México
D.F. Jueves 4 de septiembre de 2003
Carlos
Montemayor
Los
vascos y el derecho de asilo
No
quiero extenderme en los ejemplos de
incongruencia que el actual gobierno
español ha asumido al apoyar la
invasión a Irak y al negarse a actuar
en el caso Cavallo; tampoco quiero
abundar en la actitud deplorable que
ha asumido ante las extradiciones
solicitadas por el juez Garzón de los
criminales argentinos de la guerra
sucia. Quiero señalar el grave riesgo
de que esa incongruencia se extienda
al gobierno de Vicente Fox.
Es
muy complejo el viejo conflicto que
los gobiernos españoles enfrentan con
diversas organizaciones e incluso
regiones del País Vasco. En diversos
momentos he tenido oportunidad de
recorrer el País Vasco tanto en
Francia como en España. También he
conversado ampliamente con
periodistas, intelectuales, luchadores
so-ciales y políticos vascos en México,
Bayonne, Biarritz y San Sebastián,
por ejemplo.
Lo
que puede afirmarse de los movimientos
sociales de resistencia, armada o pacífica,
en Guerrero o Chiapas, también puede
aplicarse a los casos de Irak,
Palestina, Chechenia e Irlanda.
Igual-mente, al País Vasco. Ningún
movimiento armado, en México o en
España, en Asia o en Africa, puede
operar sin el apoyo de amplios y
determinantes sectores de la población
regional. Las comarcas enteras operan
como una red solidaria a veces por su
apoyo activo, en ocasiones por su
silencio e inactividad. Tal cercanía
silenciosa es la más difícil de
penetrar, entender y desarticular.
En
los primeros meses de 2000, cuando fui
invitado a varias ciudades de los
altos Pirineos y del País Vasco, en
una larga conversación que sostuve
con un grupo de periodistas en
Bayonne, confirmé esa compleja simpatía
social de las comarcas con diversos
contingentes de activistas en Francia
y en España. No quiero extenderme en
un análisis de los aspectos civiles y
armados que representa el conflicto
vasco desde hace mucho tiempo para los
gobiernos españoles, repito. Pero sí
quiero insistir en la conveniencia de
que el gobierno de México se abstenga
de asumir como propios los conflictos
del gobierno español, sobre todo
cuando una cooperación así quiere
efectuarse al grado de forzar la
legislación mexicana, abatir el
derecho de asilo y pasar por alto el más
elemental asomo de la inteligencia.
El
caso de Lorenzo Llona Olalde ilustra
sobradamente el absurdo al que pueden
llegar la actual administración política
y la justicia en nuestro país.
Lorenzo Llona Olalde es ciudadano
mexicano desde hace diez años. Llegó
a México en diciembre de 1980
formando parte de un grupo de cien
vascos que pedían asilo político.
Los apoyó el gobierno de José López
Portillo y les prometió el documento
migratorio FM-3 si obtenían una
oferta de trabajo. Llona Olalde logró
conseguir trabajo en la ciudad de Querétaro,
en una maderería, y en marzo del
siguiente año, en 1981, recibió la
constancia de residencia legal en
nuestro país. A partir de este punto,
el gobierno de Vicente Fox, a través
de la Secretaría de Gobernación,
puede convertirse en un elemento clave
de justicia y de elemental dignidad
institucional. Veamos por qué. El 30
de mayo de aquel año de 1981 se
presentó Lorenzo Llona Olalde a la
Dirección de Migración de la
Secretaría de Gobernación a promover
su FM-3. Semanas más tarde, el 24 y
el 25 de junio de ese mismo año,
efectuó los pagos correspondientes,
según lo comprueban los recibos que
tiene en su poder. Por último, el 26
de junio se le tomó la filiación
oficial mediante fotografía, huellas
digitales y firma.
Estos
hechos comprobables en los expedientes
de la Secretaría de Gober-nación no
merecieron al parecer la atención del
juez que conoce de la causa ni le
preocuparon a la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Las fechas son
relevantes porque el gobierno español
pide la extradición de Llona Olalde
acusándolo de un atentado ocurrido en
Tolosa, España, precisamente el 24 de
junio de 1981, cuando el ahora
ciudadano mexicano estaba efectuando
los pagos en las oficinas de la
Dirección de Migración. Es un caso,
pues, de sentido común: el señor
Lorenzo Llona Olalde no pudo haber
participado en el atentado de que se
le acusa por razones de lugar, tiempo
y oportunidad. Es decir, por razones
geográficas, materiales y evidentes.
Sería aberrante, por tanto, que el
gobierno de Vicente Fox y la justicia
mexicana accedieran a esta extradición.
Por
otra parte, convendría que el
presidente Fox y el segmento del
gabinete al que corresponda intervenir
en estos asuntos reflexionen en otro
aspecto fundamental: está en juego
entre nosotros el derecho de asilo
mismo, institución milenaria (para
algunos juristas centenaria) no
solamente central en los derechos políticos,
sino en los derechos humanos. Detrás
del caso Llona Olalde ha habido más
vascos asilados y ahora extraditados,
muchos de ellos ya ciudadanos
mexicanos. Detrás de este caso siguen
viviendo con nosotros más vascos que
encontraron en México trabajo,
familia y asilo.
El
gobierno de México, que prometía
proteger a los refugiados políticos,
es ahora el que los entrega a sus
verdugos. Después de una larga
tradición mexicana de conceder asilo
político a ciudadanos de España y de
América Latina, no podemos seguir
cancelando nosotros mismos el derecho
de asilo a nuestros propios asilados.
¿Habrá funcionarios en la Secretaría
de Relaciones Exteriores, en la
Secretaría de Gobernación, en la
oficina de Los Pinos, en el Poder
Judicial, que se den cuenta de esto?
Sería lamentable que la administración
del presidente Fox actuara en éste y
en otros casos como ayudante ciego de
las posturas incongruentes y de las
exigencias del actual gobierno español.
Sería lamentable por la violación a
los derechos humanos, por la pérdida
de congruencia institucional y como
injustificable desempeño
internacional de México.