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* Causan temor las recientes detenciones: OIPMT

Entre persecución y amenazas, el quinto aniversario de la masacre de El Charco

 La conmemorción el quinto aniversario de la masacre de El Charco se desarrolla este 6 y 7 de junio en un ambiente de particular tensión.

Primero, desde principios de año arreció la persecución y amenazas de detención y de muerte contra miembros de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, a la que pertenecían los indígenas muertos en El Charco, y en particular a los de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, que forman parte de ella.

Recientemente, hace dos semanas, el temor aumentó por la detención de seis ciudadanos de Ayutla y Tecoanapa, señalados por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) como secuestradores miembros del ERPI, el grupo armado conocido precisamente con motivo de la matanza del 7 de junio de 1998.

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT), Arturo Campos Herrera, informó que “la situación sigue tensa, aunque se ve calmado”, y señaló que los ultimos días de mayo, policías de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones, de la Procuraduría General de la República), fueron vistos vigilando hacia la oficina de la Organización, desde el cuartel de la Policía Motorizada, que se encuentra en la misma calle, en la ciudad de Ayutla.

Desde ese cuartel policiaco, afirma Arturo Campos, “checan” a toda la gente que entra a la oficina de la Organización, como ocurrió el lunes 2 de junio, cuando vinieron miembros de las Brigadas Internacionales de Paz, un italiano, francés y un español.

“Sabemos que nos están vigilando, y no sabemos para qué”, manifestó, y dijo que entre los miembros de la Organización “sigue el temor”, no tanto por la seguridad de los dirigentes, pero sí temen que puedan ser detenidos sobrevivientes de la masacre de El Charco, porque desde el año pasado efectivos del Ejército preguntaban por ellos en comunidades de La Montaña.

También temen que el Ejército o la PGR quieran detener a miembros de la Organización y acusarlos de narcotraficantes, porque debido a las denuncias que hicieron en 2002, de las violaciones que cometieron soldados del 41 Batallón contra los jóvenes indígenas me’phaa, el comandante de la Novena Región Militar, general Mario López Gutiérrez, declaró en febrero pasado a los medios que los que hacen esas denuncias son narcotraficantes.

“El temor viene de que el Ejército y la PGR nos ven como enemigos, porque hemos denunciado las violaciones que cometen”, señaló el dirigente”.

Además, con motivo de las detenciones de seis ciudadanos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa, que hizo la AFI por órdenes de la UEDO el 21 de mayo, llegaron más amenazas contra los dirigentes de la Organización, pues en cateos que hicieron los policías federales, mostraron una lista con 50 nombres, de personas a las que buscan para detenerlas, y los dirigentes de la Organización temen que entre esas 50 personas estén algunos de sus compañeros.

No obstante, la Organización y las comunidades acordaron conmemorar la masacre con un programa similar al de los años anteriores.

El viernes 6, se concentran por la tarde en la comunidad de El Charco, pobladores de comunidades indígenas de Ayutla y miembros de organizaciones de otros lugares del estado y visitantes del país, entre ellos representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Los sovrevivientes de la masacre de El Charco y viudas y familiares de los 11 campesinos muertos dan sus testimonios.

En la noche, hacen una velada, en la que estará la banda de música de El Charco.

El sábado 7, se celebra una misa a las 9 de la mañana en la escuela bilingüe de El Charco, en las aulas en las que se encontraban representantes de varias comunidades de la región mixteca de Ayutla en una reunión a la que llegaron guerrilleros del ERPI, y fueron atacados por tropas del Ejército.

El 7, al medio día, está programada una manifestación política, en el centro de la cabecera municipal de Ayutla.

El arraigo de seis detenidos viola garantías: Tlachinollan y Prodh

El arraigo decretado durante 90 días a los seis detenidos por la AFI en Ayutla y Tecoanapa “demuestra que en México subsiste la práctica de detener y luego investigar”, además de que “las detenciones fueron efectuadas sin que existiera orden de aprehensión, flagrancia o sin que se tratara de un caso urgente”, manifiestan el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en el texto “Postura en torno a las detenciones arbitrarias en comunidades de Guerrero”.

Los detenidos están en la ciudad de México, arraigados en un lugar que determinó la UEDO, por un máximo de 90 días, en tanto ese organismo de la PGR investiga y determina si los consigna a un juez, como presuntos responsables de secuestros y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Dice el documento: “El día 21 de mayo los señores José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, fueron detenidos arbitrariamente por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República, en Ayutla de los Libres y Tecoanapa.

“Las detenciones fueron efectuadas sin que existiera orden de aprehensión, flagrancia o sin que se tratara de un caso urgente. Si la UEDO manifiesta tener indicios que señalan a los detenidos como probables responsables de la comisión del delito de secuestro, entre otros, lo legalmente procedente hubiese sido solicitar la respectiva orden de aprehensión ante un juez federal, de tal manera que se hiciera efectiva la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. Dadas las características del operativo efectuado por la UEDO en las comunidades guerrerenses, estamos ante la clara presencia de una detención arbitraria”.

En segundo lugar, las ONG afirman: “El hecho de que las personas detenidas hayan sido arraigadas durante un lapso de 90 días, demuestra que en México subsiste la práctica de detener y luego investigar. La acción de las instituciones dedicadas a la procuración de la Justicia debería ser exactamente a la inversa, es decir investigar y una vez obtenidos elementos suficientes y necesarios que demuestren la probable participación de determinadas personas en un hecho delictivo, solicitar la detención de los probables responsables”.

Afirman: “La actuación de la UEDO en el presente caso, ha implicado la violación a derechos fundamentales cuya aplicación es indispensable para garantizar, no únicamente los derechos de los detenidos, sino también los derechos de la víctima del delito, relativos a que la actuación de las instituciones de Procuración de Justicia deben de estar sustentadas en el marco legal que garantice que sus actuar tendrá como resultado la dotación de justicia sobre pruebas sólidas y creíbles”.

En el texto firmado por los directores de Tlachinollan y el Prodh, Abel Barrera y Edgar Cortez, plantean: “El crimen organizado es un flagelo de nuestra sociedad. Por ello es cada vez mayor la necesidad de contar con instituciones dedicadas al combate al crimen organizado que cuenten con adecuados métodos de investigación y que garanticen a las víctimas de la delincuencia organizada la posibilidad de acceder a una justicia pronta y eficaz por parte del Estado.

“Sin embargo, la actuación de las instituciones dedicadas al combate a la delincuencia organizada no puede estar ajena al marco legal y a los principios y derechos que establecen tanto la Constitución, como los principales Tratados de derechos humanos a los que nuestro país se ha sujetado y que por lo tanto implican obligación de garantizar derechos básicos a favor de la población.

“Sólo prácticas que estén sólidamente sustentadas en el respeto al marco normativo nacional e internacional garantizarán que las acciones del Estado para combatir la delincuencia organizada tengan credibilidad; de lo contrario la violación a derechos fundamentales cometidas en contra de la población siempre dejarán un amplio margen de duda sobre si la actuación de las autoridades tiene un real sustento probatorio y jurídico, o si únicamente intentan justificar una labor de combate al crimen aun a costa de los derechos de la población”.