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Ordenó torturas y desapariciones tras choques entre policías y EPR, dicen

Loxichas denuncian al ex gobernador Diódoro Carrasco ante fiscalía especial

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Habitantes de la región Loxicha, en Oaxaca, acusaron ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado al ex gobernador de esa entidad y ex secretario de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano por su presunta responsabilidad en delitos contra la humanidad, tortura, desaparición forzada temporal de personas y abuso de autoridad.

Otros ex funcionarios del gobierno de Oaxaca que fueron señalados como copartícipes son Roberto Pedro Martínez, quien ocupó el cargo de procurador de justicia, y José Trinidad Rodríguez Ballesteros, ex titular de la Policía Judicial de esa entidad.

La fiscalía especial dio entrada a la denuncia, que de manera directa interpusieron Marcelino Santiago Pacheco y Juan Sosa Maldonado, quienes aseguraron haber sido detenidos, torturados y mantenidos en calidad de dasaparecidos durante 6 meses y 25 días, respectivamente, por funcionarios del gobierno de Oaxaca.

De acuerdo con el texto de la denuncia, a consecuencia del enfrentamiento ocurrido el 28 de agosto de 1996 entre efectivos militares y policiacos con integrantes del grupo armado Ejército Popular Revolucionario, desde el gobierno estatal que encabezaba Diódoro Carrasco se ''dirigieron una serie de operativos policiacos-militares en diversas partes del estado de Oaxaca, pero especialmente en la región de los Loxicha, lo que derivó en la detención y el encarcelamiento de más de 150 personas".

Además, puntualiza el documento entregado en la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto, en el periodo comprendido entre agosto de 1996 y diciembre del año 2000 ''se cometieron los secuestros y la desaparición de seis personas", entre ellas los denunciantes.

Juan Sosa Maldonado es vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, grupo que mantiene un plantón en la Cámara de Diputados en demanda de que el Congreso de la Unión elabore y decrete una ley de amnistía para los integrantes de grupos armados que permanecen encarcelados.