* El jueves 3
de abril presentarán sólo un informe de trabajo
Aún
sin una posición sobre la Ley de Amnistía
en las comisiones
del Congreso
Hugo
Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Relegada a segundo
término por el proceso electoral interno de los partidos políticos
metidos en la elección de sus candidatos a diputados
federales, la reforma a la Ley de Amnistía seguirá
pendiente, luego de que las comisiones unidas de Justicia y de
Derechos Humanos del Congreso del Estado aún no definen
posturas al respecto y sólo han alcanzado consenso en el
informe de trabajo que presentarán en la sesión plenaria del
jueves 3 de abril en el segundo periodo ordinario, que
comienza el lunes.
Las
comisiones unidas sesionaron el miércoles 19 por la tarde,
donde aprobaron un informe presentado por los presidentes de
la Comisión de Justicia, el diputado del PRI Cuauhtémoc
Salgado Romero y de Derechos Humanos el diputado del PRD Rómulo
Reza Hurtado.
El
informe sólo es un relato cronológico de las acciones que
han emprendido esas comisiones unidas, desde que el pasado 6
de febrero mediante un punto de acuerdo aprobado por
unanimidad por la plenaria se les mandató promover una mesa
de diálogo con las organizaciones sociales
que han demandado la revisión de la Ley de Amnistía número
592.
El
informe no compromete a ninguna fracción parlamentaria y
representaciones de partidos, así que ese miércoles 3 de
abril en la sesión del Congreso local, se conocerá si hay
intención de reformar la Ley de Amnistía, luego de que los
partidos deberán fijar sus posiciones sobre el tema que ha
sido motivo de movilizaciones de organizaciones y familiares
de presos políticos.
El
informe de las comisiones unidas
El
informe hace alusión a la Ley de Amnistía que el 10 de
noviembre del año pasado, la aún 56 Legislatura del Congreso
del Estado expidió, publicada en el periódico oficial del
gobierno del estado número 83 –alcace I del martes 12 de
noviembre–, “que tiene como propósito fundamental
establecer las vías jurídicas que permitan consolidar la
paz, seguridad y la tranquilidad pública de los
guerrerenses”.
Indican
que: “Por conducto de la Comisión de Gobierno de esta
legislatura, se recibieron diversas peticiones formuladas por
organizaciones sociales, en las que solicitan que esta soberanía
popular haga una revisión de la Ley de Amnistía, en virtud
de que a su juicio la misma no ha cumplido con las
expectativas sociales esperadas toda vez que la gran mayoría
de sus destinatarios no fueron beneficiados, sino que
resultaron beneficiadas personas distintas a aquellos
luchadores sociales por los cuales solicitaron la promulgación
de la ley, por cuya razón consideran que este proceso de
amnistía y reconciliación social resulta inoperante”.
Aunado
a que tal “circunstancia fue reforzada con la información
proporcionada por el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, Rómulo
Reza Hurtado, e integrante de a Comisión de Amnistía a la
que compete la aplicación de la ley, al exhibir las dos únicas
resoluciones que
hasta este momento han emitido”.
Además
de exhibir copias fotostáticas de la Ley de Amnistía del
estado de Michoacán de Ocampo de fecha 15 de mayo de 1981;
Ley de Amnistía del estado Nuevo León, publicada en el periódico
oficial del estado el 2 de octubre de 1978;
y la Ley de Amnistía del estado de Oaxaca, promulgada
el 6 de octubre de 1978.
Asimismo,
“las Leyes de Amnistía en el que se incluyen delitos contra
la vida, la integridad corporal de las personas, secuestro,
terrorismo, daño en propiedad ajena y
robo, que fueron obtenidas a través de la Internet y
que acompañan al presente informe como anexos números 3, 4,
5 y 6 con el fin de ilustrar a esta soberanía popular para
que cuente con los elementos suficientes para resolver lo
procedente respecto a las peticiones formuladas por las
organizaciones que pugnan por la reforma a la Ley de Amnistía,
igualmente con los múltiples actos de protestas que han
realizado diversas organizaciones sociales que pugnan por la
modificación de la Ley de Amnistía número 592 como son
marchas, mítines, plantones y huelgas de hambre, entre
otros”.
Agregan
en el informe que: “En cumplimiento al mandato del pleno,
los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia
y de Derechos Humanos, en reunión preparatoria realizada el
jueves 26 de febrero del presente año acordaron instalar las
mesas de diálogo con las organizaciones sociales, los días 4
y 5 de marzo, de 10 de
la mañana a 8 de la noche, en la sala legislativa del segundo
piso del Congreso del Estado”.
“Así
también ambas comisiones se declararon en sesión permanente
por esos dos días, en espera de que las organizaciones
sociales acudieran a presentar sus propuestas de reforma o
modificación de la Ley de Amnistía número 592; acuerdo que
fue difundido en los diversos medios de comunicación por
medio de la Dirección de Comunicación Social del Congreso
del Estado”.
Indican
que tuvieron “comunicación vía
telefónica con los dirigentes de organizaciones
sociales entre ellos: el dirigente del Frente Popular
Revolucionario (FPR), Omar Garibay Guerra; del Frente de
Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG),
Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava; del Comité
de Orientación Política e Ideológica de la Sociedad
de Alumnos Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de
Ayotzinapa, Carlos Reyes Cruz (FECSUM); del presidente del
Movimiento Azteca de Guerrero, Arturo Hernández Cardona y con
el representante de la Asociación Civil Tierra Digna y del
Comité Universitario por la Libertad de David Molina, Rafael
Aréstegui Ruiz”.
Cuatro
organizaciones acudieron a las mesas de diálogo
“Por
otra parte –continúan en el informe– durante los días 4
y 5 de marzo, en
el horario comprendido de 10 de la mañana a 8 de la noche, en
las instalaciones de la sala legislativa del segundo piso del
Congreso local se instaló la mesa de diálogo de referencia,
compareciendo en el primer día los dirigentes del FODEG,
Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava, quienes reiteraron la
petición presentada el día 27 de noviembre del 2002, a los
diputados que integraban la Comisión de Gobierno de esa
legislatura”.
Solicitaba
en esa ocasión, “la supresión de la Ley de Amnistía la
exclusión de los ilícitos considerados como graves, de
conformidad con el Código de Procedimientos Penales del
Estado”.
“En
el segundo día –dicen haber recibido en comparecencia– a
los representantes de la CUPLDM, Rafael Aréstegui Ruiz y
Rosario Merlín García,
de dirigente del FPR, Omar Garibay Guerra y de la
esposa de David Molina Francisco, Gloria Gallegos González,
quienes presentaron sus propuestas para modificar la Ley de
Amnistía en la que proponen la creación de un Comité
Ciudadano integrado por personas de reconocida honestidad que
se encargaría de revisar los procesos de los acusados que
soliciten ser beneficiados por la Ley de Amnistía, siendo
estas las únicas organizaciones sociales que comparecieron a
reiterar y presentar las propuestas de modificación a la Ley
de Amnistía mismas que se acompañan al presente informe como
anexos 7, 8, y 9”.
Más
delante señalan “que por acuerdo de los diputados que
integran ambas comisiones unidas y a petición formulada por
los representantes de la CUPLDM y del FPR se determinó de
manera unánime realizar una visita a los presos que se
encontraban en huelga de hambre en el Cereso de Acapulco que
pugnan por la modificación de la Ley de Amnistía”.
Señalan
que la visita a los presos políticos, “fue con el fin de
informarles acerca de los trabajos realizados por los
diputados que integran las comisiones unidas de Justicia y de
Derechos Humanos, en torno a las peticiones formuladas por
diversas organizaciones sociales para modificar la Ley de
Amnistía y escuchar de manera directa sus peticiones que
formularan los presos ayunantes”.
Precisan
que “para el día 15 de marzo
de este año los diputados que integran las comisiones
unidas de Justicia y de Derechos Humanos se constituyeron en
el interior del Cereso de Acapulco, lugar donde lograron
entrevistarse con los internos David Molina Francisco, Gerónimo
Hernández Refugio, Joviel Rafael Ventura, Ismael Padilla
Nava, Rogelio García Pineda y Amadeo Campos Ríos, quienes se
encontraban en huelga de hambre”.
Y
que “por conducto de David Molina Francisco plantearon su
petición de modificación de la Ley de Amnistía número 592,
porque consideran que debido a su participación en diversas
luchas sociales les fueron fabricados los delitos por los
cuales actualmente se encuentran detenidos”.