* Noveno Informe del Centro de Derechos Humanos

Guerrero, uno de los escenarios privilegiados de violencia: Tlachinollan

 * Denuncia el manejo de la ley contra la delincuencia organizada para criminalizar a ciudadanos reconocidos en el caso de los seis detenidos en Ayutla y Tecoanapa, y la persecución del Ejército contra dirigentes indígenas en Ayutla

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Tlapa * En su noveno informe presentado la noche del sábado 14, el Centro de Derechos Humanos de  La Montaña Tlachinollan concluye que esa región sigue “dolorosamente sumida en las entrañas de la impunidad y el olvido”.

Mientras que Guerrero sigue apareciendo a nivel nacional como uno de los “escenarios privilegiados de la violencia”, señala.

En el noveno aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, el organismo de derechos humanos realizó actividades diversas el viernes y el sábado, entre ellas un taller, el viernes y el sábado un foro sobre violencia y derechos humanos en el que tuvo la participación de ponentes como Sergio Sarmiento y Armando Bartra.

Acudieron al foro, asimismo, el delegado del Instituto Nacional Indigenista, Pedro de Jesús Alejandro, el alcalde de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra, el ex director del INI, Marcos Matías Alonso y el edil de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís.

Citando fuentes oficiales y periodísticas, este organismo no gubernamental de derechos humanos con sede en Tlapa informa que entre 1990 y 1998 la tasa media de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 49.4 y que las muertes por agresión se encuentran entre las primeras causas de muerte en el estado.

El informe señala que los municipios de Guerrero que cuentan con un índice de denuncias por homicidios más alto son los de Atoyac de Alvarez y Tecpan de Galeana en la Costa Grande, Coyuca de Catalán en Tierra Caliente, Teloloapan en la zona Norte, Tlapa, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en La Montaña.

El organismo de derechos humanos indica que la violencia ha llegado a situaciones tales que en 1998 morían en promedio de manera violenta cuatro guerrerenses al día, mientras que un informe de la Procuraduría de Justicia estatal dado a conocer en el mes de marzo pasado y que es reproducido por Tlachinollan, indica que en el primer trienio del actual gobernador René Juárez se han cometido 3 mil 179 homicidios con arma de fuego, armas blancas y con todo tipo de objetos.

Asimismo expone que solamente en el año 2002 se registraron mil 35 homicidios dolosos y que el municipio de Acapulco ocupa el primer lugar en índices delictivos.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña agrega que a estos resultados de la violencia del orden común se suma la violencia “institucional” que se ejerce en contra de los ciudadanos de este estado con el argumento de la aplicación de la ley federal contra la delincuencia organizada, cuando en realidad “se trata de estigmatizar a las personas que cuestionan la realidad oficial”.

Cita como ejemplo de esta violencia “institucional”, la detención de seis campesinos el 21 de mayo en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, “que puso de manifiesto la estrategia policiaco-militar de escudarse en la ley federal contra la delincuencia organizada para criminalizar a los ciudadanos, que para la población que los conoce se trata de personas que trabajan en el campo y algunos de ellos militan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y es que insiste que las detenciones de estos campesinos que son acusados de secuestro y de violar la ley contra la delincuencia organizada, “son arbitrarias y el inicio de una serie de violaciones de derechos humanos que caen como cascada sobre los detenidos, quienes quedan bajo el mando de las corporaciones policiacas que se encargarán de arrancarles confesiones bajo torturas físicas y psicológicas y de negarles una defensa apropiada”.

Señala que el operativo “aparatoso y violatorio a los derechos humanos” implementado por más de 30 agentes de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO) fue con el fin de intimidar y someter a las familias, inmovilizar física y jurídicamente a los detenidos, suspenderles sus garantías constitucionales, incomunicarles y presentarlos como miembros de grupos armados dedicados al secuestro y a cometer homicidios.

En el documento se hace mención también de la violencia, persecución y el espionaje que está sufriendo la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), en la Costa Chica de Guerrero después de la masacre de El Charco el 7 de junio de 1998.

“Varios de sus integrantes se encuentran amenazados de muerte, como es el caso de Otilia Eugenio, quien ha recibido cuatro anónimos citándola en lugares solitarios en la madrugada con la promesa de hacerle una fiesta y cuando los miembros de la OIPMT vigilaron el lugar descubrieron que había agentes judiciales”.

Otro de los casos que se consignan en el informe son las violaciones a las indígenas, Valentina Rosendo Cantú de Barranca Bejuco, municipio de Ayutla e Inés Fernández Ortega en Barranca Tecoani, en donde, el organismo de derechos humanos señala que existe un “temor fundado de los pueblos indígenas hacia el Ejército mexicano”.

“La simple presencia (del Ejército) es suficiente para infundir temor entre las comunidades; cuando se sabe que hay patrullas del Ejército cerca los hombres prefieren no ir a cultivar la milpa, las mujeres se encierran en sus casas y los niños no van a la escuela”, denuncia en su escrito el centro de Derechos Humanos.

Por ello el informe concluye: “En la Montaña de Guerrero se le sigue pisoteando la dignidad a los pueblos indígenas y se les mantiene siempre en los márgenes de la legalidad y en los límites de lo humano. La Montaña sigue dolorosamente sumida en las entrañas de la impunidad y el olvido”.