* Nada en común entre los detenidos por la AFI en Ayutla y Tecoanapa

Muertos y ancianos, acusados por la PGR de secuestradores y guerrilleros

* Hasta ahora les imputan el secuestro del ganadero de Ayutla Miguel Flores y su participación en el ERPI, que los familiares niegan

  Maribel Gutiérrez, Tecoanapa (Primera parte) * Poco tienen en común los seis detenidos de Tecoanapa y Ayutla acusados del secuestro del ganadero Miguel Flores y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Ni la afiliación política ni la actividad económica ni su presencia y relaciones en su comunidad. Quizás en lo que más se parecen es en que son de edad adulta, tres de 70 años o más, y están enfermos, de diabetes, hipertensión, nervios y del corazón.

Después del 21 de mayo, cuando fueron arrestados, sus casas cateadas por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y trasladados a la ciudad de México donde están arraigados por 90 días, los detenidos y sus familiares han conocido algunos datos sobre los cargos que pretende fincarles la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), que el 26 de mayo los presentó en una conferencia de prensa en la ciudad de México como integrantes de una organización delictiva, y según las investigaciones les atribuían dos secuestros y se les investigaba por seis más, pero hasta el momento en los expedientes sólo se habla del secuestro del ganadero Miguel Flores y del ERPI.

En la averiguación donde aparecen como responsables, se encuentran situaciones que los familiares califican de absurdas, como la acusación a un ciudadano de Tecoanapa, Jesús Jiménez Ramos, que había muerto diez meses antes de que se cometiera el delito, o la presentación de Inés Jiménez Silva, de 80 años, como el dirigente del grupo guerrillero.

En los cateos, de algunos domicilios los agentes federales se llevaron armas o documentos, incluso hay denuncias de que se robaron alhajas y dinero; de otras casas no se llevaron nada.

Algunos detenidos se conocen entre sí; pero según los familiares, ninguno tiene relación frecuente o cercana con otro.

Lo que tienen en común es que son habitantes de comunidades de una ruta de la Costa Chica de Guerrero, la carretera que comunica esta región con Chilpancingo, en el tramo de La Unión a Chacalapa, donde entre 1997 y 1999 fueron de conocimiento público actividades del EPR y del ERPI.

Los familiares más cercanos niegan que los detenidos tengan alguna actividad delictuosa, los consideran víctimas de detenciones arbitrarias, no se explican porqué los involucran, y preguntan ¿porqué se lo llevaron? ¿es una burla? ¿ser del PRD es delito? ¿si fuera secuestrador viviríamos en esta casa? ¿cómo, un guerrillero de 80 años?

Jesús Jiménez, muerto desde 2001, el principal acusado

Desde el día de las detenciones y cateos, el 21 de mayo, las familias de los arrestados han conocido más información sobre las acusaciones que la UEDO pretende imputar a los detenidos.

Es el secuestro del ganadero Miguel Flores, cuñado del presidente municipal de Ayutla de los Libres, Cutberto Quiñones, ocurrido el 4 de octubre de 2002, dos días antes de las elecciones municipales en las que Quiñones, entonces candidato del PRI, ganó la alcaldía.

El secuestrado era presidente de la Asociación Ganadera Local del municipio de Ayutla, y fue liberado cuatro meses después, cerca de Tecoanapa.

En las acusaciones que constan en la averiguación previa, la familia de Inés Jiménez encontró situaciones absurdas, como el hecho de que uno de los miembros de la familia implicado en el secuestro, Jesús Jiménez Ramos, estaba muerto diez meses antes de que se cometiera el secuestro, y lo señalan como la persona que manejaba la camioneta que se usó en el delito, pero ese vehículo fue adquirido por otro miembro de la familia después de la muerte del supuesto secuestrador.

En su casa en la cabecera municipal de Tecoanapa, que los agentes federales catearon el 21 de mayo, de la que sacaron a su papá, Inés Jiménez, Adalberto Jiménez Ramos da a conocer los señalamientos que aparecen en el expediente.

“Lo acusaban de que era jefe de un grupo armado, ahí me di cuenta de que existía ese grupo armado (el ERPI), yo antes no sabía”.

Adalberto acompañó a su papá cuando declaró en la ciudad de México, y dice: “Le hacían preguntas, y él contestó con la verdad, que él no pertenecía a ningún grupo armado, ni siquiera él había participado en algún movimiento, él no conoce de eso, es una persona analfabeta que no sabe leer ni escrbir. El contestó todo lo que le estaban preguntando negativamente, porque en ningún momento él ha estado involucrado en cosas ilícitas.

Además del interrogatorio sobre el ERPI, le preguntaron a Inés Jiménez si conocía a la persona secuestrada en Ayutla; y  “el dijo que no lo conoce poprque él de aquí no sale, él se la pasa aquí”, .

–¿De qué secuestro lo acusan?

–Del señor Miguel Flores. Acusan a él y a mis dos hermanos (Bonfilio y Jesús Jiménez). Yo le preguntaba al licenciado (el agente del Ministerio Público de la UEDO) qué tiempo tiene que pasó esto, y él me decía: mira fue en enero, pero fue en octubre de 2002.

Adalberto Jiménez es ganadero, y para trabajar en su potrero usa una camioneta Pickup, color azul rey de modelo atrasado, que en el momento de la entrevista tenía cargada con leña, estacionada afuera de su casa.

Dice que según el expediente, en esa camioneta se cometió el secuestro y era utilizada para llevar armas.

Se muestra asombrado: “Pero, yo digo, ¿cómo es posible que estén diciendo que en este carro que tengo aquí hayan hecho el secuestro, y cómo en este carro van a portar armas para violar la ley, si ese carro es de chamba?

“Y yo le dije: mire licenciado, usted está diciendo que participó mi hermano Jesús, pero él murió el 4 de diciembre de 2001, ¿cómo será posible que del panteón haya venido a secuestrar a esa persona?, lo estoy demostrando con un acta de defunción”.

También, en el expediente se hace referencia a otros delitos, aunque no se señala con precisión. Adalberto Jiménez cuenta que le preguntó al agente del MP que los casos de los que acusan a sus hermanos y a su papá ¿cuándo sucedieron? El agente del MP respondió que de un año y medio para acá. Y Adalberto aclaró: “De un año y medio para acá ya mi hermano no estaba. Y a él lo acusan principalmente de que él portaba las armas y que andaba cometiendo los ilícitos en el carro que yo tengo, y ese carro yo lo adquirí el 28 de diciembre de 2001, cuando él ya había muerto; es más, el carro él nunca lo vio, y es más, el tiempo que él estuvo enfermo ya no trabajó”.

Y pregunta: “¿De dónde saca eso la PGR? ¿castiga o no castiga a los delincuentes?, porque mi papá que es inocente está allá, ¿cómo será posible que tres meses lo van a arraigar?, y no nos dicen quién es esa persona que los acusa; al rato pueden acusar a cualquiera”.

En la comunidad de El Limón, municipio de Tecoanapa, loas agentes de la AFI también buscaban a un campesino que está muerto desde antes del secuestro de que lo acusan.

Es el caso de Gerardo Morales Marín, campesino, de 30 años, activista del PRD, que fue asesinado hace más de un año.

de acuerdo con información difundida por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el 26 de mayo, policías de la AFI siguieron los cateos en la misma región.

A las 6 de la mañana, catearon casas en El Limón, donde buscaban a un campesino muerto, Gerardo Morales Marín, y al fotógrafo Anacleto Cruz Ramírez, de 60 años, que no se encontraba en la comunidad.

Familiares del campesino informaron a los agentes de la AFI que la persona que buscaban había sido asesinada hace como un año, pero los agentes no creyeron, y de todas maneras se metieron a catear la casa.

Además, exigieron ver el lugar donde había sido enterrado, primero en una fosa clandestina por las personas que lo asesinaron y después en el panteón.

 

Los seis arraigados

Los detenidos el 21 de mayo, que están arraigados por 90 días por la UEDO en casas de seguridad en la ciudad de México son:

• José Concepción Ramírez Ramírez, de 70 años de edad, originario y vecino de la cabecera municipal de Tecoanapa, donde es dirigente del PRD, y fue candidato de ese partido a presidente municipal en 1993. Es militar retirado con el grado de sargento, y sobrevive con su esposa de la pensión que cobra en Acapulco, de 2 mil 500 pesos al mes. Está enfermo de presión alta.

La UEDO lo presentó a los medios como “operador de la banda en Tecoanapa”, y en el informe que le dieron a conocer con los delitos que se le imputan dice que en su casa se repartieron el dinero del rescate que pagaron por la libertad del secuestrado.

• Inés Jiménez Silva, de 80 años de edad, vecino de Tecoanapa, donde se dedica a vender un aguardiente casero que él destila en ollas de barro con maíz y panela de caña. Pertenece al PRI, aunque no tiene una actividad destacada en la política. Padece de presión alta, de los nervios y diabetes.

La UEDO lo presentó con el seudónimo de Luciano, “integrante de la organización delictiva y dirigente del ERPI en Tecoanapa”.

• Bardomiano Ríos Espinoza, de 70 años, vecino de Ayutla de los Libres, donde es empleado del ayuntamiento como director del panteón. En las elecciones municipales de octubre de 2002 participó como activista de la campaña del candidato del PRI y actual presidente municipal, Cutberto Quiñones. También es curandero y se dedica a la fabricación de tabiques de arena. Está enfermo de diabetes.

La UEDO lo presentó como “integrante de la banda y vecino de Ayutla de los Libres”.

• Doroteo Marín Cartagena, de oficio albañil y en época de lluvias siembra maíz, participa en el PRD en su comunidad, Zempasulco, municipio de Ayutla, y tiene unos 60 años de edad.

Fue presentado por la UEDO como “integrante de la organización y vecino de Ayutla de los Libres”, y según la acusación que aparece en el expediente y que le dieron a conocer, vendió cartuchos al grupo armado.

• Eudocio Suástegui García, de la comunidad de Chacalapa, municipio de San Marcos, de 40 años, dedicado a la siembra de maíz y jamaica, y militante del PRD, en el que tiene una participación activa. Está enfermo del corazón.

La UEDO lo presentó como “operador de la organización criminal en el municipio de Tecoanapa, en cuyo domicilio fueron asegurados dos fusiles Galil, una Biblia y un comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, así como un manuscrito en el que se hace referencia al citado Ejército”.

•   José Guadalupe Hernández Arizmendi, de 52 años, campesino, habitante de La Unión, municipio de Ayutla de los Libres, miembro del PRD. La UEDO lo presenta como “operador de la organización”.