Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Quienes somos?
Últimas noticias
Presas y presos políticos
Acción y mobilización
Fotos
Para contactarnos
Enlace

La Ultima Estrella

Boletín del Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México

Volumen 1. No.1  Junio-Julio de 2003 

 

 

En este boletín usted encontrara un análisis sobre la situación actual de derechos humanos en México, así como la actualización del caso de cuatro presos políticos, un resumen de los eventos en los que el GFAPPM tuvo participación, y un sumario de noticias de derechos humanos en México.

 

 

Introducción

 

El Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México (GFAPPM), se complace en dar la bienvenida al lector de nuestro primer número de este Boletín Informativo.  Nos da gusto poder concretar este proyecto que habíamos planeado desde hace tiempo, el cual se propone denunciar y educar sobre la situación de derechos humanos en México, en particular, de la existencia de cientos de presos políticos, su lucha, sus condiciones de encarcelamiento, su situación jurídica, y la impunidad y la cerrazón del estado mexicano.  También buscamos construir lazos de solidaridad entre nuestros lectores y la lucha por la libertad de los presos políticos mexicanos.

 

Esperamos que este boletín pueda ser un material de referencia y estudio que sirva para aquellas personas que se indignen ante las violaciones a los derechos humanos cometidas globalmente. 

 

El GFAPPM se formo a raíz de las detenciones arbitrarias, secuestro y tortura de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis, Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava.  Si bien este proyecto pondrá especial atención en estos cuatro presos políticos, nuestra aspiración es crear un espacio más en donde quepa la voz que ha querido ser acallada por el sistema mexicano y que grita:

¡ J u s t i c i a !

 

 

Analisis

 

Ante el alarmante incremento de la violencia estructural en México, nos proponemos aportar al entendimiento de los procesos políticos y sociales que nos oprimen a los mexicanos, y con ello buscamos promover la solidaridad nacional e internacional para con el pueblo mexicano. 

 

A pesar de la fanfarroneante voz del presidente Vicente Fox quien grita a los cuatro vientos que en México ya todo está mejor y que en quince años ya no habrá pobres,  la guerra sucia que se está viviendo en el país sostiene los procesos de acumulación capitalista en su presente fase neoliberal y cobra cada día más victimas.  La militarización se ha vuelto parte de la vida cotidiana en las regiones más pobres del país.  Se han multiplicado las denuncias de acosos cometidos por el ejército mexicano en retenes militares instalados en caminos y carreteras, en donde la gente es obligada a bajarse de sus transportes, se les revisa, se les pregunta a donde van y a que se dedican, se les pide su identificación, y sus nombres son buscados en ‘listas negras’ que tienen los soldados. Los campamentos militares instalados principalmente en comunidades indígenas y en aquellos lugares donde existe organización independiente, alteran la vida cotidiana.  Las mujeres no salen ya solas a lavar al río pues se han suscitado casos de violaciones a muchachas por parte de los militares.  Los campesinos ya no pueden ir a trabajar por temor a ser desaparecidos, detenidos o torturados, con el pretexto de pertenecer a grupos guerrilleros.  La pequeña niña indígena frente a un tanque militar se ha vuelto una escena muy familiar en las comunidades campesinas de nuestro país.  Esta militarización se pretende esconder bajo nuevos nombres y nuevos uniformes, ahora se llaman Agencia Federal de Investigaciones (AFI – cualquier  semejanza con fuerzas gringas es pura coincidencia), Policía Federal Preventiva (PFP) o Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).  Ya lo dice el dicho popular: “ahora nos presentan al mismo gato pero revolcado”.  De acuerdo al artículo 129 de la constitución mexicana, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, y sólo puede permanecer en los cuarteles, que fuera de las poblaciones, establezca el congreso de la unión.  Esto nos deja sólo dos posibles conclusiones: primera, que como dice el Foxismo, estamos en tiempos de paz, y por lo tanto el hecho de que el ejército esté en las comunidades es un acto claramente anticonstitucional o, segunda, que el ejército ha declarado una guerra al pueblo mexicano, y esto explicaría la militarización. El hecho es que las autodenominadas ‘fuerzas de seguridad’ siguen torturando, despareciendo personas y hostigando a luchadores sociales, y lejos de salvaguardar la soberanía nacional cumplen la función de policía política.

 

            En los últimos meses, numerosas organizaciones civiles han registrado un incremento en las violaciones a los derechos humanos.  La Liga Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) reportó en su más reciente informe 290 casos de detenciones arbitrarias.  La organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) reportó 27 casos de desapariciones forzadas y más de 200 casos de tortura en lo que va de la administración de Fox.   Las organizaciones De la Montaña Tlachinollan y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez indicaron que en México primero se detiene y luego se investiga.  Uno de los casos recientes más sobresalientes es el del secuestro y tortura de seis adultos mayores de setenta años, detenidos arbitrariamente por la UEDO en Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, quienes actualmente se encuentran arraigados, acusados de ser secuestradores y militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).  Si la avanzada edad de los seis detenidos no fuera suficiente prueba de la ridiculez de los delitos imputados, el ERPI enseguida emitió un comunicado desmintiendo la versión de las autoridades.  Otro ejemplo claro es el desalojo violento, ordenado por el gobernador José Murat en la ciudad de Oaxaca, de un contingente de trabajadores que exigía la libertad de su líder Oliverio Neri, el cual dejó un saldo de 21 desaparecidos, 21 heridos, y cuatro detenidos.  La ley del garrote ha sido la respuesta favorita del estado mexicano (cualquiera que sea el color del partido en el poder).

 

            La lucha social del pueblo mexicano es criminalizada mediante leyes absurdas como la recién aprobada ‘ley antibloqueos’ en Guerrero, que castiga con dos a diez años de cárcel a quienes obstruyan las vías de comunicación, la cual ya está siendo aplicada selectivamente para detener a luchadores sociales.  El gobierno, en lugar de darle solución a los problemas de la población –invirtiendo en salud, educación, o apoyos productivos para el campo– le apuesta a la violencia de estado, como si el hambre se quitara a palazos.  Una clara muestra de lo anterior, es la existencia de cientos de luchadores sociales injustamente encarcelados.  Sin embargo, ya no hay por qué preocuparse, ya que el gerente de México Vicente Fox, asegura que hoy, 3 millones 400 mil mexicanos han salido de pobres.

 

            El discurso mercantilista que Fox nos pretende vender a los mexicanos y al mundo se aleja cada vez más de la realidad social mexicana, creando una construcción imaginaria que muchos han atinado en llamar ‘Foxilandia’ – un  paradisíaco lugar en donde no sólo hay menos pobres, sino que ya no existen presos políticos, se respeta la autonomía indígena y ya no se violan los derechos humanos.  Sin embargo, la realidad es otra.  Mientras que el gobierno ya ha aprobado leyes de amnistía (amañadas) como las de Guerrero y Oaxaca, el número de presos políticos mexicanos va en aumento.  Este tipo de leyes pretenden confundir a la opinión pública ya que contienen artículos que hacen imposible la liberación de aquellos presos a quienes dicen beneficiar, como en el caso de Guerrero en donde dicha ley no incluye a los presos políticos acusados de delitos graves, tales como homicidio y secuestro, es decir, casi ninguno de ellos obtiene su libertad porque a la mayoria el estado mexicano les ha fabricado esos delitos mediante tortura. Los quince minutos que prometió Fox para resolver el conflicto en Chiapas, todavía no terminan, y lo único que ha visto el pueblo es la aprobación de una ley anti-indígena con la que se pretendía una vez más darle atole con el dedo a los indígenas, además del escalamiento de ataques paramilitares y desplazamientos forzados.

 

            Mucho se celebró la extradición del genocida argentino Miguel Cavallo, la cual fue calificada como un precedente para la justicia internacional, sin embargo, los genocidas mexicanos siguen gozando de la impunidad y algunos de ellos hasta ejercen puestos en el poder.  Lejos de ser un acto congruente del poder judicial mexicano, este evento ha sido usado por el estado para legitimar la impartición de justicia, siendo que ésta sigue estando al servicio del capital global.  Para muestra basta un botón, el reciente voto mexicano ante la ONU para no llevar a militares estadounidenses a la Corte Penal Internacional (CPI), demuestra el manejo discrecional de la justicia de acuerdo a intereses políticos que, una vez más, cedieron ante la presión de la geopolítica gringa, y en este caso derrumbaron el discurso de derechos humanos del que tanto habla Fox para solapar la impunidad de los más grandes criminales del planeta.  Y por si esto no fuera poco para desengañarnos del sistema jurídico mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de manifestar su preocupación por la negligencia que ha caracterizado a las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa, al grado que la fiscalía insiste en manejar la burda e irrisoria tesis del suicidio que pretende eximir de culpa a los verdaderos asesinos.  Mientras tanto, para el pueblo, este homicidio tiene cada vez más cara de crimen de estado, cometido deliberadamente desde el poder, como parte de la guerra sucia que se vive en México.

 

            Sin embargo, la guerra sucia que nos aflige no es un fenómeno natural, inherente a las sociedades humanas, sino que tiene sus raíces y su lógica en función de los intereses de la burguesía internacional.  Esta guerra es la punta de lanza y soporte del neoliberalismo, que en su sed de recursos naturales, materias primas y nuevos mercados no le importa someter y pisotear la dignidad humana.  El desplazamiento de comunidades indígenas en Montes Azules, por ejemplo, está abriendo la brecha para la imposición del Plan Puebla Panamá (PPP), que busca expandir los procesos de mercantilización de las tierras, subsuelos, ríos, bosques, sitios arqueológicos, playas, cultura y sabiduría indígena, en fin, todos los aspectos de la existencia humana.   Estos desplazamientos que ahora se pretenden justificar con la conservación del medio ambiente, buscan además romper el tejido social comunitario y desarticular la lucha social.  Un aspecto más de esta mercantilización son las privatizaciones de la industria eléctrica y petrolera, que se pretenden consumar sin el consentimiento del pueblo ni de los trabajadores; mientras Fox las anda ofreciendo a los representantes de la iniciativa privada extranjera, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anuncia que: “solamente si nos matan se va a poder privatizar”.

 

            Queda claro que la guerra sucia que se está viviendo en México, es un hecho que está ligado a los planes neoliberales que el capital global está imponiendo en el país.  El llamado ‘gobierno de la alternancia’, al igual que los gobiernos anteriores, privilegia los intereses capitalistas a costa de la soberanía nacional, y por eso carece de legitimidad.  Pare esto basta observar las recientes elecciones en las que sólo el 26% de la población acudió a votar, y de estos, cerca de 3 millones anularon su voto.  Aquí no triunfó ningún partido, fue el abstencionismo, y con ello el pueblo el que ganó al evidenciar la ilegitimidad del gobierno neoliberal.   Las marchas, los plantones, las huelgas de hambre, los gritos de rebeldía que se oyen detrás de las rejas, anuncian la decadencia del estado mexicano que como bestia moribunda aprieta los dientes en sus últimos esfuerzos por asirse al poder recurriendo a esta guerra sucia criminal.  La resistencia del pueblo, es la que ahora, después del desengaño, construye una sociedad mejor.

 

 

Actualización del caso de cuatro presos políticos

 

A casi 4 años del secuestro y  tortura de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis, Felicitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino, la impunidad e injusticia continúan.

 

La denuncia por tortura interpuesta ante la Procuraduría General de inJusticia (PGJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en diciembre de 1999, se encuentra actualmente estancada. En esta denuncia Gloria Arenas reconoce al, en aquel entonces, Zar Antidrogas Mario Herrán Salvati, como la persona que iba al mando del operativo en el que la secuestraron y torturaron  junto con su esposo Jacobo Silva. Irónicamente  Herrán Salvati es el actual Procurador de Justicia del Estado de Chiapas.

 

Las condiciones carcelarias en que se encuentran son inhumanas. Gloria y Felícitas están presas en el penal de Neza-Bordo, en donde se les cobra por el agua, la comida y la ropa. Las condiciones de trabajo en esta institución son deplorables.  El salario oscila entre los 60 y 100 pesos mensuales ( US$6.00 y US$10.00).  Por lo tanto, ellas se han negado a trabajar en tales condiciones y han optado por hacer arte, bolsas de mano, pinturas, pulseras y tarjetas navideñas, entre otras cosas, como forma de sostenerse. A la fecha no se les ha permitido la visita de sus esposos a quienes no han podido ver, siendo esto uno de los castigos específicos para presos políticos.

 

Fernando y Felicitas han sido sentenciados a 5 años y 7 meses de prisión por rebelión. Jacobo y Gloria se encuentran sentenciados a 46 años y 7 meses por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena; por el delito de rebelión se encuentran sentenciados a 5 años y 7 meses. Aún estamos en espera de la ratificación, aquí puede ser que los años de cárcel aumenten imputándoles otros delitos igualmente prefabricados. Esto le daría continuidad al Juicio Secreto y a las arbitrariedades que se les han impuesto desde el día de su detención.

 

 

Resumen de Noticias

 

 

26 de mayo. Guerrero: “Atoyac no es cuartel, fuera el Ejército de él”, “Ejército asesino que matas campesinos”. En un clima de vigilancia extrema, unos 75 familiares de desaparecidos marcharon a la base de la 27 zona militar del ejército mexicano para protestar por la presencia del ejército en las comunidades.

La manifestación fue convocada por la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (AFADEM). El secretario de la Afadem, Julio Mata señaló que los soldados se llevaron a más de 400 personas tan sólo en Atoyac, y que siguen desaparecidas, y 600 en todo Guerrero y hay alrededor de 130 mil desparecidos en el mundo y en México hay más de mil 200 casos”.

 

27 de mayo. Guerrero: Tres presos políticos recluidos en el penal de Chilpancingo, Guerrero, inician una huelga de hambre por tiempo indefinido para solicitar ser beneficiados por la ley de amnistía estatal, ellos son: Miguel Ángel Mesino, hijo del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino, Tomás de Jesús Barranco e Isabel Fernández Gómez. “Nos mantendremos en la huelga hasta que se resuelvan nuestras demandas, estamos concientes del riesgo que corremos y si es preciso dar nuestra vida, la daremos; es mejor morir con dignidad que estar encarcelados injustamente”, manifestaron los presos en huelga de hambre.

 

Se denuncia que la Unidad –policiaca- Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) irrumpe en las comunidades Tecoanapa y Ayutla de los Libres, y detiene -sin órdenes de aprehensión y con base en las supuestas declaraciones de un testigo protegido no identificado- a seis adultos mayores y los acusa de secuestro, terrorismo y de ser integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los seis detenidos son José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez y Concepción Ramírez, quienes al ser presentados a los medios de comunicación muestran huellas visibles de haber sido torturados. También se realizaron cateos ilegales por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la comunidad de Chacalapa, San Marcos.

 

Chiapas: En tanto, el Ejército Mexicano siguió hoy movilizando tropas hacia Ocosingo. Varios convoyes, compuestos por diez camiones transportando tropas (unos 150 efectivos) y abundante equipo. Otro lo conformaban cinco vehículos de campaña.

 

28 de mayo. Guerrero: El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) niega a través de un comunicado que los seis detenidos por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), sean integrantes de su organización. Califica de montaje espectacular la presentación que hizo la UEDO en la ciudad de México, en donde los seis detenidos se encuentran arraigados. Y pregunta: “¿Cómo es posible que los centros de inteligencia piensen que ancianos de 70 y 80 años se dediquen al secuestro?”

 

29 de mayo. Amnistía Internacional en su informe de 2003 sobre México, deplora la existencia de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos en todo el país y acusa al gobierno mexicano de ser incapaz de salvaguardar los derechos humanos, al tiempo que expresa preocupación por la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

 

Guerrero: El campesino Alejandro Cortés Torres fue asesinado el 23 de mayo, en la comunidad de El Camalote, en la sierra de Petatlán. Cortés Torres era hermano de Salvador Cortés, asesinado en febrero de 2000 en El Nogal, en una incursión de tropas del Ejército y civiles armados al mando de Rogaciano Alba, presidente de la Asociación Ganadera Regional de Guerrero.  En esta ocasión también fue arrestado Alfredo García Torres así como los campesinos presos en Acapulco, integrantes del Comité de Presos Políticos de Acapulco, Álvaro y Juan García Ávila. García Torres opinó: “Es la misma situación que ha habido en la sierra, la represión de Rogaciano Alba contra los que no están de acuerdo con él, y por eso quiere acabar con todos”. Desde febrero de 1999, familias que habitan en la parte alta de la ruta de El Camalote y Las Humedades, en la sierra de Petatlán, viven recluidos en esa área, esquivando la muerte, porque están amenazados por Rogaciano Alba, que los culpa del homicidio de su hermano. Sin embargo, los campesinos de la familia Torres afirman que el origen del conflicto fue la defensa de los bosques contra la explotación ilegal, a la que se dedicaban los seguidores de Alba, lo mismo que al narcotráfico, apoyados por efectivos del Ejército y de la Policía Judicial Federal.

 

Oaxaca: Heriberto Pazos Ortíz, dirigente del movimiento Unificado de Lucha Triqui recibe varias amenazas de muerte vía telefónica.

 

30 de mayo. Guerrero: Los tres presos políticos del penal de Chilpancingo cumplieron tres días en huelga de hambre sin que alguna autoridad los haya visitado para escuchar sus demandas.

 

Desconocidos tipo militar piden información sobre los miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa y de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos. Dirigentes de organizaciones sociales demandaron la intervención de organismos de derechos humanos para frenar el hostigamiento y la persecución que están sufriendo indígenas de los municipios de Ayutla y Tecoanapa por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y paramilitares. “Preguntan por las actividades que realizamos, a qué nos dedicamos y con quién nos reunimos”, dijo Bibiano Rodríguez, quien señaló que temen que se realicen nuevas detenciones y cateos en contra de dirigentes indígenas y sociales.

 

1 de junio. Guerrero: Los centros de defensa de los derechos humanos De la Montaña Tlachinollan y el Miguel Agustín Pro Juárez acusaron a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de continuar con detenciones arbitrarias en Guerrero. Mediante un comunicado, lamentaron la privación de la libertad de José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, ocurridas el 21 de mayo, por su presunta participación en el delito de secuestro. "Si la UEDO manifiesta tener indicios que señalan a los detenidos como probables responsables, lo legalmente procedente hubiese sido solicitar la respectiva orden de aprehensión ante un juez federal, pero dadas las características del operativo, estamos ante la clara presencia de una detención arbitraria" en donde, además, a los inculpados se les arraigó durante un lapso de 90 días. Ello demuestra, además -sostuvieron las agrupaciones no gubernamentales- que en México subsiste la práctica de detener y luego investigar.

 

Chihuahua: Sólo Guerrero supera a Chihuahua en saldo de la guerra sucia. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Afadem) de Ciudad Juárez tiene reportadas a aproximadamente 700 personas perdidas en los 10 años recientes, incluyendo mujeres y hombres, además de 32 estadounidenses y 14 activistas políticos que fueron capturados a finales de los años 70. "En Guerrero el pretexto para desaparecer fue que la gente estaba involucrada con la guerrilla y en Ciudad Juárez que son parte de los cárteles de la droga, pero la coincidencia es la misma, son grupos policiacos los que levantan a la gente y nadie investiga los casos, por eso se manejan con total impunidad los escuadrones de la muerte."

 

2 de junio. Guerrero: La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó su informe anual y lo entregó a representantes de 12 embajadas en México. A continuación se reproduce parte de su contenido: “Algo que se practica de manera sistemática en Guerrero son las detenciones arbitrarias. Este acto marca el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos relacionados con la integridad personal y las garantías judiciales. Este tipo de detenciones no están respaldadas por una orden judicial; se acostumbra a detener y luego se procede a investigar. Muchas detenciones arbitrarias tienen una motivación política: se detiene a lideres o miembros de organizaciones campesinas o indígenas como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) o los del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), que por su lucha social y política son catalogados como gente que se organiza para cometer delitos. Se les criminaliza por su activismo político.”

 

“La tortura sigue siendo una práctica sistemática para las investigaciones judiciales que tiene como fin someter a la víctima y obligarla a que se declare culpable. A pesar de la normatividad internacional y el derecho interno, en Guerrero no existe el delito de tortura; por lo tanto, no se castiga a los torturadores que son un gran número de expertos que se estrenaron con los desparecidos de la guerra sucia”. Entre los casos de tortura que se mencionan en el informe están los cometidos por miembros del Ejército. En el informe se destaca que por estos crímenes “no existe ningún militar sentenciado por torturador”.

 

Las organizaciones de derechos humanos señalan que “oficialmente se maneja que el Ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos; sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe organización independiente”. En febrero y marzo de 2002 en las comunidades tlapanecas de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y Barranca Tecoani, en Ayutla, fueron violadas por miembros del Ejército las indígenas Valentina Rosendo Cantú de 17 años e Inés Fernández Ortega de 26 años.  A las dos las interrogaron sobre las personas que andan con los encapuchados y los que siembran amapola. En el documento se afirma que estas violaciones “son actos cobardes que buscan provocar la reacción violenta de las poblaciones indígenas para reprimirlos y desmovilizarlos”.

 

Oaxaca: Un contingente de al menos 300 policías estatales, de operaciones especiales y dos unidades militares con 100 soldados, proveían de vigilancia especial a la comunidad de Santiago Xochiltepec, cuando este día, se conmemora la muerte de 26 campesinos masacrados hace un año en Agua Fria. El convoy de los militares lleva consigo vehículos conocidos como hummer y su presencia pretende pasar inadvertida, aunque están demasiado cerca del pueblo, para lograrlo. 

 

3 de junio.  Pierden la vida tres mujeres indocumentadas mexicanas en su intento por llegar a EU. En Arizona, Demetria Ramírez Villegas, una indígena mixteca de 12 años y su madre fallecen en el condado de Maricopa, a causa de la deshidratación. El otro caso es el de María de los Ángeles Guerrero Rojas, una mujer  originaria de Zacatecas que pretendió cruzar el río Bravo junto con sus hijos Braulio y Priscila -de tres y nueve años de edad-, para encontrarse en Estados Unidos con su esposo, murió ahogada cuando la soltó el pollero que la cruzaba a nado.

 

Guerrero: La integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Reyna Avelino Huizache, denunció que padece de una etapa terminal de cáncer en columna e intestino, a raíz de la tortura que le hicieron agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) en 1996. Reyna Avelino perdió totalmente la vista a raíz de la tortura que le hicieron agentes de la PJE cuando fue detenida en 1996 porque demandaba al gobierno insumos agrícolas, láminas de cartón entre otras cosas y encabezó los reclamos en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas. La integrante de la OCSS dijo que necesita apoyo económico debido a que cada sesión de quimioterapia cuesta mil pesos y un frasco de cuatro pastillas para el dolor 500 pesos y no tiene ingresos debido a que su esposo está preso.

 

4 de junio. Guerrero: Luego de siete días en huelga de hambre, los tres presos políticos del penal de Chilpancingo empezaron a sentir mareos, dolores de cabeza y calambres pero no han logrado atraer la atención de las autoridades, por lo que continuarán en el ayuno.

 

Frontera: En el poblado Bay Town, situado a unos 45 minutos al este de Houston, las autoridades descubrieron los cuerpos de tres inmigrantes mexicanos que fallecieron dentro de un vagón de tren de la línea Pacific Union, luego de permanecer en su interior por tres días bajo temperaturas de extremo calor y sin ventilación.

 

Chiapas: Presionan empresas para desalojar a poblados indígenas de Montes Azules. Desarrollan proyectos ecoturísticos para "garantizar la conservación" de la selva. Los proyectos de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. en las estaciones de Chajul, Jalisco y Tzendales, con la participación de Ford Motor Company, de Conservation International, World Wildlife Fund y del Instituto de Historia Natural y Ecología, desataron una ofensiva declarativa en agosto y septiembre de 2001 para promover el desalojo, "inclusive violento" se llegó a decir, de los poblados tzotziles, tzeltales y choles ubicados en Montes Azules.

 

5 de junio. Guerrero: Familiares y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas acudieron al consulado de Estados Unidos para entregar un documento en donde piden intervención para que los gobiernos federal y estatal acaten la recomendación 49/47 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige concluir las investigaciones para el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas. El sobreviviente, Mauro Hernández Lozano, de Atoyaquillo, denunció que está siendo perseguido por presuntos paramilitares sin que deba nada. Precisó que desconocidos a bordo de un automóvil negro lo siguen y lo vigilan permanentemente.

 

6 de junio. Querétaro: La abogada Bárbara Zamora afirmó que por "capricho y revanchismo" del gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, el Zapatista Jerónimo Sánchez Sáenz sigue preso a pesar de que ha cubierto todos los requisitos para ser beneficiario de la liberación anticipada. Subrayó que su cliente tiene un amparo, pero el mandatario se niega a otorgarle la libertad.

 

7 de junio. Guerrero: La conmemoración del quinto aniversario de la masacre de El Charco se desarrolló en un ambiente de particular tensión. Primero, desde principios de año arreció la persecución y amenazas de detención y de muerte contra miembros de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, y en particular a los de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa. “Sabemos que nos están vigilando, y no sabemos para qué, entre los miembros de la Organización “sigue el temor… el temor viene de que el Ejército y la Procuraduría General de la República nos ven como enemigos, porque hemos denunciado las violaciones que cometen”, señaló el dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT), Arturo Campos Herrera.

 

Los tres presos políticos en huelga de hambre en el penal de Chilpancingo cumplieron 12 días sin tomar alimentos, para demandar que se agilice la reforma a la Ley de Amnistía para la libertad de los presos políticos y que se investiguen las masacres de Aguas Blancas, El Charco, y castigo a los responsables de las desapariciones forzadas. Los huelguistas informaron que ningún representante gubernamental ha atendido el movimiento. Miguel Ángel Mesino, Tomás de Jesús Barranco e Isabel Fernández Gómez comenzaron a sufrir dolores de cabeza, desmayos, calambres y dolores estomacales como consecuencia de la falta de alimentos.

 

Durante cinco años, la masacre de El Charco ha permanecido en la impunidad dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh). El Prodh afirma que en El Charco fueron ejecutadas 11 personas y detenidas más de 20, la mayoría indígenas que además fueron torturados por miembros del Ejército que participaron en la agresión efectuada en las instalaciones de le escuela rural Caritino Maldonado. El Prodh plantea que este caso es una expresión de que “Guerrero sigue siendo un foco de impunidad y violaciones a los derechos humanos”. Afirma que “El Charco, junto con las masacres de Aguas Blancas, la impunidad en los cientos de casos de desaparecidos durante la llamada guerra sucia, las agresiones sexuales a indígenas por parte de elementos militares y la represión a ecologistas de la sierra, son sólo algunas muestras de que se requiere una profunda reestructuración política y social en el estado, que garantice el acceso a la justicia a las víctimas y la existencia de mecanismos que combatan la impunidad e impulsen la plena vigencia de los derechos fundamentales”.

 

En nombre de las comunidades y los pueblos originarios mixtecos, tlapanecos y mestizos, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero -de la que depende la policía comunitaria que opera en cuatro municipios de la entidad- informó al relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen en una misiva que han venido prestando a sus pueblos y comunidades servicios tales como la seguridad pública en los poblados y caminos de la Montaña guerrerense, la impartición de justicia conforme a sus prácticas comunitarias "en las que realmente se observan los principios de prontitud, equidad y gratuidad, así como también la implementación de un proceso de reeducación de los detenidos acusados de cometer alguna falta o error, con base en la prestación de trabajos en favor de las comunidades". Lejos de ser reconocidos y apoyados por las instancias de gobierno, "nos han generado conflicto, enfrentamientos constantes con funcionarios de toda índole, desarme de nuestros policías comunitarias por parte del Ejército Mexicano, encarcelamiento de nuestras autoridades comunitarias que imparten justicia, instrucción de procesos judiciales contra varios de nuestros comisarios, comandantes y policías comunitarios, que sólo cumplen con los cargos que les son conferidos por sus asambleas comunitarias o por la asamblea regional de autoridades, que es nuestra máxima instancia decisoria”.

 

9 de junio. Guerrero: Dos ciudadanos de Atoyac, Francisco García Camarillo y Joaquín Pérez Domínguez, fueron detenidos el sábado por agentes de la Policía Judicial del Estado, encabezados por el comandante Salvador Castro Magno, pero ayer desaparecieron de los separos de esa corporación en Atoyac, y el comandante judicial negaba que los hubiera detenido, a pesar de que varias personas son testigos del hecho. Después de más de 24 horas desaparecidos, sin que ninguna autoridad reconociera su detención, uno de ellos, Francisco García Camarillo, fue localizado en los separos de la Procuraduría General de la República en Acapulco, donde lo remitieron acusado de portar un fusil AK-47, cuerno de chivo. El detenido tenía en el rostro huellas de golpes.

 

Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco lamenta que a cinco años de los hechos aún no se haya hecho justicia y que los responsables sigan dentro del Ejército, “y peor aún, uno de quienes encabezaron la incursión, el general Alfredo Oropeza Garnica, ex comandante de la 27 Zona Militar, graduado de la Escuela de las Américas en Fort Benning, EU, aún siga reprimiendo a los indígenas aunque ahora en la Huasteca Potosina”. Recuerda que esa mañana los soldados del Ejército mexicano que mantenían rodeada la escuela Caritino Maldonado los fueron sacando y concentraron a la mayoría en la cancha, “fue cuando desde los bordos algunos de ellos empezaron a disparar”. Recuerda, asimismo, que uno de ellos, Honorio García, se hincó, alzó los brazos y pidió perdón pero igual dispararon contra él. Dijo que cuando habían cesado los disparos, un militar le preguntó si había gente herida en el interior de las dos aulas en donde se encontraban y ella le dijo que sí pues recordó al campesino Fernando Félix herido de un pie, fue cuando el militar rodeó las dos aulas y después se escucharon disparos. Posteriormente Fernando Félix apareció en la lista de los muertos. Las 11 víctimas de la masacre son Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fidencio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala, este último estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, integrante del grupo de Zamora Pardo que alfabetizaba en esa comunidad.

 

10 de junio. Guerrero: Al cumplir ayer 14 días en huelga de hambre en el interior del penal de Chilpancingo, los tres presos políticos denunciaron que un presunto agente de inteligencia militar solicitó información del movimiento y de ellos la semana pasada.

 

11 de junio. Oaxaca: El pintor Francisco Toledo se reunió este día con Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quien entregó un informe sobre la situación jurídica de 14 zapotecos acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), sentenciados a 25 y 30 años de prisión.

 

Guerrero: En el Juzgado Segundo de Distrito, el detenido Francisco García Camarillo, acusado de portación de un AK-47, cuerno de chivo, negó el cargo, y denunció que fue detenido, desaparecido y torturado durante más de 24 horas por agentes de la Policía Judicial del Estado encabezados por el comandante Salvador Castro Magno, de Atoyac. Informó que después de su detención, el sábado 7 a las 9 de la mañana, fue inmediatamente vendado de los ojos y trasladado a un sitio desconocido,  aparentemente una casa de seguridad, donde escuchaba gritos de dolor de otros detenidos que estaban siendo torturados. Dice que los judiciales le preguntaban por un grupo armado, y el detenido los llevó a una casa donde sólo se encontraba una mujer afectada de sus facultades mentales. Los judiciales se enojaron más, y uno de ellos le quitó la venda y le dijo que conociera a quien lo iba a matar; era el comandante judicial Salvador Castro Magno, que simuló una ejecución, primero con un disparo a un costado del detenido, y después otro muy cerca de la oreja, que le reventó el tímpano. Además, señala que tiene lesiones en el cuerpo, en los brazos y pecho, donde tiene la marca de una bota.

 

12 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó la extradición a España del torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo.

 

Guerrero: Miguel Ángel Mesino, uno de los tres presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el penal de Chilpancingo desde hace 17 días, señaló que su demanda de reformas a la ley de amnistía es justa, ya que la actual, que fue producto de otra huelga de hambre anterior realizada por otros presos, “sólo benefició a personas del mismo sistema y ha sido un simulacro… porque en su artículo primero sólo contempla cuatro delitos; motín, rebelión y conspiración”. Señala que mientras no se reforma dicha ley ellos no podrán ser beneficiados, “porque en mi caso se me fabricó un delito como a muchos”.

 

Autoridades municipales del poblado de San Ignacio denunciaron que agentes de la Policía Judicial apoyados por “encapuchados” catearon casas e irrumpieron en viviendas para sacar con violencia a algunos habitantes sin mostrar órdenes de aprehensión.

 

Salvador Escobedo, uno de los instructores y ex agente del FBI que imparte el curso regional Técnicas Antisecuestros y Negociación de Rehenes a agentes de la Policía Judicial y del Ministerio Público, dijo que “aquí tienen mucho talento, tienen mucho, buenos elementos”, en referencia a los agentes en capacitación.

 

La señora Onoria Tapia Martínez, esposa del detenido Francisco García Camarillo, acusado de portación de un arma AK-47, narró cómo fue la detención, y dijo que le consta que su esposo no portaba arma alguna. Tapia Martínez detalló que la mañana del 8 de junio fue junto con su esposo y el amigo de ambos, Joaquín Pérez Domínguez –quien se encuentra desaparecido–, a la casa de éste. Agregó que los tres se encontraban en la parada del Tamarindo cuando del interior de una camioneta Windstar descendieron dos desconocidos y en el interior se quedó una mujer de cabello rubio. Añadió que tanto a su esposo y a su amigo los registraron y de allí los subieron a la camioneta. Narró que después contactó al abogado José Sánchez con quien acudieron a la comandancia y donde habló con el comandante Salvador Castro, quien le dijo molesto que no había ningún detenido. Dijo que al hacerle ver que afuera de la comandancia se encontraba la camioneta donde los desconocidos se llevaron a su esposo, el comandante la corrió del lugar.

 

Oaxaca: Por órdenes del gobernador José Murat se desalojó violentamente en la ciudad de Oaxaca a los trabajadores que demandaban la libertad del dirigente de burócratas Oliverio Neri, solución a las demandas de comunidades indígenas y cese a las agresiones a Raúl Gatica -del Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM)-. El desalojo dejó un saldo de 21 desaparecidos, 21 heridos, cuatro de ellos de gravedad y cuatro detenidos, cuya excarcelación también demandan.

 

13 de junio. Guerrero: Poco tienen en común los seis detenidos en Tecoanapa y Ayutla por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), acusados del secuestro del ganadero Miguel Flores y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Quizás en lo que más se parecen es en que son de edad adulta, tres de 70 años o más, y están enfermos, de diabetes, hipertensión, nervios y del corazón. En la averiguación donde aparecen como responsables, se encuentran situaciones que los familiares califican de absurdas, como la acusación a un ciudadano de Tecoanapa, Jesús Jiménez Ramos, que había muerto diez meses antes de que se cometiera el delito, o la presentación de Inés Jiménez Silva, de 80 años, como el dirigente del grupo guerrillero.

 

14 de junio. Guerrero: Si denuncia lo que pasó, le vamos a quitar a sus niñas, amenazaron los de la AFI. Catalina Antonio Palma, vecina de esta localidad del municipio de San Marcos, esposa del campesino Eudocio Suástegui García, uno de los seis detenidos, tiene miedo a denunciar los atropellos que cometieron policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). “Los que vinieron me dijeron que no fuera a derechos humanos y que no denunciara nada si alguien venía a investigar, me dijeron: si dice algo le va a ir muy mal, le vamos a quitar a sus niñas y a ver qué hacemos con usted”. Es una de las afectadas por las operaciones de la AFI de la mañana del 21 de mayo, cuando más de 50 policías irrumpieron en diez casas de cinco localidades de la Costa Chica, de las que se llevaron detenidos a seis jefes de familia. Actuaron con violencia, aterrorizaron a las familias, encañonaron a mujeres y golpearon a un niño, y se llevaron dinero, alhajas, armas de fuego y documentos.

 

En Tecoanapa, en la casa del detenido Inés Jiménez, su hijo Adalberto Jiménez se queja de que la Procuraduría General de la República sacó en la televisión a los detenidos como si fueran delincuentes, pero no habló de la violencia con la que actuaron los policías federales el 21 de mayo. “A mí me tenían tirado en el piso, encañonado, se pararon encima de mí, y me tomaban fotos, ¿y por qué esa foto no aparece en la televisión? Dice cómo entraron los policías que se llevaron a su papá, Inés Jiménez, el mayor de los seis detenidos, de 80 años. “Llegaron golpeando la puerta, sin hablar, sin decir quiénes eran, no se identificaron. Traían una especie de marro para golpear la puerta de afuera y la abrieron a golpes. Entraron los policías con prepotencia, el comandante que venía al mando me puso la pistola en la cabeza. A mi sobrino, Pedro Jiménez Tabares, que tiene 13 años, lo tiraron al piso. Nos tiraron, se nos pararon encima, entonces el niño levantó la cabeza y uno de los elementos le pegó en la cabeza con el arma que traía, el niño perdió el conocimiento. Nos pararon, nos esposaron, el comandante me dio un golpe en la cabeza por atrás, me pusieron de frente a la pared, ahí me tuvieron esposado. A mi papá lo tuvieron ahí a un lado, él padece de la presión, los nervios y la azúcar, inmediatamente a él se le subió la presión por el susto. Se puso muy mal”.

 

15 de junio. El 12 de junio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México votó a favor de la resolución 1422 que da inmunidad en la Corte Penal Internacional a soldados estadounidenses que participen en “operaciones de paz”.

 

Guerrero: El relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen resumió sus actividades en nuestro país: "he estado desde Chihuahua a Chiapas y ahora Guerrero. En diferentes partes hay problemas distintos y en todas partes hay quejas y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de algún tipo y otro tanto de violaciones colectivas, todo esto lo estoy recogiendo. He escuchado muchas preocupaciones sobre abusos de derechos humanos, vinculados a conflictos agrarios, en todo el país hay esas situaciones. Una de las recomendaciones va a ser que se le dé atención a los llamados focos rojos para irlos resolviendo, en otras partes que se creen las instancias para mesas de diálogo para resolver conflictos y problemas que tienen mucho tiempo, no son de ayer, ni de anteayer, son de muchos años". Reconoció que en México la situación de los pueblos indígenas "es grave, es seria; en términos generales podemos decir que hay violaciones generalizadas de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, que se expresan de diferente manera y que requieren de atención urgente".

 

16 de junio.  Guerrero: Desde que entraron los judiciales el 10 y 11 de junio en busca de los secuestradores del ganadero de Pantla, los habitantes de San Ignacio no salen de sus casas por temor, y piden que se respeten sus derechos. Pidieron que se investiguen las arbitrariedades, los golpes, las torturas y los robos en contra de la gente del poblado en la presunta búsqueda de secuestradores. Las casas estaban cerradas a raíz de las incursiones de los judiciales y la gente está indignada. Muy cerca del caserío está asentado un campamento de militares.

 

18 de junio. Frontera: En los pasados cinco días fueron encontrados los cuerpos de tres inmigrantes mexicanos que fallecieron por deshidratación el corredor Naco-Douglas, donde se registran temperaturas que rebasan los 45 grados centígrados.

 

Guerrero: Unas 200 personas del FODEG y de la OPCG arribaron al Congreso local con familiares de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el Cereso de Chilpancingo. Demandaban a los diputados una audiencia para reformar el artículo primero de la Ley de Amnistía y beneficiar a sus familiares que se encuentran recluidos en los penales de Chilpancingo y Acapulco por cuestiones políticas y de conciencia.

 

19 de junio. Guerrero: Dirigentes de organizaciones sociales y de organismos no gubernamentales de derechos humanos se reunieron con los tres presos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde hace 23 días, para solidarizarse con su movimiento. “Ellos realmente se encuentran ya muy mal, se han sentido muy mareados en los últimos días y ya tienen diarrea, yo los había visitado anteriormente y ahora ya se ven muy delgados… lo que tenemos que hacer es presionar a las autoridades para que en un momento dado ya resuelvan el asunto, ya que a todas luces están presos pero por delitos que no cometieron”.

 

El experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Díaz Romero, dio a conocer el informe elaborado sobre la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, en el que manifiesta que resulta altamente preocupante el estado que guarda este caso, afirma que hay deficiencias en varias pruebas importantes, que las investigaciones en Guerrero no se hicieron adecuadamente, y que el Ejército no proporcionó la información que le fue requerida.

 

Al menos 14 de los 31 señalados por la Procuraduría General República como narcotraficantes, homicidas, secuestradores y ladrones de autos, antes de formar parte del cártel del Golfo se desempeñaron en los llamados Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), cuerpo de elite del Ejército Mexicano en el cual la mayoría de sus integrantes fueron adiestrados en Estados Unidos.

 

21 de junio. Guerrero: Por problemas serios de salud a consecuencia la huelga de hambre de 25 días, la integrante del Colectivo de Presos Políticos de Chilpancingo, Isabel Fernández Gómez, suspendió su ayuno, mientras que continúan los otros dos huelguistas, Miguel Ángel Mesino y Tomás de Jesús Barranco.

 

22 de junio. Chiapas: Pobladores del ejido Emiliano Zapata, municipio de Tila, denunciaron hoy agresiones a tiros sobre la comunidad, así como hostigamiento sexual a las jóvenes indígenas, por elementos del Ejército federal.

 

23 de junio. En México al menos 290 personas han sido sujetas a procesos penales mediante la "fabricación de delitos" debido a diferencias ideológicas o étnicas, según consta en una investigación documentada que realizó la Liga Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh). El escrito refiere que en la mayoría de los casos de "presos políticos y de conciencia", sus procesos jurídicos se encuentran "plagados de irregularidades", tales como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y traslados a cárceles clandestinas. Agrega que la mayoría de ellos se encuentran recluidos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Además, indica que gran parte de los reclusos son de origen indígena o pertenecen a alguna organización civil o política antagónica al gobierno estatal donde se encuentran presos. Asimismo, señala que en materia de derechos humanos persisten actos de impunidad debido a que "cientos de mexicanos considerados 'presos o perseguidos políticos' han sufrido torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y traslados a cárceles clandestinas, además de que esta realidad coexiste con una persistente militarización en varias entidades".

 

Guerrero: Más de 300 vecinos de Tecoanapa marcharon por la ciudad con mantas y pancartas para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) la libertad de Concepción Ramírez Ramírez, de 70 años, e Inés Jiménez Silva, de 80, dos de los seis arraigados actualmente en la ciudad de México.  No sólo estos seis fueron afectados por las operaciones de la AFI del 21 de mayo.   El 21 de mayo, el transportista Efigenio Gallardo Ramírez, de 44 años, estaba afuera de su casa, echando a andar su vehículo para empezar a trabajar, cuando a las 6:40 vio que llegaban muchos policías federales. Impresionado por lo aparatoso de la operación, trató de meterse a su casa, pero unos agentes se lo impidieron, cortaron cartucho, lo encañonaron y lo pusieron contra la pared, mientras 15 agentes entraron a catear su casa sin ninguna orden, “en forma salvaje”. “Me golpearon en la cabeza, los pies y la espalda. Me pedían las armas. Como 15 se metieron a mi casa, violaron la puerta, no tenían orden de cateo. Con las armas levantaron a mi mujer, a mis tres niñas y una muchacha, les apuntaban con las armas y les decían que se pararan. Todas gritaban, lloraban. Y a mí no me dejaban entrar a ayudarlas, me tenían encañonado contra la pared, en la calle”. “Salió el profe Lencho y trató de ayudarme, pero no lo dejaron, le dijeron con palabras groseras que se callara, que si no le iba a ir mal”. “Yo les pregunté a quién buscan, de qué se me acusa, y me golpearon y me dijeron que me callara. Cuando trataba de voltear me golpeaban”. Cuando los policías terminaron el cateo en su casa, y no encontraron las armas que buscaban, le pidieron a Efigenio Gallardo su identificación; él la mostró y les dijo que él renta esa vivienda, que no es de su propiedad. Uno de los policías dijo: “Ya la regamos”, y sin más explicaciones se fueron a catear otras casas.

 

Yucatán: La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) investiga la detención y presunta tortura del activista Hernán Novelo Sosa, representante de la organización Unión Lésbica Gay (ULG) en la entidad. Novelo Sosa fue detenido la semana pasada por elementos de la Agencia Federal de Investigación bajo la supuesta acusación de tráfico de enervantes. El defensor de los derechos humanos en Yucatán fue remitido a instalaciones de la PGR, donde presuntamente fue torturado y posteriormente procesado penalmente, no obstante que los policías no mostraron pruebas sobre el tráfico de drogas.

 

24 de junio. Oaxaca: La marcha Caminata por la dignidad y la esperanza de los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec arribó a la ciudad de Oaxaca e instaló un plantón frente al Congreso estatal. Al mediodía cuatro de los dirigentes del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) y de la Coordinadora de Defensa de los Pueblos-Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (CDP-COCEI), así como dos reos indígenas del CCU en Tehuantepec, iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de tres presos políticos del CCU.

 

25 de junio. Guerrero: El fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, denunció que a dos días de que se conmemore el octavo aniversario de la masacre de Aguas Blancas “hay mucho Ejército por los caminos”. Guzmán Martínez señaló que además del Ejército hacen rondines patrullas de la Policía Judicial del Estado y Federal, quienes se coordinan con los militares. En una conferencia de prensa, Guzmán Martínez señaló que los habitantes están siendo hostigados. Luego manifestó que por ejemplo en el camino a San Juan de las Flores, en la sierra de Atoyac, los militares tiene un campamento. Allí, a los campesinos les piden identificación y sacan una lista para ver de quién se trata. Además preguntan a qué van, de qué familia son, a quién van a visitar, a qué horas van a regresar y cuál es el objetivo de la visita. Consideró que estas son acciones de hostigamiento, ante la cercanía del aniversario de la masacre.

 

26 de junio. Oaxaca: Este mediodía se cumplieron 48 horas de la huelga de hambre iniciada el pasado día 23 por dirigentes del CCU y de la CDP-COCEI.

 

27 de junio. Guerrero: Dos presos en Acapulco, sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, Joviel Rafael Ventura y Gerónimo Hernández Refugio, exigieron al gobierno federal y estatal castigo para los responsables de la muerte de 17 campesinos el 28 de junio de 1995. Rafael Ventura, quien se encuentra desde 1998 acusado de participar en el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y en secuestros y emboscadas, manifestó que a ocho años de la emboscada a los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ordenada por el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, no ha habido justicia. Manifestó que quienes vivieron en carne propia ese desagradable momento y que sobrevivieron levantan enérgicamente la voz para exigir justicia y que el crimen no quede impune y se castiguen a los culpables. El sobreviviente de Aguas Blancas recordó que la mañana del 28 de junio 1995 estuvieron presentes funcionarios de primer nivel del gobierno de ese entonces como el ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy y el director de la Policía Motorizada, mayor Manuel Moreno González. Dice que en el vado de Aguas Blancas estuvieron cerca de 500 elementos de la fuerza pública de la motorizada y judiciales, y que también de esa masacre es culpable el actual senador, Héctor Vicario Castrejón. Los sobrevivientes se preguntan por qué no se ha castigado a quien dio la orden de llevar a cabo ese “proyecto criminal” y que saben fue Rubén Figueroa Alcocer; por qué siguen libres Gustavo Olea Godoy y Rubén Robles Catalán; por qué no se castiga a los autores intelectuales de la masacre, además de por qué no están presos los mandos policiacos que dieron la orden de disparar.

 

28 de junio. Guerrero: Los presos políticos en Chilpancingo, Tomás de Jesús Barranco y Miguel Ángel Mesino cumplen 33 días en huelga de hambre.

 

Chiapas: De manera que pareciera "azarosa", rebrotan los controles militares, policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) van por delante en los nuevos puestos de revisión, en los retenes se presentan como militares. Los agentes de la AFI bajan a los pasajeros de sus vehículos para interrogarlos.

 

29 de junio. "¡Asesino! ¡Asesino!", fue el coro que acompañó al torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, desde que apareció en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), en el camino que lo llevó a España para ser juzgado tras casi tres años de permanencia en México por las acusaciones de genocidio y terrorismo. Las mantas se alzaron con un pregón que se repitió antes de abordar el avión: "No perdonamos, tampoco olvidamos; sólo queremos justicia", fue el grito de sus víctimas y los descendientes de éstas.

 

Guerrero: Más de 2 mil personas de diversas organizaciones sociales marcharon desde las afueras de Coyuca hasta el vado de Aguas Blancas, donde hace ocho años, más de 400 policías del estado detuvieron a balazos el camión en que decenas de campesinos se dirigían a Atoyac para participar en una marcha, con un saldo de 17 muertos y 23 heridos. El fundador de la OCSS, Benigno Guzmán, ex preso político acusado de ser el dirigente del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cabeza de un grueso contingente dijo: "con nuestra presencia en este lugar estamos exigiendo justicia".  Añadió, “muchos compañeros murieron con el nombre de la OCSS, y tenemos también compañeros desaparecidos, como Gilberto Romero Vázquez y Benito Bahena Maldonado, desaparecidos el 20 de junio de l997 y hasta ahora no sabemos nada de ellos".

 

 

Poesía

 

Me Engañaba

 

Creí sufrir

creí vivir
creí gozar
creí amar...
me engañaba.

Amé
sin volverme fuego.
fui feliz
sin levantar el vuelo
sufrí
sin morir por dentro

¿Sentir? ¿Amar?...
me engañaba.

Sólo hoy
que morí por dentro
al verte sufrir a ti.
Que al verte vivo,
viví.

Sólo hoy
que lloré
vertiendo el alma.
Que sorbí tu savia
con mis labios.

Sólo hoy
que no estás aquí
pero que estás conmigo.
Que morí contigo
que renacimos
tú en mí
yo en ti
que somos uno.

Sólo hoy
que toqué tu alma
con mi alma
tu dolor
con mi dolor

Sólo hoy sé:
lo que es sufrir
lo que es vivir
lo que es gozar
lo que es amar.

 


- Gloria Arenas Agis

abril del 2000

 

 

Eventos del Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México:

 

Domingo 22 de Junio - 4to Festival de la Poesía Latinoamericana

Leonor Arenas, integrante del Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México, e hija de los presos políticos Gloria Arenas y Jacobo Silva, participo en el festival declamando el poema “Me Engañaba” escrito por su madre y el poema “Sin embargo” escrito por su padre, los dos poemas fueron escritos en prisión.  El  Festival de la Poesía Latinoamericana es organizado por el programa de radio hispano Latino Soy, este festival da espacio a poetas latinos de declamar sus poemas a la comunidad latina en Vancouver. Una regla del Festival es que los participantes deben leer sus propios poemas, sin embargo los organizadores del Festival aceptaron la participación de Leonor presentando poemas de sus padres presos políticos, en el evento se tuvo que hacer creer que ella era la autora de los poemas y la verdad fue aclarada después de su presentación, el organizador del evento Eduardo Olivares manifestó que se mintió sobre la autoría de los poemas con el propósito de no ser cómplices acallando la voz de los presos políticos. En el festival de poesía hubo doce participantes de diferentes puntos de Latinoamérica.

 

Jueves 26 de junio - Washington, DC, Día Internacional de Acción Contra la Tortura

Eva Urrutia, miembra de HIJOS, quien participó en la conferencia anual de sobrevivientes de tortura, organizada por la organización Torture Abolition and Survivors’ Support Coalition, exhibió las pinturas “Lesa Humanidad” y “El Cristo del Pie” del preso político mexicano Jacobo Silva Nogales.

 

Viernes 27 de junio - Café Rebelde

Entre música, discusión política, comida y arte, se mantuvieron prendidas 17 veladoras en honor a los 17 compañeros masacrados en el Vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. ¡Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados!

 

Domingo 29 de junio - Videoproyección en Video In

El Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México participó en una videoproyección enfocada al activismo político, la resistencia popular y las telecomunicaciones como herramienta de denuncia, el cual se llevó acabo en los estudios “Video In” de Vancouver.  Participaron en este evento las organizaciones, Environmental Youth Alliance, Global Justice, ICTV, SFPIRG-Gradicals y otras.  Se compartieron las experiencias de nuestro grupo en la producción del documental “Hambre de Justicia” y se discutieron los problemas que enfrentan las organizaciones de base para tener acceso a la tecnología de video-producción y para hacer los resultados accesibles a las masas.  Se habló también de los paralelos que existen en la resistencia popular en Europa, Norteamérica y América Latina.  Al concluir el evento, se anunciaron las actividades organizativas que se están promoviendo para preparar la 2da Conferencia Internacional de la Juventud Indígena.

 

 

Miércoles 2 de julio - Justicia Negada –La Lucha de los Presos Políticos de México a Palestina.

Emiliano Velasco y Leonor Arenas del GFAPPM hablaron sobre la situación actual de los presos políticos en México, partiendo desde la visión socioeconómica de miseria y marginación que perméa en la sociedad mexicana.  Se trató de proveer el contexto político y social en el que se da la criminalización de la lucha social en México.  También participaron en el evento Hanan Elmasu de Adameer quien habló de los 5000 presos políticos palestinos en cárceles de Israel.   Denunció también la serie de regulaciones militares impuestas por Israel al pueblo Palestino las cuales tienen como objetivo criminalizar la existencia del pueblo ocupado.  Dennis Easter habló sobre el caso de Leonard Peltier, indígena militante del American Indian Movement, preso político en los EEUU.  Dos indígenas que acudieron al evento, hicieron notar la existencia de presos políticos en BC y las políticas sistemáticas de exterminio llevadas a cabo por el gobierno Canadiense.  Hablaron también sobre la unidad de la resistencia indígena-americana.

 

Sábado 19 de julio - Entrevista en la radio cooperativa de Vancouver, CFRO 102.7 FM.

Integrantes del GFAPPM, Leonor Arenas y Erika Fuchs hablan sobre la situación de los presos políticos en México en el programa radial América Latina Al Día.

 

 

Próximos Eventos del GFAPPM:

 

Domingo 10 de agosto: EL GFAPPM participará en el festival anual de cultura y lucha de clase “Under the Volcano” el cual se llevará a cabo en el parque Cates de North Vancouver.

 

18 de septiembre al 2 de octubre: Exhibición de pinturas hechas desde la cárcel por el preso político Jacobo Silva Nogales, en la Universidad Autónoma de Chapingo (este evento es en México).

 

 

Escribanos a:

gfappm2@yahoo.ca

 

O a:

GFAPPM

356-65 W. Cordova Street

Vancouver, BC V6B 8P6

Canadá.



A la voz que se alza sobre la indiferencia, a la rebeldia que niega la mentira afectada, la injusticia impartida, a los hombre y mujeres que siembran  esperanza, al canto, a la flor, a los corazones y las manos que no se venden, a quienes dan sentido a su vida construyendo un mundo con sentido va mi saludo de hermana y mi reconocimiento más profundo.

Gloria Arenas Agis, presa de conciencia mexicana

www.mexprisoners.com