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* Apoya la propuesta de la Codehum y la Red

Deficiencia grave, la falta de ley contra la desaparición: Amnistía Internacional

 Amnistía Internacional, organización no gubernamental con sede en Londes, se manifestó por la aprobación en Guerrero de una ley especial contra la desaparición forzada, como la propusieron al Congreso del Estado la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y la Red Guerrerense de Derechos Humanos.

En una carta dirigira al gobernador, René Juárez Cisneros, con fecha 12 de marzo, la directora del Programa Regional para América, Susan Lee, plantea que “Amnistía Internacional ha documentado casos de desaparición forzada

en el estado de Guerrero desde los años 70 hasta los últimos tiempos” y que en este trabajo, “ha identificado la falta de legislación adecuada a nivel federal o estatal para prevenir o sancionar tales delitos como una deficiencia grave que ha dejado casi la totalidad de estos delitos en la impunidad, y ha favorecido la continuación de esta práctica aberrante por parte de algunos funcionarios públicos, así como de otros individuos que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de aquellos”.

En particular, se refiere al caso de la desaparición del señor Faustino Jiménez Alvarez, documentado en la recomendación de la Codehum 19/2002, y en el informe de junio 2002 de Amnistía Internacional titulado La desaparición: un delito permanente.

En la carta, se hace un reconocimiento a la iniciativa del gobernador de reformar el artículo 133 bis del Código Penal de Guerrero, para tipificar el delito de la desaparición forzada.

Sin embargo, la organización considera que la penalización de la desaparición forzada en el estado de Guerrero debería llevarse a cabo mediante una ley especial y no con reformas limitadas a algunos artículos del Código Penal.

Plantea la necesidad de que la penalización de esta grave violación de los derechos humanos, sea conforme a las normas internacionales contraídas por el Estado mexicano a través de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que resulte congruente con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992.

Advierte que si la ley contra la desaparición forzada no se apega a estas disposiciones, se corre el riesgo de que las víctimas de este crimen y los afectados no gocen de una apropiada protección y que la impunidad se mantenga.

Señala las características que de acuerdo con los instrumentos internacionales debe tener la ley, entre las que destacan que debe penalizar la desaparición forzada como un delito autónomo e independiente; debe señalar, en cuanto a la autoría del delito, a servidores y autoridades públicos así como a otro tipo de personas o grupos de personas que actúen directa o indirectamente con la autorización, apoyo o aquiescencia de aquellos; debe establecer sanciones no sólo a los autores, sino a los cómplices y encubridores.

Otra característica es que las acciones penales por el delito de desaparición forzada y las penas que se impongan no están sujetas a prescripción, y que toda desaparición forzada sea considerada delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima.

También, que el delito sea juzgado por tribunales ordinarios, con exclusión de toda jurisdicción militar, y que no admita como eximente a la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores, pues toda persona que reciba órdenes de desaparecer a una persona tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

Señala que la ley debe asegurar que las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares obtengan la debida reparación, lo cual supone el derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada.

Amnistía Internacional sugiere al gobernador que apoye el proyecto de ley propuesto por la Codehum y las organizaciones de la Red, porque considera que esta propuesta recoge los principios normas internacionales en la materia.


 Responsabiliza al gobierno de la desaparición de su esposo

 * Exige Enedina Cervantes castigo a judiciales y a Raúl y Arturo Valle Álvarez

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Para Enedina Cervantes Salgado, esposa del desaparecido Faustino Jiménez Álvarez, el responsable es el gobierno estatal ,“y tiene el deber de entregármelo y de castigar a quienes se lo llevaron”, y señala a policías judiciales del estado y a Raúl y Arturo Valle Álvarez.

Recordó que su esposo fue detenido la madrugada del 17 de junio de 2001 por agentes de la Policía Judicial en Acapulco. Se lo llevaron poco después de las 4 de la madrugada, tras irrumpir violentamente en su casa, de Tierra Colorada, donde dormían.

Se presume que los agentes investigaban el secuestro del primo de Jiménez Alvarez, el empresario camionero José Valle Alvarez. Sin embargo, después del 17 de junio no se volvió a saber nada de él.

Entre sollozos por el dolor que le causa el recuerdo de su esposo desaparecido desde hace dos años nueve meses, Enedina Cervantes señala que no es posible que en Guerrero haya tanta impunidad, “en Guerrero no hay justicia, pero aún así voy a seguir exigiendo que me regresen a mi esposo, por mis dos hijos y por mí misma, seguiré tocando puertas”.

La mujer, de mediana edad, luego de narrar de nuevo cómo se llevaron a su marido la madrugada del 17 de junio del 2001, reclamó al gobierno estatal que entreguen a Jiménez Alvarez, “no puedo creer que nadie sepa dónde está, alguien debe tenerlo, alguien debe saber dónde está”, suplicó la mujer.

Enedina Cervantes estuvo ayer en la conferencia de prensa donde representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, que llevan el caso, pidieron al Poder Judicial que la resolución del juez que en breve emitirá una sentencia se apegue a derecho y sin presiones.

Enedina Cervantes señaló que los acontecimientos de la madrugada del 17 de junio, en su domicilio particular de Tierra Colorada –cuando se llevaron a su esposo– la han marcado para toda su vida porque ha dejado secuelas sicológicas en sus dos hijos menores de edad.

“Si supieran cuánto sufro al ver a mis hijos que me preguntan por él, me preguntan si algún día volverá, porque lo quieren ver y hasta me reclaman que si él estuviera tal vez no estaríamos en esta situación”, declara mientras sin ponerse contener irrumpe en llanto.

Y es que señala que ahora no solamente sufre por la desaparición de su esposo, sino que también teme “porque hay personas que no es de su agrado que yo exija justicia. Yo responsabilizo al gobernador René Juárez de lo que pueda pasarme a mí y a mis hijos”, denunció.

Cervantes Salgado explicó que ha recibido llamadas telefónicas que le dicen que su esposo no está desaparecido, “que anda por ahí y eso es todavía un dolor mucho más grande”.

Por ello pidió al gobernador “que haga algo por encontrar a mi marido, pero también que se ejecuten las otras órdenes de aprehensión, no es posible que haya tanta impunidad”.

Denunció que los hermanos Raúl y Arturo Valle Álvarez, quienes estuvieron presentes la madrugada que se llevaron a su esposo, “gozan de libertad, como si nada hubieran hecho, andan libres, son intocables”.