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* Rezo y marcha en el 5º aniversario de la masacre

Castigo a responsables y salida del Ejército, demandas en El Charco

 * Hace cinco años el Ejército ejecutó a once personas, no fue un enfrentamiento, insisten Ericka Zamora y Efrén Cortés

 Zacarías Cervantes, corresponsal El Charco * Con exigencias de justicia y castigo a los responsables, denuncias de dirigentes de organizaciones sociales e indígenas de que continúa la persecución, el hostigamiento y la vigilancia militar en contra de los pueblos indígenas de la región, así como con un velorio y dos marchas; una aquí y la otra en Ayutla, viudas, huérfanos, sobrevivientes, pobladores de la región y visitantes recordaron este 7 de junio la masacre de 11 personas por efectivos del Ejército mexicano hace cinco años en esta localidad.

Mientras tanto, dos de los sobrevivientes, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez denunciaron, entrevistados en esta localidad, que el Ejército mexicano pretende evadir su responsabilidad en la masacre de los 11 indígenas y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le sirve de comparsa al emitir un supuesto informe sobre los hechos en el que sólo se recoge la versión militar.

El Charco, una de las comunidades que hasta hace cinco años había permanecido marginada por los gobiernos estatal y federal, tiene a partir de los hechos del 7 de junio de 1998 algunos cambios; ya hay energía eléctrica, la carretera es constantemente rehabilitada y el Instituto Nacional Indigenista (INI) está por terminar un moderno albergue para 50 niños; 10 de El Charco y 40 que bajarán de las comunidades aledañas.

Esos beneficios, sin embargo, parecen no entusiasmar a los habitantes, “es mucho el precio que tuvimos que pagar, mejor tuviéramos a nuestros maridos, ellos eran los que nos mantenían”, dice la indígena Catalina Leobardo Aurelia, viuda de Fernando Félix Guadalupe, originaria de la comunidad de Ocote Amarillo, vecina de El Charco.

La noche del 6 de junio, un centenar de indígenas y gente de diferentes organizaciones sociales se concentraron en esta comunidad para participar en una ceremonia luctuosa para recordar a los caídos.

Las viudas, algunas acompañadas con sus hijos huérfanos de padre, contaron a los visitantes sus testimonios y la mayoría coincidió en que aún hay coraje e indignación, ahora mucho más porque dicen que no se ha hecho justicia.

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), Arturo Campos Herrera denunció que ni siquiera apoyo gubernamental ha habido para las viudas, los huérfanos y los sobrevivientes y que, por el contrario, “el gobierno”, ahora a través de paramilitares y agentes de inteligencia militar sigue hostigando a los dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas. Dijo que extraoficialmente se han enterado de que hay una lista de 50 personas de los municipios de Ayutla y Tecoanapa a quienes están investigando.

Por la mañana de este 7 de junio, unos 300 indígenas participaron en una marcha que partió de la entrada de El Charco y terminó con un mitin en la cancha frente a la escuela Caritino Maldonado Pérez donde efectivos del Ejército mataron a los 11 indígenas y cinco más resultaron heridos el 7 de junio de 1998.

Por la tarde, otra marcha convocada  por organizaciones sociales e indígenas se realizó en Ayutla, en donde se volvió a escuchar los reclamos de justicia y el cese del hostigamiento a los indígenas, así como la salida del Ejército de la región.

Entrevistado antes de la marcha de El Charco los dos sobrevivientes de la masacre, Ericka Zamora y Efrén Cortés denunciaron que los supuestos resultados de la investigación de la CNDH que se publicó en el periódico Milenio, en realidad es la versión del Ejército mexicano.

En el citado informe se dice que de acuerdo a un estudio realizado después de su detención, Ericka resultó con residios de cocaína y Efrén con anfetamina. La CNDH se adjudica la realización del estudio.

 “Esa información es del Ejército, la CNDH nunca nos hizo una auscultación, esas pruebas fueron sacadas de la 27 Zona Militar de Cumbres de Llano Largo; los estudios de radisonato de sodio y de orina los hizo el Ejército, no fueron peritos de la Procuraduría, ni del estado ni de la federal”, aseguró Cortés Chávez con respecto a esos resultados.

Entrevistado frente a las dos aulas de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez donde ocurrieron los hechos la mañana del 7 de junio, donde familiares de las víctimas pusieron cadenas de flores, velas, veladores y 11 cruces pequeñas y una grande de mármol en la que están inscritos los 11 nombres de las víctimas, los dos sobrevivientes sostienen la versión de que no fue un enfrentamiento sino una masacre.

“Fue una masacre, nosotros nunca hemos dicho que la columna del ERPI estaba realizando una consulta, aunque sí había gente del grupo armado. Pero también lo que hemos dicho es que se dio un rendimiento de la gente que estaba desarmada y a pesar de ello a las seis de la mañana el Ejército masacró a esos campesinos desarmados”, insiste Cortés Chávez.

Rodeado de indígenas que no hablan español, Cortés Chávez reconoce que si bien efectivamente, como lo señala el Ejército no hubo tiro de gracia, “sí hubo ejecuciones a siete y a 10 metros de los bordos contra gente desarmada”, lo que implica, señala Cortés Chávez, que las víctimas fueron ejecutadas.

“El Ejército quiere evadir su responsabilidad porque ha manejado que fue un enfrentamiento cuando no lo fue, de lo contrario hubieran tenido algún herido”, señala Cortés Chávez quien insiste que lo que vivió la mañana del 7 de junio de 1998 “fue una ejecución sumaria, fueron asesinatos porque no se puede decir que hubo igualdad de fuerza.

Recuerda que el Ejército llegó a la escuela a las 3 de la mañana y que por un magnavoz les exigió a quienes se encontraban pernoctando que salieran, “pero nosotros les dijimos que no íbamos a salir y fue hasta a las 6 de la mañana cuando aceptamos cuando el Ejército se comprometió que iba a respetar a los detenidos y no cumplió”.

Por su parte, la también sobreviviente, Zamora Pardo quien se encontraba en El Charco cumpliendo con un proyecto de alfabetización, recuerda que esa mañana los efectivos del Ejército que mantenían rodeada la escuela los fueron sacando y concentraron a la mayoría en la cancha, “fue cuando desde los bordos algunos de ellos empezaron a disparar”.

Recuerda, asimismo, que uno de ellos, Honorio García, se hincó, alzó los brazos y pidió perdón pero igual dispararon contra él.

Dijo que cuando habían cesado los disparos, un militar le preguntó si había gente herida en el interior de las dos aulas en donde se encontraban y ella le dijo que sí pues recordó al campesino Fernando Félix herido de un pie, fue cuando el militar rodeó las dos aulas y después se escucharon disparos. Posteriormente Fernando Félix apareció en la lista de los muertos.

Las 11 víctimas de la masacre son Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fidencio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala, este último estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, integrante del grupo de Zamora Pardo que alfabetizaba en esa comunidad.

Como resultado de la incursión del Ejército hubo también cinco heridos y 22 detenidos, actualmente todos puestos en libertad.

Zamora Pardo lamenta que a cinco años de los hechos aún no se haya hecho justicia y que los responsables sigan dentro del Ejército, “y peor aún, uno de quienes encabezaron la incursión, el general Alfredo Oropeza Garniza siga reprimiendo a los indígenas aunque ahora en la Huasteca Potosina.