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México D.F. Jueves 4 de septiembre de 2003

Carlos Montemayor

Los vascos y el derecho de asilo

No quiero extenderme en los ejemplos de incongruencia que el actual gobierno español ha asumido al apoyar la invasión a Irak y al negarse a actuar en el caso Cavallo; tampoco quiero abundar en la actitud deplorable que ha asumido ante las extradiciones solicitadas por el juez Garzón de los criminales argentinos de la guerra sucia. Quiero señalar el grave riesgo de que esa incongruencia se extienda al gobierno de Vicente Fox.

Es muy complejo el viejo conflicto que los gobiernos españoles enfrentan con diversas organizaciones e incluso regiones del País Vasco. En diversos momentos he tenido oportunidad de recorrer el País Vasco tanto en Francia como en España. También he conversado ampliamente con periodistas, intelectuales, luchadores so-ciales y políticos vascos en México, Bayonne, Biarritz y San Sebastián, por ejemplo.

Lo que puede afirmarse de los movimientos sociales de resistencia, armada o pacífica, en Guerrero o Chiapas, también puede aplicarse a los casos de Irak, Palestina, Chechenia e Irlanda. Igual-mente, al País Vasco. Ningún movimiento armado, en México o en España, en Asia o en Africa, puede operar sin el apoyo de amplios y determinantes sectores de la población regional. Las comarcas enteras operan como una red solidaria a veces por su apoyo activo, en ocasiones por su silencio e inactividad. Tal cercanía silenciosa es la más difícil de penetrar, entender y desarticular.

En los primeros meses de 2000, cuando fui invitado a varias ciudades de los altos Pirineos y del País Vasco, en una larga conversación que sostuve con un grupo de periodistas en Bayonne, confirmé esa compleja simpatía social de las comarcas con diversos contingentes de activistas en Francia y en España. No quiero extenderme en un análisis de los aspectos civiles y armados que representa el conflicto vasco desde hace mucho tiempo para los gobiernos españoles, repito. Pero sí quiero insistir en la conveniencia de que el gobierno de México se abstenga de asumir como propios los conflictos del gobierno español, sobre todo cuando una cooperación así quiere efectuarse al grado de forzar la legislación mexicana, abatir el derecho de asilo y pasar por alto el más elemental asomo de la inteligencia.

El caso de Lorenzo Llona Olalde ilustra sobradamente el absurdo al que pueden llegar la actual administración política y la justicia en nuestro país. Lorenzo Llona Olalde es ciudadano mexicano desde hace diez años. Llegó a México en diciembre de 1980 formando parte de un grupo de cien vascos que pedían asilo político. Los apoyó el gobierno de José López Portillo y les prometió el documento migratorio FM-3 si obtenían una oferta de trabajo. Llona Olalde logró conseguir trabajo en la ciudad de Querétaro, en una maderería, y en marzo del siguiente año, en 1981, recibió la constancia de residencia legal en nuestro país. A partir de este punto, el gobierno de Vicente Fox, a través de la Secretaría de Gobernación, puede convertirse en un elemento clave de justicia y de elemental dignidad institucional. Veamos por qué. El 30 de mayo de aquel año de 1981 se presentó Lorenzo Llona Olalde a la Dirección de Migración de la Secretaría de Gobernación a promover su FM-3. Semanas más tarde, el 24 y el 25 de junio de ese mismo año, efectuó los pagos correspondientes, según lo comprueban los recibos que tiene en su poder. Por último, el 26 de junio se le tomó la filiación oficial mediante fotografía, huellas digitales y firma.

Estos hechos comprobables en los expedientes de la Secretaría de Gober-nación no merecieron al parecer la atención del juez que conoce de la causa ni le preocuparon a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las fechas son relevantes porque el gobierno español pide la extradición de Llona Olalde acusándolo de un atentado ocurrido en Tolosa, España, precisamente el 24 de junio de 1981, cuando el ahora ciudadano mexicano estaba efectuando los pagos en las oficinas de la Dirección de Migración. Es un caso, pues, de sentido común: el señor Lorenzo Llona Olalde no pudo haber participado en el atentado de que se le acusa por razones de lugar, tiempo y oportunidad. Es decir, por razones geográficas, materiales y evidentes. Sería aberrante, por tanto, que el gobierno de Vicente Fox y la justicia mexicana accedieran a esta extradición.

Por otra parte, convendría que el presidente Fox y el segmento del gabinete al que corresponda intervenir en estos asuntos reflexionen en otro aspecto fundamental: está en juego entre nosotros el derecho de asilo mismo, institución milenaria (para algunos juristas centenaria) no solamente central en los derechos políticos, sino en los derechos humanos. Detrás del caso Llona Olalde ha habido más vascos asilados y ahora extraditados, muchos de ellos ya ciudadanos mexicanos. Detrás de este caso siguen viviendo con nosotros más vascos que encontraron en México trabajo, familia y asilo.

El gobierno de México, que prometía proteger a los refugiados políticos, es ahora el que los entrega a sus verdugos. Después de una larga tradición mexicana de conceder asilo político a ciudadanos de España y de América Latina, no podemos seguir cancelando nosotros mismos el derecho de asilo a nuestros propios asilados. ¿Habrá funcionarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Gobernación, en la oficina de Los Pinos, en el Poder Judicial, que se den cuenta de esto? Sería lamentable que la administración del presidente Fox actuara en éste y en otros casos como ayudante ciego de las posturas incongruentes y de las exigencias del actual gobierno español. Sería lamentable por la violación a los derechos humanos, por la pérdida de congruencia institucional y como injustificable desempeño internacional de México.