"Con la pena", la directora del Reclusorio Norte le negó acceso a las diligencias

Impidió el GDF al juez Garzón inducir interrogatorio a vascos

Ordenó la PGR suspender la audiencia Pretendía que la funcionaria capitalina se disculpara

BLANCHE PETRICH

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la dirección de prisiones capitalinas negaron el acceso de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, al Reclusorio Norte, donde debía realizarse un nuevo interrogatorio a los seis ciudadanos vascos presos desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición a Madrid.

Pese a la insistencia y las presiones del fiscal federal de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe, que actúa como agente del Ministerio Público en este trámite, Marcela Briseño, directora del penal, dio órdenes de detener a la comitiva de los magistrados españoles cuando ya se encontraban en el túnel de ingreso de visitantes, discutiendo con un custodio que insistía en ponerles un sello en el antebrazo. En ese momento, el jefe en turno de la prisión, enviado por la directora, exhortó a Garzón y a Molina a irse. Ambos salieron y por un teléfono interno la directora fue notificada.

-Van enojadísimos, licenciada.

-Con la pena -respondió Briseño-. Yo cumplo órdenes.

Esta actitud de las autoridades del Distrito Federal contrastó con las facilidades que pusieron a disposición de Garzón y Molina los mandos federales -la Procuraduría General de la República (PGR)- para que los magistrados participaran en nuevos interrogatorios a los tres mexicanos que fueron implicados como colaboradores en la trama del supuesto "Colectivo de Refugiados de ETA" en México.

El día anterior, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo, todos exonerados por falta de pruebas, fueron citados a una diligencia que, según declaró la primera a la agencia Notimex, "prácticamente" fue conducida por el juez Garzón.

La directora del penal explicó que, enterados "por la prensa" de que los dos jueces extranjeros pretendían estar presentes en la audiencia prevista para este jueves, sin que hubiera mediado solicitud formal o explicación alguna, el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas, y el director de prisiones capitalinas, Héctor Cárdenas, dieron instrucciones precisas para que no se permitiera el acceso a Garzón y Molina. También cerraron el paso a los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que los custodiaban.

Por su parte, Mario Arzabe demandó a la directora del penal que rectificara y franqueara el paso a los españoles, esgrimiendo "la trascendencia a niveles nacional e internacional" que pudiera tener una negativa. Cuando supo que los extranjeros fueron "invitados a retirarse" del reclusorio, exclamó: "¡Esto va a ser un problema!"

Finalmente, funcionarios de la PGR intentaron disfrazar el incidente "explicando" que el juez Garzón y el fiscal Molina prefirieron retirarse del penal antes de permitir ser "marcados" con el sello de tinta invisible que suele imprimirse en el antebrazo de los visitantes, como una de las medidas de seguridad aplicadas en todas las cárceles del país.

"No fue exactamente así -replicó la directora del penal-. Ellos no tenían autorización para entrar. No iban a hacerlo, independientemente de que se dejaran poner el sello o no."

Dos horas después de la retirada de los españoles y mientras los indiciados vascos eran informados sobre el contenido de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, consistente en un largo interrogatorio para que los procesados ampliaran sus declaraciones, Arzabe ordenó la suspensión de la audiencia, sin explicar a los detenidos y a su defensa las razones. También se opuso a que se levantara y firmara un acta sobre lo ya actuado, como lo exigía la abogada de los vascos, Bárbara Zamora.

Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García ya habían escuchado el cuestionario y se acogieron a los artículos octavo y 20 de la Ley de Procedimientos Penales para no responder. Los otros cuatro -María Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, José María Urkijo y Asier Arronategui- tendrán que esperar una nueva notificación para cumplir con el trámite del citatorio.

El 22 de enero Marcela Briseño recibió un oficio notificando la solicitud de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas para realizar en el penal una ampliación de declaraciones de los seis detenidos, a quienes la justicia de España reclama por nexos con ETA.

Conforme la ley que rige estos procedimientos, a esas diligencias acude sólo personal de la PGR o la autoridad responsable, los acusados y sus defensores. El oficio de la procuraduría no indicó que se trataría de un interrogatorio ajeno a los procesos de extradición -justificación ofrecida ayer mismo por el subprocurador jurídico, Alejandro Ramos- ni mencionaba convenios de cooperación antiterrorista bilaterales.

Mucho menos informaba sobre la asistencia de dos jueces españoles. "De eso nosotros nos enteramos por los medios. Nada justifica la presencia de estos señores", señaló Briseño.

Antes que llegaran los españoles al Reclusorio Norte, el comisionado de la PGR, Arzabe, se adelantó a la oficina de la directora para allanarles el paso. Enterado de que había órdenes de negarles el acceso, el funcionario se mostró abrumado.

Cuando se le informó que la comitiva de Garzón se marchaba y que el juez estaba "enojadísimo", Arzabe pidió a la directora del penal que lo alcanzara para disculparse. La funcionaria no aceptó. El fiscal, entonces, alcanzó a los españoles y subió a su camioneta.

Mientras tanto, la diligencia fue iniciada por la agente del Ministerio Público Aurora Ramírez, quien ha tomado las declaraciones ministeriales de los seis vascos en las audiencias anteriores relacionadas con el proceso.

Después de permanecer dentro del vehículo de Garzón, frente al área de juzgados, Arzabe regresó al penal y se dirigió a la sala de juntas de la dirección, donde se realizaba la audiencia que él mismo había solicitado, y ordenó que el trámite se suspendiera. Ante el desconcierto de los involucrados, Ramírez y su asistente empacaron los expedientes y la computadora portátil.

La "comisión rogatoria" solicitada por Garzón a la PGR consiste en nuevos interrogatorios a los indiciados, tanto a los mexicanos ya liberados por falta de pruebas, como a los vascos, que recientemente ganaron un amparo en el que se declara "ilegal" la forma en que fueron capturados, el 18 de julio del año pasado.

Son más de 50 preguntas para cada uno en torno a la investigación sobre la presunta infraestructura que ETA habría desarrollado en España y México.

La petición de la abogada Zamora de que se firmaran las actas sobre lo ya actuado fue rechazada por Arzabe, quien arguyó que el disquete en el que se estaba registrando la audiencia es "del juez Garzón", y que decía que el trámite se había realizado en su presencia y la del fiscal Molina. Como ese texto original no podía ser modificado, y la presencia física de los españoles no tuvo lugar, no se elaboró el acta legal.

De este modo quedó en suspenso el trámite solicitado por la justicia española. A Zamora y a Briseño se les informó extraoficialmente que la diligencia será reanudada el próximo lunes en el mismo lugar. Pero en caso de que la PGR pretenda trasladar a los seis vascos y realizar el interrogatorio en otra dependencia (como se hizo el miércoles con los mexicanos Castro, Sosa y Camarillo, en la sala de juntas de la oficina del subprocurador de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos), la directora del penal deberá recibir la orden de un juez para autorizar esa acción.

 

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Rechaza que la presencia del juez viole la soberanía

Revela PGR que Garzón ha asistido a otras diligencias

Justifican Macedo y Ramos Flores solicitud del español

JESUS ARANDA

Baltasar Garzón, juez de instrucción español, no ha estado sólo en una de las diligencias de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada contra Delincuencia Organizada (SIEDO) relacionadas con los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte que enfrentan proceso de extradición: lo ha hecho también en otras ocasiones que ha visitado México.

Reveló lo anterior el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, quien aseguró, sin embargo, que la presencia del juez no viola la soberanía ni las leyes del país, porque su estadía está regulada por los tratados de asistencia jurídica firmados por México y España.

"El juez presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas" por la SIEDO, que encabeza José Luis Santiago Vasconcelos.

Entrevistado al término de la ceremonia de firma de un convenio de colaboración entre la PGR y la Universidad Autónoma de México, Ramos Flores precisó que las diligencias "son independientes al procedimiento de extradición" que enfrentan Juan Carlos Artola y su esposa, María Asunción Gorrotxategui; Ernesto Alberdi, José María Urkijo, Asier Arronategui y Félix Salustiano García.

Enfatizó que Baltasar Garzón (quien en realidad tiene un cargo equivalente al de un agente del Ministerio Público) únicamente está presente en las diligencias, pero no participa.

Las palabras de Ramos Flores contrastaron con las evasivas que sobre el tema interpuso el procurador general, Rafael Macedo, cuando fue interrogado en conferencia de prensa horas antes.

-¿Qué puede decir de la presencia del juez Garzón en la diligencia del miércoles, en la que comparecieron tres ciudadanos mexicanos (que estuvieron arraigados 90 días por presuntos vínculos con ETA, y fueron ligados a los seis ciudadanos vascos sujetos a proceso de extradición)?

-El juez, por los conductos diplomáticos correspondientes, presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas por la SIEDO de acuerdo con el tratado de extradición con España, que señala que la parte que solicita la asistencia jurídica tiene derecho de estar presente.

Por su parte, Ramos Flores señaló que se trata sólo de asistencias jurídicas en materia penal para la recabación de pruebas, toma de declaración de testigos y cosas de ese tipo.

-¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Garzón?

-Simplemente estar presente en las diligencias, él no puede interrogar ni llevar a cabo ningún acto de autoridad.

-¿Qué hay de que no lo dejaron entrar al Reclusorio Norte?

-Yo tengo entendido que el problema no es que no lo hayan dejado entrar, sino que necesitaba una identificación y le pusieran un sello de los que se utilizan en los reclusorios para los ingresos. El propio juez manifestó que él no estaba de acuerdo en que se lo pusieran.

Empero, por la noche, la PGR aseguró que sí fue autorizado el ingreso del juez, pero que el Ministerio Público determinó diferir la audiencia por "no existir las condiciones de privacidad necesarias" debido a la presencia "no procedente" de medios de comunicación.

-En ocasiones anteriores, con otros casos de vascos, ¿el juez Garzón ya había estado en México en las diligencias? -se le preguntó a Ramos Flores.

-Ya había estado en México, ha venido varias veces y en algunas ha estado en diligencias propias del desahogo de algunas instancias jurídicas.

-¿Se sabe en cuántas?

-No tengo ahorita el dato, pero se trata del caso de los seis vascos en procedimiento de extradición a España.

"Cuando el juez viene a participar en alguna asistencia jurídica tiene que sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen, por ejemplo, en materia de ingreso al reclusorio", aseveró Ramos Flores, quien agregó que para el gobierno de España el tema del terrorismo es muy importante y la PGR simplemente proporciona el apoyo que corresponde conforme a los tratados internacionales firmados en la materia.

 

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"Acto notoriamente ilegal", la intervención del juez, afirman abogados penalistas

Critican expertos la injerencia de Garzón

Intenta presionar a PGR y SRE para lograr extradición de los vascos detenidos, opinan

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Mientras que integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) consideraron que la intervención del juez Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, en el juicio de extradición de seis vascos viola la soberanía del PJF y las garantías procesales de los detenidos, especialistas en derecho penal aseguraron que la presencia de ambos funcionarios españoles en la Procuraduría General de la República (PGR), y su intención de acudir al Reclusorio Norte para participar en una diligencia (ayer se les negó el acceso), "son medidas de presión a las autoridades mexicanas" y "un acto notoriamente ilegal".

En entrevista con La Jornada, jueces de distrito en materia penal, que solicitaron el anonimato, refirieron que en un procedimiento de extradición "lo único que hace el juez del país donde se encuentre un reclamado es emitir una opinión jurídica, y como no se está juzgando a la persona, no tiene por qué interrogársele, algo que mucho menos pueden hacer autoridades de la nación que reclama".

Si eso está ocurriendo (en el caso de los vascos), es una violación no sólo a sus derechos procesales, sino al tratado en materia de extradición y hasta la Constitución mexicana en lo referente a la soberanía nacional, agregaron.

Los funcionarios añadieron que de comprobarse la "intervención directa" en México de Baltasar Garzón y Molina Benito como "autoridad reclamante" en el procedimiento de extradición de Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrotxategui, Asier Arronategui Duralde, Ricardo Ernesto García Sáenz y Luis Castañeda Vallejo, a quienes España vincula con la organización armada ETA, sería "lamentable" para la soberanía de México, porque "se trataría de una injerencia extranjera en el desempeño del Poder Judicial mexicano".

Por su parte, Benjamín Orozco, abogado penalista y especialista en temas de extradición, aseguró que "es claro que la presencia de Garzón tiene un efecto: presionar a las autoridades judiciales mexicanas, así como a la PGR y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento, con la finalidad de lograr la extradición" de los vascos.

El litigante precisó que con este caso "vuelve a ratificarse que los procedimientos de extradición se convierten en un asunto más de diplomacia que de proceso jurídico". Por eso hay tantas injusticias en esos procesos, "porque es simplemente una cortesía que tienen los países entre sí, más que un juicio propiamente hablando en el que deba agotarse cada uno de los pasos conforme a derecho".

Como se recordará, el pasado miércoles estuvieron presentes en las instalaciones de la PGR, durante la comparecencia ministerial de tres mexicanos acusados -y ya liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de ETA, el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, pese a la inconformidad de la abogada Bárbara Zamora, defensora de los tres involucrados.

Para justificar la presencia de la "parte reclamante", Mario Arzabe, director de la Unidad Especializada contra Secuestros de la PGR, alegó que existen convenios de cooperación entre México y España que permiten la presencia de la autoridad extranjera en nuestro país, "en su calidad de interesada" en una extradición.

En respuesta, la litigante refutó al fiscal al asegurar que "no hay tratados ni acuerdos internacionales que posibiliten la participación directa en México de alguna autoridad que reclame a un extraditable".

A su vez, Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal, aseguró que es "totalmente ilegal" la participación en México de la autoridad de otro país que reclama en extradición a los ciudadanos vascos, y aclaró que eso "deja en evidencia que hay una incidencia abierta".

Asimismo, indicó que la presencia de Baltasar Garzón en diligencias ministeriales, en torno al juicio de extradición de los seis vascos referidos, viola el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimientos Penales y el tratado de extradición entre México y España.

Por su parte, al salir del Reclusorio Norte, la abogada de los detenidos, Bárbara Zamora, anunció ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el intento de violación de garantías en el proceso de extradición contra sus defendidos.