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* Niega la propiedad de armas y uniformes

No son del ERPI los seis detenidos, dice el grupo rebelde en un comunicado

 * Califica de montaje espectacular la presentación de pertrechos que hizo la UEDO en la ciudad de México

 El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) negó que pertenezcan a sus filas los seis campesinos de Ayutla y Tecoanapa detenidos el 21 de mayo por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y acusados por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), de secuestro, terrorismo y asaltos.

En el comunicado número 5 del Comité Estatal de Guerrero, el ERPI señala que el gobierno federal incurre en falsedades al intentar culpar a los costachiquenses de pertenecer al grupo guerrillero, “al que intentan criminalizar”, y que “es muy probable que todos los detenidos sean chivos expiatorios”.

Sostiene que al pretender fabricar culpables, torturar y criminalizar a luchadores sociales y trabajadores campesinos, el Estado crea un clima de zozobra. Y advierte que con estas acciones “se prepara el terreno para una escalada represiva en el estado de Guerrero. Ya varias organizaciones sociales –que no tienen relación alguna con el ERPI– han denunciado un recrudecimiento de violencia policiaca y militar en la región. Ante la intensificación de la represión, llamamos a la sociedad civil a organizarse y denunciar cualquier atropello que sufran por parte del gobierno”.

José Guadalupe Hernández Arizmendi, Eudocio Suástegui García, Bardomanio Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, fueron detenidos por la UEDO en cateos ocurridos el miércoles de la semana pasada, y hasta este lunes fueron presentados en la ciudad de México como “presuntos activistas del ERPI”.

La dirección estatal de los rebeldes considera que “las presuntas declaraciones hechas por los detenidos, vinculándolos a nuestra organización y al secuestro, evidentemente fueron arrancadas bajo la siempre presente práctica de la tortura”.

Y pregunta: “¿Cómo es posible que los centros de inteligencia piensen que ancianos de 70 y 80 años se dediquen al secuestro?”.

Asimismo, cuestiona la veracidad de las evidencias que presenta la PGR, en referencia a la copia de un supuesto comunicado del EPRI de 1999 y a una Biblia que fue encontrada en una de las casas, que supuestamente daban a leer a los secuestrados y que quedó marcada “con características especiales” por una de las víctimas. Responde que estudiar la Biblia, “cosa que no hacemos como organización”, y leer nuestros documentos públicos (comunicados) que son disponibles a todo mundo, ¿es delito?”.

Agrega que “es imposible” que hayan sido encontrados uniformes guerrilleros a los detenidos “ya que no guardamos nuestros uniformes militares en casas. Por tanto, lo más probable es que todas estas evidencias hayan sido sembradas”.

Denuncia que los recientes cateos, incursiones y detenciones ilegales ocurridos en Tecoanapa, La Unión, Chacalapa y Ayutla de Los Libres, “con el pretexto de investigar secuestros, muestran el criminal modus operandi de las fuerzas policiacas”, pues “causan zozobra, incursionando violentamente y con dispositivos aparatosos en comunidades campesinas”.

Señala que la UEDO detuvo “a estas seis personas sin órdenes de aprehensión”, y que fueron mantenidos “incomunicados y escondidos por más de tres días”. Indica que “no satisfechos con estas graves violaciones a los derechos humanos, elementos de la AFI y otras fuerzas policiacas proceden a golpear inhumanamente a los detenidos, quienes en diversas imágenes publicadas presentan irrefutables huellas de tortura”.

El ERPI asegura que las armas decomisadas tampoco les pertenecen, lo que fue confirmado por sus unidades guerrilleras. Por ejemplo, dice, “nosotros no usamos el fusil Galil. Es más, parece ser que esta presentación espectacular de petrechos de guerra es un montaje. Según varios compañeros, buena parte de ese armamento ya fue presentada después del hallazgo de armas en el Cerro de Guajolote en 1997”.

Denuncia también “el continuo intento de las autoridades de criminalizar a nuestra organización” y dice que el ERPI “es una organización político-militar, seria, disciplinada, combativa pero también humanista y popular; luchamos, junto con otras fuerzas insurgentes por la transformación de nuestra sociedad, construyendo y defendiendo el poder popular desde abajo y hasta las últimas consecuencias. No nos consideramos delincuentes por participar aquí. Más bien, los represores de las fuerzas policiacas y sus jefes necesitan verse en el espejo”.

Repudia la práctica de la tortura y la desaparición forzada por tratarse de delitos de lesa humanidad, que el gobierno “todavía practica”.

En las fotos de los detenidos que se vieron en los noticieros de televisión, añade, “estos campesinos aparecen con el rostro hinchado, señal de que fueron brutalmente torturados”.

Finalmente alerta de que “de nueva cuenta se están realizando operaciones e investigaciones extremadamente irregulares (cateos ilegales, detenciones ilegales, tortura física y psicológica, intimidaciones), propias de un Estado policiaco, a lo largo de la Costa Chica”.

“Hasta hoy, la impunidad y los crímenes de lesa humanidad prevalecen y son prácticas comunes del foxismo. Pero tarde o temprano, se hará justicia y habrá un pleno respeto por los derechos humanos”, concluye.