* Sigue la amenaza en Barranca Tecoani, afirma

Ningún caso de indígenas violadas por soldados ha tenido justicia: Tlachinollan

Miriam Ruiz (CIMAC), ciudad de México * La familia de Inés Fernández Orgeta, indígena me’phaa violada por soldados del Ejército en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, en marzo del 2002, continúa recibiendo hostigamiento y amenazas de personal de efectivos del Ejército, se informó ayer aquí.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, advirtió que las fuerzas castrenses apuestan al desgaste de las víctimas en este caso, como en los otros cinco que su organización ha tomado sobre violaciones sexuales a indígenas por militares.

Fortunato Prisciliano Sierra, esposo de Inés, violada sexualmente por tres soldados en la cocina de su casa, fue visitado a mediados de abril por militares  que le pidieron que dejaran el caso, actualmente en revisión por la justicia militar, señaló Barrera.

Igualmente, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente ante las intimidaciones sufridas por la pareja y otros habitantes de su pueblo, Barranca Tecoani, a donde entraron 22 miembros del 48 Batallón de Infantería del Ejército el 16 de enero de 2003.

“Cuatro soldados armados fueron a la casa de Fortunato Prisciliano e Inés Fernández y, al parecer, durante más de media hora pidieron reiteradamente que Fortunato Prisciliano retirara la denuncia de violación. El se negó a hacerlo”, y el acoso continúo, informó Amnistía Internacional.

Agrega que desde que denunciaron la violación ante el Ministerio Público en marzo de 2002, Fortunato Prisciliano e Inés Fernández no han sido informados de ninguna acción emprendida por las autoridades. Los médicos que examinaron a Inés Fernández aún no han entregado su informe.

Abel Barrera explicó este jueves durante una conferencia de prensa sobre el amparo negado a Valentina Rosendo, violada 20 días antes que Inés Fernández en la misma región me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, presuntamente por miembros del mismo Batallón, que ningún caso de indígenas violadas por soldados ha alcanzado la justicia.

Tlachinollan había llevado dos casos similares en 1999 también en la región de La Montaña de Guerrero y otros dos más en la región de la Costa Chica, también en 1999. Las cuatro víctimas, pobres y habitantes de comunidades alejadas, renunciaron a seguir los casos.

Mientras, organizaciones internacionales esperan el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la justicia civil investigue la violación por soldados a tres hermanas tzeltales en 1994, en una zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellas abandonaron su comunidad y actualmente se ha perdido el contacto.

Al igual que las hermanas tzeltales, el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández ha dado la vuelta al mundo al ser retomado por las mayores organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como por otros grupos de la sociedad civil.