México
D.F. Sábado
31 de enero de
2004
GARZON:
ARROGANCIA
CONFIRMADA
Baltasar
Garzón envió
ayer a esta casa
editorial una
extensa carta en
la que se queja
por el trato que
recibió
anteayer en el
Reclusorio Norte
(Reno) de esta
capital,
descalifica el
trabajo
informativo de
este diario,
tergiversa las
posturas
editoriales de La
Jornada,
pontifica sobre
lo que cree que
son las
obligaciones de
los periodistas
mexicanos y
expone una
variopinta y muy
subjetiva lista
de agravios,
desde el haberse
sentido vejado
por el personal
del penal, hasta
reclamarse como
víctima de
"manipulación
informativa"
y de supuestos
insultos y
denuestos para
con su trabajo.
Por
principio de
cuentas, la
acusación de
manipular la
información es
falsa. Tras el
incidente en el
Reno, Garzón se
negó a hablar
con los medios y
habría sido
imposible, por
ello, consignar
su versión de
lo sucedido. Con
todo, la
historia
expuesta por el
funcionario español
en su misiva es
muy semejante a
la que aportaron
funcionarios de
la Procuraduría
General de la
República (PGR)
y que fue
puntualmente
incluida en la
edición de ayer
de La
Jornada,
junto con la muy
diferente
narración de
los hechos que
aportó la
directora del
centro de
detención,
Marcela Briseño.
En
otro sentido, y
a pesar de los
argumentos pergeñados
por Garzón en
defensa de la
supuesta
legalidad de su
actuación en México,
el magistrado
ignora, o
pretende
ignorar, que en
este país tiene
vigencia un
documento
titulado Código
Federal de
Procedimientos
Penales, que en
su artículo 16
establece:
"A las
actuaciones de
averiguación
previa sólo
podrán tener
acceso el
inculpado, su
defensor y la víctima
u ofendido y/o
su representante
legal, si los
hubiere".
El juez
peninsular se
dice respetuoso
del marco legal
nacional, pero
las víctimas
mexicanas de su
prepotencia han
señalado que
fueron
interrogadas
directamente por
Garzón, sin
ningún respeto
por las formas
ni por las
disposiciones
del Tratado de
Asistencia
Judicial mutua.
Debe concederse,
sin embargo, que
la
responsabilidad
principal de
esos atropellos
no recae en los
funcionarios
españoles, sino
en los mexicanos
que se los han
permitido.
Al
magistrado español
le escandaliza,
por otra parte,
la presencia, en
el Reno,
"de medios
de comunicación
incluso con cámaras
de televisión
con la intención
de grabar la
diligencia y
actuación
judicial",
circunstancia
que hacía
imposible
garantizar
"el secreto
que la legislación
española impone
para las
diligencias
sumariales".
Bien: la
legislación
española, como
su nombre lo
indica, rige en
España, no en
un Estado
independiente
que se llama México.
Líneas abajo,
Garzón
condiciona la
credibilidad de La
Jornada a
que ésta
"exija
explicaciones"
"del porqué
los medios de
comunicación,
que por cierto
cumplen con su
obligación de
atender a la
noticia, fueron
autorizados a
violar el sigilo
de unas
diligencias
judiciales, y
por qué se
preparó todo
para que la
autoridad
judicial fuera
'cazada' por los
mismos (sic)
en el interior
del Reclusorio
Norte". El
dislate es de
tal magnitud que
resulta obligado
explicarle al
magistrado un
hecho más bien
obvio: en México,
en frecuentes
ocasiones,
reporteros y cámaras
de televisión
se encuentran
presentes
durante los
procedimientos
judiciales que
se realizan
dentro de los
reclusorios y
que tal
presencia se
inscribe en el
derecho a la
información y
las leyes que
rigen en el país
y no tiene por
objetivo
"cazar"
a ningún
personaje.
En
la última página
de su extensa
misiva, Garzón
comete, él sí,
una grosera
maniobra de
manipulación
que linda con la
calumnia, al
aseverar que La
Jornada
presenta
"como paladín
de la libertad y
de la dignidad
restaurada a una
organización
terrorista".
Si el juez español
hubiese
realizado una
lectura mínimamente
honesta de lo
publicado ayer
en este mismo
espacio, se habría
enterado que el
titular sobre la
"dignidad
restaurada"
no hace
referencia a ETA
sino a las
autoridades del
Gobierno del
Distrito
Federal. Cabe
esperar que el
magistrado logre
comprender que
la organización
terrorista vasca
y el Poder
Ejecutivo de la
capital mexicana
son cosas
diferentes.
Para
finalizar, la
carta del juez
Garzón a este
diario confirma
-en su
ignorancia
despectiva de
las leyes,
realidades y prácticas
mexicanas, en
sus pretensiones
de recibir
tratos de
dignatario, en
su afán por
dictar a los
periodistas de
este país cómo
deben hacer su
trabajo, y hasta
en la grafía
arcaica y
peninsular del
gentilicio
"mexicanos",
que él escribe
en dos ocasiones
con jota,
ignorando la
recomendación
de la Real
Academia Española
de usar
"las grafías
con x por ser
las usadas en el
propio país y,
mayoritariamente,
en el resto de
Hispanoamérica"-
actitudes más
propias de un
corregidor
colonial que de
un moderno
investigador
judicial
"que nunca
ha pretendido
avasallar a
nadie".