* Bloquean una
calle del centro de Chilpancingo
Denuncian
sobrevivientes de Aguas Blancas
persecución y amenazas
Zacarías
Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Viudas, familiares y
sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas bloquearon ayer la
calle Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno, para
exigir una audiencia con el gobernador René Juárez para
denunciar el “clima de hostigamiento, persecución y
amenazas” que han sufrido en los últimos días.
Encabezados
por su abogado José Sánchez, responsabilizaron de esas
amenazas al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer “quien ha
sido designado coordinador del PRI en la Zona Norte y en Tierra
Caliente y en cualquier momento puede dar el zarpazo”, dijo el
abogado Sánchez.
Pero
además, al conocer que se reabrirán las investigaciones de la
masacre del Vado de Aguas Blancas, sobrevivientes y deudos de
las 17 víctimas, exigieron ayer aquí que se retome el dictamen
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el
que se responsabiliza al ex gobernador de Guerrero, Rubén
Figueroa Alcocer y en el que esa instancia reconoce que se trató
de una ejecución.
Los
sobrevivientes y los familiares de las víctimas entregaron el sábado
15 en Atoyac un documento al fiscal especial para la atención
de delitos federales cometidos por servidores públicos en
contra de personas vinculadas con movimientos sociales políticos
del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, en donde insisten que quien
ordenó la masacre fue el ex gobernador Figueroa Alcocer.
Recuerdan
que en la masacre participaron más de 500 policías
motorizados, judiciales, agentes del ministerio público,
agentes de gobernación estatal “y miembros del Ejército como
el ex general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro entre otros
funcionarios de primer nivel como el entonces secretario de
Gobierno de Guerrero, Rubén Robles Catalán, el director de la
Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, el secretario
de Seguridad Pública, Rosendo Armijo de los Santos y el
procurador Antonio Alcocer Salazar.
También
denuncian ante el fiscal especial que “desde que iniciaron las
investigaciones estas fueron manipuladas por los ex fiscales Elías
Riachi Sandoval, Adrián Vega Cornejo y Alejandro Varela
Vidales”, denuncian las víctimas y sobrevivientes.
“Consideramos
de suma importancia que se nos tome la declaración sobre los
hechos que nos constan y que vivimos el pasado 28 de junio de
1995, cuando como agraviados y testigos presenciales de los
hechos, observamos a funcionarios y policías que dieron el tiro
de gracia a algunos heridos sobrevivientes”, dicen en su
escrito.
El
documento lo firman 41 sobrevivientes, viudas y deudos de la
masacre de Aguas Blancas quienes exigen que “se consigne la
indagatoria al rubro señalada al juez pertinente y se castigue
de manera ejemplar tanto a los funcionarios de alto nivel como a
Rubén Figueroa Alcocer, así como a otros funcionarios que
gozan de impunidad y que han sido premiados con puestos de
primer nivel en la actual administración gubernamental”.
Piden,
asimismo, “que en esta etapa de investigación le de la
importancia a la recomendación de fecha 26 de abril de 1996 de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la recomendación
del informe 49/97 del caso 11.520 publicado el pasado 30
de septiembre de 1997 por la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos”.
Los
familiares de las víctimas, encabezados por el abogado José Sánchez
bloquearon la calle atrás del Palacio de Gobierno para exigir
una audiencia con el gobernador René Juárez, para pedirle
garantías toda vez que, según denunció el abogado, han
sufrido persecución y amenazas en los últimos días. |