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Guerrero: un estado violento

   (Primera parte)*

 Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

 En la última década del siglo XX y en lo que va de esta nueva centuria, el estado de Guerrero sigue apareciendo a nivel nacional como uno de los escenarios privilegiados de la violencia. De acuerdo a la información del INEGI, entre los años 1990 y 1998 la tasa media de homicidios por cada cien mil habitantes fue del 49.4. Las muertes por agresión se encuentran entre las primeras causas de muerte en el estado.

Los municipios de Atoyac de Alvarez, Coyuca de Catalán, Ayutla, Teloloapan, Tlapa, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Tecpan de Galeana cuentan con los índices de denuncias por homicidio más altos. Se trata de municipios eminentemente rurales donde ha aflorado la violencia a causa de la militarización, el narcotráfico, y los conflictos políticos, agrarios y forestales.

El 24 de noviembre de 1998, el entonces procurador de Justicia del estado, Servando Alanís, declaró sin desparpajo que “en los 32 meses que Guerrero ha sido gobernado por el licenciado Ángel Aguirre Rivero, han muerto de manera violenta cuatro guerrerenses al día promedio, llegando a un saldo de unos 4 mil asesinatos en la presente administración”.

Un informe reciente de la misma Procuraduría revela que en el primer trienio del gobierno de René Juárez Cisneros se han cometido 3 mil 179 homicidios con armas de fuego, armas blancas y con otro tipo de objetos. Solamente en el 2002 se registraron mil 35 homicidios dolosos, siendo Acapulco el que ocupa el primer lugar en índices delictivos. El segundo lugar lo tiene el distrito de Bravo que comprende los municipios de la región Centro, como Chilpancingo, Tlacotepec, Chichihualco, Zumpango de Neri, Mochitlán, Quechultenango y Tixtla. A modo de recapitulación, la Procuraduría informa que en los tres primeros años de la presente administración se han cometido 101 homicidios por mes, es decir, cuatro homicidios por día.

Junto a estas estadísticas de la violencia institucionalizada, tenemos las estadísticas de la violencia estructural: Coicoyán de las Flores, Oaxaca, que se encuentra en el corazón de las tres mixtecas y que colinda con nuestra Montaña, es el municipio más pobre del país; Metlatónoc ocupa el segundo lugar; y los municipios de Acatepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Alcozauca, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Malinaltepec y Atlamajalcingo del Monte se ubican dentro de los 100 municipios más pobres a nivel nacional y dentro de los 30 municipios del estado catalogados como de muy alta marginalidad. Es una región donde se concentra la mayoría de la población indígena de la entidad que asciende a 424 mil 375 habitantes, siendo el 13.78% de la población total del estado.

La geografía de la pobreza extrema está invadida por el cáncer del narcotráfico. De acuerdo a los informes de la Procuraduría General de la República publicados, desde 1996 la región de La Montaña ha ocupado el primer lugar en producción de amapola. En ese año Guerrero produjo el 22.63% de la producción nacional de amapola y mariguana. Desde 1978 aparece registrado este problema en los discursos gubernamentales. En su tercer informe de gobierno, Rubén Figueroa Figueroa comenta que “la 27ª y la 35ª zonas militares han continuado su labor de campaña contra el tráfico de drogas, la portación de armas prohibidas, el abigeo y otros actos delictivos contra los cuales es requerida constantemente su colaboración”.

La grave crisis del campo ha tenido repercusiones sociales muy importantes. Entre 1990 y 1999 la población económicamente activa agrícola ha bajado de 36% del total a 27.4%. Este desplazamiento de mano de obra ha tenido como destino la economía informal en las ciudades turísticas como Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Vallarta; las cosechas de copra y café en la Costa Grande, y sobre todo la emigración temporal hacia los campos de Morelos, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California Norte, o directamente a las ciudades de Nueva York y Los Angeles en Estados Unidos. En este contexto, el cultivo de ilícitos aparece como una opción económica que pone en alto riesgo la vida y la tranquilidad de los indígenas y campesinos. El narcotráfico, junto con las remesas que regularmente llegan de los jóvenes migrantes de Estados Unidos, se ha transformado en el principal soporte económico que amortigua la grave crisis del campo guerrerense.

La violencia y el discurso

gubernamental

A pesar del alto grado de conflictividad en el estado, su impacto a nivel nacional es proporcionalmente mucho menor a las consecuencias devastadoras que en términos de saldos humanos genera. Ni antes ni ahora, el conflicto político-militar en Guerrero ha adquirido el nivel político que logró el conflicto chiapaneco. Se hace patente que ni la magnitud ni la intensidad de la violencia, que son factores de inestabilidad, forman parte de los indicadores más importantes para calibrar la crisis de un régimen. Prevalece más bien la máxima caciquil que “en Guerrero no pasa nada” y sigue predominando la explicación mítica de la “cultura violenta” del guerrerense, como mecanismos evasores de la realidad que buscan descontextualizar las causas de la violencia y evadir las responsabilidades históricas de quienes han hecho del estado un botín.

Una de las características principales del discurso gubernamental con respecto a la violencia política es que ésta se constituye como una realidad negada. Lo que dice la autoridad, eso es. En el fondo lo que se busca es el control de todas las estructuras del poder político. En esta lógica uno de los objetivos del discurso gubernamental es criminalizar la política, despersonalizar a los sujetos políticos y sociales para convertirlos en instrumento de hegemonía: se trata de estigmatizar a las personas que cuestionan la realidad oficial.

Actualmente el neoliberalismo ha sustituido el concepto de enemigo o adversario político por el de transgresor, delincuente o terrorista, excluyendo de sus consideraciones toda implicación política a quienes realizan actividades “ilegales” dentro del estado. La reorganización de la seguridad pública tiende a suprimir del vocabulario (y de la conciencia misma) toda referencia a la existencia de alternativas legítimas a la razón de Estado, orientada a la conservación del orden.

Esta deplorable realidad además de atentar contra los derechos humanos de los mexicanos, trastoca los principios de la política exterior de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos, que son los que le dieron identidad y fortaleza a nuestra nación. Ahora presenciamos el derrumbe de estos postulados progresistas, para dar paso a la recepción de ayuda militar norteamericana, a privilegiar el entrenamiento y la formación militar en la escuela de las Américas, en Panamá, Guatemala e Israel, a aceptar el financiamiento del gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y a firmar tratados comerciales que pone en bandeja de oro toda la riqueza de los mexicanos al gran capital trasnacional.

El nuevo “orden democrático” impone la creencia de que es al Estado a quien le corresponde el monopolio total y definitivo del uso de la violencia. Para el Estado neoliberal existe una plena correspondencia entre el Estado y la sociedad. Esto permite trasladar a la oposición político-militar al ámbito de la delincuencia, como transgresora de la ley. Para el discurso dominante la política se define a partir de la legalidad monopolizada por el Estado, y lo que no es legal deja de ser acto político y se transforma en un acto criminal.

El discurso gubernamental de manera recurrente justifica el empleo de la fuerza para restablecer el orden. “Aplicaremos todo el peso de la ley y procederemos conforme lo dicten las leyes” son expresiones que hablan de un gobierno obsesionado en castigar el incumplimiento de la norma legal. Se trata de un discurso con una fuerte dosis belicista, ya que el establecimiento de la paz depende del triunfo militar sobre los enemigos del orden. De esta manera se elabora discursivamente el principio de la eficacia del recurso de la violencia, que justifica la degradación del enemigo, su sometimiento, su detención ilegal, la tortura, el asesinato y hasta la desaparición.

|La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el chivo expiatorio de la estrategia de la política exterior estadounidense, que ha sido la punta de lanza para influir en la implementación de reformas penales más duras, que restringen las libertades fundamentales al interior de los estados nacionales.

La ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en el gobierno de Ernesto Zedillo el 7 de noviembre de 1996, es producto de este nuevo diseño jurídico y de esta tendencia pacifista-belicista de confundir el orden con los intereses de un régimen o de una clase social. Esta ley secundaria es anticonstitucional porque pone en entredicho las garantías individuales; sin embargo para la Procuraduría General de la República, resulta ser un gran avance en su lucha contra el crimen organizado. Esta ley en su artículo dos dice que “cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos (como terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos), serán sancionados por ese sólo hecho como miembros de la delincuencia organizada”. Se busca encuadrar las actividades políticas disidentes a la categoría de terrorismo, catalogándolo y rebajándolo a un comportamiento estrictamente delincuencial.

A nivel federal y estatal las autoridades, a través de sus diferentes órganos y aparatos de seguridad pública, aumentan su cobertura de acción legal en prejuicio de la ciudadanía con la justificación de la lucha contra la delincuencia. Se acota el espacio de la política al terreno de lo legal, más allá del cual sólo se encuentra el espacio de la transgresión y la delincuencia, y se le concede un mayor espacio político a las fuerzas armadas.

En el programa de Desarrollo del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana se observan claramente las líneas generales sobre la restructuración de la institución castrense iniciada en 1995: se busca “la organización de las fuerzas armadas en pequeños comandos altamente sofisticados, con gran movilidad, precisión y eficacia, conformación de un eficiente sistema de inteligencia militar, establecimiento de las bases para la creación de un órgano unificado que coordine las acciones de la fuerza aérea, la marina y el Ejército; realización de operaciones conjuntas con la armada de México, desarrollo de la fuerza aérea, proveyéndola de nuevo equipo; adquisición de armamento moderno; revolución tecnológica e informática dentro de las fuerzas armadas; creación de escuadrones de fuerzas especiales en cada región, con particular énfasis en Chiapas y Guerrero, dotados de equipo y armamento sofisticados; incorporación de civiles en la nómina del Ejército y redefinición radical del concepto de seguridad nacional”. (Jesús Nequis citado por Larraitz, 2000).

A todo esto hay que añadir el aumento del presupuesto militar y del personal, redistribución de las fuerzas del Ejército sobre el terreno y asunción de funciones de carácter policíaco. Son cambios realizados para responder a dos problemas de carácter estratégico: la insurgencia y el narcotráfico.

 *Tomado del noveno informe de labores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, titulado La Montaña de Guerrero: entre las entrañas de la impunidad y el olvido, que fue presentado el 14 de junio, en Tlapa