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* El jueves 3 de abril presentarán sólo un informe de trabajo

 Aún sin una posición sobre la Ley de Amnistía en  las comisiones del Congreso

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Relegada a segundo término por el proceso electoral interno de los partidos políticos metidos en la elección de sus candidatos a diputados federales, la reforma a la Ley de Amnistía seguirá pendiente, luego de que las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso del Estado aún no definen posturas al respecto y sólo han alcanzado consenso en el informe de trabajo que presentarán en la sesión plenaria del jueves 3 de abril en el segundo periodo ordinario, que comienza el lunes.

Las comisiones unidas sesionaron el miércoles 19 por la tarde, donde aprobaron un informe presentado por los presidentes de la Comisión de Justicia, el diputado del PRI Cuauhtémoc Salgado Romero y de Derechos Humanos el diputado del PRD Rómulo Reza Hurtado.

El informe sólo es un relato cronológico de las acciones que han emprendido esas comisiones unidas, desde que el pasado 6 de febrero mediante un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por la plenaria se les mandató promover una mesa de diálogo con las organizaciones sociales  que han demandado la revisión de la Ley de Amnistía número 592.

El informe no compromete a ninguna fracción parlamentaria y representaciones de partidos, así que ese miércoles 3 de abril en la sesión del Congreso local, se conocerá si hay intención de reformar la Ley de Amnistía, luego de que los partidos deberán fijar sus posiciones sobre el tema que ha sido motivo de movilizaciones de organizaciones y familiares de presos políticos.

El informe de las comisiones unidas

El informe hace alusión a la Ley de Amnistía que el 10 de noviembre del año pasado, la aún 56 Legislatura del Congreso del Estado expidió, publicada en el periódico oficial del gobierno del estado número 83 –alcace I del martes 12 de noviembre–, “que tiene como propósito fundamental establecer las vías jurídicas que permitan consolidar la paz, seguridad y la tranquilidad pública de los guerrerenses”.

Indican que: “Por conducto de la Comisión de Gobierno de esta legislatura, se recibieron diversas peticiones formuladas por organizaciones sociales, en las que solicitan que esta soberanía popular haga una revisión de la Ley de Amnistía, en virtud de que a su juicio la misma no ha cumplido con las expectativas sociales esperadas toda vez que la gran mayoría de sus destinatarios no fueron beneficiados, sino que resultaron beneficiadas personas distintas a aquellos luchadores sociales por los cuales solicitaron la promulgación de la ley, por cuya razón consideran que este proceso de amnistía y reconciliación social resulta inoperante”.

Aunado a que tal “circunstancia fue reforzada con la información proporcionada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos,  Rómulo Reza Hurtado, e integrante de a Comisión de Amnistía a la que compete la aplicación de la ley, al exhibir las dos únicas resoluciones  que hasta este momento han emitido”.

Además de exhibir copias fotostáticas de la Ley de Amnistía del estado de Michoacán de Ocampo de fecha 15 de mayo de 1981; Ley de Amnistía del estado Nuevo León, publicada en el periódico oficial del estado el 2 de octubre de 1978;  y la Ley de Amnistía del estado de Oaxaca, promulgada el 6 de octubre de 1978.

Asimismo, “las Leyes de Amnistía en el que se incluyen delitos contra la vida, la integridad corporal de las personas, secuestro, terrorismo, daño en propiedad ajena y  robo, que fueron obtenidas a través de la Internet y que acompañan al presente informe como anexos números 3, 4, 5 y 6 con el fin de ilustrar a esta soberanía popular para que cuente con los elementos suficientes para resolver lo procedente respecto a las peticiones formuladas por las organizaciones que pugnan por la reforma a la Ley de Amnistía, igualmente con los múltiples actos de protestas que han realizado diversas organizaciones sociales que pugnan por la modificación de la Ley de Amnistía número 592 como son marchas, mítines, plantones y huelgas de hambre, entre otros”.

Agregan en el informe que: “En cumplimiento al mandato del pleno, los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, en reunión preparatoria realizada el jueves 26 de febrero del presente año acordaron instalar las mesas de diálogo con las organizaciones sociales, los días 4 y 5 de marzo, de 10  de la mañana a 8 de la noche, en la sala legislativa del segundo piso del Congreso del Estado”.

“Así también ambas comisiones se declararon en sesión permanente por esos dos días, en espera de que las organizaciones sociales acudieran a presentar sus propuestas de reforma o modificación de la Ley de Amnistía número 592; acuerdo que fue difundido en los diversos medios de comunicación por medio de la Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado”.

Indican que tuvieron “comunicación vía  telefónica con los dirigentes de organizaciones sociales entre ellos: el dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), Omar Garibay Guerra; del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava; del Comité  de Orientación Política e Ideológica de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa, Carlos Reyes Cruz (FECSUM); del presidente del Movimiento Azteca de Guerrero, Arturo Hernández Cardona y con el representante de la Asociación Civil Tierra Digna y del Comité Universitario por la Libertad de David Molina, Rafael Aréstegui Ruiz”.

Cuatro organizaciones acudieron a las mesas de diálogo

“Por otra parte –continúan en el informe– durante los días 4 y 5  de marzo, en el horario comprendido de 10 de la mañana a 8 de la noche, en las instalaciones de la sala legislativa del segundo piso del Congreso local se instaló la mesa de diálogo de referencia, compareciendo en el primer día los dirigentes del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava, quienes reiteraron la petición presentada el día 27 de noviembre del 2002, a los diputados que integraban la Comisión de Gobierno de esa legislatura”.

Solicitaba en esa ocasión, “la supresión de la Ley de Amnistía la exclusión de los ilícitos considerados como graves, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales del Estado”.

“En el segundo día –dicen haber recibido en comparecencia– a los representantes de la CUPLDM, Rafael Aréstegui Ruiz y Rosario Merlín García,  de dirigente del FPR, Omar Garibay Guerra y de la esposa de David Molina Francisco, Gloria Gallegos González, quienes presentaron sus propuestas para modificar la Ley de Amnistía en la que proponen la creación de un Comité Ciudadano integrado por personas de reconocida honestidad que se encargaría de revisar los procesos de los acusados que soliciten ser beneficiados por la Ley de Amnistía, siendo estas las únicas organizaciones sociales que comparecieron a reiterar y presentar las propuestas de modificación a la Ley de Amnistía mismas que se acompañan al presente informe como anexos 7, 8, y 9”.

Más delante señalan “que por acuerdo de los diputados que integran ambas comisiones unidas y a petición formulada por los representantes de la CUPLDM y del FPR se determinó de manera unánime realizar una visita a los presos que se encontraban en huelga de hambre en el Cereso de Acapulco que pugnan por la modificación de la Ley de Amnistía”.

Señalan que la visita a los presos políticos, “fue con el fin de informarles acerca de los trabajos realizados por los diputados que integran las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, en torno a las peticiones formuladas por diversas organizaciones sociales para modificar la Ley de Amnistía y escuchar de manera directa sus peticiones que formularan los presos ayunantes”.

Precisan que “para el día 15 de marzo  de este año los diputados que integran las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos se constituyeron en el interior del Cereso de Acapulco, lugar donde lograron entrevistarse con los internos David Molina Francisco, Gerónimo Hernández Refugio, Joviel Rafael Ventura, Ismael Padilla Nava, Rogelio García Pineda y Amadeo Campos Ríos, quienes se encontraban en huelga de hambre”.

Y que “por conducto de David Molina Francisco plantearon su petición de modificación de la Ley de Amnistía número 592, porque consideran que debido a su participación en diversas luchas sociales les fueron fabricados los delitos por los cuales actualmente se encuentran detenidos”.