*
Ofrece
la Codehum vigilar las acciones de los
militares
Hostiga
el Ejército a quienes ayudaron
a denunciar la
violación a indígenas
*
En asamblea, quejas de campesinos,
familiares, autoridades y de la
traductora del idioma me’phaa * El
derecho al desarrollo de estas
comunidades no se respeta; el gobierno
quiere resolver todo con la represión
del Ejército, dijo el director de
Tlachinollan, Abel Barrera
Maribel
Gutiérrez, Barranca de Guadalupe * Indígenas
me’phaa de tres comunidades de esta
región denunciaron ante representantes
de organismos de derechos humanos que
son amenazados, perseguidos y hostigados
por el Ejército, a raíz de las
denuncias que hicieron en el año 2002
de las violaciones a dos mujeres por
militares del 40 Batallón de Infantería.
Además
de las jóvenes violadas, Valentina
Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega, los más afectados por ese
motivo son las autoridades de Barranca
Bejuco, Ezequiel Sierra Morales y Ocotlán
Sierra Morales; las familias directas de
las mujeres y la traductora de las
denuncias, Otilia Eugenio Manuel,
dirigente de la Organización de Pueblos
Indígenas Me’phaa.
En
Barranca Bejuco, municipio de Acatepec,
y de Barranca Tecoani y Barranca de
Guadalupe, municipio de Ayutla de los
Libres, donde se desarrolla la
Organización de Pueblos Indígenas
Me’phaa, el hostigamiento del Ejército
en esta zona se ha denunciando desde
1998, cuando ocurrió la masacre de El
Charco en la misma región indígena
pero en la zona mixteca.
Pero
fue mayor en 1999, tras la visita de
delegados del EZLN con motivo de la
consulta nacional por la paz y los
derechos indígenas. Desde entonces la
Organización denunció que la respuesta
del Ejército fue la formación de un
grupo paramilitar, cuyos dirigentes
fundaron su propia comunidad, La
Unificada, al que atribuyen conflictos y
violencia.
Pero
denuncian que la persecución y
hostigamiento han sido más directos con
motivo de las denuncias contra los
militares que violaron a Valentina
Rosendo Cantú, el 16 de febrero de
2002, y a Inés Fernández Ortega, el 22
de marzo del mismo año.
Ante
el coordinador general de la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos de
Guerrero, (Codehum), Adelaido Memije
Martínez, y el director del Centro de
Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández,
en una asamblea de la Organización, el
21 de julio, expusieron sus testimonios
autoridades y ciudadanos afectados por
los militares.
Plantearon
también como queja que en el momento
mismo de la asamblea haya presencia de
tropas del Ejército en los alrededores
de la comisaría de Barranca de
Guadalupe, que se desplazaron desde un
sitio cercano donde pusieron un
campamento, a 300 metros de distancia,
en el crucero de El Camalote.
El
funcionario de la Codehum, Adelaido
Memije, reconoció la gravedad de las
quejas contra militares por violación a
derechos humanos. Explicó que la Comisión
vigila los derechos humanos, en especial
de los indígenas porque los considera
grupos vulnerables, y manifestó su
preocupación por las denuncias contra
autoridades del Ejéricto.
Propuso
establecer una coordinación para velar
por el respeto a las garantías y
coadyuvar para enviar esas quejas a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ante
las denuncias por la presencia en ese
momento de soldados en los alrededores
de la reunión, planteó que en casos
como éste se envíe de inmediato la
información a la Codehum, y que este
organismo buscará hablar con las
autoridades militares.
Por
su parte, el director de Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández, dijo que conoció
este poblado hace cuatro años, y sigue
en el mismo abandono y pobreza, y sigue
la presencia del Ejército y las
violaciones a los derechos humanos que
comete.
“El
gobierno no respeta los derechos económicos,
no respeta el derecho al desarrollo, y
quiere resolver todo con el Ejército.
Hace cuatro años estuvimos aquí y todo
sigue igual, no es justo que estos
pueblos no tengan camino ni medios de
transporte, y que cuando se enferman
tengan que caminar muchas horas en el
lodo con los caminos desechos para
llegar a donde hay un médico, eso es
violencia”.
Amenazas
de muerte contra una mujer me’phaa
Otilia
Eugenio Manuel, de 24 años, una de las
dirigentes de la Organización, es
traductora del idioma me’phaa en las
declaraciones de las mujeres que fueron
violadas por soldados del 40 Batallón
de Infantería, el 16 de febrero y 22 de
marzo de 2002, Valentina Rosendo Cantú
e Inés Fernández Ortega.
Informó
que el año pasado recibió cuatro anónimos
en los que la citaban a un lugar donde
le iban a hacer una fiesta, en la cancha
de una secundaria en Ayutla, con la
amenaza de que si no se presentaba iban
a matar a toda su familia.
En
esas amenazas, le decían que ella mentía
en las traducciones de las declaraciones
de Valentina e Inés para acusar a los
militares de las violaciones.
Queda
el temor a los soldados
El
campesino Fortunato Prisciliano Sierra,
de Barranca Tecoani, informó, con la
traducción de Andrea Eugenio Manuel:
“El 22 de marzo de 2002 llegaron los
guachos a mi casa y violaron a mi mujer,
Inés Fernández Ortega”.
Dijo
que su esposa, sus hijos y él ya no
quieren que los guachos estén en los
pueblos.
Y
alertó: “En este momento andan los
guachos cerca de aquí rodeándonos”.
Inés
Fernández, dijo que el 22 de marzo de
2002 ella estaba en su casa con sus
hijos, cuando llegaron los militares, y
la agarraron y la violaron.
Desde
ese día, cuando los guachos están en
el pueblo sus hijos no quieren ir a la
escuela ni ella quiere salir a trabajar
porque piensan que pueden volver a hacer
lo mismo.
Andrea
Eugenio Manuel, dirigente de la
Organización, relató que en enero de
este año llegaron los militares a
Barranca Tecoani y se organizaron las
mujeres, los niños y los hombres de
tres pueblos para ir a decirles que se
salieran.
En
respuesta, los militares, mientras
levantaban su campamento y se retiraban
lentamente, intentaron golpear a Miguel
Castro Cruz, a Doroteo Castro Cruz y a
Fortunaro Prisciliano Sierra.
Ademas,
mientras se retiraban los militares, que
eran del 48 Batallón con sede en Cruz
Grande, el comandante dijo a los
campesinos que en cualquier rato iban a
regresar a acabar con los de la
comunidad, cuando estén solos.
El
campesino Miguel Castro Cruz, uno de los
que fueron amenazados por los soldados,
dijo además que “los militares
destruyeron calabazas, rabanitos, lo que
comen los campesinos, por eso fuimos al
campamento a pedirles que se salieran, y
ahí nos amenazaron con sus armas”.
Amenazas
a las autoridades
Ezequiel
Sierra Morales era delegado municipal de
Barranca Bejuco cando violaron a su
sobrina, Valentina Rosendo Cantu, el 16
de febrero del año pasado. Dijo que
actualmente su sobrina está grave, en
el hospital, que “no se quiere
componer desde ese tiempo”.
Informó
a la asamblea que “a 300 metros de El
Camalote están ahora los guachos”, y
pidió: “Ya no queremos que anden los
militares ¿Qué hacen. No es tiempo de
guerra. Los niños no quieren ir a la
escuela, y nosotros no sabemos defender
nuestros derechos poprque no entendemos
lo que nos dicen en español”.
“Yo
fui a denunciar la violación a mi
sobrina, y por eso fueron los guachos a
amenazarme, me dijeron que yo como
comisario hablo mucho, que hago muchas
denuncias contra los guachos.
“Tenemos
miedo, yo soy ahora comisario suplente y
hago gestiones para la comunidad, y
tengo miedo de que en el camino se me
atraviese alguien”.
Habló
de la presencia en la región de hombres
armados, presuntamente vinculados al Ejército,
y señaló que el sábado 19 de julio
“una señora de la comunidad como a
las 10 de la mañana vio a dos hombres
armados y con la cara tapada”.
Ocotlán
Sierra Morales, representante ejidal en
Barranca Bejuco, dijo: “Los militares
me andan buscando porque nosotros
andamos defendiendo a la comunidad.
Pedimos que nos apoyen”.
Señaló
que la persecución contra las
autoridades del pueblo se dio después
de que han sostenido la denuncia de la
violación a Valentina Rosendo.
“En
la violación a Valentina, mi sobrina,
los militares dicen que no es cierto.
“En
La Fátima pusieron un retén y nos
andaban buscando, nos revisan, y ahorita
que estamos en esta reunión los
militares nos están rodeando. Los
militares están aquí abajo, son como
ocho militares, llegaron a una casita y
de ahí se movieron para rodear esta
reunión”.
El
presidente de la Organización, Cuauhtémoc
Ramírez, agregó: “Andan los
militares alrededor, andan bandas
paramilitares, nos hostigan, nos
persiguen, nos espían”.
Victoriano
Eugenio Manuel
Un
caso que muestra el historial de la
violencia del Ejército en la supuesta
persecución de grupos armados es el de
Victoriano Eugenio Manuel, también
dirigente de la Organización, quien
estuvo dos años en la cárcel en
Ayutla, de enero de 2001 hasta
principios de 2003, enjuiciado por el
homicidio de uno de los líderes de La
Unificada, Galdino Sierra Francisco,
presunto integrante de un grupo
paramilitar, y fue liberado con una
sentencia absolutoria porque no había
pruebas para esa acusación.
Expuso
en la reunión que la persecución del
Ejército contra él comenzó en 1999,
cuando fue detenido por soldados unas
horas y al año siguiente fue nuevamente
detenido por las tropas.
“Fui
a bañar al arroyo, ahí me cayeron los
guachos, dijeron que yo era de los
grupos armados, estuve un día detenido
en el campamento de los guachos en El
Limón, me rescataron las mujeres del
pueblo”.