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* Visitan seis municipios y reciben amenazas, dicen

En Guerrero, “graves” violaciones a derechos humanos: ONG de Canadá

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Miembros de una delegación del Proyecto de Observadores de Derechos Humanos “Construyendo Puentes” provenientes de Canadá, declararon ayer que en Guerrero existen “graves” violaciones a los derechos humanos y que no existe voluntad política de parte de las autoridades mexicanas para cambiar esta situación.

Los representantes de ese organismo terminaron ayer un recorrido que iniciaron el 22 de septiembre pasado por los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Tlapa, Zapotitlán Tablas y Chilpancingo, en donde se reunieron con dirigentes de 10 organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos, para recabar testimonios de violaciones a los derechos humanos.

Los cinco miembros de la delegación del Proyecto de Observadores de Derechos Humanos “Construyendo Puentes” ofrecieron ayer en Chilpancingo una conferencia de prensa en donde no permitieron que se tomaran fotografías y pidieron que se mantuviera en el anonimato su identidad, ya que durante su recorrido por algunos municipios fueron víctimas de amenazas, persecución y hostigamiento por parte de policías y militares, así como por desconocidos.

El informe señala que la violencia en esta entidad se ve reflejada en desapariciones, secuestros, esterilizaciones forzadas, violación y abuso sexual de mujeres, intimidación, asesinatos y tortura; mientras que la ocupación militar se manifiesta con retenes, cateos ilegales e intimidación y asesinatos de las y los organizadores, miembros y familiares de las organizaciones sociales.

Asimismo explica que las detenciones arbitrarias se manifiestan con la fabricación de evidencias de delito, juicios irregulares y fallos largos, asimismo, confesiones forzadas bajo amenazas y torturas. También denunciaron que es evidente la falta de investigación de las desapariciones, falta de acceso a los abogados, corrupción, la compra de justicia y la impunidad.

“El Ejército Mexicano sigue invadiendo las comunidades, allanando las casas en forma ilegal y robando a los miembros de las comunidades. Algunos líderes comunitarios han sido amenazados, torturados y encarcelados mientras otros han sido asesinados y desaparecidos. Las autoridades militares y civiles no castigan a los responsables de las violaciones de derechos humanos”, señala el documento.

“El caso de Valentina Cantú, una mujer tlapaneca violada por soldados del Ejército Mexicano ilustra la impunidad completa gozada por las fuerzas armadas”, señala en su informe el organismo extranjero que este caso fue transferido del tribunal civil al tribunal militar donde fue cerrado bajo el pretexto de que no hubo violación sexual.

El informe también señala que las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales actúan en coordinación con los caciques y sus guardias blancas, “atacando y perpetuando las violaciones de derechos humanos contra las comunidades y los individuos que no obedecen a sus intereses económicos y políticos”.

Refiere el organismo que en la cárceles de Guerrero existen 39 presos políticos y cita los casos de Miguel Angel Mesino y Tomás de Jesús Barranco quienes ayer cumplieron 24 días en huelga de hambre en el penal de esta capital en demanda de su libertad.

“El caso del señor Tomás de Jesús Barranco sobresale porque en los últimos 23 días –la conferencia de prensa la ofrecieron el sábado– ha estado junto con Miguel Angel Mesino en una huelga de hambre para traer atención ante la falta de voluntad política de parte de las autoridades mexicanas para resolver sus casos”.

La delegación canadiense hace mención también de la “extrema pobreza en que vive la mayor parte de la población guerrerense”, las deficiencias en alimentación, vivienda, atención médica y educación, “que son los derechos universales y fundamentales”.

Observaron también que por esta pobreza en que viven los campesinos “se ven obligados a sembrar enervantes”. Cuestionan, asimismo  la tala clandestina de la  madera y los “violentos conflictos agrarios por la falta de respeto a los derechos indígenas, demarcando territorios políticos y administrativos sin consulta previa por lo cual ha habido muchos muertos”.

Los resultados de las observaciones de dicha organización serán dadas a conocer a organismos civiles no gubernamentales este 6 de octubre en la ciudad de México, cuando termina la visita a México de los integrantes de la delegación, mientras que en Canadá será difundido a través de los medios de comunicación. Asimismo, se informó, el organismo enviará sus puntos de vista al Gobierno mexicano y guerrerense a fin de que se corrija esta situación.

Durante la presentación de su informe los miembros de la citada delegación denunciaron que en su recorrido fueron permanentemente vigilados, hostigados y perseguidos por miembros de corporaciones policiacas y militares, “nos detenían hasta por más de dos horas en los retenes y nos revisaban muy bien los vehículos”. Denunciaron que en el municipio de Atoyac, dos camiones militares los vigilaron por más de dos horas, mientras que un individuo que primero les pidió información por una papelería, se presentó después como periodista y les exigió información del trabajo que realizaban, y que el 25 de septiembre recibieron un mensaje telefónico celular con la palabra grabada “putos”, mientras que durante su recorrido por los penales de Acapulco fueron vigilados “de manera obvia” por un anciano de ojos azules que llevaba una gorra.

Las recomendaciones que al final de su informe realiza el organismo extranjero es, otorgar amnistía a todos los presos políticos; respetar el estado de derecho, el proceso justo, y todos los acuerdos firmados sobre derechos humanos e indígenas; respetar el derecho a la libertad de expresión, de tránsito y de asociación; respetar el derecho a organizarse para el desarrollo comunitario  y la autodeterminación; implementar todas las recomendaciones de las comisiones nacionales e interamericanas de derechos humanos, así como respetar e implementar el derecho a la alimentación, vivienda, educación y salud.