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 * Benigno, Marino, Hilario Mesino y José Sánchez

No creen que el fiscal especial resuelva la demanda de justicia en Aguas Blancas

 * La reapertura del caso, una exigencia en el octavo aniversario de la masacre, como si el expediente no estuviera abierto

 Maribel Gutiérrez * Dirigentes de los dos grupos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y el abogado de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez, coinciden en que la Fiscalía Especial, que hace casi un año reabrió el expediente, no resolverá la demanda de justicia.

Una demanda reiterada de las organizaciones sociales y de los afectados por la masacre es que se reabra el expediente para que se castigue a los responsables. Esa demanda se escuchó nuevamente en el acto por el octavo aniversario de la matanza de 17 campesinos, este 28 de junio, a pesar de que formalmente el caso Aguas Blancas ya se reabrió, primero en la Procuraduría General de la República, en octubre de 2001, y en julio de 2002 en la Fiscalía Especial para crímenes relacionados con movimientos políticos y sociales del pasado reciente.

Aun con sus divisiones, los tres grupos vinculados al caso Aguas Blancas, que participaron en la movilización por el octavo aniversario tienen la misma posición: la Fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, en la que se radicó el expediente de la masacre, no está resolviendo la demanda de justicia.

La posición inicial de esos tres grupos frente a la Fiscalía fue diferente: El abogado Sánchez y 40 sobrevivientes, viudas y madres de los muertos se acercaron a la Fiscalía para apoyar la denuncia de la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos. Hilario Mesino y Marino Sánchez quienes presentaron denuncias ante la PGR, donde no hubo resultado, y rechazaron cualquier acercamiento a la Fiscalía Especial. Mientras, Benigno Guzmán no ha hecho trámite alguno porque no tiene ninguna confianza, y dice que “no se espera justicia de parte del gobierno”.

En este momento, a ocho años de la masacre de Aguas Blancas y a un año de que reabrió la investigación la Fiscalía Especial, los tres opinan que esa instancia no resolverá la demanda de justica, y sobre las posibles salidas hay tres posiciones: Marino Sánchez e Hilario Mesino insisten en que se conforme una Comisión de la Verdad; José Sánchez plantea enviar el caso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, y Benigno Guzmán dice la justicia se tendrá cuando el pueblo se organice.

Los tres coinciden en que no se ve a corto plazo que el caso Aguas Blancas se encamine hacia la justicia.

Hilario Mesino y Marino Sánchez: Ni la PGR ni la Fiscalía, una Comisión de la Verdad

Cuando el nuevo gobierno de Vicente Fox en sus inicios abría esperanzas o al menos curiosidad de un cambio, el 21 de octubre de 2001 dos dirigentes y fundadores de la OCSS, Hilario Mesino y Marino Sánchez, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por la masacre de Aguas Blancas, con la petición de que esta Procuraduría cumpliera con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indica que continúe la investigación, que se incluya a los responsables señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el entonces gobernador Rubén Figueroa y los principales funcionarios de su gobierno)  y se dé la atención médica y se repare el daño a los sobrevivientes y a las familias de los deudos.

Al poco tiempo, los dirigentes vieron que en lugar de avanzar, la PGR retrocedía al enviar el caso a la Delegación Guerrero, donde no hay garantía de imparcialidad.

A mediados de 2002, cuando se informó que la Fiscalía Especial podía hacerse cargo de la investigación, los dos dirigentes se manifestaron en contra, e insistían en que la PGR es la instancia responsable.

A la fecha están convencidos de que la PGR no va a investigar, y tampoco la Fiscalía Especial.

Marino Sánchez, uno de los principales testigos de la masacre de Aguas Blancas, que iba al frente de los campesinos que bajaban en camionetas de la sierra de Coyuca de Benítez para tarsladarse a una manifestación en Atoyac, el 28 de junio de 1995, que vio de cerca los hechos pero su testimonio no fue considerado, dice:

“Hemos luchado porque no sea la Fiscalía Especial la que retome el caso; pedíamos que lo hiciera la PGR, pero tampoco avanzó nada. Ya no confiamos en fiscalías y en la PGR, vemos que el gobierno de Fox no tiene voluntad de hacer justicia. Ahora pedimos que sea una Comisión de la Verdad.

“Vamos a buscar otros medios para hacer justicia, porque la investigación ya la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que se necesita es que se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Hilario Mesino opina que el gobierno de Fox maniobró para eviar el caso Aguas Blancas a la Fiscalía Especial con el propósito de que no se haga justicia; afirma que se ve que hay un acuerdo entre el PRI y el PAN para que siga la impunidad.

“La demanda que presentamos no sirvió de nada, se ve que hay un acuerdo para proteger a los responsables”, dice el dirigente, y agrega que ahora queda recurrir a instancias internacionales, y en México insistie en que se forme una Comisión de la Verdad.

Dice que ahora, si la Fiscalía lo llama a declarar, no va a acudir. Pone un ejemplo de que la Fiscalía no busca la verdad ni la justicia, sino mediatizar a los involucrados y señala que en Atoyac los funcionarios de la Fiscalía le pidieron que los acompañara a las comunidades para proponer financiamiento a proyectos productivos, lo que no es una función de la Fiscalía, ni es lo que los familiares le demandan, sino la justicia.

 El abogado de los sobrevivientes: La Fiscalía, un paso para llegar a la Corte Penal Internacional

 El abogado José Sánchez explica que después de que la Fiscalía Especial abrió el expediente del caso Aguas Blancas, hace un año, dos de los sobrevivientes, Mauro Hernández Lozano, el dueño de la camioneta que fue baleada por policías motorizados, y su hijo, Abimael Hernández, recurrieron a esa instancia con la esperanza de que se haga justicia y se les repare el daño. A a esa denuncia se sumaron 40 sobrevivientes y Sánchez, que es su abogado.

–¿Creen que la Fiscalía pueda hacer justicia?

–Los sobrevivientes buscan plantear sus demandas donde se pueda, ellos buscan justicia, que se castigue a los culpables y la reparación del daño, y no tienen una posición determinada sobre la Fiscalía. Y yo lo que busco es agotar las instancias nacionales, para estar en posibilidad posteriormente de mandar el expediente a la Corte Penal Internacional.

Sánchez opina que la Fiscalía ha demostrado que no va a investigar, porque tiene ya un año con el expediente abierto y no ha avanzado, y señala que con esto Fox se exhibe “como un mentiroso”.

Aparte, pone un ejemplo de cómo la Fiscalía trata de “enganchar” a los afectados por el caso Aguas Blancas. Relata que en noviembre de 2002, el equipo del fiscal Carrillo Prieto habló ante los sobrevivientes de la reparación del daño, pero, dice que la manejó “como un gancho, como un espejismo”, pues les dijo que a nivel nacional se iba a formar una comisión, encabezada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para atender esa demanda. Ya pasaron ocho meses y no hay ningún avance, dice el abogado.

 Benigno Guzmán: son puras falsedades

 A otro de los fundadores y dirigente de otra corriente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, dice sobre la reapertura del caso Aguas Blancas en la Fiscalía Especial:

“No le creemos al fiscal; son puras falsedades para entretener al pueblo, para ganar tiempo, que el pueblo pierda la esperanza y que se olvide la demanda de justicia”.

Dice que no confía en la PGR, que es lo mismo, y agrega. “La justicia la va a hacer el pueblo cuando se organice para cambiar las cosas. Ya tenemos ocho años y no ha habido nada, todo sigue igual, con Fox y con la Fiscalía no hay justicia. No vemos que se pueda resolver pronto, pero no decimos que ya se olvide; tenemos que seguir insistiendo en las demandas del pueblo y organizarnos; por eso nosotros decimos ni perdón ni olvido”.