* Solicitan ayuda a la Codehum, Tlachinollan, la Sedesol y Seder

 Denuncian la violencia de paramilitares en la región me’phaa y piden justicia

 * El sobreviviente de la emboscada del 4 de julio, Ricardo Eugenio Rufina, padre de tres jóvenes asesinados y esposo de la mujer, dijo: “Que en La Unificada tienen contacto con los militares, que los militares vienen protegiendo a esa gente, que ayer los guachos estuvieron con ellos”  

Maribel Gutiérrez, Barranca de Guadalupe * Después de la ejecución de cuatro personas de una familia el 4 de julio, habitantes de esta comunidad indígena me’phaa viven con el temor de que regrese la violencia, que atribuyen a un grupo paramlitar que tiene su sede en la comunidad vecina de La Unificada, que actúa protegido por el Ejército.

El terror que les causó ver tirados en un camino los cuerpos de los dos jóvenes muertos con la cabeza deshecha por tiros de gracia, y cerca de ellos los de su hermana y su mamá, los hizo perder la confianza de vivir en su propia comunidad.

Los miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, que en los últimos cuatro años han denunciado la represión del Ejército, temen que la violencia se generalice y afecte a todos, sean o no parte de la Organización.

Piensan que las ejecuciones del 4 de julio son un caso extremo de violencia, pues alcanzaron también a dos mujeres: la señora Fausta Neri Evaristo, de 48 años, y su hija Marcelina Eugenio Neri, de 23, que iban acompañando a los probables destinatarios directos de las balas, Eugenio Eugenio Neri, de 18 años, y Antonino Eugenio Neri, de 20 años.

Dicen que todo indica que las ejecuciones fueron planeadas y hechas por hombres bien entrenados para matar, porque después de disparar con armas largas a distancia, al parecer escopetas y AR-15, se acercaron a los cuerpos de los jóvenes para darles el tiro de gracia, y se llevaron del lugar casi todos los casquillos percutidos, para borrar evidencias del tipo de armas que utilizaron.

Según el testigo, Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas, en la emboscada participaron unos 12 hombres, de los que él reconoció a dos líderes de La Unificada, el comisario, Miguel Rendón Luciano, que fue detenido pero inexplicablemente lo liberaron, y su hermano, Doroteo Rendón Luciano, que sigue preso en la cárcel de Ayutla.

La recuperación de la confianza tras la violencia que se dio en los últimos días, es uno de los propósitos de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (Kambaxo Xuaji Guini Me’phaa), dijo el presidente de esa organización, Cuauhtémoc Ramírez, quien presidió la asamblea junto al representante de Barranca Bejuco, Ezequiel Sierra Morales.

Por eso, la Organización invitó al coordinador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije, al director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) estatal.

Con ellos, en la comisaría de Barranca de Guadalupe, este lunes 21, se reunieron hombres y mujeres de esta comunidad, así como de Barranca Tecoani, Barranca Bejuco y de Caxitepec.

A los campesinos me’phaa les interesaba, sobre todo, denunciar el hostigamiento, la persecución, las amenazas de muerte, la violencia, y el temor porque se generalice la violencia de actos como las ejecuciones del 4 de julio.

Pero también les interesaba denunciar la pobreza y abandono en que viven, porque hasta esta comunidad y Barranca Tecoani, en medio de las montañas, aisladas de la cabecera municipal de Ayutla por una carrereta con frecuencia intransitable, no llegan los porgramas asistenciales del gobierno ni las obras públicas, y tampoco a Caxitepec y Barranca Bejuco que pertenecen al municipio de Acatepec, pero están tan lejos y aislados de la cabecera municipal que para llegar tardan 12 horas caminando.

Para eso, pidieron ayuda a los visitantes, aunque ya un poco incrédulos, porque desde el año pasado presentaron 20 proyectos productivos para solicitar financiamiento, y ninguno ha tenido respuesta.

En la reunión, los enviados de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Omar Vielma, y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Carlos Partida, dieron a conocer los programas de ayuda gubernamental que pueden llegar a esta zona.

Rodeados por tropas del Ejército

Aún con la presencia de los funcionarios y defensores de derechos humanos, los pobladores de Barranca de Guadalupe y los visitantes de las tres comunidades se veían temerosos, y con insistencia informaron que en el momento de la reunión, el lugar estaba rodeado por soldados, que unas horas antes se acercaron al pueblo y se ocultaron en los alrededores para vigilar la asamblea.

Informaron que los soldados tienen su campamento a unos 300 metros de la comunidad, en el crucero que va a El Camalote, y desde ahí se trasladan a vigilar Barranca de Guadalupe, en la que desde 1999 hay persecución militar contra campesinos a quienes acusan de pertenecer a grupos guerrilleros.

También, señalaron que desde ese campamento, los militares, o guachos como aquí les llaman, se trasladan a la comunidad de La Unificada, la más cercana, que formaron hace cuatro años campesinos que son acusados por la Organización de pertenecer a un grupo paramilitar, que vivían en Barranca de Guadalupe y que se opusieron a la visita de cuatro zapatistas del EZLN, que vinieron como parte de la consulta nacional por los derechos indígenas, en marzo de 1999.

Pide investigar a militares y paramilitares

Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, es papá y esposo de los cuatro muertos.

El 4 de julio como a las 2 de la tarde él iba con ellos, de regreso de su parcela a su casa, caminando por una vereda, cuando fueron emboscados. El es el único sobreviviente y testigo directo.

En la reunión, narró con detalle los hechos en idioma me’phaa, y pidió ayuda a los visitantes para que se haga justicia y se castigue a los culpables.

En particular, pidió que se investigue como presuntos participantes en los asesinatos a hombres de La Unificada que trabajan en el Ejército: Onésimo Rendón Cornelio, que trabaja en el 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, y sus hermanos Ignacio y Daniel Rendón Cornelio, que son soldados del Ejército.

También pide que se investigue al comisario de La Unificada, Miguel Rendón Luciano, y a dos policías comunitarios del comisario de la Unificada, Eleuterio Sánchez Sierra y Fausto Francisco Sabino.

Relató los antecedentes de los crímenes del 4 de julio, que se encuentran en un conflicto con gente de La Unificada.

Dijo que el 13 de junio, cuando su hijo Eugenio estaba trabajando en la construcción de la iglesia, vinieron cuatro policías comunitarios de La Unificada, se lo querían llevar para hacerle preguntas. El dijo que no se iba a ir solo, sino acompañado de su papá, pero le dijeron que no, que tenía que ir en ese momento a declarar lo que había hecho.

Entonces le dispararon a Eugenio pero no le dieron, le dieron a la falda de su mamá y a una mata de plátano, el que disparó se llama Eleuterio Sánchez Sierra.

Asegura que de ahí se viene que mataron a sus hijos y a su esposa.

En la asamblea, Ricardo Eugenio Rufina, hizo una denuncia pública sobre los nexos del Ejército con los paramilitares de La Unificada, lo que coincide con las denuncias que han hecho los dirigentes de la Organización:

“Que en La Unificada tienen contacto con los militares, que los militares vienen protegiendo a esa gente, que ayer los guachos estuvieron con ellos”, dijo en me’phaa.

En respuesta a la petición de ayuda, el coordinador general de la Codehum, Adelaido Memije, planteó que esta Comisión investigará qué ha hecho el Ministerio Público, y vigilar la averiguación previa para que se castigue a los culpables.