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* Pide el diputado que se acate la recomendación

Rómulo Reza: la CNDH confirma que

los militares deben estar en los cuarteles

 

Aurelio Peláez * El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, afirmó que el gobierno del estado y el Ejército deben acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que se reintegre el proceso judicial en contra de soldados que participaron en la violación de la indígena tlapaneca Inés Fernández, y que se sancione a quienes entorpecieron la investigación del delito.

La Recomendación vuelve a traer a debate el tema del patrullaje y los retenes que instala el Ejército en Guerrero, y confirma la tesis de que los militares deben estar en los cuarteles en tiempo de paz, señaló el diputado local por el PRD.

La recomendación de la CNDH, instancia a la que acudieron los agraviados en demanda de justicia, es una muestra de la desconfianza de los ciudadanos a los tribunales militares, y plantea llevar a debate el tema de modificar la Constitución, para permitir que en casos parecidos los miembros del Ejército puedan ser juzgados por autoridades civiles.

“Considero que todas las investigaciones que realiza la CNDH son serias, pues se documenta y se acude a los lugares donde sucedieron los hechos, para constatar la veracidad” de la denuncia, comentó Reza Hurtado.

En marzo de 2002 soldados del 41 Batallón de Infantería violaron a la indígena me’phaa, en la comunidad de Barranca de Tecoani, en Ayutla de los Libres, Inés Fernández, durante un patrullaje por esa región. La mujer se encontraba con sus tres hijos. A la agraviada la acusaron de robo de ganado y la despojaron de la carne de una res que había matado su esposo.

La denuncia fue archivada por el Ministerio Público Militar, lo que se hizo, afirma la CNDH, “sin una verdadera indagatoria del caso” en donde se incriminaba a los soldados en los delitos de violación sexual, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

La CNDH también recomendó al gobernador René Juárez Cisneros iniciar un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, por incurrir en deficiencias y omisiones durante la integración de pruebas con las que se podría identificar a los responsables del delito de violación.

Rómulo Reza dijo que aunque no conoce en detalle la primer recomendación de la CNDH dirigida directamente gobernador René Juárez, “si se encuentra apegada a derecho y debidamente fundamentada, ésta debe ser acatada”.

El diputado local comentó que “aunque como este tipo de violaciones fueron cometidas en funciones por los elementos del Ejército, el competente (para investigar) es el fuero militar, pero ahí la sociedad civil tiene dudas de que haya un juicio justo y se tiene más confianza en las autoridades civiles”.

Explicó que de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución federal, al fuero militar compete la investigación en casos de delitos de guerra y para delitos y faltas contra la disciplina militar.

El caso de la indígena violada durante un patrullaje militar refuerza la tesis de que en tiempo de paz el Ejército debe estar en los cuarteles, aún cuando ahora cumple funciones policiacas. Esto se ha dado, explicó, por el abandono de los gobiernos en la seguridad pública, lo que ha sido suplido por el Ejército, y en regiones como la Costa Chica-Montaña por las policías comunitarias.

“Por eso las comunidades están creando sistemas de defensa como las policías comunitarias, porque consideran que sólo así darán seguridad a las comunidades indígenas y en la zona de la sierra. Ahí la gente se queja de cuando van los policías judiciales o los militares lo que cometen son atropellos, entonces ante la falta de la confianza y compromiso de las policías de erradicar los delitos en esa zona es que entra el Ejército para ocupar el lugar de la policías, pero eso se tiene que corregir”.