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Tres siguen arraigados en el DF, informa
Tlachinollan
Trasladan
al penal de La Palma a tres de
los detenidos en Ayutla y Tecoanapa
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Uno de los detenidos dijo que era del
ERPI y que participó en secuestros y
homicidios, e involucró a otros, dice
la PGR * Es una argucia porque después
de dos meses no encontraban elementos
para enjuiciarlos, dice el defensor Abel
Barrera
Hugo
Pacheco León, corresponsal,
Chilpancingo * Tres de los seis
campesinos detenidos en Tecoanapa y
Ayutla, arraigados en la ciudad de México
por los delitos de secuestro y homicidio
y señalados de pertenecer al ERPI, el
24 de julio sin aviso a sus familiares
fueron trasladados al penal de máxima
seguridad de La Palma (antes Almoloya)
en el estado de México.
Los
trasladados son José Guadalupe Hernández
Arizmendi, Eudocio Suástegui García y
Bardomiano Ríos Espinoza.
Mientras
que en una casa de la Delegación Coyoacán
de la ciudad de México siguen
arraigados José Concepción Ramírez
Ramírez Chonquito, Inés Jiménez Silva
y Doroteo Marín Cartagena, dio a
conocer ayer aquí el director del
Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Explicó
que los familiares de José Guadalupe
Hernández fueron notificados el sábado
26 vía fax por la trabajadora social
del penal de La Palma que los lunes podían
visitar a su familiar y le daban los
requisitos de la vestimenta y la
documentación que debían presentar
para verlo.
Luego
se enteraron que con José Guadalupe
Hernández también trasladaron el mismo
jueves 24 a Eudocio Suástegui y a
Bardomiano Ríos, dijo Abel Barrera,
pero se desconoce su situación jurídica
porque la defensa de cada uno de los
presos, que es el defensor de oficio, no
ha informado nada.
Abel
Barrera señaló que ha trascendido que
el traslado se debió a que Eudocio Suástegui
García se acogió al programa de
testigos protegidos, aceptando y dando
información que los involucraba en los
delitos que se les imputa de secuestro y
homicidio.
Pero
aclaró que es contradictorio el
argumento porque si Eudocio Siástegui
se hubiera acogido al programa de
testigos protegidos no hubiera sido
trasladado a una casa clandestina y
tendría toda la seguridad que la PGR
está obligado a otorgar.
Abel
Barrera consideró que más bien se
trata de una “argucia” de la PGR
para hacer que se declaren culpables
luego de que a casi un mes de que venza
el plazo del arraigo, aún no han podido
reunir pruebas de la culpabilidad de los
campesinos guerrerenses.
El
coordinador de Tlachinollan reconoció
que es difícil presentar la defensa de
los campesinos debido a que cada uno de
los seis tiene su propio abogado, pero
que estarán pendientes de que en el
caso de los trasladados y de los
arraigados, sus procesos judiciales se
realicen apegados a derecho.