Les
garantiza permanecer aquí hasta acabar
el proceso
Dan
amparo a los 6 vascos reclamados por
España
Las acusaciones, basadas "en puros
supuestos": abogados
Los
juzgados segundo y quinto B de distrito
en materia de amparo otorgaron la
suspensión provisional a los seis
ciudadanos de origen vasco que se
encuentran presos en el Reclusorio Norte
con fines de extradición. Este recurso
les garantizará a los ahora detenidos
que cuando el gobierno de España
formalice su petición en la materia no
puedan ser trasladados al país ibérico
de manera inmediata, sino hasta que las
autoridades judiciales terminen el
proceso de extradición correspondiente.
Por
su parte, los abogados de cuatro de
ellos indicaron que sus clientes están
detenidos "sin las órdenes de
aprehensión necesarias", y
agregaron que las acusaciones del
gobierno español en contra de los seis
vascos se basan "en puros
supuestos" del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón.
En
conferencia de prensa, los abogados Bárbara
Zamora y Santos García exigieron al
Congreso de la Unión que cite a
comparecer al canciller Luis Ernesto
Derbez y al procurador general de la República,
Rafael Macedo de la Concha, para que
expliquen "por qué el gobierno
mexicano se ha subordinado (al del país
ibérico y) a los caprichos del juez
Garzón, al permitir que policía española
realice investigaciones dentro de
territorio nacional". También
deben explicar "por qué la PGR se
convirtió en el brazo represivo de España
en contra de ciudadanos vascos, y ahora
hasta de tres mexicanos".
Al
ser interrogados sobre si tienen pruebas
de que agentes policiacos del país ibérico
han realizado investigaciones dentro de
México, aseguraron que cuentan con
testimonios de familiares, amigos y
vecinos de los seis vascos, que
"presenciaron las incursiones de
españoles, no sólo durante los operativos
en que fueron detenidos nuestros
clientes (presos en el Reclusorio Norte)
y los tres mexicanos, sino en ocasiones
anteriores".
Asimismo,
indicaron que esas personas les
aseguraron que la comunidad vasca comúnmente
es "vigilada" y
"acosada" por la policía española,
cuyos elementos "se visten de
negro, como si fueran de la Agencia
Federal de Investigación, pero tienen
acento español".
Por
otra parte, refirieron que la PGR aún
no ha fincado responsabilidades penales
en contra de los vascos detenidos ni de
los tres mexicanos arraigados en casas
de seguridad. "No hay un motivo
legal para que estén presos y
arraigados", puntualizó Zamora.
Sobre
las siete cuentas bancarias que les
encontraron a sus clientes, que según
el juez Garzón eran utilizadas para
financiar a una célula de ETA que opera
desde México, los litigantes aclararon
que "se trata de cuentas personales
que registran movimientos ordinarios que
cualquier ciudadano que trabaja en el país
puede tener".
Asimismo,
agregaron que "una de las cuentas
fue cancelada desde hace tres años y
otra fue absorbida cuando Bancomer fue
comprado por Banco Bilbao Vizcaya. Ahora
sólo quedan cinco cuentas personales a
nombre de cinco de los seis vascos, pues
uno de ellos ni siquiera tiene, y sin
embargo también fue detenido".
Añadieron
que las cuentas se refieren a depósitos
esporádicos a familiares directos de
los ahora detenidos: "Hasta donde
sabemos, no es ningún delito enviar
dinero a un familiar en otro país,
porque en esta lógica de Garzón todos
los indocumentados mexicanos que de
Estados Unidos envían dinero a sus
familias en México serían delincuentes
organizados", puntualizó Zamora.
En
este aspecto, los abogados cuestionaron
la forma en que el juez Garzón tuvo
acceso a información bancaria de los
ciudadanos vascos, e indicó que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
violó el secreto bancario al otorgar
información a terceros sin que mediara
la orden de un juez mexicano.
Agregó
que los tres mexicanos fueron arraigados
porque la PGR no encontró motivos para
consignarlos ante un juez, y "sólo
porque (Baltasar) Garzón asegura que
son terroristas, ahora son investigados,
sin que existan pruebas contundentes
contra ellos".
Asimismo,
indicaron que "todos los detenidos
son personas de trabajo estable hasta
con 15 años de antigüedad, y tienen un
modo honesto de vivir; inclusive en las
respectivas empresas donde trabajaban
hasta antes de que fueran aprehendidos
sin que les mostraran la orden
correspondiente, eran considerados de
los mejores elementos".
Como
se recordará, el pasado 18 de julio
fueron detenidos en seis entidades del
país José María Urquijo Borde,
Ernesto Alberdi Alejalde, Asier
Arronategui Duralde, Félix Salustiano
García, Juan Artola Díaz y María
Asunción Gorrtxategi. Ese día también
fueron aprehendidos los mexicanos Pedro
Castro Vargas, María del Pilar Sosa y
Noé Camarillo Cantú, quienes
actualmente están bajo arraigo
domiciliario en casas de seguridad de la
PGR. Todos están acusados por el
gobierno español de pertenecer a ETA, y
efectuar actos terroristas en el país
ibérico, así como realizar operaciones
de lavado de dinero en favor de
ese grupo desde México.