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Ocho ONG tratan en un informe el caso de
Escalerilla
El
gobierno del estado alentó la violencia
en Zapotitlán: Red de
Derechos Humanos
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Señalan cinco conflictos agrarios que
requieren tratamiento integral: Zapotitlán
Tablas con Acatepec, Xitopontla con ganaderos
de Olinalá, Amatlicha con ganaderos de Olinalá,
Alcatlatzala con Cuatzoquitengo y Arroyo San
Pedro con Tilapa
La
violencia en Zapotitlán Tablas, que el 11 de
mayo dejó cinco muertos, estaba anunciada;
era un riesgo derivado del conflicto político
entre dos organizaciones, ante el cual el
gobierno del estado no hizo lo necesario para
evitarla y la alentó, permitiendo la creación
de una comisaría
en Escalerilla Laguna, que funcionó prácticamente
como Presidencia Municipal paralela.
Este
análisis fue planteado por ocho
organizaciones no gubernamentales integrantes
de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de
Derechos Humanos, en un informe que dieron a
conocer a representantes de 12 embajadas en México,
en una visita que hicieron a la capital del
estado el 19 y 20 de mayo.
En
el documento hablan de cinco conflictos
agrarios que requieren de un tratamiento
integral profundo, de las ejecuciones
extrajudiciales, de la tortura, las
desapariciones forzadas y la militarización y
persecucición de ciudadanos.
El
documento que la Red presentó a los
representantes de embajadas se divide en
apartados, que se refieren a los problemas más
graves en la entidad en relación con los
derechos humanos, como ejecuciones
estrajudiciales, desapariciones forzadas,
tortura, y militarización.
En
cuanto a los conflictos agrarios, menciona
como casos más graves los de Zapotitlán
Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de
Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera
municipal; Amatlicha con otros ganaderos de
Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo,
municipio de Malinaltepec y Arroyo San Pedro
con Tilapa, del mismo municipio.
Plantea
que éstos “son casos que requieren un
tratamiento integral donde las autoridades
deben entender que existen agravios muy
profundos que tienen la obligación de reparar
para poder entrar a una etapa blanda de diálogo
y reconciliación”.
En
los días en que se presentó el documento el
hecho de más reciente impacto fue la reyerta
en la comosaría municipal de Escalerilla
Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas, el 11
de mayo, donde murieron cinco campesinos
integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria
del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), y se señala
como agresores a miembros de Antorcha
Campesina, al presidente municipal de Zapotitlán
Tablas, Silvino Mosso, y a policías
municipales.
En
el documento, las ONG dicen: “Las cuatro
muertes (después murió en el hospital uno de
los heridos) de Escalerilla Lagunas, municipio
de Zapotitlán Tablas, fueron desgraciadamente
muertes anunciadas que las autoridades no
hicieron lo necesario para evitarlas. Se trata
de un conflicto político que fue alentado
desde el centro al permitir la creación de
una delegación política con sede en
Escalerilla Laguna, que en la práctica
funcionó como una Presidencia Municipal
paralela.
“Se
quiso sobrellevar a las dos organizaciones
sociales a la usanza tradicional, dosificándoles
los apoyos para poder mantener las clientelas
bajo control.
“Lo
que en realidad ha pasado es que se han
dividido varias comunidades a causa del
control político y económico que cada
organización quiere imponer. Se han dado
casos de desconocimiento y cambio de
comisarios o de la creación de comisarías
paralelas que sólo están incubando de manera
gratuita más conflictos, que lo único que
hacen es empeorar las precarias condiciones de
vida de los tlapanecos”.
Detenciones
arbitrarias, una práctica sistemática
Algo
que se practica de manera sistemática en
Guerrero son las detenciones arbitrarias. Este
acto marca el inicio de una cadena de
violaciones a otros derechos relacionados con
la integridad personal y las garantías
judiciales. Este tipo de detenciones no están
respaldadas por una orden judicial; se
acostumbra a detener y luego se procede a
investigar. Muchas detenciones arbitrarias
tienen una motivación política: se detiene a
lideres o miembros de organizaciones
campesinas o indígenas como la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) o los
del Frente de Organizaciones Democráticas de
Guerrero (FODEG), que por su lucha social y
política son catalogados como gente que se
organiza para cometer delitos. Se les
criminaliza por su activismo político. Anexan
26 casos de detenciones arbitrarias.
Afirman
que la tortura sigue siendo una práctica
sistemática para las investigaciones
judiciales que tiene como fin someter a la víctima
y obligarlo a que se declare culpable y que
confiese todo lo que sabe. A pesar de la
normatividad internacional y el derecho
interno, en nuestro estado no existe el delito
de tortura; por lo tanto, no se castiga a los
torturadores que son un gran número de
expertos que se estrenaron con los
desparecidos de la guerra sucia.
Entre
los casos de tortura que se mencionan en el
informe están los cometidos por miembros del
Ejército contra Erika Zamora Pardo y Efrén
Cortés Chavez, sobrevivientes de El Charco;
los casos de los campesinos ecologistas
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y los 10 de
la recomendación 100/97 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos donde se pide
al procurador de Justicia Militar que
investigue los casos donde presumiblemente
miembros del Ejército torturaron a civiles,
identificados como supuestos miembros de los
grupos armados.
En
el informe se destaca que por estos crímenes
“no existe ningún militar sentenciado por
torturador”.
Situación
de los pueblos indios
En
La Montaña y la Costa Chica se da un ambiente
de hostigamiento, persecuciones y detenciones
contra las poblaciones indígenas, primero,
tras el levantamiento armado en Chiapas y
después ante la aparición del Ejército
Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Las
ONG señalan que “oficialmente se maneja que
el Ejército está en Guerrero para combatir
el narcotráfico y para aplicar la ley de
armas de fuego y explosivos; sin embargo, es
notorio el asedio a las comunidades donde
existe la organización independiente”.
En
febrero y marzo de 2002 en las comunidades
tlapanecas de Barranca Bejuco, municipio de
Acatepec, y Barranca Tecoani, en Ayutla,
fueron violadas por miembros del Ejército las
indígenas Valentina Rosendo Cantú de 17 años
e Inés Fernández Ortega de 26 años.
A las dos las interrogaron sobre las
personas que andan con los encapuchados y los
que siembran amapola.
En
el documento de afirma que estas violaciones
“son actos cobardes que buscan provocar la
reacción violenta de las poblaciones indígenas
para reprimirlos y desmovilizarlos”.
Conflictos
agrarios
Dicen
las ONG que preocupa hondamente los conflictos
agrarios y políticos que enfrentan los
pueblos indígenas desde hace décadas y que
las autoridades estatales y municipales no han
querido resolver.
“Existen
casos donde las partes en conflicto, al no
encontrar una adecuada interlocución con las
autoridades y al constatar que no hay
seguimiento a los acuerdos firmados, emprenden
acciones unilaterales para imponer su postura
y forzar una negociación que sólo los coloca
en el filo de la navaja. Los conflictos
agrarios de Zapotitlán Tablas con Acatepec;
Xitopontla, municipio de Olinalá, con
ganaderos de la misma cabecera municipal;
Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá;
Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de
Malinaltepec; Arroyo San Pedro con Tilapa, del
mismo municipio, son casos que requieren un
tratamiento integral donde
las autoridades deben entender que
existen agravios muy profundos que tienen la
obligación de reparar para poder entrar a una
etapa blanda de diálogo y reconciliación”.
En
el informe señalan que los defensores de
derechos humanos no tienen ninguna garantía
para su trabajo, lo que se puso en evidencia
con el asesinato de la abogada Digna Ochoa.
Menciona
las amenazas de muerte que han recibido Abel
Barrera Hernández y el hostigamiento del Ejército
a la directora de La Voz de los Sin Voz, de
Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete Gorjón.