Les
                                        garantiza permanecer aquí hasta acabar
                                        el proceso
                                        
Dan
                                        amparo a los 6 vascos reclamados por
                                        España
                                        
 Las acusaciones, basadas "en puros
                                        supuestos": abogados
                                        Las acusaciones, basadas "en puros
                                        supuestos": abogados
                                        
Los
                                        juzgados segundo y quinto B de distrito
                                        en materia de amparo otorgaron la
                                        suspensión provisional a los seis
                                        ciudadanos de origen vasco que se
                                        encuentran presos en el Reclusorio Norte
                                        con fines de extradición. Este recurso
                                        les garantizará a los ahora detenidos
                                        que cuando el gobierno de España
                                        formalice su petición en la materia no
                                        puedan ser trasladados al país ibérico
                                        de manera inmediata, sino hasta que las
                                        autoridades judiciales terminen el
                                        proceso de extradición correspondiente.
                                        
Por
                                        su parte, los abogados de cuatro de
                                        ellos indicaron que sus clientes están
                                        detenidos "sin las órdenes de
                                        aprehensión necesarias", y
                                        agregaron que las acusaciones del
                                        gobierno español en contra de los seis
                                        vascos se basan "en puros
                                        supuestos" del juez de la Audiencia
                                        Nacional Baltasar Garzón.
                                        
 En
                                        conferencia de prensa, los abogados Bárbara
                                        Zamora y Santos García exigieron al
                                        Congreso de la Unión que cite a
                                        comparecer al canciller Luis Ernesto
                                        Derbez y al procurador general de la República,
                                        Rafael Macedo de la Concha, para que
                                        expliquen "por qué el gobierno
                                        mexicano se ha subordinado (al del país
                                        ibérico y) a los caprichos del juez
                                        Garzón, al permitir que policía española
                                        realice investigaciones dentro de
                                        territorio nacional". También
                                        deben explicar "por qué la PGR se
                                        convirtió en el brazo represivo de España
                                        en contra de ciudadanos vascos, y ahora
                                        hasta de tres mexicanos".
En
                                        conferencia de prensa, los abogados Bárbara
                                        Zamora y Santos García exigieron al
                                        Congreso de la Unión que cite a
                                        comparecer al canciller Luis Ernesto
                                        Derbez y al procurador general de la República,
                                        Rafael Macedo de la Concha, para que
                                        expliquen "por qué el gobierno
                                        mexicano se ha subordinado (al del país
                                        ibérico y) a los caprichos del juez
                                        Garzón, al permitir que policía española
                                        realice investigaciones dentro de
                                        territorio nacional". También
                                        deben explicar "por qué la PGR se
                                        convirtió en el brazo represivo de España
                                        en contra de ciudadanos vascos, y ahora
                                        hasta de tres mexicanos".
                                        
Al
                                        ser interrogados sobre si tienen pruebas
                                        de que agentes policiacos del país ibérico
                                        han realizado investigaciones dentro de
                                        México, aseguraron que cuentan con
                                        testimonios de familiares, amigos y
                                        vecinos de los seis vascos, que
                                        "presenciaron las incursiones de
                                        españoles, no sólo durante los operativos
                                        en que fueron detenidos nuestros
                                        clientes (presos en el Reclusorio Norte)
                                        y los tres mexicanos, sino en ocasiones
                                        anteriores".
                                        
Asimismo,
                                        indicaron que esas personas les
                                        aseguraron que la comunidad vasca comúnmente
                                        es "vigilada" y
                                        "acosada" por la policía española,
                                        cuyos elementos "se visten de
                                        negro, como si fueran de la Agencia
                                        Federal de Investigación, pero tienen
                                        acento español".
                                        
Por
                                        otra parte, refirieron que la PGR aún
                                        no ha fincado responsabilidades penales
                                        en contra de los vascos detenidos ni de
                                        los tres mexicanos arraigados en casas
                                        de seguridad. "No hay un motivo
                                        legal para que estén presos y
                                        arraigados", puntualizó Zamora.
                                        
Sobre
                                        las siete cuentas bancarias que les
                                        encontraron a sus clientes, que según
                                        el juez Garzón eran utilizadas para
                                        financiar a una célula de ETA que opera
                                        desde México, los litigantes aclararon
                                        que "se trata de cuentas personales
                                        que registran movimientos ordinarios que
                                        cualquier ciudadano que trabaja en el país
                                        puede tener".
                                        
Asimismo,
                                        agregaron que "una de las cuentas
                                        fue cancelada desde hace tres años y
                                        otra fue absorbida cuando Bancomer fue
                                        comprado por Banco Bilbao Vizcaya. Ahora
                                        sólo quedan cinco cuentas personales a
                                        nombre de cinco de los seis vascos, pues
                                        uno de ellos ni siquiera tiene, y sin
                                        embargo también fue detenido".
                                        
Añadieron
                                        que las cuentas se refieren a depósitos
                                        esporádicos a familiares directos de
                                        los ahora detenidos: "Hasta donde
                                        sabemos, no es ningún delito enviar
                                        dinero a un familiar en otro país,
                                        porque en esta lógica de Garzón todos
                                        los indocumentados mexicanos que de
                                        Estados Unidos envían dinero a sus
                                        familias en México serían delincuentes
                                        organizados", puntualizó Zamora.
                                        
En
                                        este aspecto, los abogados cuestionaron
                                        la forma en que el juez Garzón tuvo
                                        acceso a información bancaria de los
                                        ciudadanos vascos, e indicó que la
                                        Comisión Nacional Bancaria y de Valores
                                        violó el secreto bancario al otorgar
                                        información a terceros sin que mediara
                                        la orden de un juez mexicano.
                                        
Agregó
                                        que los tres mexicanos fueron arraigados
                                        porque la PGR no encontró motivos para
                                        consignarlos ante un juez, y "sólo
                                        porque (Baltasar) Garzón asegura que
                                        son terroristas, ahora son investigados,
                                        sin que existan pruebas contundentes
                                        contra ellos".
                                        
Asimismo,
                                        indicaron que "todos los detenidos
                                        son personas de trabajo estable hasta
                                        con 15 años de antigüedad, y tienen un
                                        modo honesto de vivir; inclusive en las
                                        respectivas empresas donde trabajaban
                                        hasta antes de que fueran aprehendidos
                                        sin que les mostraran la orden
                                        correspondiente, eran considerados de
                                        los mejores elementos".
                                        
Como
                                        se recordará, el pasado 18 de julio
                                        fueron detenidos en seis entidades del
                                        país José María Urquijo Borde,
                                        Ernesto Alberdi Alejalde, Asier
                                        Arronategui Duralde, Félix Salustiano
                                        García, Juan Artola Díaz y María
                                        Asunción Gorrtxategi. Ese día también
                                        fueron aprehendidos los mexicanos Pedro
                                        Castro Vargas, María del Pilar Sosa y
                                        Noé Camarillo Cantú, quienes
                                        actualmente están bajo arraigo
                                        domiciliario en casas de seguridad de la
                                        PGR. Todos están acusados por el
                                        gobierno español de pertenecer a ETA, y
                                        efectuar actos terroristas en el país
                                        ibérico, así como realizar operaciones
                                        de lavado de dinero en favor de
                                        ese grupo desde México.