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* Ofrece la Codehum vigilar las acciones de los militares

Hostiga el Ejército a quienes ayudaron a denunciar la violación a indígenas

 * En asamblea, quejas de campesinos, familiares, autoridades y de la traductora del idioma me’phaa * El derecho al desarrollo de estas comunidades no se respeta; el gobierno quiere resolver todo con la represión del Ejército, dijo el director de Tlachinollan, Abel Barrera

 Maribel Gutiérrez, Barranca de Guadalupe * Indígenas me’phaa de tres comunidades de esta región denunciaron ante representantes de organismos de derechos humanos que son amenazados, perseguidos y hostigados por el Ejército, a raíz de las denuncias que hicieron en el año 2002 de las violaciones a dos mujeres por militares del 40 Batallón de Infantería.

Además de las jóvenes violadas, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, los más afectados por ese motivo son las autoridades de Barranca Bejuco, Ezequiel Sierra Morales y Ocotlán Sierra Morales; las familias directas de las mujeres y la traductora de las denuncias, Otilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa.

En Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y de Barranca Tecoani y Barranca de Guadalupe, municipio de Ayutla de los Libres, donde se desarrolla la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, el hostigamiento del Ejército en esta zona se ha denunciando desde 1998, cuando ocurrió la masacre de El Charco en la misma región indígena pero en la zona mixteca.

Pero fue mayor en 1999, tras la visita de delegados del EZLN con motivo de la consulta nacional por la paz y los derechos indígenas. Desde entonces la Organización denunció que la respuesta del Ejército fue la formación de un grupo paramilitar, cuyos dirigentes fundaron su propia comunidad, La Unificada, al que atribuyen conflictos y violencia.

Pero denuncian que la persecución y hostigamiento han sido más directos con motivo de las denuncias contra los militares que violaron a Valentina Rosendo Cantú, el 16 de febrero de 2002, y a Inés Fernández Ortega, el 22 de marzo del mismo año.

Ante el coordinador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, (Codehum), Adelaido Memije Martínez, y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en una asamblea de la Organización, el 21 de julio, expusieron sus testimonios autoridades y ciudadanos afectados por los militares.

Plantearon también como queja que en el momento mismo de la asamblea haya presencia de tropas del Ejército en los alrededores de la comisaría de Barranca de Guadalupe, que se desplazaron desde un sitio cercano donde pusieron un campamento, a 300 metros de distancia, en el crucero de El Camalote.

El funcionario de la Codehum, Adelaido Memije, reconoció la gravedad de las quejas contra militares por violación a derechos humanos. Explicó que la Comisión vigila los derechos humanos, en especial de los indígenas porque los considera grupos vulnerables, y manifestó su preocupación por las denuncias contra autoridades del Ejéricto.

Propuso establecer una coordinación para velar por el respeto a las garantías y coadyuvar para enviar esas quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ante las denuncias por la presencia en ese momento de soldados en los alrededores de la reunión, planteó que en casos como éste se envíe de inmediato la información a la Codehum, y que este organismo buscará hablar con las autoridades militares.

Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que conoció este poblado hace cuatro años, y sigue en el mismo abandono y pobreza, y sigue la presencia del Ejército y las violaciones a los derechos humanos que comete.

“El gobierno no respeta los derechos económicos, no respeta el derecho al desarrollo, y quiere resolver todo con el Ejército. Hace cuatro años estuvimos aquí y todo sigue igual, no es justo que estos pueblos no tengan camino ni medios de transporte, y que cuando se enferman tengan que caminar muchas horas en el lodo con los caminos desechos para llegar a donde hay un médico, eso es violencia”.

Amenazas de muerte contra una mujer me’phaa

Otilia Eugenio Manuel, de 24 años, una de las dirigentes de la Organización, es traductora del idioma me’phaa en las declaraciones de las mujeres que fueron violadas por soldados del 40 Batallón de Infantería, el 16 de febrero y 22 de marzo de 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

Informó que el año pasado recibió cuatro anónimos en los que la citaban a un lugar donde le iban a hacer una fiesta, en la cancha de una secundaria en Ayutla, con la amenaza de que si no se presentaba iban a matar a toda su familia.

En esas amenazas, le decían que ella mentía en las traducciones de las declaraciones de Valentina e Inés para acusar a los militares de las violaciones.

Queda el temor a los soldados

El campesino Fortunato Prisciliano Sierra, de Barranca Tecoani, informó, con la traducción de Andrea Eugenio Manuel: “El 22 de marzo de 2002 llegaron los guachos a mi casa y violaron a mi mujer, Inés Fernández Ortega”.

Dijo que su esposa, sus hijos y él ya no quieren que los guachos estén en los pueblos.

Y alertó: “En este momento andan los guachos cerca de aquí rodeándonos”.

Inés Fernández, dijo que el 22 de marzo de 2002 ella estaba en su casa con sus hijos, cuando llegaron los militares, y la agarraron y la violaron.

Desde ese día, cuando los guachos están en el pueblo sus hijos no quieren ir a la escuela ni ella quiere salir a trabajar porque piensan que pueden volver a hacer lo mismo.

Andrea Eugenio Manuel, dirigente de la Organización, relató que en enero de este año llegaron los militares a Barranca Tecoani y se organizaron las mujeres, los niños y los hombres de tres pueblos para ir a decirles que se salieran.

En respuesta, los militares, mientras levantaban su campamento y se retiraban lentamente, intentaron golpear a Miguel Castro Cruz, a Doroteo Castro Cruz y a Fortunaro Prisciliano Sierra.

Ademas, mientras se retiraban los militares, que eran del 48 Batallón con sede en Cruz Grande, el comandante dijo a los campesinos que en cualquier rato iban a regresar a acabar con los de la comunidad, cuando estén solos.

El campesino Miguel Castro Cruz, uno de los que fueron amenazados por los soldados, dijo además que “los militares destruyeron calabazas, rabanitos, lo que comen los campesinos, por eso fuimos al campamento a pedirles que se salieran, y ahí nos amenazaron con sus armas”.

Amenazas a las autoridades

Ezequiel Sierra Morales era delegado municipal de Barranca Bejuco cando violaron a su sobrina, Valentina Rosendo Cantu, el 16 de febrero del año pasado. Dijo que actualmente su sobrina está grave, en el hospital, que “no se quiere componer desde ese tiempo”.

Informó a la asamblea que “a 300 metros de El Camalote están ahora los guachos”, y pidió: “Ya no queremos que anden los militares ¿Qué hacen. No es tiempo de guerra. Los niños no quieren ir a la escuela, y nosotros no sabemos defender nuestros derechos poprque no entendemos lo que nos dicen en español”.

“Yo fui a denunciar la violación a mi sobrina, y por eso fueron los guachos a amenazarme, me dijeron que yo como comisario hablo mucho, que hago muchas denuncias contra los guachos.

“Tenemos miedo, yo soy ahora comisario suplente y hago gestiones para la comunidad, y tengo miedo de que en el camino se me atraviese alguien”.

Habló de la presencia en la región de hombres armados, presuntamente vinculados al Ejército, y señaló que el sábado 19 de julio “una señora de la comunidad como a las 10 de la mañana vio a dos hombres armados y con la cara tapada”.

Ocotlán Sierra Morales, representante ejidal en Barranca Bejuco, dijo: “Los militares me andan buscando porque nosotros andamos defendiendo a la comunidad. Pedimos que nos apoyen”.

Señaló que la persecución contra las autoridades del pueblo se dio después de que han sostenido la denuncia de la violación a Valentina Rosendo.

“En la violación a Valentina, mi sobrina, los militares dicen que no es cierto.

“En La Fátima pusieron un retén y nos andaban buscando, nos revisan, y ahorita que estamos en esta reunión los militares nos están rodeando. Los militares están aquí abajo, son como ocho militares, llegaron a una casita y de ahí se movieron para rodear esta reunión”.

El presidente de la Organización, Cuauhtémoc Ramírez, agregó: “Andan los militares alrededor, andan bandas paramilitares, nos hostigan, nos persiguen, nos espían”.

Victoriano Eugenio Manuel

Un caso que muestra el historial de la violencia del Ejército en la supuesta persecución de grupos armados es el de Victoriano Eugenio Manuel, también dirigente de la Organización, quien estuvo dos años en la cárcel en Ayutla, de enero de 2001 hasta principios de 2003, enjuiciado por el homicidio de uno de los líderes de La Unificada, Galdino Sierra Francisco, presunto integrante de un grupo paramilitar, y fue liberado con una sentencia absolutoria porque no había pruebas para esa acusación.

Expuso en la reunión que la persecución del Ejército contra él comenzó en 1999, cuando fue detenido por soldados unas horas y al año siguiente fue nuevamente detenido por las tropas.

“Fui a bañar al arroyo, ahí me cayeron los guachos, dijeron que yo era de los grupos armados, estuve un día detenido en el campamento de los guachos en El Limón, me rescataron las mujeres del pueblo”.