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* Presentan al Grupo de Trabajo 59 casos de aprehensiones ilegales

 El Ejército, primero en detenciones arbitrarias, en un informe a la ONU

 * Miembros de organizaciones sociales y civiles y familiares plantearon denuncias ante los funcionarios de las Naciones Unidas, con el interés de que el organismo internacional actúe para contrarrestar estas violaciones

 Raquel Santiago Maganda * Familiares de desaparecidos y organizaciones sociales y civiles del estado presentaron al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 59 casos de personas detenidas con la expectativa de que el organismo internacional conozca las condiciones y actúe para contrarrestarlas.

En el hotel Hyatt Regency la mesa de trabajo privada estaba proyectada con una duración de dos horas se prolongó hasta 3 horas y media por el número de casos de detenciones arbitrarias que diferentes organizaciones denunciaron.

Acudieron a la cita con la comisión encabezada por su presidente Louis Joinet la Red Guerrerense de Derechos Humanos, los centros de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, Mahatma Gandhi y Sembrador de Esperanza, la Comisión Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.

También el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), la Asociación Tierra y Libertad, el Movimiento Vicente Guerrero, la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, el Movimiento 6 de Marzo y la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Benigno Guzmán, los dirigentes del FODEG, Bertoldo Martínez y José Luis Morales, y la presidenta de La Voz de los Sin Voz, Hilda Navarrete, coincidieron en la expectativa de que los organismos internacionales de los derechos humanos conozcan los problemas y puedan emitir recomendaciones que sean acatadas por el gobierno de México.

En un informe que presentaron a los representantes de la ONU aseguraron que los grupos policiacos del estado tienen “descrédito con su vinculación con el crimen organizado y por sus actuaciones estralegales que inician con detenciones arbitrarias que ocasionan más violaciones a los derechos humanos de los detenidos”.

Después familiares y dirigentes expusieron cada uno de los 59 casos de detenidos. En resumen denunciaron 26 casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Judicial del Estado, 31 casos por miembros del Ejército y dos casos especiales contra autoridades indígenas que fueron detenidas por la aplicación de su ley.

Los comisionados de la ONU mostraron especial interés por las detenciones hechas por el Ejército. Preguntaron sobre la forma en que fueron detenidas las personas, lugares, y los tipos de tortura que aplicaron. En ocasiones, según versión de algunos denunciantes, solicitaban especificar detalles de hora y si las detenciones fueron realizadas por miembros del Ejército, además detalles de las condiciones en caso de haber aislamiento y los golpes en cada parte del cuerpo, así como el daño psicológico que aplicaban.

La mayoría de los denunciantes aseguran que las detenciones no contaban con una orden judicial.

También mencionaron la posible existencia de listas negras de supuestos guerrilleros o narcotraficantes.

El falta de una investigación seria por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia también fue denunciada, además de la guerra sucia en donde participaron los recién sentenciados generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.

Mencionaron la recomendación 019/2002 sobre nueve desparecidos emitida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que plantea investigar y castigar a ex directores, comandantes y agentes de la Policía Judicial.

Los casos ante la ONU

Uno de los casos denunciados fue el del campesino Catalino Benítez Hernández de 32 años, detenido por el comandante de la PJE, Antonio Fuentes Cadena, que no mostró documento de aprehensión.

Las características de su detención fue que tras haberlo torturado físicamente, lo tuvieron cuatro días desaparecido y otros cuatro días lo tuvieron en los separos de la Policías de Tecpan de Galeana. Lo presentaron a declarar el 22 de noviembre de 1990 ante el Ministerio Público para después trasladarlo al Cereso de Acapulco, acusado de secuestro y homicidio, y de portación de arma exclusiva del Ejército.

El indígena Fidel García Ramírez, de 27 años, fue detenido por el mismo comandante Antonio Fuentes Cadena el 15 de junio de 1997 en la comunidad de Xocoyolzintla, municipio de Ahuacotzingo, sin orden de aprehensión, y acusado de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El indígena milita en el PRD y es miembro de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).

Otra denuncia fue del campesino Misael De la Cruz Soto, de 25 años, conocido por su militancia perredista y en la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los familiares detallaron que la aprensión fue el 18 de mayo de 1998 en Zihuatanejo por parte del comandante de la PJE, Tomás Herrera Basurto, que no mostró orden de aprehensión. El detenido fue acusado de secuestrador y lo torturaron al golpearlo y pretenderlo asfixiar con bolsas de plásticos para que se declarara culpable.

El 9 de agosto de 1998, el campesino Joviel Rafael Ventura, de 30 años, fue detenido en la calle principal de La Quebrada, en Acapulco, por miembros de la Policía Judicial del Estado, sin orden judicial. Relataron que del Cereso fue llamado a la Secretaría General de Gobierno para presentarlo ante el Procurador de Justicia y después con agentes federales, acusado de portar una arma y de secuestrador y de pertenecer al ERPI.

En el relato también mencionaron que estuvo desaparecido durante 11 días, durante este lapso aseguraron familiares que fue torturado física y psicológicamente en cárceles clandestinas por diferentes corporaciones policiacas y militares para que firmara una hoja en blanco y aceptara ser miembro de un grupo armado. Hasta el momento se encuentra recluido.

Otro caso expuesto fue de el ama de casa María Guadalupe Soto Avila, quien fue detenida por el delito de secuestro en el mercado central de abasto el 27 de febrero de 1999. Relataron que los policías judiciales la obligaron a llevarlos a su domicilio, en donde se introdujeron violentamente sin mostrar orden y sacaron de allí a su esposo y a ambos los subieron al vehículos sin informarles a dónde se dirigían.

El 28 de julio de 2000, el ama de casa y perredista Azucena Villamar Pasión de 24 años de edad, fue detenida en Apango por el comandante Fidel Morales Vargas de la PJE, acusada de secuestro. En la denuncia ante la ONU dice que la golpearon y la amenazaron de muerte, además le metieron la cabeza en bolsas de plástico y la mantuvieron tres días sin comer ni tomar agua.

Los familiares del indígena Victoriano Eugenio Manuel de 21 años, informaron que fue detenido sin orden judicial el 5 de enero de 2001 en Ayutla de los Libres. El campesino miembro de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos fue detenido por Cristóbal Miranda de la Policía Judicial del Estado supuestamente por el delito de homicidio calificado, relató su hermana Andrea.

Los casos atribuidos al Ejército

En las 31 detenciones arbitrarias atribuidas al Ejército, el factor común es la falta de orden judicial, como en el caso del indígena náhuatl Luis Gonzaga Lara, en Tehuactitlán, municipio de Olinalá.

A Luis Gonzaga lo acusaron de pertenecer al EPR. Este caso fue incluido en la recomendación 100/97 emitida por la CNDH y también se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El profesor indígena Leonardo Bardomiano Morales fue detenido el 26 de mayo de 1997 en San Martín Jolalpan, municipio de Cualac, sin orden de aprensión, y fue vinculado con el EPR.

Los casos de Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez también fueron denunciados, por su detención arbitraria en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y que fueron remitidos al Cereso de Acapulco acusados de terroristas, asociación delictuosa, acopio de armas y portación de armas. El 23 de junio de 1998 les imputaron los delitos de rebelión, conspiración e invitación a la rebelión, sin haber presentado orden judicial.

Los indígenas

Caso especial también fueron las detenciones de autoridades indígenas por la falta de una ley que reconozca constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas.

El comisario ejidal Lucas Gaspar Francisco de la comunidad de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Conmonfort, fue detenido por un conflicto contra el campesino Salvador Martínez Verea a quienes acusan de apropiarse de terrenos ejidales de manera irregular.

Pero el detonante de la pugna fue la pretensión de apoderarse de un terreno destinado al uso ceremonial y considerado sagrado porque cada 28 de septiembre allí se da gracias a sus deidades por el buen temporal de maíz, el lugar es conocido como Tlatlazohuaya. Salvador Martínez cercó el lugar y construyó dos casas, las cuales después fueron destruidas y el MP giró órdenes de aprehensión contra el comisario y los ciudadanos.

Otro caso es el del comisario municipal de Santa Cruz Lomalapa, Julián Vázquez Menor, y vecinos de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, por el conflicto ejidal con Pablo Marcos García por un manantial de agua, que antes de ser apropiado de manera irregular le pertenecía a la comunidad.El comisario municipal fue detenido por la Policía Judicial por el delito de robo, y se giraron órdenes de aprensión contra vecinos de comunidades aledañas.En el informe de plantea que las acciones son respaldadas por asambleas comunitarias y las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia desconocen los sistemas normativos de los pueblos indígenas.