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* Preocupa la impunidad de los militares en Guerrero

 Con Fox no hay gran cambio en derechos humanos: Amnistía Internacional

 * De prioridad para el organismo, apoyar a los defensores guerrerenses * Seguirán las desapariciones forzadas, hasta que se desmantele el sistema de impunidad que las alienta, dice Rupert Knox

 Maribel Gutiérrez * Con el gobierno de Vicente Fox no hay gran cambio en las violaciones a los derechos humanos, afirmó el responsable de las investigaciones para México de Amnistía Internacional (AI), Rupert Knox, y destacó tres problemas en Guerrero: la violación a mujeres indígenas por parte de militares, el uso de la tortura contra detenidos, y las amenazas a defensores de derechos humanos.Sobre el problema de la desaparición forzada, dijo que el patrón de impunidad que hubo en el pasado sigue en la actualidad, y sobre la Fiscalía Especial que creó Fox para investigar los crímenes del pasado reciente, que este martes llamó a declarar al ex presidente Luis Echeverría, como responsable de la matanza de Tlatelolco, de la represión del 10 de junio d1 1971 y de cientos de desapariciones forzadas en la guerra sucia contra la guerrilla de la década del 70, Rupert Knox dijo: “El hecho de que declare el ex presidente Echeverría no significa mucho si no se llega a la justicia y la verdad”.Consideró que es un hecho simbólico, pero lo importante es que las declaraciónes de Echeverría lleven a identificar a los responsables de los hechos que se denuncian.Afirmó que la las desapariciones forzadas  van a seguir hasta que se desmantele el sistema de impunidad que alienta a los responsables, y como casos recientes se refirió a los nueve que documentó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).“Con el gobierno de Fox hay algunos logros, como la libertad de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y del general Gallardo, pero el cambio en materia de derechos humsnos se tiene que ver en todos los estados y municipios de México, y para AI esa debe ser una prioridad.Explicó que la misión de AI vino a Guerrero porque aquí hay un patrón claro de violacion a los derechos humanos, y ese organismo no gubernamental ha recibido denuncias contra el Ejército, de los desaparecidos, de las torturas.Para el organismo, Guerrero es una prioridad. Además, aquí los defensores hacen su trabajo en condiciones de peligro, y AI quiere apoyarlos documentando denuncias de violaciones, dijo Knox, en conferencia de prensa, después de dos días de trabajos en Acapulco, que realizó con otros miembros del equipo de investigación para México y Centroamérica, Kerrie Howard e Ignacio Saiz, en coordinación con la Red Guerrerense de Derechos Humanos, de la que estuvieron presentes Abel Barrera, de Tlachinollan; Matilde Pérez, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos; Hilda Navarrete, de La Voz de los sin Voz y Silvia Castillom del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.Knox dijo que las quejas que recibieron de violaciones a los derechos humanos por parte de militares son una prioridad para Amnistía Internacional, porque el Ejército es un órgano que goza de total impunidad respecto a las denuncias que hace la sociedad civil.

El Ejército lleva a cabo operaciones policiacas en Guerrero, y es un coctel peligroso en que se dan las violaciones a los derechos humanos que se denuncian. Dijo que las autoridades mexicanas no han tomado en serio las preocupaciones de los organismos internacionales sobre el patrón de impunidad que se observa en las denuncias de civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.Se ve que no hay voluntad de cambio para garantizar que cualquier acción del Ejército que resulte en violaciones a los derechos humanos sea investigado y juzgado por las autoridades civiles, dijo.

 Proteger a los defensores

 Dijo que en México el trabajo de los defensores de derechos humanos sigue teniendo riesgos, y el reto de la autoridad es convertir los mecanismos de justicia en algo que funcione en favor de los ciudadanos, no en su contra, y que garantice los derechos humanos”.En Guerrero señaló los casos de amenazas que han recibido el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y del Comité de Derechos Humanos la Voz de los Sin Voz de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete.Ignacio Saiz agregó que también se incluyen como agraviados por las amenazas contra defensores los miembros de organizaciones sociales que defienden los derechos humanos en sentido más amplio, como los campesinos ecologistas o los disidentes de la colonia Rodríguez Alcaine de Acapulco que luchan por vivienda.

 Las indígenas violadas  

En el caso de las indígenas violadas por militares (Valentina Rosendo Cantú, de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, e Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecuani, Ayutla), se repite el patrón de impunidad en que se mueven los miembros de las fuerzas armadas que son denunciados como responsables de violaciones a los derechos humanos.Explicó que los organismos internacionales y las ONG plantean que la jurisdicción militar en estas denuncias no ofrece justicia, todo lo contario, garantiza la impunidad.Por décadas, el involucramiento de miembros de las fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos ha quedado en la impunidad, señaló, y polanteó: “Es necesario que se reconozca que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares no pueden ser interpretadas como una indisciplina militar, y que se tienen que investigar con transparencia en la jurisdicción civil”.En los casos de las mujeres indígenas, afirmó que desde el principio de observó el patrón de impunidad de los militares, cuando el caso fue atraído por la justicia militar en lugar de que se investigara en el Ministerio Público del fuero común. Señaló que la justicia militar es oscura, no hay rendición de cuentas, no hay modo de saber si hay justicia o no.Advirtió: Si no hay un cambio radical, y se demuestra que los miembros del Ejército pueden rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos, las denuncias van a seguir, y para Amnistía Internacional eso es de alta preocupación.Expuso que se sigue denunciando el uso de tortura contra los detenidos en Guerrero, que es grave, porque es un crimen de lesa humanidad y el Estado tiene la obligación de castigar a los culpables.“Vemos que el uso de la tortura en Guerrero es arraigado en corporaciones de seguridad pública, a pesar de que hay una prohibición legal, y el Ministerio Público, en lugar de investigar estos delitos acepta como pruebas confesiones arrancadas bajo tortura”.En la noche, los representantes de Amnistía se reunieron durante dos horas en Chilpancingo con el procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.Antes habían informado que con el procurador tratarían el caso de las indígenas violadas por militares. la posición de Amnistía Internacional es que el Ministerio Público civil debe investigar esos delitos, y no el Ministerio Público Militar, que lleva el caso, después de que las autoridades civiles de la Procuraduría estatal declinaron su competencia con el argumento de que son denuncias contra miembros del Ejército.También trataría sobre los desaparecidos, delitos de los que se responsabiliza a ex directores y comandantes de la Policía Judicial del Estado, como el caso de Faustino Jiménez Alvarez.Además, el problema de las amenazas contra defensores de derechos humanos, en lo que Amnistía Internacional considera que no hay avances.