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Causan temor las recientes detenciones: OIPMT
Entre
persecución y amenazas, el quinto aniversario
de la masacre de El Charco
La
conmemorción el quinto aniversario de la
masacre de El Charco se desarrolla este 6 y 7
de junio en un ambiente de particular tensión.
Primero,
desde principios de año arreció la persecución
y amenazas de detención y de muerte contra
miembros de la Organización Independiente de
Pueblos Mixtecos Tlapanecos, a la que pertenecían
los indígenas muertos en El Charco, y en
particular a los de la Organización de
Pueblos Indígenas Me’phaa, que forman parte
de ella.
Recientemente,
hace dos semanas, el temor aumentó por la
detención de seis ciudadanos de Ayutla y
Tecoanapa, señalados por la Unidad
Especializada en Delincuencia Organizada
(UEDO) como secuestradores miembros del ERPI,
el grupo armado conocido precisamente con
motivo de la matanza del 7 de junio de 1998.
El
coordinador de la Organización Independiente
de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT), Arturo
Campos Herrera, informó que “la situación
sigue tensa, aunque se ve calmado”, y señaló
que los ultimos días de mayo, policías de la
AFI (Agencia Federal de Investigaciones, de la
Procuraduría General de la República),
fueron vistos vigilando hacia la oficina de la
Organización, desde el cuartel de la Policía
Motorizada, que se encuentra en la misma
calle, en la ciudad de Ayutla.
Desde
ese cuartel policiaco, afirma Arturo Campos,
“checan” a toda la gente que entra a la
oficina de la Organización, como ocurrió el
lunes 2 de junio, cuando vinieron miembros de
las Brigadas Internacionales de Paz, un
italiano, francés y un español.
“Sabemos
que nos están vigilando, y no sabemos para qué”,
manifestó, y dijo que entre los miembros de
la Organización “sigue el temor”, no
tanto por la seguridad de los dirigentes, pero
sí temen que puedan ser detenidos
sobrevivientes de la masacre de El Charco,
porque desde el año pasado efectivos del Ejército
preguntaban por ellos en comunidades de La
Montaña.
También
temen que el Ejército o la PGR quieran
detener a miembros de la Organización y
acusarlos de narcotraficantes, porque debido a
las denuncias que hicieron en 2002, de las
violaciones que cometieron soldados del 41
Batallón contra los jóvenes indígenas
me’phaa, el comandante de la Novena Región
Militar, general Mario López Gutiérrez,
declaró en febrero pasado a los medios que
los que hacen esas denuncias son
narcotraficantes.
“El
temor viene de que el Ejército y la PGR nos
ven como enemigos, porque hemos denunciado las
violaciones que cometen”, señaló el
dirigente”.
Además,
con motivo de las detenciones de seis
ciudadanos de los municipios de Ayutla y
Tecoanapa, que hizo la AFI por órdenes de la
UEDO el 21 de mayo, llegaron más amenazas
contra los dirigentes de la Organización,
pues en cateos que hicieron los policías
federales, mostraron una lista con 50 nombres,
de personas a las que buscan para detenerlas,
y los dirigentes de la Organización temen que
entre esas 50 personas estén algunos de sus
compañeros.
No
obstante, la Organización y las comunidades
acordaron conmemorar la masacre con un
programa similar al de los años anteriores.
El
viernes 6, se concentran por la tarde en la
comunidad de El Charco, pobladores de
comunidades indígenas de Ayutla y miembros de
organizaciones de otros lugares del estado y
visitantes del país, entre ellos
representantes del Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan.
Los
sovrevivientes de la masacre de El Charco y
viudas y familiares de los 11 campesinos
muertos dan sus testimonios.
En
la noche, hacen una velada, en la que estará
la banda de música de El Charco.
El
sábado 7, se celebra una misa a las 9 de la
mañana en la escuela bilingüe de El Charco,
en las aulas en las que se encontraban
representantes de varias comunidades de la
región mixteca de Ayutla en una reunión a la
que llegaron guerrilleros del ERPI, y fueron
atacados por tropas del Ejército.
El
7, al medio día, está programada una
manifestación política, en el centro de la
cabecera municipal de Ayutla.
El
arraigo de seis detenidos viola garantías:
Tlachinollan y Prodh
El
arraigo decretado durante 90 días a los seis
detenidos por la AFI en Ayutla y Tecoanapa
“demuestra que en México subsiste la práctica
de detener y luego investigar”, además de
que “las detenciones fueron efectuadas sin
que existiera orden de aprehensión,
flagrancia o sin que se tratara de un caso
urgente”, manifiestan el Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, y el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro, en el texto “Postura en torno a las
detenciones arbitrarias en comunidades de
Guerrero”.
Los
detenidos están en la ciudad de México,
arraigados en un lugar que determinó la UEDO,
por un máximo de 90 días, en tanto ese
organismo de la PGR investiga y determina si
los consigna a un juez, como presuntos
responsables de secuestros y de pertenecer al
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI).
Dice
el documento: “El día 21 de mayo los señores
José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui
García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés
Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez,
fueron detenidos arbitrariamente por la Unidad
Especializada contra la Delincuencia
Organizada (UEDO) de la Procuraduría General
de la República, en Ayutla de los Libres y
Tecoanapa.
“Las
detenciones fueron efectuadas sin que
existiera orden de aprehensión, flagrancia o
sin que se tratara de un caso urgente. Si la
UEDO manifiesta tener indicios que señalan a
los detenidos como probables responsables de
la comisión del delito de secuestro, entre
otros, lo legalmente procedente hubiese sido
solicitar la respectiva orden de aprehensión
ante un juez federal, de tal manera que se
hiciera efectiva la garantía de legalidad
prevista en el artículo 16 constitucional.
Dadas las características del operativo
efectuado por la UEDO en las comunidades
guerrerenses, estamos ante la clara presencia
de una detención arbitraria”.
En
segundo lugar, las ONG afirman: “El hecho de
que las personas detenidas hayan sido
arraigadas durante un lapso de 90 días,
demuestra que en México subsiste la práctica
de detener y luego investigar. La acción de
las instituciones dedicadas a la procuración
de la Justicia debería ser exactamente a la
inversa, es decir investigar y una vez
obtenidos elementos suficientes y necesarios
que demuestren la probable participación de
determinadas personas en un hecho delictivo,
solicitar la detención de los probables
responsables”.
Afirman:
“La actuación de la UEDO en el presente
caso, ha implicado la violación a derechos
fundamentales cuya aplicación es
indispensable para garantizar, no únicamente
los derechos de los detenidos, sino también
los derechos de la víctima del delito,
relativos a que la actuación de las
instituciones de Procuración de Justicia
deben de estar sustentadas en el marco legal
que garantice que sus actuar tendrá como
resultado la dotación de justicia sobre
pruebas sólidas y creíbles”.
En
el texto firmado por los directores de
Tlachinollan y el Prodh, Abel Barrera y Edgar
Cortez, plantean: “El crimen organizado es
un flagelo de nuestra sociedad. Por ello es
cada vez mayor la necesidad de contar con
instituciones dedicadas al combate al crimen
organizado que cuenten con adecuados métodos
de investigación y que garanticen a las víctimas
de la delincuencia organizada la posibilidad
de acceder a una justicia pronta y eficaz por
parte del Estado.
“Sin
embargo, la actuación de las instituciones
dedicadas al combate a la delincuencia
organizada no puede estar ajena al marco legal
y a los principios y derechos que establecen
tanto la Constitución, como los principales
Tratados de derechos humanos a los que nuestro
país se ha sujetado y que por lo tanto
implican obligación de garantizar derechos básicos
a favor de la población.
“Sólo
prácticas que estén sólidamente sustentadas
en el respeto al marco normativo nacional e
internacional garantizarán que las acciones
del Estado para combatir la delincuencia
organizada tengan credibilidad; de lo
contrario la violación a derechos
fundamentales cometidas en contra de la
población siempre dejarán un amplio margen
de duda sobre si la actuación de las
autoridades tiene un real sustento probatorio
y jurídico, o si únicamente intentan
justificar una labor de combate al crimen aun
a costa de los derechos de la población”.