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Niega la propiedad de armas y uniformes
No
son del ERPI los seis detenidos, dice el
grupo rebelde en un comunicado
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Califica de montaje espectacular la presentación
de pertrechos que hizo la UEDO en la ciudad de
México
El
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI) negó que pertenezcan a sus filas los
seis campesinos de Ayutla y Tecoanapa
detenidos el 21 de mayo por policías de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y
acusados por la Unidad Especializada en
Delincuencia Organizada (UEDO), de secuestro,
terrorismo y asaltos.
En
el comunicado número 5 del Comité Estatal de
Guerrero, el ERPI señala que el gobierno
federal incurre en falsedades al intentar
culpar a los costachiquenses de pertenecer al
grupo guerrillero, “al que intentan
criminalizar”, y que “es muy probable que
todos los detenidos sean chivos
expiatorios”.
Sostiene
que al pretender fabricar culpables, torturar
y criminalizar a luchadores sociales y
trabajadores campesinos, el Estado crea un
clima de zozobra. Y advierte que con estas
acciones “se prepara el terreno para una
escalada represiva en el estado de Guerrero.
Ya varias organizaciones sociales –que no
tienen relación alguna con el ERPI– han
denunciado un recrudecimiento de violencia
policiaca y militar en la región. Ante la
intensificación de la represión, llamamos a
la sociedad civil a organizarse y denunciar
cualquier atropello que sufran por parte del
gobierno”.
José
Guadalupe Hernández Arizmendi, Eudocio Suástegui
García, Bardomanio Ríos, Doroteo Marín, Inés
Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez,
fueron detenidos por la UEDO en cateos
ocurridos el miércoles de la semana pasada, y
hasta este lunes fueron presentados en la
ciudad de México como “presuntos activistas
del ERPI”.
La
dirección estatal de los rebeldes considera
que “las presuntas declaraciones hechas por
los detenidos, vinculándolos a nuestra
organización y al secuestro, evidentemente
fueron arrancadas bajo la siempre presente práctica
de la tortura”.
Y
pregunta: “¿Cómo es posible que los
centros de inteligencia piensen que ancianos
de 70 y 80 años se dediquen al secuestro?”.
Asimismo,
cuestiona la veracidad de las evidencias que
presenta la PGR, en referencia a la copia de
un supuesto comunicado del EPRI de 1999 y a
una Biblia que fue encontrada en una de las
casas, que supuestamente daban a leer a los
secuestrados y que quedó marcada “con
características especiales” por una de las
víctimas. Responde que estudiar la Biblia,
“cosa que no hacemos como organización”,
y leer nuestros documentos públicos
(comunicados) que son disponibles a todo
mundo, ¿es delito?”.
Agrega
que “es imposible” que hayan sido
encontrados uniformes guerrilleros a los
detenidos “ya que no guardamos nuestros
uniformes militares en casas. Por tanto, lo más
probable es que todas estas evidencias hayan
sido sembradas”.
Denuncia
que los recientes cateos, incursiones y
detenciones ilegales ocurridos en Tecoanapa,
La Unión, Chacalapa y Ayutla de Los Libres,
“con el pretexto de investigar secuestros,
muestran el criminal modus operandi de las
fuerzas policiacas”, pues “causan zozobra,
incursionando violentamente y con dispositivos
aparatosos en comunidades campesinas”.
Señala
que la UEDO detuvo “a estas seis personas
sin órdenes de aprehensión”, y que fueron
mantenidos “incomunicados y escondidos por más
de tres días”. Indica que “no satisfechos
con estas graves violaciones a los derechos
humanos, elementos de la AFI y otras fuerzas
policiacas proceden a golpear inhumanamente a
los detenidos, quienes en diversas imágenes
publicadas presentan irrefutables huellas de
tortura”.
El
ERPI asegura que las armas decomisadas tampoco
les pertenecen, lo que fue confirmado por sus
unidades guerrilleras. Por ejemplo, dice,
“nosotros no usamos el fusil Galil. Es más,
parece ser que esta presentación espectacular
de petrechos de guerra es un montaje. Según
varios compañeros, buena parte de ese
armamento ya fue presentada después del
hallazgo de armas en el Cerro de Guajolote en
1997”.
Denuncia
también “el continuo intento de las
autoridades de criminalizar a nuestra
organización” y dice que el ERPI “es una
organización político-militar, seria,
disciplinada, combativa pero también
humanista y popular; luchamos, junto con otras
fuerzas insurgentes por la transformación de
nuestra sociedad, construyendo y defendiendo
el poder popular desde abajo y hasta las últimas
consecuencias. No nos consideramos
delincuentes por participar aquí. Más bien,
los represores de las fuerzas policiacas y sus
jefes necesitan verse en el espejo”.
Repudia
la práctica de la tortura y la desaparición
forzada por tratarse de delitos de lesa
humanidad, que el gobierno “todavía
practica”.
En
las fotos de los detenidos que se vieron en
los noticieros de televisión, añade,
“estos campesinos aparecen con el rostro
hinchado, señal de que fueron brutalmente
torturados”.
Finalmente
alerta de que “de nueva cuenta se están
realizando operaciones e investigaciones
extremadamente irregulares (cateos ilegales,
detenciones ilegales, tortura física y psicológica,
intimidaciones), propias de un Estado
policiaco, a lo largo de la Costa Chica”.
“Hasta
hoy, la impunidad y los crímenes de lesa
humanidad prevalecen y son prácticas comunes
del foxismo. Pero tarde o temprano, se hará
justicia y habrá un pleno respeto por los
derechos humanos”, concluye.