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* Le atribuye la OIPMT el asesinato de ocho de sus miembros

 Descubren un grupo paramilitar en la región indígena de Ayutla

 * Representantes de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos y de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa informaron que el grupo paramilitar opera coordinado con el Ejército en 20 comunidades para reprimir a los pueblos * Piden la intervención de la CNDH y la Codehum y del gobierno federal y estatal para frenar la persecución

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La violencia, la represión y el hostigamiento del Ejército mexicano y grupos de paramilitares en la región mixteca y tlapaneca de los municipios de Ayutla y Acatepec, después de la masacre de El Charco, (el 7 de junio de 1998), ha dejado un resultado de nueve asesinatos, dos indígenas violadas y decenas de detenciones arbitrarias, amenazas, así como vigilancia permanente a los dirigentes.

Un grupo de indígenas de esa zona que pertenecen a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos (OIPMT) y a la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa pidieron ayer en esta capital la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), así como del Gobierno estatal y federal para frenar la persecución en contra de los indígenas de esta zona.

En conferencia de prensa, los dirigentes de las dos organizaciones denunciaron que algunos de estos hechos son cometidos directamente por efectivos del Ejército mexicano y otros por miembros de grupos de paramilitares que existen en el municipio de Ayutla y Acatepec.

Los dirigentes de la OIPMT, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Arturo Campos Herrera y Cutberto Viviano Rodríguez ofrecieron ayer una conferencia de prensa en donde denunciaron que tras la masacre de El Charco, la zona indígena mixteca y tlapaneca viene padeciendo una de las más crudas persecuciones.

Uno de los últimos acontecimientos fue el ocurrido los días 16, 17, 18 y 19 de enero cuando un grupo de militares irrumpieron en la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, en donde pretendieron obligar a Fortunato Prisciliano Sierra a que retirara la demanda en contra de los militares que violaron a su esposa, Inés Fernández Ortega, en marzo del 2002 en esa misma comunidad,

Pero la violencia contra los indígenas va más allá; después de la masacre de El Charco han sido asesinados los indígenas Donaciano Morales Lorenzo en la comunidad de Ocote Amarillo, Andrés Marcelino Patrona de El Charco, Catalino Rodríguez de La Concordia, Severiano Lucas Petra de La Fátima, Francisco Castro Morales de Coaxtlán San Pedro, Eugenio Librado de Ocotitlán, Esteban Leobardo de Platanar, Víctor García de Paraíso y Toribio Morales de Ojo de Agua.

De todos estos indígenas asesinados, con excepción de Catalino Rodríguez quien fue muerto a balazos por militares en su casa de La Concordia, el resto, según los dirigentes indígenas fueron victimados por integrantes de grupos paramilitares que operan en la zona.

Los dirigentes indígenas dijeron que durante las actividades por el cuarto aniversario de la masacre de El Charco, descubrieron a un agente de inteligencia militar que se hacía pasar por reportero en los eventos de su organización. El individuo que firmaba sus reportes enviados a sus superiores como “Baluarte” y a quien le recogieron un cuaderno que evidencia sus actividades de “informante del gobierno”, después fue relacionado con el soldado del 48 Batallón con sede en Cruz Grande, Onésimo Rendón Cornelio.

Ambos, según los dirigentes indígenas, han constituido un grupo de paramilitares que son los que hostigan a los indígenas, “sabemos que existen dos paramilitares por cada comunidad y ya se han constituido en unas 20 de ellas”, dijo el asesor de la organización Ramírez Rodríguez.

Indicó que estas personas reciben entrenamiento, dinero y armas y que son miembros de este grupo quienes están hostigando, amenazando y en ocasiones asesinando a los indígenas.

Incluso denunciaron que Onésimo Rendón Cornelio estuvo como soldado del 48 Batallón en la agresión a los indígenas de Barranca Tecoani el mes pasado.

Pero el hostigamiento hacia los indígenas no es solamente a través del grupo paramilitar, los dirigentes denunciaron que “existe un patrullaje permanente en las comunidades indígenas por parte de efectivos del Ejército mexicano quienes han cometido una serie de arbitrariedades”.

Algunos de ellos los enumeraron en la misma conferencia de prensa: en el 2000 los militares envenenaron el agua del río de La Concordia; En ese mismo año en Barranca de Guadalupe detuvieron arbitrariamente a indígenas, robaron y destruyeron cosechas, frutas y destruyeron mangueras de riego.

Los soldados tienen en su poder una “lista negra” en la que se encuentran los nombres de 15 indígenas tlapanecos de Barranca de Guadalupe y nueve de Barranca Bejuco, esta última comunidad del municipio de Acatepec. En sus recorridos por las comunidades, los militares preguntan por los indígenas e incluso ha habido amenazas de muerte en contra de ocho de los indígenas de Barranca de Guadalupe del 2000 al 2002.

Entre las arbitrariedades de los militares los dirigentes indígenas mencionaron también la violación de la indígena me’phaa (tlapaneca) Valentina Rosendo Cantú en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en febrero del 2002 y de Inés Fernández Ortega en Barranca Tecoani en marzo del 2002.

Los dirigentes de la OIPMT también denunciaron que paramilitares, policías judiciales del estado y federales mantienen una vigilancia permanente a Arturo Campos Herrera y Antonio García Albina, sobre todo en tiempos electorales.

Campos Herrera dijo que “puntualmente hemos estado denunciando a las instancias legales correspondientes y ante la opinión pública estos hechos sin ningún resultado positivo, por el contrario, el Ejército mexicano ante la resistencia organizada de los indígenas para que les sean respetados sus derechos humanos ha iniciado desde hace dos años la restructuración de grupos paramilitares y son los que han estado hostigando, amenazando, asesinando y, consecuentemente llegar a la destrucción de la organización indígena que lucha por el respeto a los derechos humanos”.