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* Historias de cinco presos políticos en huelga de hambre en Acapulco

 Acusados de delitos comunes para reprimir a movimientos sociales

 Maribel Gutiérrez * El 23 de febrero, cinco presos en Acapulco comenzaron una huelga de hambre con la demanda de reformas a la Lay de Amnistía aprobada el año pasado pero que no permite la libertad de los presos políticos. De los cinco, cuatro están acusados de secuestro, lo que los excluye de la amnistía. Igual que cerca de 50 presos políticos en cárceles de Guerrero, ninguno está acusado expresamente de delitos clasificados como políticos. En entrevistas, los cinco presos que hoy cumplen 11 días en huelga de hambre hablan de los motivos por los que están en prisión.

Los cinco forman parte del Comité de Presos Políticos Perredistas Juan N. Alvarez, que se formó en diciembre, presidido por Ismael Padilla Nava; secretario general, Rogelio García Pineda; de organización, Joviel Rafael Ventura; finanzas, Gerónimo Hernández Refugio y de relaciones y educación política, David Molina Francisco.

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Joviel Rafael Ventura. Tenía 23 años cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, y era miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y del PRD. Viajaba en la camioneta que fue atacada por la Policía Motorizada que envió el gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Iba en la caja trasera, cerca de la puerta, y cuando el vehículo se detuvo él se iba a bajar pero ya no pudo porque comenzó la balacera. Para protegerse se tendió en el piso; encima de él cayeron tres o cuatro cuerpos, de sus compañeros desangrándose.

Cuando paró la balacera Joviel se levantó y exprimía con una mano su camisa impregnada de sangre como si estuviera triturando una sandía.

Vio a sus compañeros caídos. Preguntó por su hermano, Florente Rafael Ventura; le dijeron que estaba bien, ileso, pero al final apareció herido de dos balazos, y murió en un hospital de Acapulco.

Comenzó la persecución contra los sobrevivientes de la masacre. Meses después Joviel salió de Paso Real cuando su nombre apareció en una lista negra que filtró el gobierno, de campesinos a quienes tenía señalados como parte de grupos armados y que estaban en la mira de la represión.

Dejó sus tierras en Paso Real y emigró a Acapulco, donde trabajaba de albañil. Ya no participaba en la OCSS, pero asistía a las manifestaciones y actos públicos del PRD. Pero igual que con otros sobrevivientes de la masacre, siguió la vigilancia contra él.

El 9 de agosto de 1998 fue detenido en La Quebrada, presuntamente por policías judiciales. Casi simultáneamente fue arrestado Salomé Aguirre Bahena, en otro lugar de Acapulco. Los dos estuvieron desaparecidos diez días, durante los cuales fueron torturados para obligarlos a decir que eran parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y que habían participado en secuestros y emboscadas.

El 19 de agosto de 1998 el procurador Servando Alanís los presentó ante los medios de comunicación como “peligrosos” guerrilleros, que habían participado en los secuestros de más resonancia en el país de los últimos tiempos, como el del banquero Alfredo Harp Helú y el empresario Angel Lozada.

Formalmente, Joviel sólo fue acusado de portación de una metralleta y del secuestro de un señor de San Luis de la Loma, Eduardo de la Cruz Serrano, quien se presentó a declarar que no reconoce como sus secuestradores a los dos presos.

Lleva más de cuatro años en prisión, y está sentenciado a 15 por el secuestro; por la supuesta arma ya fue absuelto.

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 Ismael Padilla Nava. Es originario de Tixtla, donde trabajaba como chofer y era dirigente del PRD y miembro de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), tiene 35 años, padre de tres niños y hermano de Felícitas Padilla Nava, que fue detenida con su esposo el 21 de octubre de 1999 en Chilpancingo, como parte de una operación en la que fueron arrestados dos de los principales dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el comandante Antonio, Jacobo Silva Nogales, y la coronel Aurora, Gloria Arenas Agís.

Desde la detención de Felícitas comenzó el hostigamiento a miembros de su familia, en Tixtla. Agentes policiacos vigilaban sus casas, y seguían sus movimientos. Por eso vino a buscar trabajo a Acapulco, el 26 de julio de 2000, y ese mismo día fue detenido, prueba de lo tenían siempre vigilado.

Estuvo desaparecido cinco días, y torturado con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos y golpes, y así lo obligaron a firmar unos papeles en blanco. Durante su desaparición confirmó que todo el tiempo lo vigilaban, porque en la tortura le nombraban a mucha gente con la que se rel acionaba cotidianamente.

El 30 de julio lo presentan en el Ministerio Público como secuestrador del empresario priísta Raúl Astudillo.

Entre los judiciales que lo arrestaron reconoce al comandante Fidel Morales Vargas, Fredy Luna Simón, Oscar Orea y otro de quien no sabe el nombre. Esos judiciales lo tuvieron desaparecido, de un lugar a otro, lo seguían torturando con golpes y toques eléctricos y le decían que tenían a sus hijos y que los iban a despedazar ante su vista. Bajo estas torturas, lo obligaban a grabar textos que los mismos judiciales le daban y utilizaban su voz para hablar con el hermano del empresario secuestrado, exigiendo el rescate y dando las instrucciones para entregar el dinero.

Afirma que los mismos judiciales cobraron el rescate, en el puente de Dos Arroyos en la Autopista del Sol.

Ismael Padilla está procesado por ese secuestro, y en este mes se va a cerrar el juicio, que se abrió con base en documentos falsos firmados bajo tortura, en los que aparece como guerrillero del ERPI.

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 Gerónimo Hernán-dez Refugio. Es miembro de la OCSS de la que era dirigente en Coyuca de Benítez cuando fue detenido el 20 de octubre de 2002. Cuando tenía 19 años sobrevivió a la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron once de sus compañeros y vecinos más cercanos de Atoyaquillo.

Tras la masacre, Gerónimo se negó a acudir a los citatorios que enviaba el figueroísmo, por medio del actual senador Héctor Vicario, para que los sobrevivientes avalaran la versión del gobierno.

Ahí comenzó la persecución y los intentos de vincularlo al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Dos veces fue rescatado de militares y policías por la población de Atoyaquillo que se movilizó. El 4 de septiembre de 1996, en un retén militar en la carretera de la sierra, los soldados lo detuvieron y lo querían involucrar en un ataque del EPR al Ejército.

El 22 de septiembre de 1997 estuvo desaparecido en manos de agentes de la PGR y del Ejército, que lo señalaban como parte del EPR.

El 7 de octubre de 2001, cuando estaba en una huerta, se escapó de paramilitares que fueron a matarlo.

Finalmente lo arrestaron el 20 de octubre de 2002, acusado del intento de secuestro de un predicador de Coyuca de Benítez, Píndaro Mendoza, pero el mismo declaró que Genónimo no es culpable; le inventaron la posesión de armas de fuego pero no hubo pruebas y por eso en esta semana le entregarán su carta de libertad por ese cargo. Para tenerlo en la cárcel le fabricaron otro secuestro, de un comerciante de huaraches de Coyuca de Benítez, José Luis Astudillo, quien no se ha presentado a ratificar la denuncia.

En la permanente persecución que ha sufrido, aparece el comandante de la Policía Motorizada, Celerino Bibiano Pineda, quien estuvo en su detención y tortura el septiembre de 1997 y nuevamente participó en su detención en octubre pasado y lo amenazó con matar a su esposa, a sus padres y a sus cuatro hijos.

El mismo policía lo entregó a la Policía Judicial en Coyuca de Benítez, donde hubo manifestaciones de su familia, del pueblo de Atoyaquillo y de la OCSS para exigir su libertad.

Después lo trasladaron a los separos de la Judicial en Acapulco, y lo pusieron en manos del comandante Teodomiro Lara García.

En los separos de Acapulco, después de que ya lo habían localizado sus familiares y compañeros, fue torturado el 21 de octubre de 2002. Lo sacaron en la noche y con golpes y amenazas lo hicieron firmar documentos en los que dice que él secuestró a Servando Luna Carbajal en Tepetixla, que hizo otro secuestro en Paso Real, y que pertenece al EPR.

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 David Molina Francisco. “Mi estancia en este penal es una venganza política del Estado”, dice David Molina Francisco, profesor universitario, de 48 años, quien ha participado en las luchas populares en Coyuca de Benítez y otros municipios de Guerrero desde hace más de dos décadas, y antes fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero, participó en los movimientos en defensa de la UAG y de las prepas, y fue presidente del Consejo Estatal del PRD y miembro del Comité Ejecutivo Estatal.

Hace un recuento: “Me tocó la recuperación de tierras en la Costa Chica, en El Capulín y La Soledad, municipio de Ometepec; participé en la formación de la colonia Panorámica, en la Invonavit Alta Progreso y en la colonia Bellavista de Acapulco. En Coyuca de Benítez impulsamos la formación de la Colonia Primero de Enero, Cuauhtémoc Cárdenas, Ampliación de la colonia Lázaro Cárdenas y Tierra y Libertad, y en la toma del terreno que ocupa la Preparatoria 16 de la UAG”.

El gobierno trató de vincularlo con el EZLN en 1994. Después, cuando apareció el EPR, en 1996, trataron de vincularlo con este grupo igual que a otros maestros universitarios de Coyuca de Benítez.

Por amenazas que le hizo llegar el ex gobernador Rubén Figueroa en 1997, salió de Coyuca de Benítez y se trasladó a Acapulco. Recientemente participó en la formación de la colonia Rubén Jaramillo, en el movimiento por la regularización de la colonia Fuerza Aérea, en el área de Pie de la Cuesta, y aquí se topó con los poderosos intereses del ex gobernador Israel Nogueda Otero, y lo encarcelaron en junio de 2001.

Para detenerlo y enlodar su imagen le fabricaron el delito de violación. Además, fue acusado de despojo contra el ex gobernador Israel Nogueda Otero, contra el banco Santander, contra residencial Punta Brava, contra Lourdes Pizarro en la colonia Campo de Tiro.

Después le añadieron los delitos políticos de motín, conspiración, rebelión, resistencia de particulares y sabotaje, con motivo de la toma del Palacio Municipal de Coyuca de Benítez como una respuesta a la masacre de Aguas Blancas.

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Rogelio García Pineda. Tiene 29 años y cinco de estar encarcelado. Es originario de Atoyac, donde se dedicaba a las labores del campo, y participaba en el PRD desde su fundación y en la OCSS. Salió de ese municipio por la persecución contra campesinos que desató el Ejército y las policías a raíz de la aparición del EPR, en 1996.

Se trasladó a Zihuatanejo, donde trabajaba en la hotelería. Ahí, fue detenido el 18 de mayo de 1998, acusado de secuestro de un ganadero de San Jeronimito, Jesús Gómez Escalera, y de asociación delictuosa.

Estuvo cinco días desaparecido, en manos de policías judiciales del estado y miembros de un grupo paramilitar, que lo acusaban de pertenecer al EPR, y para comprobarlo lo ponían a hacer marometas y entrenamientos supuestamente de la guerrilla.

Lo sometieron a tormentos hasta dejarlo moribundo, y los mismos torturadores mataron en los tormentos a otro detenido compañero de Rogelio, Leopoldo Ruiz Lomas, de Atoyac.

Lo hicieron firmar documentos en los que se declara culpable. Fue sentenciado a 34 años de prisión; después le redujeron la condena a 32 años y recientemente a 14.

Afirma que no hay pruebas para condenarlo, y que está aquí sólo por la persecución y la fabricación de delitos contra los que participan en las luchas sociales. (Fotos: Eric Miralrío)