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* Envía carta a Fox sobre el caso de Barranca Tecoani

 Pide Amnistía Internacional garantías para indígenas hostigados por militares

 * Demanda que las autoridades civiles investiguen la violación a una mujer me’phaa el año pasado y los hechos denunciados contra el Ejército en esa comunidad de Ayutla en enero de este año

Amnistía Internacional envió una carta al presidente Vicente Fox, al procurador Rafael Macedo de la Concha, al secretario de la Defensa, Gerardo Ricardo Clemente Vega García y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes, en la que expresa su preocupación por la seguridad de los indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega, su esposo Fortunato Prisciliano Sierra y otros habitantes de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, que de acuerdo con sus testimonios, han sido intimidados por efectivos del Ejército, y pide que garanticen su seguridad.

En la carta, que la organización no gubernamental con sede en Londres envió a otras organizaciones para que se sumen a la petición, insta a las autoridades a que investiguen los informes que indican que el 16 de enero, miembros del Ejército intimidaron y presionaron a Fortunato Prisciliano para que retirara la denuncia contra soldados que el año pasado violaron a Inés Fernández.

Asimismo, instó a que las autoridades civiles, y no las militares, lleven a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta agresión sufrida por Inés Fernández el 22 de marzo de 2002, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables ante la justicia.

Finalmente, pide a las autoridades del gobierno de México que garanticen que todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean investigadas por autoridades civiles.

Según los informes que recibió Amnistía Internacional (AI), el 16 de enero de 2003, 22 soldados del 48 Batallón de Infantería entraron, en Barranca Tecoani.

Cuatro soldados armados fueron a la casa de Fortunato Prisciliano e Inés Fernández y, al parecer, durante más de media hora pidieron reiteradamente que Fortunato Prisciliano retirara la denuncia de violación que presentaron hace casi un año. El se negó a hacerlo.

Dos días después, el 18 de enero, esos mismos soldados se dirigieron de nuevo a Fortunato Prisciliano, pero éste insistió en que no iba a retirar la denuncia. Los soldados entonces acamparon cerca de la comunidad durante diez días, intimidando y acosando, según los informes, a los habitantes.

Justicia civil, no militar

Amnistía Internacional señala que “la presunta violación tuvo lugar el 22 de marzo de 2002, cuando, según indican los informes, tres soldados entraron en la casa de Inés Fernández y Fortunato Prisciliano en Barranca Tecoani. Los informes indican que los soldados apuntaron con sus armas a Inés Fernández y le dijeron que buscaban a su esposo. Al no encontrarlo, parece ser que los tres soldados violaron a Inés.

“Desde que denunciaron la violación ante el Ministerio Público en marzo de 2002, Fortunato Prisciliano e Inés Fernández no han sido informados de ninguna acción emprendida por las autoridades. Los médicos que examinaron a Inés Fernández aún no han entregado su informe.

Según los informes, la Procuraduría General de Justicia Militar ha asumido la investigación de esta denuncia.

AIplantea que “lleva muchos años haciendo campaña para que las violaciones graves de derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército sean juzgadas por los tribunales civiles, pues considera que es la única manera efectiva de garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e inmediatas y que los responsables comparezcan ante la justicia”.

Fuerte presencia militar en Guerrero

En el documento se indica que no es el primer caso de intimidación y presunta agresión sexual por parte de personal del Ejército en el estado de Guerrero que AI ha documentado en el último año.

En marzo de 2002, la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú fue golpeada y agredida sexualmente, según los informes, por miembros del Ejército mexicano cerca de su casa en el pueblo de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec.

La Procuraduría de Justicia Militar también se hizo cargo de la investigación, pero según los informes, no ha habido ningún progreso.

Informa AI que “en muchas partes del estado de Guerrero existe una fuerte presencia militar, teóricamente destinada a combatir a los grupos armados de oposición y a los narcotraficantes. Esto, junto con la presencia de grupos armados de oposición, ha contribuido a la grave situación de los derechos humanos existente en el estado.

“A lo largo de los años se han recibido informes constantes sobre violaciones de derechos humanos, incluidas tortura y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por soldados.

“El sistema de justicia militar que investiga y juzga estos casos prácticamente garantiza la impunidad de los responsables.

“En la última década ha habido varios informes de agresión sexual, especialmente contra mujeres indígenas, por parte de personal militar. En prácticamente todos los casos, las autoridades militares mantienen la jurisdicción y los responsables gozan de impunidad”.