municipio de
Ayutla de los
Libres, no está
de acuerdo en
que se cumpla la
recomendación
que hace la CNDH
para que el
Ministerio Público
Militar integre
y determine la
investigación
del caso, pues
no corresponde a
los militares
procurar
justicia cuando
están
involucrados
civiles, afirma.
El
dirigente de la
Organización
dio a conocer la
posición de ésta,
después de que
los
representantes
analizaron el
texto de la
recomendación
48/2003, que la
CNDH envió el
29 de noviembre
al secertario de
la Defensa
Nacional,
Gerardo Clemente
Ricardo Vega
García y al
gobernador de
Guerrero, René
Juárez
Cisneros, y que
dio a conocer a
los medios el 28
de diciembre,
después de que
el secretario
Vega García
rechazó la
recomendación.
Deliberada
la destrucción
de pruebas de
violación
En
entrevista,
Cuauhtémoc Ramírez
dijo: “La
recomendación
es buena, porque
pone al
descubierto la
corrupción que
existe en los órganos
de impartición
de justicia, de
la Procuraduría
General de
Justicia del
Estado y la
Procuraduría de
Justicia
Militar.
“Ahí
señala la CNDH
que los peritos
de la Procuraduría
destruyeron las
pruebas de la
violación de la
compañera Inés.
Además, señala
que el agente
del Ministerio Público
Militar de
Chilpancingo no
entregó copias
del expediente
que solicitaron
los visitadores
de la CNDH.
El
dirigente se
refirió a la
destrucción de
pruebas:
“Vemos que es
una forma de
encubrir el
delito de
violación, que
la destrucción
de pruebas fue
deliberada,
porque por un
lado el
Ministerio Público
militar, según
la recomendación,
solicita a la
Dirección de
Servicios
Periciales de la
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado las
muestras que se
habían tomado
de Inés. La
Dirección de
Servicios
Periciales había
dictaminado
positiva la
existencia de
semen en esas
muestras. Al
saber este
resultado el
Ministerio Público
Militar solicita
que les
devuelvan las
muestras para
hacer una prueba
pericial de química
forense, pero la
misma CNDH dice
que esa prueba
no era
necesaria. De ahí
nosotros
desprendemos que
con ese análisis,
los militares
querían
distorsionar los
resultados”.
“La
recomendación
señala que el
coordinador de
servicios
periciales dijo
a la CNDH que la
muestra se
destruyó
durante el
estudio, pero la
CNDH dice que
esto no es
posible. Por
otra parte, una
perita en química
forense dice a
la CNDH que las
muestrras fueron
desechadas por
no haber espacio
para gurdarlas.
“Con
todo esto se
demuestra que el
objetivo
principal era
proteger a los
soldados, y por
eso destruyeron
la prueba que
había contra
ellos”.
El
MP militar nunca
investigó nada
La
recomendación
señala que el
Ministerio Público
militar solicita
al procurador
militar archivar
el expediente,
porque no hay
interés jurídico
de Inés Fernández,
y también dice
que no hay
pruebas del
delito ni un señalamiento
concreto. Pero
la misma CNDH
descubre que
nunca le
notificaron nada
a Inés.
También
descubrió la
Comisión
Nacional que el
Ministerio Público
militar no hizo
ninguna
diligencia, aún
cuando el delito
de violación se
persigue por
oficio, y así
pretendía
archivar el
expediente.
En
conclusión,
dice el
dirigente,
“vemos que el
Ministerio Público
militar trataba
a toda costa de
encubrir a los
delincuentes, y
esto es lo que
demuestra la
recomendación
de la CNDH.
“Se
desmuestra la
corrupcióm para
proteger a los
dlincuerntes y
para negar la
protección a
una víctima, y
pone al
descubierto las
redes de
complicidad que
da a los
militares
impunidad”.
Comenta
que es “muy
raro” que el
MP militar no
haya querido
entregar copia
del expediente a
la CNDH, porque
casi siempre actúan
de acuerdo, como
en el caso de
otra joven
violada por
militares en
febredo de 2002,
Valentina
Rosendo Cantú,
en el que la
CNDH respaldó
la posición del
Ejército de que
no se comprobó
la violación de
los derechos
humanos.
Nos
están orillando
a no creer en la
justicia del
gobierno
Lo
central en el análisis
que hizo la
Organización de
Pueblos Indígenas
Me’phaa sobre
la recomendación
de la CNDH es
que ésta “no
favorece nada a
la víctima”,
porque no toca
el fondo del
asunto, que es
que la justicia
militar no tiene
competencia en
casos en que están
involucrados
civiles.
“Si
se hubiera hecho
ante un juez
civil sí nos
ayudaría. Pero
no ayuda porque
se está
recomendando a
la Procuraduría
General de
Justicia
Militar, con lo
que no estamos
de acuerdo”,
manifestó
Chuauhtémoc Ramírez
en entrevista.
Agrega
que “a la CNDH
le faltó
recomendar que
el expediente
sea develto a un
agente del
Minsiterio Público
del fuero común
y se consigne a
un juez civil,
porque el artículo
13 de la
Constitución
dice que los
tribunales
militares no
pueden
intervenir
cuando en un
delito esté
involucrado un
civil, aún
cuando tal
delito sea
cometido en
ejercicio de sus
funciones
oficiales. Lo
anterior está
en concordancia
con lo que la
CNDH señala en
la misma
recomendación,
cuando dice que
en el ámbito
internacional
los militares
violaron la
Convención
Americana de
Derechos Humanos
y el Pacto de
Derechos Civiles
y Políticos.
Con
su recomendación,
la CNDH en los
hechos reconoce
el fuero
militar, critica
la organización
indígena.
–¿Qué
ganarían con
que la
investigación
regresara al MP
del fuero común,
si éste no
investigó y
turnó el caso
al MP militar,
con el fin de
garantizar la
impunidad y la
protección a
los soldados,
como ustedes
plantean? –se
le pregunta.
–Sería
una forma de
enmendar la
violación al
artículo 13 de
la Constitución.
“Tampoco
confiamos en el
MP del fuero común,
pero si hubiera
conocido el caso
la autoridad
civil tendríamos
más margen para
exigir justicia.
“Finalmente,
en las
condiciones
actuales, ni la
CNDH, ni el MP
militar ni el
del fuero común,
responden a la
demanda de
justicia de las
mujeres indígenas”.
–¿Entonces
que hará la
Organización,
las víctimas y
las comunidades?
–Con
los abogados de
Tlachinollan
vamos a seguir
insistiendo en
que actúe la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH),
a donde ya
planteamos los
casos de las
compañeras Inés
Fernández
Ortega y
Valentina
Rosendo Cantú
–informa el
dirigente.
Argumenta
que “con la
Recomendación
48/2003 de la
CNDH no va a
pasar nada, el
MP militar no va
a integrar
ninguna
averiguación,
porque ya
destruyeron las
pruebas de la
violación, y va
a pasar como en
el caso de la
otra compañera
violada,
Valentina
Rosendo Cantú,
en el que dijo
que no había
elementos que
comprobaran la
violación.
“Con
todo esto nos
están orillando
a no creer en la
justicia del
gobierno, y a
creer que las
violaciones a
las compañeras
es parte de la
política de
exterminio de
los indígenas,
como la
esterilización,
la persecución
y amenazas a los
dirigentes, la
militarización
de las
comunidades, y
la negativa de
instituir un
fondo para el
desarrollo
integral de las
comunidades indígenas”.
(Maribel Gutiérrez)
Amenazas
del Ejército a
la joven violada
y a su esposo
Cuauhtémoc
Ramírez
recuerda en
entrevista que a
pocos días de
la fecha en que
fue enviada la
recomendación
al gobernador de
Guerrero y al
secretario de la
Defensa
Nacional, el
esposo de la indígena
violada,
Fortunato
Prisciliano
Sierra, fue
visitado, el 7
de diciembre de
2003, en su casa
en Barranca
Tecoani por
militares del 48
Batalón de
Infantería que
le dijeron que
si no retiraba
la denuncia por
la violación de
Inés Fernández
lo van a matar.
No
es la primera
vez que Inés
Fernández y su
familia son
amenazados con
motivo de sus
denuncias contra
militares. También,
por el mismo
motivo han sido
amenazadas las
dirigentes de la
Organización de
Pueblos Indígenas
Me’phaa,
Andrea y Otilia
Eugenio Manuel,
que han
defendido el
caso y han
actuado como
traductoras de
las denuncias.
El
16 de enero de
2003, a la una
de la tarde, 22
soldados del 48
Batallón de
Infantería con
sede en Cruz
Grande, al mando
de un oficial de
apellido
Gallardo, fueron
a la casa de
Fortunato
Prisciliano
Sierra, en
Barranca
Tecoani, para
tratar de llegar
a un arreglo y,
en tono
intimidatorio y
de amenaza, le
exigieron
detener la
denuncia contra
soldados que el
22 de marzo de
2002 violaron a
su esposa, Inés
Fernández.
En
la tarde, los
soldados
pusieron su
campamento en el
centro de
Barranca
Tecoani, sin
autorización de
la comunidad.
El
17 de enero, a
las 7 de la mañana
se juntaron 17
personas de la
comunidad, entre
ellas tres
mujeres, para
exigir a los
soldados que
abandonaran el
pueblo.
Los
soldados se
burlaron de los
indígenas, los
encañonaron con
fusiles y
trataron de
golpear con
ellos a
Fortunato
Prisciliano
Sierra, Miguel
Castro Cruz y
Doroteo Castro
Cruz. La joven
Andrea Eugenio
Manuel, de 20 años,
se puso frente a
sus compañeros
para impedir que
los golpearan.
En
el campamento,
los militares
tenían
calabazas y
frutas que habían
robado de unas
huertas los
campesinos.
Doce
horas después,
cerca de las 7
de la noche, los
soldados
amenazaron a los
indígenas, poco
antes de
retirarse:
“Vamos a
regresar a
matarlos a todos
ustedes, mañana
o pasado vamos a
regresar y a
todos ustedes
vamos a
partirles su
madre”.