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Rezo y marcha en el 5º aniversario de la
masacre
Castigo
a responsables y salida del Ejército,
demandas en El Charco
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Hace cinco años el Ejército ejecutó a
once personas, no fue un enfrentamiento,
insisten Ericka Zamora y Efrén Cortés
Zacarías
Cervantes, corresponsal El Charco * Con
exigencias de justicia y castigo a los
responsables, denuncias de dirigentes de
organizaciones sociales e indígenas de que
continúa la persecución, el hostigamiento
y la vigilancia militar en contra de los
pueblos indígenas de la región, así como
con un velorio y dos marchas; una aquí y la
otra en Ayutla, viudas, huérfanos,
sobrevivientes, pobladores de la región y
visitantes recordaron este 7 de junio la
masacre de 11 personas por efectivos del Ejército
mexicano hace cinco años en esta localidad.
Mientras
tanto, dos de los sobrevivientes, Ericka
Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez
denunciaron, entrevistados en esta
localidad, que el Ejército mexicano
pretende evadir su responsabilidad en la
masacre de los 11 indígenas y que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le sirve
de comparsa al emitir un supuesto informe
sobre los hechos en el que sólo se recoge
la versión militar.
El
Charco, una de las comunidades que hasta
hace cinco años había permanecido
marginada por los gobiernos estatal y
federal, tiene a partir de los hechos del 7
de junio de 1998 algunos cambios; ya hay
energía eléctrica, la carretera es
constantemente rehabilitada y el Instituto
Nacional Indigenista (INI) está por
terminar un moderno albergue para 50 niños;
10 de El Charco y 40 que bajarán de las
comunidades aledañas.
Esos
beneficios, sin embargo, parecen no
entusiasmar a los habitantes, “es mucho el
precio que tuvimos que pagar, mejor tuviéramos
a nuestros maridos, ellos eran los que nos
mantenían”, dice la indígena Catalina
Leobardo Aurelia, viuda de Fernando Félix
Guadalupe, originaria de la comunidad de
Ocote Amarillo, vecina de El Charco.
La
noche del 6 de junio, un centenar de indígenas
y gente de diferentes organizaciones
sociales se concentraron en esta comunidad
para participar en una ceremonia luctuosa
para recordar a los caídos.
Las
viudas, algunas acompañadas con sus hijos
huérfanos de padre, contaron a los
visitantes sus testimonios y la mayoría
coincidió en que aún hay coraje e
indignación, ahora mucho más porque dicen
que no se ha hecho justicia.
El
coordinador de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos y
Tlapanecos (OIPMT), Arturo Campos Herrera
denunció que ni siquiera apoyo
gubernamental ha habido para las viudas, los
huérfanos y los sobrevivientes y que, por
el contrario, “el gobierno”, ahora a
través de paramilitares y agentes de
inteligencia militar sigue hostigando a los
dirigentes y militantes de las
organizaciones campesinas. Dijo que
extraoficialmente se han enterado de que hay
una lista de 50 personas de los municipios
de Ayutla y Tecoanapa a quienes están
investigando.
Por
la mañana de este 7 de junio, unos 300 indígenas
participaron en una marcha que partió de la
entrada de El Charco y terminó con un mitin
en la cancha frente a la escuela Caritino
Maldonado Pérez donde efectivos del Ejército
mataron a los 11 indígenas y cinco más
resultaron heridos el 7 de junio de 1998.
Por
la tarde, otra marcha convocada
por organizaciones sociales e indígenas
se realizó en Ayutla, en donde se volvió a
escuchar los reclamos de justicia y el cese
del hostigamiento a los indígenas, así
como la salida del Ejército de la región.
Entrevistado
antes de la marcha de El Charco los dos
sobrevivientes de la masacre, Ericka Zamora
y Efrén Cortés denunciaron que los
supuestos resultados de la investigación de
la CNDH que se publicó en el periódico
Milenio, en realidad es la versión del Ejército
mexicano.
En
el citado informe se dice que de acuerdo a
un estudio realizado después de su detención,
Ericka resultó con residios de cocaína y
Efrén con anfetamina. La CNDH se adjudica
la realización del estudio.
“Esa
información es del Ejército, la CNDH nunca
nos hizo una auscultación, esas pruebas
fueron sacadas de la 27 Zona Militar de
Cumbres de Llano Largo; los estudios de
radisonato de sodio y de orina los hizo el
Ejército, no fueron peritos de la
Procuraduría, ni del estado ni de la
federal”, aseguró Cortés Chávez con
respecto a esos resultados.
Entrevistado
frente a las dos aulas de la escuela
primaria Caritino Maldonado Pérez donde
ocurrieron los hechos la mañana del 7 de
junio, donde familiares de las víctimas
pusieron cadenas de flores, velas, veladores
y 11 cruces pequeñas y una grande de mármol
en la que están inscritos los 11 nombres de
las víctimas, los dos sobrevivientes
sostienen la versión de que no fue un
enfrentamiento sino una masacre.
“Fue
una masacre, nosotros nunca hemos dicho que
la columna del ERPI estaba realizando una
consulta, aunque sí había gente del grupo
armado. Pero también lo que hemos dicho es
que se dio un rendimiento de la gente que
estaba desarmada y a pesar de ello a las
seis de la mañana el Ejército masacró a
esos campesinos desarmados”, insiste Cortés
Chávez.
Rodeado
de indígenas que no hablan español, Cortés
Chávez reconoce que si bien efectivamente,
como lo señala el Ejército no hubo tiro de
gracia, “sí hubo ejecuciones a siete y a
10 metros de los bordos contra gente
desarmada”, lo que implica, señala Cortés
Chávez, que las víctimas fueron
ejecutadas.
“El
Ejército quiere evadir su responsabilidad
porque ha manejado que fue un enfrentamiento
cuando no lo fue, de lo contrario hubieran
tenido algún herido”, señala Cortés Chávez
quien insiste que lo que vivió la mañana
del 7 de junio de 1998 “fue una ejecución
sumaria, fueron asesinatos porque no se
puede decir que hubo igualdad de fuerza.
Recuerda
que el Ejército llegó a la escuela a las 3
de la mañana y que por un magnavoz les
exigió a quienes se encontraban pernoctando
que salieran, “pero nosotros les dijimos
que no íbamos a salir y fue hasta a las 6
de la mañana cuando aceptamos cuando el Ejército
se comprometió que iba a respetar a los
detenidos y no cumplió”.
Por
su parte, la también sobreviviente, Zamora
Pardo quien se encontraba en El Charco
cumpliendo con un proyecto de alfabetización,
recuerda que esa mañana los efectivos del
Ejército que mantenían rodeada la escuela
los fueron sacando y concentraron a la mayoría
en la cancha, “fue cuando desde los bordos
algunos de ellos empezaron a disparar”.
Recuerda,
asimismo, que uno de ellos, Honorio García,
se hincó, alzó los brazos y pidió perdón
pero igual dispararon contra él.
Dijo
que cuando habían cesado los disparos, un
militar le preguntó si había gente herida
en el interior de las dos aulas en donde se
encontraban y ella le dijo que sí pues
recordó al campesino Fernando Félix herido
de un pie, fue cuando el militar rodeó las
dos aulas y después se escucharon disparos.
Posteriormente Fernando Félix apareció en
la lista de los muertos.
Las
11 víctimas de la masacre son Fernando Félix,
Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fidencio
Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García,
Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo,
José Rivera y Ricardo Zavala, este último
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas
de la UNAM, integrante del grupo de Zamora
Pardo que alfabetizaba en esa comunidad.
Como
resultado de la incursión del Ejército
hubo también cinco heridos y 22 detenidos,
actualmente todos puestos en libertad.
Zamora
Pardo lamenta que a cinco años de los
hechos aún no se haya hecho justicia y que
los responsables sigan dentro del Ejército,
“y peor aún, uno de quienes encabezaron
la incursión, el general Alfredo Oropeza
Garniza siga reprimiendo a los indígenas
aunque ahora en la Huasteca Potosina.
