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Arraigan
en el DF a los campesinos de Ayutla y
Tecoanapa
Nexos
con el ERPI, terrorismo y secuestro,
acusaciones a seis detenidos
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Critica el director de Tlachinollan, Abel
Barrera, el manejo de la ley contra la
delincuencia organizada, que en este caso
vulnera las garantías de los detenidos y no
ayuda a la investigación
Abogados
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro (Prodh) informaron que la Unidad
Especialidada en Delinciencia Organizada
(UEDO) pretende culpar de pertenecer al Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) a
los seis detenidos en los cateos del miércoles
en Tecoanapa y Ayutla, y de haber cometido los
delitos de secuestro y terrorismo, todo con
base en las supuestas declaraciones de un
testigo protegido no identificado.
El
director del Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, informó
que el sábado en la tarde el abogado del
Prodh, Jorge Fernández, defensor de Concepción
Ramírez Ramírez, uno de los detenidos, tuvo
acceso a una parte del expediente, en el que
comprobó las imputaciones que se hacen a los
detenidos.
Dice
la UEDO que los detenidos secuestraban y
asaltaban para financiar al ERPI
Este
lunes, en la ciudad de México, el director de
la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos,
informó a los medios que agentes de la PGR
detuvieron a “seis presuntos activistas del
grupo guerrillero Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI) acusados de
participar en dos secuestros”, y agregó que
se investiga su participación en otros seis,
todos supuestamente cometidos entre 2002 y
2003.
Según
una nota publicada en la página de El
Universal en Internet, el funcionario informó
que “queda en evidencia la relación del
grupo guerrillero con una serie de delitos,
principalmente secuestros y asaltos a
transportes de carga, como su método
principal financiamiento”.
Los
seis detenidos son José Guadalupe Hernández,
Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos,
Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y
Concepción Ramírez Ramírez.
Señaló
que la captura de los seis ocurrió en los
poblados de Teconapa y Ayutla de los Libres en
Guerrero, donde la UEDO y la AFI investigaban
una serie de delitos cuyo modus operandi era
similar.
Santiago
Vasconcelos informó que los detenidos fueron
plenamente identificados por dos de las víctimas,
a cuyos familiares pidieron rescates de un
millón de pesos en conjunto, recursos que en
parte fueron entregados a la organización
guerrillera que opera en Guerrero.
Dijo
que entre las pruebas se encontraron una
biblia que fue marcada por una víctima con
características especiales, la voz de ellos,
fotografías, así como armas y uniformes tipo
militar.
Dijo
que los detenidos siempre actuaron con el
rostro cubierto con pasamontañas y
fuertemente armados y disfrazados de
militares, lo que hizo que desde principios de
este año la PGR atrajera el caso y comenzara
a investigar hasta identificar a una parte de
esta célula del ERPI que operaba en esta zona
de Guerrero.
El
director de la UEDO dijo ayer en conferencia
de prensa que a los detenidos se les
decomisaron 24 armas de fuego, 2 mil 146
cartuchos, 11 cargadores, un teléfono
satelital, una Biblia que daban a sus víctimas,
un libro sobre guerra de guerrillas, varios
uniformes militares, así como un comunicado
del ERPI.
Según
el funcionario, los detenidos dijeron
pertenecer desde hace seis años al ERPI y
dedicar una parte de los rescates pagados por
la libertad de sus víctimas al financiamiento
de las actividades del grupo guerrillero.
El
titular de la UEDO dijo que tan sólo por dos
secuestros obtuvieron un millón de pesos, y
agregó que “hasta este momento es el único
caso que tenemos respecto de la participación
de elementos de grupos transgresores de la ley
(guerrillas) en actividades directas de
delincuencia organizada”.
Acusación
sorprendente: Tlachinollan
Por
su parte, Abel Barrera informó que este fin
de semana, la UEDO logró que un juez ordenara
el arraigo de los seis, durante 90 días, en
un lugar de la ciudad de México, plazo máximo
para investigar y determinar si los detenidos
son consignados ante un juez.
Abel
Barrera dijo que a los familiares y a los
defensores de derechos humanos les sorprendió
la acusación de que pertenecen a un grupo
armado, lo que permite a la PGR enmarcarlos
dentro de la delincuencia organizada, y
recurrir a una ley de exepción, que se
utiliza con el pretexto de investigar delitos,
para vulnerar derechos.
“Desde
nuestra perspectiva es una ley de excepción,
que vulnera las garantías de los detenidos y
no ayuda a investigar los delitos. En el caso
de los seis, desde que fueron detenidos la mañana
del miércoles estuvieron incomunicados, a
pesar de que la familia los vio el jueves,
pero jurídicamente seguían incomunicados, y
la asistencia jurídica sólo se les permitió
después de 72 horas, que fue el sábado por
la tarde, cuando pudieron hablar con su
abogado. Ahí se les dio a conocer que los
acusan de secuestro y terrorismo, y de que son
parte del ERPI”, manifestó Abel Barrera.
Informó
que se supone que los seis detenidos ya están
arraigados en algún lugar de la ciudad de México.
El
director de Tlachinollan señaló que se
supone que estas seis detenciones son parte de
una investigación más amplia, y que es
probable que sigan las investigaciones, cateos
y detenciones en esa región de Ayutla y
Tecoanapa, en razón de las declaraciones del
testigo protegido que supuestamente conoce la
actuación del ERPI.