* Refutan al
presidente del TSJ, Raúl Calvo
Afirman
cuatro presos políticos que en Guerrero
se da la fabricación de delitos
Cuatro
presos políticos recluidos en el penal de Acapulco afirman
que en Guerrero sí se da la fabricación de delitos, en
respuesta a una declaración del presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez, quien
negó que en las cárceles del estado se encuentren personas
inocentes purgando penas por delitos fabricados.
En
una carta enviada a esta redacción, los presos Salomé
Aguirre Bahena, Angel Guillermo Martínez González, Bulmaro
Estévez Morales y José Morales García reseñan cómo fueron
detenidos y acusados ellos mismos, que son pruebas de la
fabicación de delitos.
Afirman
que el Tribunal Superior de Justicia “coadyuva a sostener
las falacias y perversidades urdidas por los policías
judiciales y agentes del Ministerio Público”, que avalan
los métodos que utilizan los cuerpos represivos del gobierno,
como la tortura y la privación ilegal de la libertad y la
incomunicación, que muchas veces se ejecutan con el apoyo de
miembros del Ejército mexicano.
Del
caso de Salomé Aguirre Bahena, miembro de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur, señala que está sentenciado
a 15 años de prisión, acusado de secuestro y portación de
armas prohibidas, a pesar de que el presunto agraviado nunca
hizo un señalamiento contra él.
Afirman
que esos delitos que le fueron fabricados cuando fue
incomunicado, y torturado física y psicológicamente durante
más de 14 días, hasta arrancarle por medio de la coacción y
la tortura la confesión que deseaban los policías
judiciales.
Del
caso de Angel Guillermo Martínez, quien estuvo en el penal de
máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de noviembre de
1999 hasta el mes pasado, en la carta se plantea que fue
secuestrado por agentes de la Policía Judicial y elementos
del Ejército mexicano, sacado del interior de su domicilio,
sin orden de aprehensión, llevado a la zona militar de
Chilpancingo, traído después a la zona militar de Acapulco,
torturado física y psicológicamente, incomunicado y vendado
de los ojos, atado de pies y manos por más de 15 días. Con
esto, fue obligado a firmar supuestas declaraciones
ministeriales que no tuvo oportunidad de leer.
Finalmente,
se refieren al caso más reciente, de Bulmaro Estévez
Morales, campesino originario de Yerbasantita, sierra de
Coyuca de Benítez, a quien un comandante de la PJE, José
Efraín Maldonado Saldaña, lo arrestó sin orden de aprehensión,
lo torturó más de seis días, y la fabricó el delito de
portación de un arma prohibida, que el detenido nunca antes
había visto.