* Informan
afectados y ONG ante el relator de la ONU, Francis Deng
En
Guerrero, 640 familias desplazadas;
el gobierno y el Ejército, los responsables
* En la
sierra de Petatlán, efectivos militares solapan a grupos
paramilitares, denuncia el dirigente de la Organización
Ecologista, Juan Bautista
De
la corresponsalía, Chilpancingo * Ante el relator de la
Organización de las Naciones Unidas para los desplazados
internos, Francis Deng, familias que han sido desplazadas por
conflictos de narcotráfico, persecución, grupos armados y
religiosos solicitaron la intervención de los organismos
internacionales a fin de que se detenga la represión que existe
en esta entidad.En la reunión, los afectados y las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos le dijeron
al relator de la ONU que en Guerrero hay 640 familias
desplazadas por diversos conflictos y que los responsables de
que éstos se generen son el gobierno del estado y el Ejército
mexicano.Juan Bautista Valle, dirigente de la Organización de
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán le
dijo al relator de la ONU que él como otras 25 familias no
pueden regresar a sus pueblos debido a que grupos paramilitares
dirigidos por priístas los han amenazado con matarlos.“Yo fui
a mi pueblo para traer algunas vacas que allí tengo, encontré
mi casa saqueada y posteriormente fui perseguido por 36
individuos armados que me querían asesinar”, relató el
dirigente campesino.Compañero de los ecologistas Teodoro
Cabrera y Rodolfo Montiel –quienes fueron liberados en
noviembre del año pasado por decreto del presidente Vicente
Fox–, Bautista Valle señaló en esa región de la sierra de
Guerrero el Ejército mexicano es el que solapa las acciones de
esos grupos “paramilitares” quienes han asesinado a gente de
esa zona.“Ellos –los grupos paramilitares– cultivan la
droga, y pese a que el Ejército sabe de sus actividades no les
hacen nada”, señaló el dirigente campesino.Reunidos en un
restaurant ubicado el sur de la ciudad, las familias desplazadas
y organizaciones sociales relataron la represión que han
sufrido por parte de grupos paramilitares, elementos del Ejército
mexicano y las corporaciones policiacas.
La
reunión se desarrolló en un área del restaurante Los Cedros.
El
encuentro con el relator de la ONU se inició a las 12 con 40
minutos luego de que éste y su comitiva, entre ellas, Alma M.
Carvallo, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunieron con
funcionarios del gobierno del estado encabezados por el
secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y el
procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.
Tras
la masacre de El Charco, 400 familias salieron de la región
mixteca
Arturo
Campos Herrera, dirigente de la Organización Independiente de
Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), señaló que a raíz de
la masacre de El Charco –en junio de 1998– donde murieron 11
personas acusadas de pertenecer a un grupo guerrillero, la
militarización que existe en la zona indígena ha originado que
unas 400 familias se hayan salido de sus comunidades.Indicó que
allí, la persecución del Ejército que ha instalado retenes en
toda la zona y la creación de grupos paramilitares, “nos ha
obligado a salir de nuestros pueblos”.Mencionó que producto
de esa militarización que existe en esa región mixteca,
recientemente elementos del Ejército mexicano abusaron
sexualmente de las indígenas en comunidades de los municipios
de Acatepec y Ayutla.El desplazado del pueblo de Cozondiapa dijo
que en las comunidades de Ojo de Agua, Ojo de Pescado y El
Charco, la gente se ha salido e incluso han fundado un pueblo
donde a pesar de que tienen todas las carencias para sobrevivir,
“viven mejor así que estar sufriendo el acoso y persecusión
de los militares”.
Reveló
que se han registrado ocho asesinatos contra dirigentes de las
organizaciones.
Humberto
Carmona Peláez, dirigente de la Asociación Civil de Colonos,
le contó al relator de la ONU que es increíble que el gobierno
de René Juárez Cisneros permita que el ex regidor priísta del
ayuntamiento de Acapulco, Antonio Valdez Andrade, haya obligado
a que más de cien familias se salieran de la colonia Leonardo
Rodríguez Alcaine.Indicó que el citado dirigente cetemista,
tiene en su contra 42 averiguaciones previas por diversos
delitos, pero hasta el momento la Procuraduría de Justicia no
ha hecho nada para detenerlo.Hilda Navarrete Gorjón, directora
del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, relató
que en Coyuca de Benítez y en Atoyac de Alvarez se ha
recrudecido la represión y presencia militar a raíz de la
matanza de Aguas Blancas y de la aparición del EPR.Mencionó el
caso de la comunidad de El Cucuyachi, donde grupos paramilitares
han asesinado a ciudadanos que no son del PRI y que son
solapados por los gobiernos estatales y municipales priístas.
Intolerancia
religiosa en Yuvinani
También
estuvo la indígena Florencia Sierra, quien fue desplazada de la
comunidad mixteca de Yuvinani, del municipio de Metlatónoc.En
idioma miexteco, la indígena le explicó al relator que a causa
de que varias familias se cambiaron a la religión de Pentencostés,
ciudadanos asesinaron a su pastor Juan Mercenario y a uno de los
nuevos conversos de nombre Regino Flores Chávez.Esta
intolerancia religiosa provocó la expulsión de 35 familias de
Yuvinani que se vinieron a refugiar con sus parientes a la
colonia Benito Juárez, en la ciudad de Tlapa.Indicó que todavía
persiste el conflicto religioso en esa comunidad ya que en 1998,
un grupo de católicos impidieron que el presbítero Paulino Gálvez
Félix construyera un nuevo templo.
Debe
el gobierno garantizar el regreso
En
un informe que leyó el presidente del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló
que es urgente que las autoridades estatales asuman la
responsabilidad para establecer las condiciones que permitan el
regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados a su hogar
de residencia.“Nos preocupa que las autoridades de Guerrero
desconozcan la grave situación que enfrentan las familias
desplazadas y que no existan instancias ni mecanismos que se
orienten a brindar apoyo y a prevenir graves violaciones a sus
derechos humanos”, dijo Barrera.El presidente de este
organismo le describió al relator de la ONU los últimos
acontecimientos de represión que se han registrado en Guerrero
como las matanzas de El Charco y Aguas Blancas. También hizo
mención de las masacres de los años sesentas, en Chilpancingo
y en Acapulco, que han dejado a centenares de familias
guerrerenses en la orfandad y en el olvido.
El
gobierno dio al relator una versión opuesta
Por
su parte, el relator de la ONU, Francis Deng, según versión
que contó a los medios de comunicación Abel Barrera, les dijo
a los integrantes de las ONG y a las familias desplazadas que
estaba sorprendido de lo que le habían contado ya que una reunión
que tuvo con funcionarios del estado, le habían platicado otra
cosa distinta.“Me dijeron –los funcionarios– que había
respeto a los derechos humanos, tolerancia y diálogo, pero aquí
estoy escuchando otra versión y vine aquí a Guerrero porque
precisamente me dijeron que había una situación muy grave de
violaciones a los derechos humanos”, les dijo el relator.Luego
de la reunión con las familias desplazadas y las ONG, la
comitiva encabezada por el relator, se trasladó a las oficinas
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum)
para tener un encuentro con el presidente de este organismo,
Juan Alarcón Hernández, e integrantes del consejo técnico y
el visitador general, Hipólito Lugo Cortés.Al término de la
reunión con las ONG y las familias desplazadas, el relator de
la ONU, Francis Deng, declaró que los casos que escuchó –de
violación de los derechos humanos en Chiapas y Guerrero– los
va a compartir con los gobiernos e incluso con la comunidad
internacional para solucionar el problema.Mencionó que una vez
que la dirigencia de este país se haya decidido a dar un paso
adelante no sólo en la protección de los derechos humanos sino
también de los desplazados internos, podrá hacer mucho.El
enviado de la ONU señaló que en estos momentos no podía hacer
una evaluación de si en Chiapas existen menos o mas violaciones
a los derechos humanos o casos de desplazados.“No me gusta
hacer comparaciones de ese tipo, cualquier situación mala es
mala, decir que este lugar es peor que el otro en cuanto a la
violación de los derechos humanos no sirve a la causa de los
derechos humanos”, expresó.“Esta reunión aquí, fue desde
el punto de vista de los que están aquí presentes que tienen
problemas de protección y la tarea es de seguir reuniendo
información y llevar a cabo un diálogo con todos los
concernidos. Mi tarea es, cuando se acabe mi visita, compartir
lo que veo y lo que escucho con las autoridades y juntos ver cómo
el gobierno a todo nivel y tal vez con la comunidad
internacional, en algunos casos solucionar el problema”,
expresó. |