* Recuerdan
amenazas que hicieron militares en enero
Helicópteros
del Ejército atemorizan a indígenas
me’phaa en Barranca Tecoani
*
Fortunato Prisciliano Sierra teme una nueva agresión, después
de que su esposa fue violada el año pasado, y en este año
entraron soldados que lo presionaron para que retirara la
denuncia
Maribel
Gutiérrez, Ayutla Indígenas de la comunidad de Barranca
Tecoani, en Ayutla de los Libres, están atemorizados por
recientes sobrevuelos en sus viviendas de avionetas y helicópteros
del Ejército.
Relacionan
la presencia militar con una amenaza que recibieron el 17 de
enero pasado, cuando entraron tropas del Ejército al pueblo y
los habitantes se unieronn para pedir que salieran: “Vamos a
regresar a matarlos”, “en cualquier momento vamos a
regresar a acabar con ustedes”, dijo un oficial del 48
Batallón de Infantería, de apellido Gallardo, de acuerdo con
testimonios.
El
miércoles 12 de marzo, un helicóptero militar pasó tres
veces sobre la casa de Fortunato Prisciliano Sierra, y de
inmediato recordó la amenaza.
La
vigilancia desde el aire se mantuvo los días siguientes en
Barranca Tecoani, y después en Barranca de Guadalupe,
comunidad vecina, también en el municipio de Ayutla de los
Libres, donde el sábado 15 de marzo los vecinos vieron sobre
sus casas una avioneta y helicópteros del Ejército y uno de
la PGR.
“Ya
no queremos que vayan los guachos”, dice Fortunato
Prisciliano Sierra, quien bajó de su comunidad a la cabecera
municipal de Ayutla, acompañado de los dirigentes de la
Organización de Pueblos Indóigenas Me’phaa (Kambaxo Xuaji
Guini Me´phaa), a la que pertenece, para denunciar lo que
ocurre.
Fortunato
Prisciliano Sierra y su esposa, Inés Fernández Ortega,
denunciaron en marzo de 2002, la violación sexual contra ella
cometida por soldados del 41 Batallón de Infantería, que
entraron a Barranca Tecoani.
El
16 de enero de este año, fueron militares del 48 Batallón de
Infantería a presionar a la pareja para que retiraran la
denuncia. Al día siguiente, militares del mismo batallón
entraron a la comunidad, y amenazaron de muerte a la gente que
se reunió para sacarlos, e intentaron golpear a Fortunato
Prisciliano Sierra y a tres vecinos: Miguel Castro Cruz, Ramón
García Guadalupe, y Doroteo Castro Cruz. Al día siguiente
fueron a Barranca de Guadalupe, y rodearon la casa de las
dirigentes de la Organización, Otilia y Andrea Eugenio
Manuel, y amenazaron a su mamá, Petra Manuel Modesta.
Los
agraviados, con apoyo de sus abogados del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, el 26 de febrero
presentaron una queja en la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en Chilpancingo, por
intimidación y allanamiento de casas y parcelas, con la
petición de que sea turnada a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que es el organismo competente en este caso,
porque la autoridad denunciada es federal.
Con
ayuda de la traductora y dirigente de la Organización, Andrea
Eugenio Manuel, Fortunato Prisciliano Sierra expone: “Inés
y yo tenemos miedo de que los helicópteros militares anden en
el pueblo, arriba de nuestra casa, para matarnos. Allí andan,
dando vueltas. El miércoles 12, un helicóptero militar dio
tres vueltas por mi casa, como a las 4 de la tarde, y más
temprano pasó una avioneta del Ejército”.
–¿Creen
que es una vigilancia directa a ustedes, o los helicópteros
militares pasan con frecuencia por ahí?
–Sí
creo que nos andan vigilando los militares, y tenemos miedo
porque la vez pasada que estuvieron en el pueblo dijeron que
van a regresar a matarnos.
“Ya
no queremos que vayan los guachos (soldados) allí; porque los
niños ya no quieren ir a la escuela porque tienen miedo”,
dice Fortunato, que tiene cuatro hijos, de 9, 7, 6 y 4 años.
Los
dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa
señalan que los comisarios de Barranca Tecoani y de Barranca
de Guadalupe no apoyan a los indígenas afectados por la
represión del Ejército. Por ejemplo, en Barranca de
Guadalupe, el comisario, Porfirio García Espinoza, prohibió
que los dirigentes de la Organización, y en particular Andrea
y Olitia Eugenio Manuel, hablen por teléfono, porque dice que
lo utilizan para hacer denuncias contra el Ejército.
También
han observado que recientemente suben a los pueblos espías,
presuntamente del Ejército, disfrazados de comerciantes que
llevan a vender ropa, pero que en realidad van a investigar a
la gente que participa en las organizaciones.
Señalan
que hay soldados que recogen información en los pueblos, y
que un militar del 48 Batallón, que es originario de la
comunidad de La Unificada (en la que se formó un grupo
paramilitar), Onésimo Rendón Cornelia, anda investigando
para tratar de culpar de algún delito a Victoriano Eugenio
Manuel, de los dirigentes de la Organización, recientemente
liberado de la cárcel de Ayutla, donde pasó más de dos años
acusado del homicidio de otro presunto miembro del grupo
paramilitar de La Unificada, Galdino Sierra Francisco.
Fortunato
declara: “Ya no queremos vivir con miedo, ya no queremos que
vayan los militares, ya no queremos que anden los helicópteros
del Ejército arriba de nuestras casas”.
Dice
que tiene miedo de que los helicópteros aterricen en su casa
o donde va a trabajar en el campo, por eso no puede trabajar
bien, no puede salir al campo, cada momento está pensando en
que pueden llegar los militares y hacerle algo, por eso no ha
podido ir a trabajar a su parcela, sólo ha estado cerca del
pueblo.
El
19 de febrero, el comandante de la Nuvena Región Militar,
general Mario López Gutiérrez, declaró a los medios en
Chilpancingo que se iba a castigar a los militares si resultan
responsables de dos violaciones a mujeres me’phaa
denunciadas el año pasado, Valentina Rosendo Cantú, de
Barranca Bajuco, e Inés Fernández Ortega, de Barranca
Tecoani. Pero en la misma declaración agregó que en esta útima
comunidad, el Ejército había localizado 51 plantíos de
enervantes.
Fortunato
Prisciliano Sierra y la dirigente de la Organización, Andrea
Eugenio Manuel, refutan al general López Gutiérrez. “No
hay amapola en el pueblo”, asegura Fortunato, y Andrea
agrega que en el pueblo no hay sembradíos de enervantes, y
que los militares “usan ese pretexto para buscar la forma de
meterse a los pueblos y espantar a la gente para que no luche
por sus derechos”.
“Los
militares dicen que en Barranca Tecoani hay sembradíos de
drogas pero no es cierto; dicen eso para callarnos, para que
ya no pidamos justicia por la violación que hicieron a Inés
el año pasado; pero vamos a seguir exigiendo justicia, por
eso nos organizamos hombres y mujeres, porque no queremos que
vuelvan los soldados a violar a las mujeres.
“Vamos
a insistir en que se castigue a los responsables de la violación
a Inés, porque si no exigimos justicia eso les seguirá
pasando a otras mujeres de las comunidades”, afirma Andrea.
El
año pasado, el caso de Inés fue el segundo en esa misma área;
el 16 de febrero soldados del Ejército violaron en Barranca
Bejuco a Valentina Rosendo Cantú.
Andrea
recuerda que en el año 2000 entraron militares a su pueblo,
Barranca de Guadalupe, también supuestamente a buscar droga,
y destruyeron siembras de sávila.
Precisa:
“Nosotros denunciamos que los militares andan en el pueblo,
donde están las casas, denunciamos que violaron a Inés y a
Valentina, denunciamos que llegaron a violar los derechos
humanos, por eso no queremos que estén allá. No denunciamnos
que andan donde están los enervantes”.
Esta
posición fue difundida por el presidente de la Organización
de Pueblos Indígenas Me’phaa, Cuautémoc Ramírez, los
primeros días de marzo, que en un comunicado negó que en
Basrranca Tecoani haya plantíos de enervantes y afirmó que
las tropas no acudieron a esa comunidad indígena a destruir
sembradíos de drogas, sino a amenazar, robar, golpear,
perseguir e intimidar a los campesinos.