* Preocupa la
impunidad de los militares en Guerrero
Con
Fox no hay gran cambio en derechos humanos: Amnistía
Internacional
*
De prioridad para el organismo, apoyar a los defensores
guerrerenses * Seguirán las desapariciones forzadas, hasta
que se desmantele el sistema de impunidad que las alienta,
dice Rupert Knox
Maribel
Gutiérrez * Con el gobierno de Vicente Fox no hay gran
cambio en las violaciones a los derechos humanos, afirmó el
responsable de las investigaciones para México de Amnistía
Internacional (AI), Rupert Knox, y destacó tres problemas en
Guerrero: la violación a mujeres indígenas por parte de
militares, el uso de la tortura contra detenidos, y las
amenazas a defensores de derechos humanos.Sobre el problema de
la desaparición forzada, dijo que el patrón de impunidad que
hubo en el pasado sigue en la actualidad, y sobre la Fiscalía
Especial que creó Fox para investigar los crímenes del
pasado reciente, que este martes llamó a declarar al ex
presidente Luis Echeverría, como responsable de la matanza de
Tlatelolco, de la represión del 10 de junio d1 1971 y de
cientos de desapariciones forzadas en la guerra
sucia contra la guerrilla de la década del 70, Rupert
Knox dijo: “El hecho de que declare el ex presidente
Echeverría no significa mucho si no se llega a la justicia y
la verdad”.Consideró que es un hecho simbólico, pero lo
importante es que las declaraciónes de Echeverría lleven a
identificar a los responsables de los hechos que se
denuncian.Afirmó que la las desapariciones forzadas
van a seguir hasta que se desmantele el sistema de
impunidad que alienta a los responsables, y como casos
recientes se refirió a los nueve que documentó la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero
(Codehum).“Con el gobierno de Fox hay algunos logros, como
la libertad de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera y del general Gallardo, pero el cambio en
materia de derechos humsnos se tiene que ver en todos los
estados y municipios de México, y para AI esa debe ser una
prioridad.Explicó que la misión de AI vino a Guerrero porque
aquí hay un patrón claro de violacion a los derechos
humanos, y ese organismo no gubernamental ha recibido
denuncias contra el Ejército, de los desaparecidos, de las
torturas.Para el organismo, Guerrero es una prioridad. Además,
aquí los defensores hacen su trabajo en condiciones de
peligro, y AI quiere apoyarlos documentando denuncias de
violaciones, dijo Knox, en conferencia de prensa, después de
dos días de trabajos en Acapulco, que realizó con otros
miembros del equipo de investigación para México y Centroamérica,
Kerrie Howard e Ignacio Saiz, en coordinación con la Red
Guerrerense de Derechos Humanos, de la que estuvieron
presentes Abel Barrera, de Tlachinollan; Matilde Pérez, del
Centro de Derechos Humanos José María Morelos; Hilda
Navarrete, de La Voz de los sin Voz y Silvia Castillom del
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.Knox dijo que las
quejas que recibieron de violaciones a los derechos humanos
por parte de militares son una prioridad para Amnistía
Internacional, porque el Ejército es un órgano que goza de
total impunidad respecto a las denuncias que hace la sociedad
civil.
El Ejército
lleva a cabo operaciones policiacas en Guerrero, y es un
coctel peligroso en que se dan las violaciones a los derechos
humanos que se denuncian. Dijo que las autoridades mexicanas
no han tomado en serio las preocupaciones de los organismos
internacionales sobre el patrón de impunidad que se observa
en las denuncias de civiles por violaciones a los derechos
humanos cometidas por militares.Se ve que no hay voluntad de
cambio para garantizar que cualquier acción del Ejército que
resulte en violaciones a los derechos humanos sea investigado
y juzgado por las autoridades civiles, dijo.
Proteger
a los defensores
Dijo
que en México el trabajo de los defensores de derechos
humanos sigue teniendo riesgos, y el reto de la autoridad es
convertir los mecanismos de justicia en algo que funcione en
favor de los ciudadanos, no en su contra, y que garantice los
derechos humanos”.En Guerrero señaló los casos de amenazas
que han recibido el director del Centro de Derechos Humanos de
La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y del Comité de
Derechos Humanos la Voz de los Sin Voz de Coyuca de Benítez,
Hilda Navarrete.Ignacio Saiz agregó que también se incluyen
como agraviados por las amenazas contra defensores los
miembros de organizaciones sociales que defienden los derechos
humanos en sentido más amplio, como los campesinos
ecologistas o los disidentes de la colonia Rodríguez Alcaine
de Acapulco que luchan por vivienda.
Las
indígenas violadas
En el caso de
las indígenas violadas por militares (Valentina Rosendo Cantú,
de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, e Inés Fernández
Ortega, de Barranca Tecuani, Ayutla), se repite el patrón de
impunidad en que se mueven los miembros de las fuerzas armadas
que son denunciados como responsables de violaciones a los
derechos humanos.Explicó que los organismos internacionales y
las ONG plantean que la jurisdicción militar en estas
denuncias no ofrece justicia, todo lo contario, garantiza la
impunidad.Por décadas, el involucramiento de miembros de las
fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos ha
quedado en la impunidad, señaló, y polanteó: “Es
necesario que se reconozca que las violaciones a los derechos
humanos cometidas por militares no pueden ser interpretadas
como una indisciplina militar, y que se tienen que investigar
con transparencia en la jurisdicción civil”.En los casos de
las mujeres indígenas, afirmó que desde el principio de
observó el patrón de impunidad de los militares, cuando el
caso fue atraído por la justicia militar en lugar de que se
investigara en el Ministerio Público del fuero común. Señaló
que la justicia militar es oscura, no hay rendición de
cuentas, no hay modo de saber si hay justicia o no.Advirtió:
Si no hay un cambio radical, y se demuestra que los miembros
del Ejército pueden rendir cuentas de las violaciones a los
derechos humanos, las denuncias van a seguir, y para Amnistía
Internacional eso es de alta preocupación.Expuso que se sigue
denunciando el uso de tortura contra los detenidos en
Guerrero, que es grave, porque es un crimen de lesa
humanidad y el Estado tiene la obligación de castigar a
los culpables.“Vemos que el uso de la tortura en Guerrero es
arraigado en corporaciones de seguridad pública, a pesar de
que hay una prohibición legal, y el Ministerio Público, en
lugar de investigar estos delitos acepta como pruebas
confesiones arrancadas bajo tortura”.En la noche, los
representantes de Amnistía se reunieron durante dos horas en
Chilpancingo con el procurador general de Justicia, Jesús Ramírez
Guerrero.Antes habían informado que con el procurador tratarían
el caso de las indígenas violadas por militares. la posición
de Amnistía Internacional es que el Ministerio Público civil
debe investigar esos delitos, y no el Ministerio Público
Militar, que lleva el caso, después de que las autoridades
civiles de la Procuraduría estatal declinaron su competencia
con el argumento de que son denuncias contra miembros del Ejército.También
trataría sobre los desaparecidos, delitos de los que se
responsabiliza a ex directores y comandantes de la Policía
Judicial del Estado, como el caso de Faustino Jiménez
Alvarez.Además, el problema de las amenazas contra defensores
de derechos humanos, en lo que Amnistía Internacional
considera que no hay avances.