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* Arraigan en el DF a los campesinos de Ayutla y Tecoanapa

Nexos con el ERPI, terrorismo y secuestro, acusaciones a seis detenidos

 * Critica el director de Tlachinollan, Abel Barrera, el manejo de la ley contra la delincuencia organizada, que en este caso vulnera las garantías de los detenidos y no ayuda a la investigación

 Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) informaron que la Unidad Especialidada en Delinciencia Organizada (UEDO) pretende culpar de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) a los seis detenidos en los cateos del miércoles en Tecoanapa y Ayutla, y de haber cometido los delitos de secuestro y terrorismo, todo con base en las supuestas declaraciones de un testigo protegido no identificado.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, informó que el sábado en la tarde el abogado del Prodh, Jorge Fernández, defensor de Concepción Ramírez Ramírez, uno de los detenidos, tuvo acceso a una parte del expediente, en el que comprobó las imputaciones que se hacen a los detenidos.

Dice la UEDO que los detenidos secuestraban y asaltaban para financiar al ERPI

Este lunes, en la ciudad de México, el director de la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, informó a los medios que agentes de la PGR detuvieron a “seis presuntos activistas del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusados de participar en dos secuestros”, y agregó que se investiga su participación en otros seis, todos supuestamente cometidos entre 2002 y 2003.

Según una nota publicada en la página de El Universal en Internet, el funcionario informó que “queda en evidencia la relación del grupo guerrillero con una serie de delitos, principalmente secuestros y asaltos a transportes de carga, como su método principal financiamiento”.

Los seis detenidos son José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez.

Señaló que la captura de los seis ocurrió en los poblados de Teconapa y Ayutla de los Libres en Guerrero, donde la UEDO y la AFI investigaban una serie de delitos cuyo modus operandi era similar.

Santiago Vasconcelos informó que los detenidos fueron plenamente identificados por dos de las víctimas, a cuyos familiares pidieron rescates de un millón de pesos en conjunto, recursos que en parte fueron entregados a la organización guerrillera que opera en Guerrero.

Dijo que entre las pruebas se encontraron una biblia que fue marcada por una víctima con características especiales, la voz de ellos, fotografías, así como armas y uniformes tipo militar.

Dijo que los detenidos siempre actuaron con el rostro cubierto con pasamontañas y fuertemente armados y disfrazados de militares, lo que hizo que desde principios de este año la PGR atrajera el caso y comenzara a investigar hasta identificar a una parte de esta célula del ERPI que operaba en esta zona de Guerrero.

El director de la UEDO dijo ayer en conferencia de prensa que a los detenidos se les decomisaron 24 armas de fuego, 2 mil 146 cartuchos, 11 cargadores, un teléfono satelital, una Biblia que daban a sus víctimas, un libro sobre guerra de guerrillas, varios uniformes militares, así como un comunicado del ERPI.

Según el funcionario, los detenidos dijeron pertenecer desde hace seis años al ERPI y dedicar una parte de los rescates pagados por la libertad de sus víctimas al financiamiento de las actividades del grupo guerrillero.

El titular de la UEDO dijo que tan sólo por dos secuestros obtuvieron un millón de pesos, y agregó que “hasta este momento es el único caso que tenemos respecto de la participación de elementos de grupos transgresores de la ley (guerrillas) en actividades directas de delincuencia organizada”.

Acusación sorprendente: Tlachinollan

Por su parte, Abel Barrera informó que este fin de semana, la UEDO logró que un juez ordenara el arraigo de los seis, durante 90 días, en un lugar de la ciudad de México, plazo máximo para investigar y determinar si los detenidos son consignados ante un juez.

Abel Barrera dijo que a los familiares y a los defensores de derechos humanos les sorprendió la acusación de que pertenecen a un grupo armado, lo que permite a la PGR enmarcarlos dentro de la delincuencia organizada, y recurrir a una ley de exepción, que se utiliza con el pretexto de investigar delitos, para vulnerar derechos.

“Desde nuestra perspectiva es una ley de excepción, que vulnera las garantías de los detenidos y no ayuda a investigar los delitos. En el caso de los seis, desde que fueron detenidos la mañana del miércoles estuvieron incomunicados, a pesar de que la familia los vio el jueves, pero jurídicamente seguían incomunicados, y la asistencia jurídica sólo se les permitió después de 72 horas, que fue el sábado por la tarde, cuando pudieron hablar con su abogado. Ahí se les dio a conocer que los acusan de secuestro y terrorismo, y de que son parte del ERPI”, manifestó Abel Barrera.

Informó que se supone que los seis detenidos ya están arraigados en algún lugar de la ciudad de México.

El director de Tlachinollan señaló que se supone que estas seis detenciones son parte de una investigación más amplia, y que es probable que sigan las investigaciones, cateos y detenciones en esa región de Ayutla y Tecoanapa, en razón de las declaraciones del testigo protegido que supuestamente conoce la actuación del ERPI.