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* Más militares y hostigamiento que hace cinco años: OIPMT

El ambiente de miedo se reflejó en el aniversario de la masacre de El Charco

 Maribel Gutiérrez, Ayutla * Muchos campesinos, entre ellos algunos sobrevivientes de la masacre de E Charco, no quisieron acercarse este año a los actos conmemorativos del asesinato de 11 jóvenes –10 indígenas y un estudiante–, muertos en el ataque de tropas del Ejército a la escuela bilingüe de esa comunidad, en la que se encontraban representantes de diversos poblados de la región mixteca de Ayutla y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Aún así, a la marcha realizada en esta ciudad asistieron más de 300 personas. La mayoría bajó de las comunidades de la región indígena, y otros, miembros de organizaciones sociales, llegaron de otras regiones, como los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, los niños del albergue de huérfanos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, un contingente bien ordenado del Frente Popular Revolucionario, otro de la Organización Revolucionaria Emiliano Zapata, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y dirigentes del PRD local.

Los visitantes y los dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaa y de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos –a la que pertenecían los campesinos muertos en El Charco–, se formaron atrás de las viudas y sobrevivientes de la masacre, y marcharon por las calles de Ayutla.

Fue una manifestación política en demanda de justicia y castigo a los militares responsables de las ejecuciones de 11 personas, de indemnización a las viudas y becas para los niños huérfanos.

También por la salida del Ejército de la región indígena, cuya presencia es frecuente en las comunidades desde hace cinco años.

Las demandas recorrieron las calles, escritas en las mantas y pancartas y en las consignas que gritaban a coro los grupos que concluyeron la manifestación en la plaza frente al Palacio Municipal sin discursos.

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, dice que el quinto aniversario de la masacre de El Charco está marcado por la persecución a los dirigentes indígenas de Ayutla, y una mayor militarización y represión en la zona.

Señaló como muestra de esto la intimidación a los pueblos que desde febrero y marzo de 2002 denuncian las violaciones a dos indígenas me´phaa, la irrupción intimidatoria de militares en pueblos como Barranca Tecoani, la infiltración de paramilitares en las comunidades para espiar y crear conflictos, y el asesinato de uno de los sobrevivientes de la masacre, y ex preso político, Esteban Leobardo Epitacio, el 19 de febrero, en condiciones que no se han investigado.

También, la vigilancia constante y amenazas a los dirigentes de las organizaciones indígenas con motivo de los cateos y detenciones hechas por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hace dos semanas en Ayutla y Tecoanapa.

“Hay temor de que pueda haber detenciones y de que se fabriquen delitos”, dice el dirigente mixteco.

Afirma que el ambiente de temor creado desde hace dos semanas por las acciones de la AFI empeora las condiciones de vida en las comunidades indígenas, ya difíciles desde la masacre de El Charco, por la presencia militar y el hostigamiento a los dirigentes y a los pueblos.

Informó que hace 15 días entró un convoy militar a El Charco, sin una actividad precisa, con aparentes propósitos intimidatorios, y antes el Ejército estuvo en La Angostura, y hubo retenes en La Concordia y en La Palma.

Una demanda de todos los años es que se investiguen los sucesos del 7 de junio de 1998 en El Charco y que se castigue a los militeres responsables de 11 ejecuciones, de los cinco heridos y de las torturas a los 22 detenidos. Pero tampoco en esto se ha avanzado, dice el dirigente, como pasa con otros crímenes cometidos por el Ejército.

Después de cinco años, afirma que la masacre de El Charco fue planeada para detener la lucha de los pueblos indígenas, y esa política del gobierno federal continúa en esta región, aún con el gobierno de Vicente Fox, mediante las acciones de militares y paramilitares en la región mixteca y tlapaneca de Aytula.